30 de junio de 2015

Mujeres negras de América lanzan década de lucha

Delegadas a la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas participan en uno de los grupos de trabajo que se desarrollaron durante la cita de tres días, celebrada en Managua, Nicaragua, entre el 26 y el 28 de junio. 
La presidencia de la inauguración de la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas,
Crédito: Cortesía de la RMAAD
MANAGUA, 29 jun 2015 (IPS) - Dicen que se cansaron de esperar justicia tras siglos de olvido y desprecio por el color de su piel. Lideresas afrodescendientes de 22 países de América, acordaron crear una plataforma política, que busca en un plazo de 10 años empoderar a las mujeres negras de la región y superar la discriminación de que son víctimas.
“Vamos a pelear con todas nuestras fuerzas para romper con las cadenas del racismo y la violencia por motivos raciales”, dijo a IPS la colombiana Shary García, al concluir la Primera Cumbre de Lideresas Afrodescendientes de las Américas, que se desarrolló en Managua entre el viernes 26 y el domingo 28, en que participaron 270 delegadas.

García detalló que de los tres días de debates en la capital nicaragüense nació una plataforma de 17 demandas y ejes de lucha, recogida en la Declaración Política de Managua y destinada a desterrar en el continente toda forma de discriminación por una combinación de motivos raciales y de género.
“No fue fácil resumir en 17 ideas las quejas y demandas de 270 mujeres y sus familias, que llevan toda una vida de discriminación, violencia y negación de derechos, pero todas y cada una de las que aquí vinimos sabemos que así comienza el principio del fin de la discriminación histórica”, aseguró.

La dominicana Altagracia Balcácer resumió a IPS que esos 17 ejes los atraviesan transversalmente conceptos como combatir el racismo, demandar vida digna y políticas de superación de la pobreza, exigir el derecho a decidir sobre su futuro y libertad para decidir sobre derechos sexuales reproductivos.

“Las demandas incluyen el detener la violencia hacia las mujeres negras y visibilizar a las poblaciones afrodescendientes en censos y estadísticas nacionales, proteger y dar oportunidades para la niñez, juventud y adolescencia de estas poblaciones”, detalló.
También incorporan, dijo, “proteger el  ambiente, ampliar el acceso a los recursos naturales y económicos, garantizar la seguridad y soberanía alimentaria”.

Además, amplió, está “exigir protección y trato digno a los migrantes, demandar el rescate y reconocimiento a nuestro patrimonio cultural, demandar respeto de los medios de comunicación y abogar por la no estigmatización de la gente negra, ampliar el acceso a la justicia y garantizar seguridad ciudadana para las mujeres y sus comunidades”.
La nicaragüense Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora,. Crédito: Cortesía de la RMAAD

Dorotea Wilson, coordinadora general de la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), explicó a IPS que la plataforma no exige el reconocimiento de derechos, sino la aplicación de todos los tratados, leyes y convenciones internacionales que sobre las mujeres afro se rubricaron tras la Conferencia Mundial contra el Racismo, realizada en la ciudad sudafricana de Durban en 2001.

El de Managua “no es un documento de buenas intenciones, es un documento oficial de exigencia y demanda de implementación de políticas públicas de todos los países americanos…, para por fin empezar a reconocer y darle su lugar a las poblaciones negras del continente”, dijo Wilson, de nacionalidad nicaragüense. “Con esta plataforma, nosotras queremos avanzar en el cumplimiento de todos nuestros derechos en el marco del Decenio Internacional de la Población Afrodescendiente de la ONU”, agregó la lideresa de la RMAAD, presente en 24 países y con sede central en Managua.

La ONU declaró en enero el período 2015-2024 como el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, centrado en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportes y la preservación de su rico patrimonio cultural. Según la ONU,  en América viven 200 millones de personas que se identifican como descendientes de africanos.

Wilson explicó que al culminar el decenio, las mujeres latinoamericanas esperan reducir el nivel de pobreza y documentar con datos fiables e indicadores constatables, la situación real de la población afrodescendiente del continente. “Si decimos datos fiables es porque nosotras no existimos en las estadísticas actuales, somos invisibles, por eso otro logro de esta cumbre es que en cada país de América vamos a implementar un observatorio de seguimiento de las demandas de esta cumbre”, explicó. Para este otro objetivo, ellas aseguran contar con el respaldo técnico e institucional de agencias de la ONU, países cooperantes europeos, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y promotores de derecho de género.

Además, buscarán que su plataforma de demandas sea recogida por la Organización de Estados Americanos para su seguimiento. La idea, explicó Wilson, es incidir en los Estados para obligarlos a definir políticas públicas a favor de las mujeres y población afrodescendiente; crear métodos de observación y verificación de las demandas que permitan, cuando se realice la próxima cumbre dentro de cinco años, analizar el desarrollo de las propuestas.

La coordinadora general de la RMAAD detalló que los testimonios de las mujeres participantes revelan una percepción de aumento de la violencia de policías y grupos raciales contra la gente negra, sobre todo en Estados Unidos y Brasil, dos países representados en la cumbre. “En Estados Unidos los crímenes por odio racial se conocen mundialmente, pero por la misma condición de invisibilidad de la población afrodescendiente de América Latina, las muertes violentas por razones raciales en la región no salen a luz pública”, dijo.

