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19 de diciembre de 2017

Atrateñidad en riesgo


En mi última visita a Quibdó percibí cómo se ha exacerbado la antioqueñización de ese puerto sobre el río Atrato. Llegué el pasado 30 de noviembre para el lanzamiento de Calle caliente.


Por Jaime Arocha*

Memorias de un cimarrón contemporáneo, el libro con la trayectoria de Rudecindo Castro, líder del movimiento social afrocolombiano. Me sorprendió el nuevo aeropuerto El Caraño, moderno y funcional, pero carente de la atmósfera cálida del antiguo, sin paredes que detuvieran unas brisas que hacían que la gente hablara duro, mientras se comía su pastel. Ahora hay plazoleta de comidas rápidas en el segundo piso.
A las casas de madera que quedaban, con sus techos altos y áreas sociales abiertas, las reemplazan moles de cemento, con esos balcones circulares y balaustradas de barrotes tornados tan populares en el oriente antioqueño. Hasta el lugar de los palafitos del barrio La Yesquita hoy lo comienzan a invadir varilla y concreto. La obstrucción de esa quebrada y sus afluentes presagia la respectiva cuenta de cobro ambiental.

Rejas metálicas aíslan los patios de entrada donde la gente sacaba sus mecedoras para conversar y saludar a quienes pasaban por el frente. La advertencia es la de no salir a ese espacio buscando una mejor señal para evitar un encañonamiento y el robo del celular. La ciudad fortificada reemplazó a la de puertas abiertas.

Hay menos personas negras como dependientes de bancos, almacenes y aerolíneas. Ese blanqueamiento va con la antioqueñización cultural y el aumento del racismo. Las basuras por las calles y a las orillas del río Atrato no dan cuenta de la sintonía que ya debería estar instalada a propósito del respeto de los derechos bioculturales que de manera excepcional la Corte Constitucional le reconoció al río como sujeto de la sentencia T-622 de 2016.

El 8 de diciembre, Semana publicó un número especial sobre el Atrato. Recoge la visión de Ximena González de Tierra Digna, la organización que lideró la tutela referente a la degradación de ese cauce y de sus pobladores ancestrales. Para ella, semejante innovación se basa en un ideal ecocéntrico, según el cual la gente no debe portarse ni como ama ni señora de la naturaleza, sino parte de ella.

Ese ecocentrismo está por arraigarse, como se aprecia en la entrevista que el mismo especial le hizo al gobernador de Antioquia. A él no se le pasan por la mente los derechos bioculturales, sino “los secretos” de la prosperidad y los empresarios prósperos. Si, como reza el subtítulo de ese número, “Antioquia lidera la defensa del Atrato”, ojalá no sea con más de las imposiciones colonialistas que esa cuenca comenzó a recibir desde 1997, cuando el gobierno de Ernesto Samper revivió el proyecto de unir al mar Caribe con el Pacífico por un canal entre los ríos Atrato y Truandó: masacres y asesinatos con el consecuente destierro de comunidades indígenas y negras, expansión de los monocultivos de palma aceitera, coca y pastos para ganadería, además de dragones, retroexcavadoras y mercurio para la minería ilegal del oro. La actual violencia que elenos y gaitanistas ejercen sobre la población civil, así como el aumento de asesinatos de líderes sociales o reclamantes de tierras sí que niegan el sentido de una sentencia única en la historia nacional.

* Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.

Publicado originalmente en El Espectador. 18 de dic de 2017: https://www.elespectador.com/opinion/atratenidad-en-riesgo-columna-729090 

1 de marzo de 2017

La discriminación socio-política de los afrocolombianos e indígenas, ¿una política de estado?

Reproducimos a continuación el texto de Jaime Arocha, en torno al proceder discriminatorio del estado colombiano. Pues aunque promueve algunos elementos culturales, lleva a cabo una sistemática marginación en lo político y social.

