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12 de diciembre de 2018

Tumaco, una guerra llamada posconflicto

Desde el puerto nariñense, sus habitantes narran cómo se vive una nueva oleada de violenta en la disputa entre disidencias de las Farc.


Por Alfredo Molano, vía Colombia 2020-el Espectador
El río Iscuandé marca el límite entre el Pacífico caucano y el nariñense. Sus aguas, menos turbias que las del río Guapi, desembocan en el mar en un sitio conocido como Mosquera, un entramado de manglares que parecen de esos laberintos hechos con pino. Se conocen como “los esteros del San Juan” y son ramales del río Patía, que nace cerca al Tambo (Nariño), en la Cordillera Central, y termina desembocando a la altura de las Bocas de Satinga. El Patía ha conformado una subregión rica en oro y en los últimos años también en coca. De Iscuandé a Tumaco hay seis o siete horas de recorrido, cinco de las cuales se gastan atravesando los tupidos manglares que esquivan el monótono paisaje de la costa del mar. Allí la vida se siente. El pitido de las chicharras se traga todos los sonidos de un bosque submarino que parece palpitar de lo vivo.

Mientras un biólogo navega los esteros del San Juan fascinado por su naturaleza, la gente de esta región los atraviesa con los ojos cerrados.Son tierras de dominio absoluto de la gente de Guacho. Cada cierto tiempo aparece una casa al margen del mangle, unas personas discretamente paradas o una lancha. “Aquí todo está milimétricamente controlado. Uno no se encuentra a nadie, pero ya todo el mundo sabe quién va navegando. ¿Vio a esa gente que estaba apostada en la esquina entre Cocal Jiménez y Guachacal? Son “puntos”, gente que está informando constantemente lo que pasa en el estero. Estos manglares vieron crecer a David, el man que supuestamente era de Guacho y mató el Ejército recientemente”, explica, bajando la voz, entre el misterio y la cautela, uno de los lancheros.

El recorrido es tan fascinante como largo. Es el cierre del Patía, una región de exuberante riqueza natural, donde los esclavos de las minas de Barbacoas encontraron refugio en un ambiente profuso en alimentos. Las minas fueron fundadas en la segunda mitad del siglo XVII por Francisco Parada y alcanzaron a ser una de las regiones con mayor explotación aurífera de los tiempos coloniales, lo que significó también la introducción de una enorme cantidad de esclavos que, en 1778, se calculaba que pasaban de 6.000. A finales del siglo XIX y principios del XX era tan fuerte la fiebre del oro en Barbacoas que compañías extranjeras, como la Telembí Mining Company, la San Lorenzo Gold Gravel o The Patía Syndicate Limited, explotaban los ríos Patía y Telembí. La evolución de esta feria es la llegada de las retroexcavadoras a cada río de la región y, tras el oro, llegaron también los armados: guerrillas y paramilitares, con los que también llegó la coca.

La siembra de la coca arribó a Tumaco con los colonos que salieron desplazados de Putumayo, Caquetá y Guaviare por las fumigaciones de los años 90. A mediados de esa década, el gobierno de Ernesto Samper intentó promover una sustitución de cultivos ilícitos por palma de aceite. La gente se la jugó, se empeñó con los bancos, vendió tierras a los palmeros o alquilaron sus territorios, pero las cosechas fracasaron con la epidemia de la pudrición del cogollo. Este antecedente todavía está en la memoria de campesinos, indígenas y afros de la zona rural del municipio, y ha jugado en contra del Plan de Sustitución derivado del Acuerdo de Paz. El fracaso de los cultivos lícitos —llámese palma o cacao— arraigó la economía cocalera en Tumaco y sus alrededores. Además, encontró en el cartel de Cali compradores, protectores y promotores.