Nilza Iriaci reafirmó durante su participación en la mesa sobre derechos humanos, que “en mi país, Brasil, los crímenes de odio ocurren a diario, pero no hay escándalo por ello”, en un contexto regional la violencia racial está en aumento. Brasil es el país latinoamericano con mayor población afro.

En 2010, un estudio del Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo, denominado Población Afrodescendiente de América Latina, actualizado dos años después, reveló que pese a registrarse avances legales e institucionales sobre los derechos de este segmento poblacional, sus condiciones de vida eran en su mayoría de pobreza y discriminación.

Para Vicenta Camusso, representante de las mujeres afrodescendientes de Uruguay, el contexto sigue el mismo de cuando se hizo el estudio. “Es el mismo de siempre: “nuestros derechos y nuestras condiciones de pobreza no han mejorado un ápice”, aseguró a IPS. Según ella, pese a que en todos los países de la región hay marcos legales a favor de los derechos de las mujeres y de las poblaciones afro, no hay asignación de recursos para su implementación. “En parte por ello la mayoría de las mujeres afro siguen viviendo en inferiores condiciones de vida frente a mujeres de otra raza y la juventud negra vive el mismo proceso de exclusión y violencia que sus antepasados contemporáneos”, dijo.

“Después de Durbán, poco o nada ha cambiado para la población femenina afrodescendiente de las Américas. Más de 80 por ciento de los afrodescendientes de la región viven en estado de pobreza y desigualdad social, con pocas oportunidades de superación por razones étnico-raciales”, denunció.
Camusso recordó que aquella conferencia contra el racismo surgió a partir de los esfuerzos oficiales de la comunidad internacional para establecer acciones tendientes a combatir el racismo, la discriminación racial, los conflictos étnicos y la violencia asociada a estas formas de discriminación.

La Declaración y Programa de Acción de Durban estableció el compromiso de los Estados, agencias de la ONU, de la cooperación para el desarrollo y de organizaciones privadas y sociedad en general, de “luchar contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas conexas de intolerancia”.

Del total de población negra americana estimada por la ONU,  poco más de 100 millones serían mujeres que “continúan sometidas a desplazamientos forzados, emigraciones ilegales, criminalización de jóvenes y abusos sexuales”, según el organismo.

Editado por Estrella Gutiérrez
Tomado de: http://www.ipsnoticias.net/2015/06/mujeres-negras-de-america-lanzan-decada-de-lucha/ 

¿Discriminación total del Estado a los afrodescendientes?

En el Congreso fue advertido que no hay políticas públicas en favor de esa población

En el Congreso de la República fue advertida una severa discriminación hacia la población afrodescendiente del país. En la comisión primera del Senado, el senador Armando Benedetti, durante un debate de control político, dijo que “en Colombia no hay cifras sobre los afro, no hay políticas públicas, no hay censos y no hay nada en favor de esa población”.
“La situación de los afro es una cosa que me dejó anonadado y aterrado porque no se encuentra nada a favor de esa población. La invisibilización que hemos hecho durante siglo hacia los afro es algo aterrador”, señaló.

Según él, nadie sabe realmente ni siquiera cuántos afro hay en Colombia porque aunque esa población dice que son el 26%, en el DANE dicen que son el 10%. “Realmente no hay cifras exactas”, indico.

En desarrollo del debate se señaló que la discriminación es completa de parte del Estado porque no se ha creado jamás una política pública a favor de ellos.

En el mismo sentido, Benedetti anunció que demandará al Incoder y la Unidad de Restitución de Tierras por demorar los trámites de titulación de tierras a comunidades negras.

El congresista finalmente dijo que en el gobierno de Santos no hay representación afro y en el gobierno de Uribe sólo hubo dos ministros para buscar “congratularse” con los EE.UU. para que apoyaran el TLC con Colombia.

tomado de: http://www.elespectador.com/noticias/politica/discriminacion-total-del-estado-los-afrodescendientes-articulo-564075 

Colombia, protagonista en la creación de la ONU hace 70 años

El país tuvo presidente de la Asamblea General en 1978: el abogado Indalecio Liévano Aguirre.

Cuando todavía se libraban algunos combates de la Segunda Guerra Mundial, 50 Estados, entre ellos Colombia, se reunieron el 26 de junio de 1945 en San Francisco (Estados Unidos) para suscribir la carta que posteriormente le dio vida a la Organización de Naciones Unidas (ONU), nombre que fue propuesto por Franklin Delano Roosevelt, quien había entregado la presidencia estadounidense meses atrás.

El organismo buscaba ser más ambicioso que la Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, creada por el Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y que fue concebido con el objetivo de mantener la paz y la seguridad dentro de la justicia.
              Foto: Archivo particular
              Los abogados Elías Murillo y María Clara Galvis, nombrados en los comités contra el racismo               y la desaparición forzada


Los objetivos

Así, lo que pocos meses después del encuentro de San Francisco se constituiría como la ONU, que hoy es, detrás de la FIFA (209), la mayor organización internacional existente con 193 estados miembros, fue concebido como una especie de asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y la defensa de los derechos humanos.