Título original:Exofilia reiterada

El Gobierno Nacional insiste en la exofilia, aquella práctica perversa de discriminar a los pueblos étnicos en lo sociopolítico y, al mismo tiempo, acogerlos en lo cultural. Como lo señala César Rodríguez, el proceso de paz les está poniendo conejo, pese a los años de ser víctimas del conflicto armado, pero pioneros de reconciliación. Aún no están representados ni en el Tribunal Especial para la Paz, ni en la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición, ni en la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Se supone que los seleccionadores deben acatar los enfoques diferenciales y de género que exige la Constitución Nacional, así como los requerimientos del capítulo étnico, introducido en los acuerdos de paz así fuera a regañadientes antes de que terminaran las conversaciones en La Habana. Por esas falencias, desde los Estados Unidos, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica (Wola), el Grupo Latinoamericano de Trabajo (LAWG), el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, la Coalición de Sindicalistas Negros (CBTU), La Red de Solidaridad Afrocolombiana (ACSN), Afodes Internacional y varios defensores de derechos humanos se han dirigido al Comité de Escogencia apoyando la solicitud de la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales para que garantice la “elección de magistrados y magistradas afrodescendientes e indígenas en la Jurisdicción Especial para la Paz”. La carta hace énfasis en que “el punto cinco del acuerdo establece que «el proceso de postulación de candidatos/as será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos»”.
Otra discriminación ha consistido en incumplir los acuerdos que el Comité Cívico por la Salvación y Dignidad del Chocó alcanzó con el Gobierno Nacional entre el 22 y el 24 de agosto de 2016, luego del paro llevado a cabo ese mes en Quibdó y otras ciudades del departamento. De ahí que para el 7 de marzo haya una convocatoria de cabildo abierto. No solo se trataría de realizar una nueva movilización, sino de coordinarla con la que programan en Buenaventura por razones comparables.
Foto: León Darío Peláez. Revista Semana
El Ejecutivo disimula la exclusión sociopolítica mediante visibilidades como la brindada en el teatro Colón cuando Santos y Timocheko firmaron el acuerdo de paz definitivo. Había representantes de los indígenas, y a la cantaora negra Cecilia Silva Caraballo le correspondió entonar a cappellael himno nacional. Dos meses antes, cuando suscribieron el acuerdo de La Habana en el Centro de Convenciones de Getsemaní, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo les ofreció protagonismo a las llamadas Alabadoras de Bojayá. Ese 24 de septiembre interpretaron un alabao cuya estrofa más estremecedora rezaba: “Hace 500 años / sufrimos este gran terror. / Pedimos a los violentos / no más repetición. / Santa María danos la paz”.
Descartar a la gente indígena y negra de la JEP y de las comisiones mencionadas indica que a palabras tan sentidas se les prestan oídos sordos, y que en realidad los pueblos étnicos valen por la cosmética que le aporten a la marca Colombia. Las industrias naranja abrazan su exotismo, pero desprecian los derechos étnicoterritoriales y políticos que les garantiza la Constitución Nacional.
* Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional.
http://www.elespectador.com/opinion/exofilia-reiterada-columna-682109

25 de octubre de 2016

El despojo de los territorios ancestrales... el verdadero interés del uribismo en el plebiscito

En el siguiente artículo se evidencia cómo los intereses del uribismo con relación al proceso de paz están enfocados en el despojo de los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes. En campaña contra el Plebiscito nos decían que nos iban a salvar de la dictadura gay, del castrochavismo, del ateismo... pero en realidad lo que buscan es continuar con su cadena de despojo aprovechándose de la supuesta legitimidad que ganaron engañando a los votantes.

POR: Jaime Arocha. 24/0ct/2016
Tomado de El Espectador

Acuerdo, ¿pero cómo?
Desde el 3 de octubre, en Blu Radio, Juan Lozano persiste en que el No abrió la oportunidad excepcional de lograr un gran acuerdo nacional alrededor de la paz.
 
Foto. El Espectador
¿Cómo lograrlo si al Centro Democrático le obsesiona rechazar, entre otros, el primer punto sobre reforma rural integral, proponiendo amparar la propiedad de segundos ocupantes de buena fe? En abril pasado, a esa tesis ya le habían hecho eco el exprocurador Ordóñez y José Félix Lafaurie, cuando se despacharon contra la ley de restitución de tierras en San Ángel. Difícil dejar de pensar en las víctimas de comunidades negras. No solo la administración Uribe Vélez priorizaba la incorporación de 600.000 hectáreas del Afropacífico a la cartografía de la palma aceitera, sino que en 2007 Fedepalma publicaba que “La vigencia de la Ley 70 (sobre los derechos de esas comunidades) ha representado para los cultivadores de palma muchas dificultades para extender sus áreas de cultivo y generar proyectos a gran escala, bien sea como propietarios particulares o con proyectos productivos con alianzas”.
 