Las guerrillas llegaron a la zona por los corredores del Cauca a mediados de los años 80. Llegaron por dos rutas: una que bajó por el río Micay y otra por el Patía. En la segunda mitad de los años 90, tanto el Eln como las Farc habían logrado una base social importante en la región. Sin embargo, el Plan Colombia los movió de sus posiciones de dominio. Y en los primeros años del nuevo siglo, los “paras” llegaron con unidades que se desprendieron del Bloque Libertadores del Sur y bajaron por los lados de Policarpa y Cumbitara. Su estrategia, diferente a la de las guerrillas, fue apostarle al control de los ríos en los puertos y desembocaduras. Así rápidamente asfixiaron a las Farc y controlaron el negocio de la coca.

En este contexto, vinieron los años más duros de confrontación militar. La guerra entre los dos bandos fue cerrando el anillo del área rural al área urbana. Los combates se registraban a diario en esteros, ríos y barrios de Tumaco y sus alrededores. El interés en el puerto vuelve a ser su ubicación geoestratégica para comunicar a Colombia con el Pacífico, para lo que el Estado trazó varias megaobras, como el canal seco Atrato-Truandó, la carretera Pereira-Nuquí o el puerto de aguas profundas de Bahía Cupica. En este interés económico por la llamada Perla del Pacífico, los territorios negros eran vistos como una piedra en el zapato, más cuando surgió la figura de la hermana Yolanda Cerón, madre innegable de la llamada Ley 70 (o de Comunidades Negras), quien fue asesinada el 19 de septiembre de 2001.

Cerón fue una de las más notables defensoras de los territorios colectivos de los afros. Nació en Berruecos, Nariño, en 1958, y durante los años 90 acompañó desde la Pastoral Social y la Diócesis del Pacífico a varias comunidades negras de Nariño en su constitución como consejos comunitarios. Se calcula que logró la titulación de al menos 100.000 hectáreas de territorios colectivos de comunidades negras, bajo el amparo de esa ley, que ella misma impulsó en la Constituyente. Su entrega a las comunidades del Pacífico solo fue equiparable a la insistencia con que denunció la irrupción paramilitar en la zona de influencia de Tumaco. Hasta el día de su muerte advirtió de la complicidad de la Fuerza Pública en la operación de control paramilitar del puerto. Un legado que le costó la vida a plena luz del día, frente a la Iglesia La Merced, en el centro de la población.

Con la desmovilización paramilitar, en 2005, Tumaco volvió a convertirse en territorio de disputa entre las estructuras aliadas al narcotráfico y las Farc, que logró consolidar una importante red de milicianos agrupados en la columna móvil Daniel Aldana. Estructura que tomó distancia del Acuerdo de Paz y proveyó la base del Frente Oliver Sinisterra, que lidera alias Guacho, y cuyos mandos medios, como fueron alias Don Y y alias David, dos hermanos que manejaron, hasta el día de su muerte, el control del narcotráfico en buena parte del puerto. Al primero lo mataron las Farc en noviembre de 2016 y el segundo cayó en un operativo militar en septiembre pasado. Estos dos hermanos consolidaron un importante poder en Tumaco bajo la franquicia armada de Guacho. Sin embargo, en el puerto todo el mundo sabe que la alianza fue por un tema estratégico y que al final terminaron enfrentados.

Ni la muerte de Don Y ni la de David extinguieron el poder militar de estas estructuras urbanas de disidentes de las Farc. Y hoy se vive una grave situación humanitaria que ha perdido el interés de la opinión pública, pero no la intensidad de la guerra intraurbana. “Lo que está ocurriendo en Tumaco es una carnicería. Un horror que no tiene nombre pero sí apodo: ese es el tal posconflicto. Es la muestra perfecta de lo que ocurre cuando sale una estructura armada de las dimensiones de las Farc, pero no llega la institucionalidad. Eso sí, le han metido toda la Fuerza Pública del mundo, se habla de 9.000 a 12.000 efectivos. No solo nada ha cambiado, sino que se ha puesto peor. Todos los días matan gente, la desaparecen, la desplazan, la torturan y descuartizan”, dice un poblador indignado.

