“Hasta cuándo la defensa de toda forma organizativa del pueblo negro tiene que costarnos la vida”, dice el tuit que el Proceso de Comunidades Negras publicó el 27 de enero de 2018, tan pronto conoció que uno de sus miembros más destacados —Temístocles Machado— había sido asesinado en Buenaventura.
Jaime Arocha. El Espectador
Ese líder sobresalió como activista de derechos
humanos y dentro del paro cívico de Buenaventura que tuvo lugar entre el 15 de
mayo y el 6 de junio de 2017. Sin embargo, para el secretario de Gobierno del
puerto el crimen no había tenido que ver “con su actividad social…”, reiterando
así aquel libreto oficial sobre la asistematicidad de esos delitos.
WOLA —la
Oficina de Washington sobre Latinoamérica— destroza ese guion mediante el
inventario de las 22 infracciones contra los derechos humanos ocurridas en este
país entre el 26 de diciembre de 2017 y el 22 de enero de 2018**. De ellas, 11
involucran líderes étnicos, indígenas o negros, nueve de quienes tienen o
tenían que ver con conflictos territoriales —desplazamiento forzado y
restitución de tierras—. La vulnerabilidad de estos dirigentes en lugares del
bajo Atrato, como Jiguamindó y Belén de Bajirá, fue objeto de especial énfasis
debido a la carta que el Bloque de Congresistas Negros le mandó al presidente,
Juan Manuel Santos, el pasado 20 de diciembre exigiendo la protección de 20 de
ellos, seriamente amenazados. Además urgieron al Ejecutivo para que incluyera
la perspectiva étnica dentro de los esquemas de protección de figuras públicas
y que tomara en serio la petición de Capítulo Étnico sobre la seguridad de las
guardias indígenas y cimarronas.
A estas situaciones las enmarca un cambio que
Ivonne Rodríguez González describe en Verdad Abierta: “Justo cuando la Unidad
de Restitución de Tierras Territorial Chocó logró la séptima sentencia de
restitución étnica del país y radicó dos demandas más en favor del Resguardo
Bochoroma-Bochoromacito y del Consejo Comunitario Asocasan, en Bogotá se
decidió que esa territorial no va más. El pasado 18 de diciembre el director de
la entidad, Ricardo Sabogal, firmó dos resoluciones mediante las cuales la
suprimió y ordenó el traslado de sus 12 funcionarios a otras territoriales del
país”. Justificada para fortalecer la institución, la determinación contradijo
el concepto contrario que había emitido el procurador general de la Nación. De
ahí que para Rodríguez hasta líderes de la Iglesia católica hablan “de una
doble moral del Gobierno Nacional”.
A la sangría de líderes étnicos y a su
correspondiente etnofagia las cimienta aquella supremacía racial blanca que
defendió Laureano Gómez a partir de una supuesta inferioridad de indios y
negros. En vísperas del triunfo del No, ese pensamiento tuvo exaltaciones como
las del Movimiento de Restauración Nacional tan cercano al hoy candidato
presidencial Alejandro Ordóñez, a su vez, aliado de José Félix Lafaurie en
contra del proceso restitutivo. La eliminación de líderes indígenas y negros
podría ser cuota inicial del No para, de verdad, hacer trizas no sólo los
acuerdos, sino todas las esperanzas de paz.
*Miembro fundador, Grupo de estudios
afrocolombianos, Universidad Nacional.
Publicación original de El Espectador: https://www.elespectador.com/opinion/sangria-etnica-columna-736065
