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12 de diciembre de 2018

Tumaco, una guerra llamada posconflicto

Desde el puerto nariñense, sus habitantes narran cómo se vive una nueva oleada de violenta en la disputa entre disidencias de las Farc.


Por Alfredo Molano, vía Colombia 2020-el Espectador
El río Iscuandé marca el límite entre el Pacífico caucano y el nariñense. Sus aguas, menos turbias que las del río Guapi, desembocan en el mar en un sitio conocido como Mosquera, un entramado de manglares que parecen de esos laberintos hechos con pino. Se conocen como “los esteros del San Juan” y son ramales del río Patía, que nace cerca al Tambo (Nariño), en la Cordillera Central, y termina desembocando a la altura de las Bocas de Satinga. El Patía ha conformado una subregión rica en oro y en los últimos años también en coca. De Iscuandé a Tumaco hay seis o siete horas de recorrido, cinco de las cuales se gastan atravesando los tupidos manglares que esquivan el monótono paisaje de la costa del mar. Allí la vida se siente. El pitido de las chicharras se traga todos los sonidos de un bosque submarino que parece palpitar de lo vivo.

Mientras un biólogo navega los esteros del San Juan fascinado por su naturaleza, la gente de esta región los atraviesa con los ojos cerrados.Son tierras de dominio absoluto de la gente de Guacho. Cada cierto tiempo aparece una casa al margen del mangle, unas personas discretamente paradas o una lancha. “Aquí todo está milimétricamente controlado. Uno no se encuentra a nadie, pero ya todo el mundo sabe quién va navegando. ¿Vio a esa gente que estaba apostada en la esquina entre Cocal Jiménez y Guachacal? Son “puntos”, gente que está informando constantemente lo que pasa en el estero. Estos manglares vieron crecer a David, el man que supuestamente era de Guacho y mató el Ejército recientemente”, explica, bajando la voz, entre el misterio y la cautela, uno de los lancheros.

El recorrido es tan fascinante como largo. Es el cierre del Patía, una región de exuberante riqueza natural, donde los esclavos de las minas de Barbacoas encontraron refugio en un ambiente profuso en alimentos. Las minas fueron fundadas en la segunda mitad del siglo XVII por Francisco Parada y alcanzaron a ser una de las regiones con mayor explotación aurífera de los tiempos coloniales, lo que significó también la introducción de una enorme cantidad de esclavos que, en 1778, se calculaba que pasaban de 6.000. A finales del siglo XIX y principios del XX era tan fuerte la fiebre del oro en Barbacoas que compañías extranjeras, como la Telembí Mining Company, la San Lorenzo Gold Gravel o The Patía Syndicate Limited, explotaban los ríos Patía y Telembí. La evolución de esta feria es la llegada de las retroexcavadoras a cada río de la región y, tras el oro, llegaron también los armados: guerrillas y paramilitares, con los que también llegó la coca.

La siembra de la coca arribó a Tumaco con los colonos que salieron desplazados de Putumayo, Caquetá y Guaviare por las fumigaciones de los años 90. A mediados de esa década, el gobierno de Ernesto Samper intentó promover una sustitución de cultivos ilícitos por palma de aceite. La gente se la jugó, se empeñó con los bancos, vendió tierras a los palmeros o alquilaron sus territorios, pero las cosechas fracasaron con la epidemia de la pudrición del cogollo. Este antecedente todavía está en la memoria de campesinos, indígenas y afros de la zona rural del municipio, y ha jugado en contra del Plan de Sustitución derivado del Acuerdo de Paz. El fracaso de los cultivos lícitos —llámese palma o cacao— arraigó la economía cocalera en Tumaco y sus alrededores. Además, encontró en el cartel de Cali compradores, protectores y promotores.

Las guerrillas llegaron a la zona por los corredores del Cauca a mediados de los años 80. Llegaron por dos rutas: una que bajó por el río Micay y otra por el Patía. En la segunda mitad de los años 90, tanto el Eln como las Farc habían logrado una base social importante en la región. Sin embargo, el Plan Colombia los movió de sus posiciones de dominio. Y en los primeros años del nuevo siglo, los “paras” llegaron con unidades que se desprendieron del Bloque Libertadores del Sur y bajaron por los lados de Policarpa y Cumbitara. Su estrategia, diferente a la de las guerrillas, fue apostarle al control de los ríos en los puertos y desembocaduras. Así rápidamente asfixiaron a las Farc y controlaron el negocio de la coca.

En este contexto, vinieron los años más duros de confrontación militar. La guerra entre los dos bandos fue cerrando el anillo del área rural al área urbana. Los combates se registraban a diario en esteros, ríos y barrios de Tumaco y sus alrededores. El interés en el puerto vuelve a ser su ubicación geoestratégica para comunicar a Colombia con el Pacífico, para lo que el Estado trazó varias megaobras, como el canal seco Atrato-Truandó, la carretera Pereira-Nuquí o el puerto de aguas profundas de Bahía Cupica. En este interés económico por la llamada Perla del Pacífico, los territorios negros eran vistos como una piedra en el zapato, más cuando surgió la figura de la hermana Yolanda Cerón, madre innegable de la llamada Ley 70 (o de Comunidades Negras), quien fue asesinada el 19 de septiembre de 2001.

