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8 de abril de 2012

Más víctimas por restitución de tierras

 

Urabá antioqueño es la zona más 'roja' para líderes de la restitución.  Doce homicidios de líderes de tierras se han registrado en este sector.

La muerte de Manuel Ruiz, el pasado 23 de marzo, junto con su hijo de 15 años en la cuenca de Curvaradó (Chocó) engrosó el registro de la fundación antioqueña Forjando Futuros, que da cuenta de 43 líderes de restitución de tierras asesinados en el país desde el 2002 a marzo de este año. El mayor número de casos lo encabeza Antioquia, con 16 -de los cuales 12 han ocurrido en el Urabá-, seguido por el Valle, con 8, y Córdoba, con 5.

Sin embargo, la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes) maneja una cifra, sin discriminación por regiones, que supera el medio centenar.

Lo que encendió las alarmas es que de los 7 asesinatos ocurridos el año pasado en contra de reclamantes de tierras, 4 se dieron en Antioquia. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, este hecho demuestra que el Gobierno Nacional no ha aplicado las medidas necesarias para proteger la integridad de las comunidades reclamantes. "Hay un incumplimiento del Estado a las órdenes de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la protección de los reclamantes de tierras", dijo el padre Alberto Franco, representante legal de la Comisión.

Franco agregó que una de las dificultades que impiden el desarrollo del proceso de restitución de tierras es que el Gobierno aun no ha sacado a los invasores de esas zonas y "las estructuras criminales los siguen protegiéndo".

"Solo en el Urabá hay 45 líderes de restitución de tierras que han sido amenazados", reveló el padre. Y para Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, las cifras comprueban que Antioquia no ha superado ni derrotado el poder paramilitar que nació en el Urabá hacia 1995.

"No en vano, según cifras oficiales, fue aquí es donde más tierra despojaron los grupos armados, con 420 mil hectáreas. Nosotros pensamos que son más", explicó Vega.

Al tema de homicidios se le suma el del desplazamiento, otro renglón que lidera Antioquia. Según un informe de Codhes, en el 2011 hubo en la región un total de 34.334 desplazados, seguido por Nariño, con 9.601 casos.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, reconoce los problemas de seguridad para reclamantes de tierras. "Tenemos claro que es uno de nuestros grandes retos y trabajaremos para superarlo", dijo.

Manuel Ruíz, la víctima más reciente

Manuel Ruiz había sido nombrado en agosto del 2011 líder adulto mayor, y su obligación era reconocer a los verdaderos propietarios de los predios y denunciar a los invasores. Ese trabajo le representó problemas desde el principio. En tan solo siete meses fue amenazado -junto a 45 líderes de la zona- en tres ocasiones por grupos paramilitares.

"Yo le decía -recordó Trinidad Gallo, su esposa- que eso era muy peligroso, pero él me tranquilizaba, asegurándome que lo que yo escuchaba por ahí eran rumores. Es más, solo hasta después de su muerte (fue asesinado junto con un hijo de 15 años) me enteré de que estaba amenazado y que había pedido protección al Gobierno".

James Ruiz, hijo del líder, señaló que su padre fue engañado a través de mensajes de texto y de llamadas para que saliera de su finca hacia Mutatá, comunicaciones que, según las autoridades, se hicieron desde la cárcel La Picota, en Bogotá.

Su asesinato ocurrió un día antes de que liderara una inspección oficial en el área conocida como Los Piscingos, ocupada por empresarios desde 1996 luego de operaciones paramilitares. Su famlia pide apoyo al Gobierno.

Minagricultua celebra fallo condena contra 'bacrim'

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, celebró este viernes, la condena contra un miembro de la banda 'Los Paisas', por el asesinato de Rogelio Martínez, un campesino que reclamaba la devolución de la finca La Alemania, en San Onofre, Sucre. "Hay que celebrar los primeros fallos contra los asesinos de reclamantes de tierras", dijo el Ministro a través de Twitter. Este es el primer fallo contra las 'bacrim' por este tipo de hechos. En enero ya se había condenado a una medio hermana de los Castaño, fundadores de las AUC, por el asesinato de Yolanda Izquierdo, perpetrado el 31 de enero de 2007.

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/

 

7 de abril de 2012

Primera condena por asesinato de lider de tierras

 

Abril 6 de 2012

Tribunal Superior de Bogotá encontró a 'Los Paisas' culpables del asesinato de Rogelio Martínez.

La justicia colombiana acaba de dictar la primera condena contra miembros de una banda criminal por el crimen de uno de los cerca de 60 líderes de tierras asesinados desde el 2007.