Según cuentan, Tumaco volvió a los tiempos en que sus barrios se dividieron por uniformes. “La gente de David controla La Ciudadela, Viento Libre, La Y, Panamá, La Paz, Obrero y El Triunfo. Guacho mantiene el dominio de El Milenio, 11 de Noviembre, El Voladero, Exportcol y El Morro. La guerra entre los dos está prendida. La gente que vive en los barrios de Guacho no puede ir a los de la gente de David porque la matan. Y todos los días se dan candela. Acaban de matar a un niño saliendo del colegio. La cosa está muy peluda. No le recomiendo seguir averiguando nada de lo que está pasando acá”, advirtió antes de perderse.

Un habitante de uno de los barrios de la gente de David, que incluso lo conoció desde cuando era niño, contó que junto a su hermano, Don Y, eran milicianos de las Farc y crecieron en uno de los esteros cerca a Tumaco. Que provienen de una familia muy pobre y que tras la desmovilización lograron recoger muchos de los contactos de las Farc en temas de narcotráfico. El relato de cómo murió David es propio de una de esas nuevas series de “narcos”. Cuentan que era un hombre muy esotérico y que desde hace siete años tenía una bruja de cabecera que vivía en Buenaventura y que fue ella el señuelo para ubicarlo.

“Inteligencia militar compró a la bruja y ella se prestó para montar el operativo en el que lo mataron. En el barrio todo el mundo habla de que ella le iba a hacer un rezo de protección, pero le puso unas condiciones. Le dijo que tenía que ser en la madrugada de un día de luna llena y que esa noche debía ubicarse sin escoltas en una casa que ellos definieron. La bruja le mandó un bebedizo que David debía tomarse a la una de la madrugada. Él se encontraba con su hermana y con su esposa, quienes lo iban a ayudar a hacerse los baños. Lo cierto es que lo que se tomó lo dejó paralizado. El man se desplomó y empezó a botar espuma por la boca. Al tiempo, la gente que le estaba haciendo guardia advirtió que el Ejército estaba cerrando el perímetro. El propio papá de David fue a buscarlo para sacarlo alzado, pero dizque el hombre se negó, que les dijo que todo iba a estar bien, que a él lo protegían los espíritus. Al rato tocaron la puerta, cuando la hermana abrió le cayó una lluvia de plomo. David y la hermana murieron y la esposa se salvó”, dice el relato.

“Mucho le advertimos al Gobierno de que lo que se venía en Tumaco iba a ser terrible si no implementaba juiciosamente el Acuerdo de Paz. Hubo unos líderes de las milicias que se pusieron la camiseta, tanto para lograr que un grupo importante de la Aldana se acogiera al Acuerdo, como para que varias familias del área rural suscribieran los acuerdos de sustitución. Los pela’os le metieron el pecho, pero el Gobierno no los protegió: a uno lo mataron y el otro está preso. Esto minó la confianza de muchas personas y provocó una guerra terrible entre los milicianos y la base social de las Farc. La muerte de Don Y desató una guerra de desconfianzas entre antiguos aliados. Este es el caldo de cultivo que le está dando cada día más fuerza a Guacho”, explicó un hombre muy cercano al proceso de negociación con la columna móvil Daniel Aldana.


“Es que el posconflicto necesita de oportunidades para esa gente, seguridad jurídica, física y económica. Imagínese que les dan un subsidio de $400.000, mientras la disidencia les ofrece $2’000.000 a los que menos experiencia tienen. Fuera de eso los están matando. Y eso que esto está militarizado. El narcotráfico se tomó el puerto tras la salida de las Farc y es que creen que matando a los cabecillas van a solucionarlo; no se dan cuenta de que mientras sigan administrando el territorio como lo vienen haciendo, van a tener el mismo resultado”, agregó. Y las cifras le dan la razón: según información oficial, entre el 1° de enero y el 5 de diciembre de este año se han registrado 595 investigaciones por homicidios en todo Nariño, de las cuales 237 se produjeron en Tumaco, lo que representa un incremento del 22,8 % con respecto al año pasado, cuando al mismo mes se reportaron 193 denuncias de asesinatos en el puerto.