Foto: Radio Macondo
Negar los contextos violentos del despojo ha sido medular para el uribismo. En 2006, así lo hizo Andrés Felipe Arias cuando era ministro de Agricultura, y le concedió a Hollman Morris una entrevista a propósito de los desplazados de Jiguamiandó y Curvarádó en el bajo Atrato. Luego de años de luchas, esas personas por fin habían retornado a sus territorios colectivos, para hallarlos sembrados de palma aceitera. Como el respectivo video muestra que hasta los cementerios habían sido profanados, cavando letrinas sobre las tumbas de los antepasados, Arias pedía ni satanizar a la palma, ni a los empresarios, quienes habían pasado por los filtros del Ministerio sin que se hubiera demostrado su mala fe. De esa manera dudaba de que los territorios en cuestión estuvieran amparados por la Ley 70 de 1993, y que los agroindustriales hubieran ocasionado daños ecosistémicos irreparables.

Ocho años más tarde, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín emitió la sentencia 054 condenando a 18 empresarios de la palma aceitera por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, compra ilegal o invasión de territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó amparados por la Ley 70 de 1993 e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Lo anterior además de la condena al general Rito Alejo del Rio por su responsabilidad en la operación Génisie causante en 1997 de los primeros desplazamientos de esa región.

En la actual coyuntura de incertidumbre, hay que recordar el conejo que los dos gobiernos de Uribe sí le metieron a las exigencias de justicia, reparación y no repetición contenidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el desplazamiento forzado de pueblos étnicos. Hoy la Comisión Étnica exige que no se modifique el capítulo étnico del acuerdo de paz. Ya hay voces internacionales a favor de esta exigencia, como la de la Coalición de Sindicalistas Negros de los Estados Unidos.

*Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.


Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/acuerdo

27 de julio de 2015

DE SOL A SOL, Génesis, trasformación y presencia de los negros en Colombia. Reseña


Entre los más de 4 mil ejemplares de la biblioteca física del Centro Afro - CAEDI en Bogotá, está disponible para su consulta el libro de Nina Friedemann y Jaime Arocha, titulado DE SOL A SOL. Génesis Transformación y presencia de los negros en Colombia.

Después de sumergirse sin tregua en los laberintos tortuosos del hombre negro, nuestros dos autores nos entregan un volumen integrado por treinta y nueve cuentos sin ficción, sencillos y directos, sin oropeles ni divertimentos marginales, en torno a la infernal e irracional de los dramas de la historia moderna: la esclavitud del africano desde su génesis, hasta su actualidad, humillante e invisible, anegada de carencias y redimida en si misma gracias a sus rituales y a sus refugios interiores.

Utilizando la técnica moderna de la short story, inician sus relatos con una frase rápida que invita a la lectura de la siguiente, que a su vez abre la puerta a la totalidad del texto. Sin detenerse en minucias o en datos interminables, con transparencia literaria, encontramos las vestimentas de cada época, las comidas cotidianas, los usos y las costumbres, los sistemas de gobierno, la legislación pertinente, los modos de producción, los idiomas y los dialectos de cada nación, provincia o tribu.

También se da relevancia a los rituales y religiones, la botánica y la zoología correspondientes a cada lugar estudiado, los oficios más comunes, los útiles para el comercio, la recreación y la tortura y las expresiones auténticas del arte y la literatura.
 La tradición oral, como origen y parte  importante de la cultura popular, aporta en esta obra abundante documentación para lo narrado. El anecdotario es frecuente y enriquecedor.
Presentación escrita por José Luis Díaz Granados.

Le atenderemos con gusto de lunes a viernes en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde.
Cl 42 N°13 - 50. Bogotá.
Tél. 245 47 54.
caedibogota1@gmail.com