Rogelio Martínez era un antiguo desplazado de los 'paras' de Sucre que estaba reclamando la devolución de la finca La Alemania, en el municipio de San Onofre. Lo mataron en mayo del 2010, y el Tribunal Superior de Bogotá acaba de determinar que detrás del crimen estuvieron 'Los Paisas', una de las nuevas bandas criminales.

A finales de los 90, la finca de 556 hectáreas fue ocupada por el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena', a sangre y fuego. Las Auc asesinaron a tres dirigentes de la comunidad y a otros 12 campesinos y desplazaron a centenares de familias, entre ellas la de Martínez. En el 2005, acompañados por la Infantería de Marina, muchos de los desplazados empezaron el retorno, aprovechando la desmovilización paramilitar.

Martínez inició la batalla legal para recuperar las tierras, y la sentencia dice que "por tal razón se convirtió en blanco de amenazas y persecución por parte del grupo armado ilegal Autodefensas, que después de la aparente desmovilización se subdividió y cambió su nombre por el de banda criminal, para el caso, 'Los Paisas'". El Tribunal condenó al desmovilizado Mario de Ávila Díaz, quien inicialmente había sido absuelto por un juez.

'Exparas' en bandas

Martínez tenía medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero cuando lo mataron iba sin escolta, en un mototaxi. La Policía, que grabó más de mil horas de conversaciones entre miembros de 'Los Paisas', descubrió que otro ex-Auc, Manuel de Jesús Torres, alias 'Happy', jefe de 'Los Paisas', ordenó el crimen. En esas grabaciones aparecen 35 referencias al asesinato, en el que alias 'Mario' fue un apoyo logístico.

En las conversaciones quedó registrada la preocupación de los sicarios por la pérdida de un silenciador, que fue hallado junto al cuerpo en el levantamiento del cuerpo.

Fiscalía y Policía documentaron cómo las amenazas contra Martínez se intensificaron en el 2008, cuando los 'exparas' le advirtieron que no siguiera con la reclamación de la finca ni con las denuncias de fosas comunes en el predio, de personas asesinadas por las Autodefensas.

El Tribunal de Bogotá ordenó la captura de 'Mario' y la vinculación al proceso de los demás integrantes de 'Los Paisas' en Sucre. Otros ex-Auc también fueron encontrados culpables en el otro crimen de líderes de tierras esclarecido, el de Yolanda Izquierdo. A ella la mataron en el 2007 por reclamar tierras robadas por la familia de Carlos Castaño, asesinado jefe máximo de las Autodefensas.

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/

 

25 de febrero de 2012

Protestas en Guapi: tres heridos


Desde los últimos meses de 2011 hasta febrero 2012 se han dado levantamientos en Guapi a causa de la actuación de los paras y de la Policía, quedando como saldo tres heridos y días de paralización de trabajos y negocios. Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca ha realizado denuncias y sigue vigilante por los derechos del pueblo afro.

Web institucional: www.cococauca.org Contacto: cococauca@gmail.com, cococauca@hotmail.com

Fuente: http://cococauca.files.wordpress.com/2012/02/mc3a1s-informacic3b3n2.pdf

 

9 de febrero de 2012

Muertes entre la población afro en Villarica

 Noticias
Villa Rica recordó a víctimas de atentado de Farc

Villarica es una población afro que ha sufrido los efectos de la violencia por las explosiones que han dejado muerte y dolor, inclusive niños. Se realizó la marcha de protesta contra la violencia, que sobre todo en el mes de enero ha enlutado familias y ciudades como Tumaco.

 Fuente. http://www.eltiempo.com/justicia/marcha-contra-la-violencia-en-villa-rica_11088667-4

3 de febrero de 2012

Nariño, entre violencias y olvido secular



Al departamento lo atacan varios males. El desempleo y la pobreza, los más altos del país según sus dirigentes, son un ‘caldo de cultivo’ para que el narcotráfico se imponga en una región donde hacen presencia todos los actores armados: guerrillas, paramilitares, bandas criminales y delincuencia común.

“Hay que reconocer que la seguridad democrática trajo tranquilidad a buena parte del país. Pero no a todas las regiones. Nariño no sabe el significado de esa palabra”. El senador Manuel Enríquez Rosero (la U) no basa su afirmación en el atentado del miércoles en Tumaco, cerca de la estación de Policía del municipio, que cobró las vidas de siete personas y dejó heridas a más de 60. Lo hace porque, afirma, el narcotráfico ha hecho de Nariño su “patio trasero”, la ilegalidad juega de local, y el temor y la zozobra son cotidianos.