Texto y fotos tomados de: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/tumaco-una-guerra-llamada-posconflicto 

22 de mayo de 2017

Comunicado de los obispos de la Costa Pacífica Colombiana en apoyo a la Causa de su Pueblo. Mayo 21 de 2017

En un comunicado de prensa emitido por los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas que integran la región de la Costa Pacífica, exigieron al Gobierno Nacional que cumpla con los acuerdos anteriormente firmados y así se respete los derechos de los ciudadanos.

La Iglesia en esta región del pacífico cree justificada las protestas que se adelantan en el departamento del Chocó y en la ciudad de Buenaventura, por considerar, que estas zonas del país siempre han sido territorios abandonados por el Estado.

Los prelados rechazaron las acciones violentas cometidas por algunos vándalos que desprestigian el fin de las protestas pacíficas, donde la población reclama sus derechos.  Igualmente hicieron un llamado a la Fuerza Pública para que no se extralimite con sus funciones.

Por último, los obispos pidieron a los organismos de Derechos Humanos para que estén atentos a velar y garantizar la protección de los civiles, denunciando cualquier abuso que se presente durante estas protestas.

El mensaje fue emitido por el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve Mejía, los obispos de Buenaventura, monseñor Héctor Epalza Quintero, monseñor Juan Carlos Barreto Barrerto; monseñor Carlos Alberto Correa Martínez; monseñor Orlando Olave Villanoba y monseñor Julio Hernando García Peláez.


Lea a continuación el comunicado: 


Comunicado
Derechos fundamentales para los habitantes de la Costa Pacífica colombiana
Mayo 21 de 2017

Los obispos de las jurisdicciones eclesiásticas que integran la región de la Costa Pacífica colombiana, frente a los actuales acontecimientos de movilización social en el departamento del Chocó y en la ciudad de Buenaventura, manifestamos.

1. Son justificadas las protestas sociales que actualmente se realizan en Chocó y Buenaventura, pues históricamente los habitantes de la Costa Pacífica colombiana han sufrido el abandono estatal, la violencia de diversos actores armados y la corrupción de muchos líderes a todo nivel.

2. El Gobierno Nacional debe hacer su mejor esfuerzo para cumplir con acuerdos anteriores y responder a las legítimas aspiraciones de los ciudadanos que exigen derechos fundamentales.

3. Las acciones violentas y vandálicas desprestigian la protesta social justa; por lo tanto, debe ser característico su rechazo contundente por parte de la Sociedad Civil. Sólo los Paros Cívicos pacíficos tienen legitimidad y eficacia.

4. La Fuerza Pública debe ser moderada y respetuosa en su misión de control social, evitando extralimitarse en el ejercicio de sus funciones.

5. Los organismos responsables de velar por los Derechos Humanos deben desplegar toda su capacidad para garantizar las exigencias de protección a los civiles y denunciar los abusos que contra ellos se puedan cometer.

6. Son tareas de los comités organizadores de la movilización social: generar el suficiente espacio para el diálogo, llamar constantemente al orden y flexibilizar las acciones de reclamación, de tal manera que no resulte afectada la misma población que exige sus derechos.

7. Invitamos a orar insistentemente al Dios de la vida para que esta situación social sea resuelta con prontitud en la justicia, el diálogo y la objetividad.