Para la conferencia de San Francisco y a instancias del entonces presidente Alfonso López Pumarejo, la delegación colombiana viajó a Estados Unidos encabezada por Alberto Lleras Camargo, quien la presidió; Eduardo Zuleta Ángel, Silvio Villegas, Jesús María Yepes y Alberto González Fernández, quienes tuvieron el privilegio de ser firmantes de dicho documento histórico.

En diálogo con EL TIEMPO, el abogado internacionalista Enrique Gaviria Liévano dijo que el papel de la delegación colombiana en la fundación de la ONU “fue fundamental, más allá de firmar la carta constitutiva, pues, en el caso de Lleras Camargo, él fue el mayor promotor de uno de los conceptos más importantes de la Carta de las Naciones Unidas: Pacta sunt servanda, que es una locución latina, que se traduce como ‘lo pactado obliga’ y expresa que toda convención debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado y cuando se suscribe de buena fe”.

Gaviria Liévano, quien entre 1976 y 1977 fue presidente de la Comisión Sexta de la Asamblea General, encargada de asuntos jurídicos, dijo que la ONU ha jugado un papel fundamental, “especialmente con organismos especializados como la FAO -que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre-, la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de las Telecomunicaciones”. Sin embargo, también destaca el hecho de que la ONU ha tenido problemas en relación con la seguridad y la paz, así como el derecho a veto, que se abrogaron los cinco miembros permanentes en el Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Francia, Rusia, China y Reino Unido).

Gaviria considera que, con el derecho a veto, en muchos casos se han tomado decisiones por los intereses de las potencias en el conflicto.

Los destacados

En las siete décadas de la historia de la ONU, Gaviria recuerda que varios colombianos ocuparon posiciones destacadas en diferentes comités, comisiones, organismos y tribunales, pero en 1978 el abogado e historiador Indalecio Liévano Aguirre fue nombrado presidente de la Asamblea General, que ocupa un lugar central como principal órgano deliberativo, de formulación de políticas y representativo de la ONU.

Sin embargo, se considera que el economista colombiano José Antonio Ocampo Gaviria, quien en agosto del 2003 fue designado por el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, como secretario general adjunto para Asuntos Económicos y Sociales, ha sido el colombiano con la más alta posición en la historia de las Naciones Unidas. Ocupó este cargo hasta mediados del 2007.

Posteriormente, en el 2012, Ocampo perdió en la votación para convertirse en el presidente del Banco Mundial.

Dos abogados nacionales llegan a órganos de Derechos Humanos

Los abogados colombianos María Clara Galvis y Pastor Elías Murillo fueron nombrados miembros de las comisiones contra la desaparición forzada y contra la discriminación racial, respectivamente. Estos organismos de las Naciones Unidas tienen sede en Ginebra (Suiza) y buscan llamar la atención de los gobiernos para que promuevan los derechos humanos de la población.

Galvis fue magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Por más de 20 años ha trabajado en áreas del derecho internacional público, derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional, y además tiene experiencia en derecho interamericano en entidades y universidades de Colombia y Estados Unidos.

De acuerdo con la embajadora de Colombia en la Organización de Naciones Unidas, María Emma Mejía, “es la primera vez que el país proponía un candidato para el Comité contra la desaparición forzada, organismo en el que trabajan 10 expertos que sesionan tres veces al año” en Suiza. Por su parte, Pastor Elías Murillo es la tercera oportunidad que integra el Comité contra la discriminación racial, organismo que sesiona tres veces al año y que, según la embajadora colombiana, “vigila el cumplimiento de la Convención sobre el tema y hace relatoría de los Estados que se acogen para su examen”.

Relatoría a un país

Según la diplomática colombiana, a Murillo en algún momento le asignarán a su cargo cierto país y hará un trabajo de relatoría que se lo presentará a los Estados a manera de recomendación y, por eso, no tiene una facultad judicial vinculante.

Murillo es chocoano, líder de la población afrodescendiente y además asesora al Viceministerio del Interior en los temas afro.

El jurista colombiano hace pocas semanas terminó de realizar una campaña contra el racismo en el país y además redactó el proyecto de resolución para la declaración de la década de los africano descendientes, que se celebrará hasta el 2024. Según la embajadora Mejía, “al candidatizar a estos juristas colombianos en estos dos comités, Colombia quiere fortalecer su compromiso con la defensa y el respeto de los derechos humanos”.

La llegada de los expertos juristas a estos entes de las Naciones Unidas se suma a la presencia de los juristas colombianos Rodrigo Uprimny, en el Comité de las Naciones Unidas sobre derechos económicos, sociales y culturales, así como las de Humberto Sierra Porto y Enrique Gil Botero, en la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

HOLMAN RODRÍGUEZ C.
Redacción Internacional

En Twitter @holmanrodriguez
tomado de el tiempo.com