La seguridad, dice el senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), se conoce cuando el Gobierno “hace presencia”. Lo que cuestiona es que esa “presencia”, generalmente, se aprecia después de episodios como el atentado del miércoles en Tumaco.

“Tres o cuatro días con ministro a bordo, consejos de seguridad, aumento del pie de fuerza. Esa es la presencia, sólo cuando pasan los atentados. De resto, Nariño es tierra de nadie”, dice Parmenio Cuéllar, exgobernador y actual senador del Polo Democrático.

Paraíso de la ilegalidad

Nariño, y especialmente su costa pacífica, es un hervidero. Desde el 2001, cuando el gobierno colombiano decidió suspender la zona de distensión del Caguán, muchos comandantes de la guerrilla de las FARC emigraron y se refugiaron en las zonas montañosas del departamento, con el agravante de que la frontera con Ecuador se convirtió en refugio para eludir la presión de la fuerza pública. “Una historia conocida y sobrediagnosticada”, dice Enríquez Rosero.

El río Mira marca los límites entre Colombia y Ecuador. De su extensión, 88 kilómetros corresponden a Nariño. Es navegable en toda su extensión y por su desembocadura en el mar, se ha convertido en un río estratégico “para todos los ilícitos posibles”, dice el exgobernador Cuéllar, porque, además del narcotráfico, es una zona de comercio ilegal de armas y explosivos, y contrabando en general.

La costa pacífica nariñense, dice Enríquez Rosero, se ha convertido en una de las más difíciles de controlar. Y allí se ha producido lo que en ningún otro lugar del país. La presencia de los distintos actores armados ilegales, que desde tiempo atrás conviven casi de “forma armónica”, “FARC, ELN, paramilitares, bandas criminales han hecho acuerdos para repartirse el territorio”.

Las otras fuentes de financiación

Tumaco, Iscuandé, El Charco, Bocas de Satinga, Mosquera, La Tola son municipios permeados por el narcotráfico.

Las autoridades y la fuerza pública, admiten los congresistas del departamento, han hecho esfuerzos. Recientemente, la brigada militar ha trasladado a varios altos oficiales a la base de El Guantal, cerca de Tumaco, dice Enríquez Rosero.

Las hectáreas de cultivos ilícitos se han reducido, según el más reciente monitoreo de Naciones Unidas, y los controles contra los reactores químicos para procesar la cocaína se han incrementado. “Eso ha dado resultados, el narcotráfico ha bajado, dicen los analistas del conflicto en Nariño”, revela Cuéllar.

Pero, a cambio, los ilegales han explotado otras fuentes ilícitas de financiación. “Lo que hoy más agobia a Tumaco es el boleteo y la extorsión. Hasta el más humilde de los tenderos está obligado a pagar”, dice Cuéllar. Y el boleteo y la extorsión no se denuncian: “La gente termina aceptando y pagando el boleteo”.

La corrupción

No es sólo la falta de denuncia. La ilegalidad, dice el exgobernador, ha infiltrado las instituciones. “Estos grupos subsisten por la complicidad del Estado”. Son comunes los comentarios de que miembros de la fuerza pública “reciben parte de los dividendos de los negocios ilícitos de las FARC y de los Rastrojos, que allá son la misma organización”, dice una de las fuentes consultadas.

Las autoridades locales, dice Cuéllar, tienen una gran mancha de corrupción. La administración de Tumaco, por ejemplo, se ha traspasado de mano en mano, sin que haya progreso y sin solucionar las condiciones de pobreza.

Cuéllar también advierte que Tumaco es de los municipios más ricos en renta, incluso con mayores ingresos que Pasto, la capital del departamento. Porque además del dinero de las transferencias, recibe regalías por ser puerto petrolero, y un porcentaje del 0,5 por ciento del Plan Pacífico (un plan que se instrumentó desde el gobierno de César Gaviria para el desarrollo de la costa), Tumaco aún ni tiene alcantarillado. “La plata se la han robado”.

Sin control

¿Y los organismos de control? Actúan poco. El senador Enríquez Rosero dice que todas las autoridades estatales se sienten amenazadas, no tienen garantías, muchos funcionarios han sido asesinados a plena luz del día.

Por eso el congresista dice que ha pedido al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, medidas excepcionales. Incluso que los organismos de control funcionen desde guarniciones militares, o desde la base naval.

Parmenio Cuéllar considera que también hace falta voluntad de los funcionarios de los organismos de control. Recientemente, revela, le pidió al procurador general, Alejandro Ordóñez, cambiar a varios procuradores provinciales de Nariño. “Los organismos de control brillan por su ausencia. Tumaco es el campeón de la corrupción y yo me pregunto: ¿Cuántas sanciones y destituciones se han presentado contra los funcionarios sobre los que se conocen actos irregulares? Ninguna”.