Firman,
Arquidiócesis de Cali
Diócesis de Buenaventura
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Guapi
Diócesis de Tumaco

Diócesis de Istmina-Tadó

Documento original disponible en: https://www.cec.org.co/sites/default/files/COMUNICADO%20PARO%20CHOC%C3%93%20Y%20BUENAVENTURA.pdf


20 de julio de 2016

Los chocoanos saldrán a las calles para protestar por el olvido por parte del Gobierno. Piden que se termine la vía al mar y se instale la electricidad en 11 municipios, entre otros temas urgentes.

 Funcionarios, empresarios, estudiantes, periodistas, saldrán a marchar a las calles de los principales municipios del departamento. Foto: Archivo SEMANA










Este 20 de julio el país celebra el Día de la independencia, se instala un nuevo período en el Congreso de la República y cumple un año el cese al fuego unilateral por parte de las FARC. Pero a la celebración de este miércoles festivo no se unirá Chocó.
Allá, los ciudadanos no izarán la bandera de Colombia, sino la del departamento. Saldrán a las calles para protestar en contra de las inequidades y lo que llaman olvido por parte del Gobierno. Más que un grito de independencia, es un grito de rebeldía. Funcionarios, empresarios, estudiantes, periodistas, todos saldrán a marchar a las calles de los principales municipios del departamento.
“Escogemos el 20 de julio porque es algo simbólico, no porque seamos un movimiento separatista. Asistirá desde el gobernador hasta el último trabajador (…) Las marchas de este miércoles son la preparatoria para un paro cívico que empezará el próximo 17 de agosto, será una protesta de mayor envergadura”, dijo a Semana.com Jorge Salgado, vocero del Comité Cívico por la Salvación y la Dignidad de Chocó.
Los chocoanos están decididos a entrar en paro hasta que el Gobierno oiga sus peticiones. Quieren que en el departamento se termine la vía al mar, la carretera que comunicaría cuatro zonas de Chocó: Pacífico, Baudó, San Juan y Atrato.
“En 1967 se inició esa carretera, pero aún faltan 60 kilómetros de construcción. El gobierno de Santos no ha invertido un solo peso en este proyecto. Esa sería la obra cumbre de Chocó, ayudaría a potencializar la economía, el agro. ¿Cómo es posible que no exista una vía para llegar de Quibdó a Bahía Solano o a Nuquí? Hay lugares a los que sólo se puede acceder por avioneta”, manifestó Salgado.
No es lo único que quieren. De acuerdo con el vocero del comité organizador, 11 municipios de Chocó –como Acandí, Unguía, Bojayá, Medio Atrato, Nuquí, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, entre otros– no cuentan con energía eléctrica. “Estos municipios tienen plantas ineficientes que funcionan cuatro o cinco horas al día y que a los seis meses están malas. Los habitantes de estos lugares permanecen como en la edad media, con mechones de petróleo para tener luz. Sin energía es imposible que haya desarrollo. Chocó es el departamento que más desconexiones eléctricas tiene en el país”, recalcó.
Los habitantes de este departamento también quieren que el Gobierno invierta en salud, pues Chocó no cuenta con ningún hospital de tercer nivel.
Pero el mensaje de protesta de este 20 de julio no va solamente para el gobierno nacional, sino también para las autoridades regionales que administran los recursos.
Para nadie es desconocido que en muchas ocasiones el Gobierno destina dineros para distintos sectores, pero estos se pierden en el camino. Así quedó demostrado recientemente con el presunto fraude de 4.000 millones de pesos a la salud del departamento en el que se vio involucrado el exgobernador Efrén Palacios, quien afronta un juicio por ese tema.
“Como ese hay muchos otros casos. Si bien el Chocó necesita urgentemente recursos para salir del atraso en el que se encuentra, tampoco se puede negar la cantidad de recursos invertidos en el departamento y que terminan en poder de contratistas ligados con políticos, entre otros hechos”, dijo un periodista de la zona.
Tomado de Revista Semana: http://www.semana.com/nacion/articulo/choco-no-celebra-el-20-de-julio-y-sale-a-protestar/482626