La pobreza

Y el otro ‘tumor’ del departamento es la escasa inversión social en el departamento. No hay empleo y no se puede explotar la riqueza de la región. El senador Eduardo Enríquez Maya dice que el 95 por ciento de los habitantes de la costa pacífica no tiene títulos de propiedad sobre la tierra. “Eso no los hace sujetos de crédito ni de subsidios, no hay inversión para explotar la tierra, el cultivo de palma ha dejado de satisfacer las necesidades. Esa situación es caldo de cultivo para la delincuencia, para los ilegales, para el narcotráfico”.

El abandono del Estado, dice Enríquez Rosero, se ve con mucha claridad en la infraestructura del departamento. Todas las vías están en grave deterioro. “La Panamericana, la principal vía del departamento, es una auténtica trocha”.

Para Enríquez Maya, el Estado ha tenido un olvido casi secular con el departamento y eso ha sido común de los últimos gobiernos. “Hoy todos los ojos están puestos en Nariño. Se pagarán recompensas, se aumentará el pie de fuerza. Pero pasarán los días y los problemas seguirán”.

La clase dirigente de Nariño expone la radiografía, reclama la permanente presencia del Estado, pero muchos de ellos llevan varios períodos en el Congreso y la situación de su departamento poco evoluciona.

Fuente: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/plan-integral-largo-plazo/YspGKN8QoTw

 

2 de febrero de 2012

La recomendación general no. 34 del CERD



Discriminación

En agosto de 2011, el Comité para Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), aprobó durante su 79vo periodo de sesiones, la recomendación general Nº 34, que busca tomar disposiciones con miras a identificar las comunidades de afrodescendientes, examinar y promulgar legislaciones con el objeto de eliminar todas las formas de discriminación racial contra afrodescendientes. Al mismo tiempo, adoptar estrategias y programas nacionales con miras a mejorar la situación de los afrodescendientes y protegerlos contra la discriminación por parte de organismos estatales o funcionarios públicos, así como de cualquier persona, grupo u organización; y tomar las medidas necesarias, en cooperación con la sociedad civil y miembros de las comunidades afectadas, para educar a la población sobre los principios de no discriminación, el respeto a los demás y la tolerancia, especialmente con los afrodescendientes. De igual forma reforzar las instituciones existentes o crear instituciones especializadas para promover el respeto a los derechos humanos de los afrodescendientes en condiciones de igualdad.

Impunidad

El 10 de diciembre pasado, en el marco de conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos en la localidad de El Mozote, el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, el Sr. Hugo Martínez, pidió perdón públicamente por la masacre cometida por el ejército salvadoreño en diciembre de 1981. En este hecho perdieron la vida más de 900 hombres, mujeres y niños. La actividad fue organizada por el Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Los familiares de las víctimas brindaron su testimonio y solicitaron que este hecho no quede impune. Tanto el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador, Sr. Roberto Valent, como la Representante Regional para América Central de la OACNUDH, Sra. Carmen Rosa Villa Quintana recordaron la obligación del Estado de investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.

Fuente: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/plan-integral-largo-plazo/pDG9QEuL9dM

Adjunto: GR34_Spanish.pdf 176 KB
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Informes internacionales sobre agresiones a defensores en Colombia 2011


De: Prensa Defensores <prensa@somosdefensores.org>
Fecha: Bogotá, 1 de febrero de 2012 20:24

La Misión Internacional de Verificación, Human Rights Watch, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos, Front Line Defenders y la Relatora especial de la ONU para defensores, mencionan en sus informes, la gravedad de la situación en Colombia para la labor de la defensa de derechos humanos.

INFORMES INTERNACIONALES SOBRE DEFENSORES EN COLOMBIA CONFIRMAN AGRESIONES EN 2011

Durante el mes de diciembre de 2011 y enero de 2012, importantes organizaciones internacionales de derechos humanos, han señalado en sus informes, la grave situación que afrontan defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia para desarrollar su labor.

Estos informes, dan cuenta del incremento en los asesinatos, amenazas, hostigamientos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y estigmatizaciones, entre otros, de los que son víctimas los defensores en las regiones de Colombia.

Estos importantes informes, son publicados en medio de significativas transformaciones institucionales en Colombia referente a la protección de los defensores, periodistas, sindicalistas y otras poblaciones en riesgo, producto del trabajo realizado por organizaciones sociales y de derechos humanos de Colombia en espacios como la Mesa Nacional de Garantías.

La observación de organizaciones internacionales sobre la situación de defensores en Colombia, complementa la publicación de nuestro Informe Anual 2011 del Sistema de Información sobre Agresiones a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos -SIADDHH- del Programa Somos Defensores, la cual se realizará en las próximas semanas.

A continuación podrán descargar los siguientes informes:

1. Informe Preliminar de la Misión Internacional de Verificación conformada por 40 defensores de 15 países realizada en 8 regiones de Colombia en Noviembre de 2011.
2. Informe del Servicio Internacional para los Derechos Humanos, con sede en Ginebra “Defensores de los Derechos Humanos en Colombia: Cómo protege el gobierno sus derechos?”
3. Informe de Human Rights Watch para 2011 - Capítulo Colombia (con aparte sobre defensores de derechos humanos)
4. Informe de Situación 2011 - Front Line Defenders
5. Informe de Margaret Sekaggya, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, a presentarse próximamente en Consejo de DDHH de la ONU.

Carlos A. Guevara J.
Programa Somos Defensores-PNGPDDH
Coordinador Comunicaciones, Incidencia y Opinión pública
Tel.3804380 - 2814010
www.somosdefensores.org
Bogotá - Colombia


VER INFORMES ADJUNTOS COMPRIMIDOS EN ZIP EN:
http://dl.dropbox.com/u/20683962/ProgramaSomosSefensores-informes-internacionales-DH.zip



3 de agosto de 2010

Gobierno de Santos: ¿Nuevas perspectivas?


El conversatorio sobre: “Escenarios de riesgo, protección y acceso a la justicia en el contexto del nuevo gobierno”, se realizó el 28 de julio por la mañana en medio de centenar de personas, en su mayoría miembros de organizaciones populares. Este evento se llevó a cabo en el Centro Menonita de Teusaquillo y fueron invitadas organizaciones como: Campaña “Tierra, Vida y Dignidad” y Grupo de Trabajo sobre Protección.
Además, intervinieron representantes de varias organizaciones: Codhes, DeJusticia, Movimiento de Víctimas, Proceso de Comunidades Negras (PCN) e Iniciativa de Mujeres por la Paz.
La coordinación trató de resumir los temas abordados en los siguientes puntos:
• -Continuidad del conflicto armado, guerrilla y parapolítica, lo que hará más difícil el acceso a la justicia, en particular a sectores específicos: género y mujeres, afro e indígenas. Además será más complicado conseguir tres objetivos básicos: verdad, justicia y reparación.
• -Con relación a territorios colectivos, en cuanto a la explotación de sus recursos, se minimizarán las disposiciones legales de parte de las grandes compañías multinacionales y de sectores del mismo gobierno, especialmente intentarán evadir el mecanismo legal de la consulta previa a las comunidades interesadas, como exige la ley. No faltarán amenazas contra la vida de los que reclamaran sus derechos. Cada día se da un promedio de tres secuestrados o asesinados.
• -Políticas públicas que defienden más al victimario que a la víctima y si no se investigan, y sancionan los delitos, se crea un círculo vicioso.

En cuanto al nuevo gobierno no es fácil adelantar opiniones, en todo caso, el escenario judicial será una indicación de buena voluntad al respetar a la Corte, que ha sido ‘intermediaria’, sin querer reformarla para tener mayor control, según el proyecto presentado en estos días por el Gobierno saliente de Uribe, sin consultar a la ciudadanía ni a otras instancias oficiales.
Es verdad, que el presidente electo Santos es el ‘heredero’ de Uribe, pero tal vez que en algo mejorará, ya que no habla sólo de seguridad democrática, sino también del aspecto social en cuanto a aumento de empleos y prosperidad.
En las intervenciones, los participantes subrayaron el problema de la justicia, las muertes que quedan en la impunidad. “De nuestra organización desde mayo a esta parte han asesinado a 16 líderes y como que nada”, afirmó una líder comunitaria, y “cada día se dan 3 desaparecidos en el país y nadie habla”, enfatizó otra líder. “¿Cómo defender a los que defienden a las víctimas?”, hizo la pregunta una líder que participó en este conversatorio. Hubo quien resaltó la ubicación geoestratégica de Colombia, que podría ser aprovechada para provocar conflictos.
Todos estuvieron de acuerdo con Silvia Yánez que la unión de los movimientos sociales, afros e indígenas, es un elemento fundamental para presentar propuestas y conseguir el apoyo del nuevo gobierno. Se lanzó la idea de seguir con el forum para buscar nuevas alternativas.