Cerón fue una de las más notables defensoras de los territorios colectivos de los afros. Nació en Berruecos, Nariño, en 1958, y durante los años 90 acompañó desde la Pastoral Social y la Diócesis del Pacífico a varias comunidades negras de Nariño en su constitución como consejos comunitarios. Se calcula que logró la titulación de al menos 100.000 hectáreas de territorios colectivos de comunidades negras, bajo el amparo de esa ley, que ella misma impulsó en la Constituyente. Su entrega a las comunidades del Pacífico solo fue equiparable a la insistencia con que denunció la irrupción paramilitar en la zona de influencia de Tumaco. Hasta el día de su muerte advirtió de la complicidad de la Fuerza Pública en la operación de control paramilitar del puerto. Un legado que le costó la vida a plena luz del día, frente a la Iglesia La Merced, en el centro de la población.

Con la desmovilización paramilitar, en 2005, Tumaco volvió a convertirse en territorio de disputa entre las estructuras aliadas al narcotráfico y las Farc, que logró consolidar una importante red de milicianos agrupados en la columna móvil Daniel Aldana. Estructura que tomó distancia del Acuerdo de Paz y proveyó la base del Frente Oliver Sinisterra, que lidera alias Guacho, y cuyos mandos medios, como fueron alias Don Y y alias David, dos hermanos que manejaron, hasta el día de su muerte, el control del narcotráfico en buena parte del puerto. Al primero lo mataron las Farc en noviembre de 2016 y el segundo cayó en un operativo militar en septiembre pasado. Estos dos hermanos consolidaron un importante poder en Tumaco bajo la franquicia armada de Guacho. Sin embargo, en el puerto todo el mundo sabe que la alianza fue por un tema estratégico y que al final terminaron enfrentados.

Ni la muerte de Don Y ni la de David extinguieron el poder militar de estas estructuras urbanas de disidentes de las Farc. Y hoy se vive una grave situación humanitaria que ha perdido el interés de la opinión pública, pero no la intensidad de la guerra intraurbana. “Lo que está ocurriendo en Tumaco es una carnicería. Un horror que no tiene nombre pero sí apodo: ese es el tal posconflicto. Es la muestra perfecta de lo que ocurre cuando sale una estructura armada de las dimensiones de las Farc, pero no llega la institucionalidad. Eso sí, le han metido toda la Fuerza Pública del mundo, se habla de 9.000 a 12.000 efectivos. No solo nada ha cambiado, sino que se ha puesto peor. Todos los días matan gente, la desaparecen, la desplazan, la torturan y descuartizan”, dice un poblador indignado.

Según cuentan, Tumaco volvió a los tiempos en que sus barrios se dividieron por uniformes. “La gente de David controla La Ciudadela, Viento Libre, La Y, Panamá, La Paz, Obrero y El Triunfo. Guacho mantiene el dominio de El Milenio, 11 de Noviembre, El Voladero, Exportcol y El Morro. La guerra entre los dos está prendida. La gente que vive en los barrios de Guacho no puede ir a los de la gente de David porque la matan. Y todos los días se dan candela. Acaban de matar a un niño saliendo del colegio. La cosa está muy peluda. No le recomiendo seguir averiguando nada de lo que está pasando acá”, advirtió antes de perderse.

Un habitante de uno de los barrios de la gente de David, que incluso lo conoció desde cuando era niño, contó que junto a su hermano, Don Y, eran milicianos de las Farc y crecieron en uno de los esteros cerca a Tumaco. Que provienen de una familia muy pobre y que tras la desmovilización lograron recoger muchos de los contactos de las Farc en temas de narcotráfico. El relato de cómo murió David es propio de una de esas nuevas series de “narcos”. Cuentan que era un hombre muy esotérico y que desde hace siete años tenía una bruja de cabecera que vivía en Buenaventura y que fue ella el señuelo para ubicarlo.

“Inteligencia militar compró a la bruja y ella se prestó para montar el operativo en el que lo mataron. En el barrio todo el mundo habla de que ella le iba a hacer un rezo de protección, pero le puso unas condiciones. Le dijo que tenía que ser en la madrugada de un día de luna llena y que esa noche debía ubicarse sin escoltas en una casa que ellos definieron. La bruja le mandó un bebedizo que David debía tomarse a la una de la madrugada. Él se encontraba con su hermana y con su esposa, quienes lo iban a ayudar a hacerse los baños. Lo cierto es que lo que se tomó lo dejó paralizado. El man se desplomó y empezó a botar espuma por la boca. Al tiempo, la gente que le estaba haciendo guardia advirtió que el Ejército estaba cerrando el perímetro. El propio papá de David fue a buscarlo para sacarlo alzado, pero dizque el hombre se negó, que les dijo que todo iba a estar bien, que a él lo protegían los espíritus. Al rato tocaron la puerta, cuando la hermana abrió le cayó una lluvia de plomo. David y la hermana murieron y la esposa se salvó”, dice el relato.

“Mucho le advertimos al Gobierno de que lo que se venía en Tumaco iba a ser terrible si no implementaba juiciosamente el Acuerdo de Paz. Hubo unos líderes de las milicias que se pusieron la camiseta, tanto para lograr que un grupo importante de la Aldana se acogiera al Acuerdo, como para que varias familias del área rural suscribieran los acuerdos de sustitución. Los pela’os le metieron el pecho, pero el Gobierno no los protegió: a uno lo mataron y el otro está preso. Esto minó la confianza de muchas personas y provocó una guerra terrible entre los milicianos y la base social de las Farc. La muerte de Don Y desató una guerra de desconfianzas entre antiguos aliados. Este es el caldo de cultivo que le está dando cada día más fuerza a Guacho”, explicó un hombre muy cercano al proceso de negociación con la columna móvil Daniel Aldana.


“Es que el posconflicto necesita de oportunidades para esa gente, seguridad jurídica, física y económica. Imagínese que les dan un subsidio de $400.000, mientras la disidencia les ofrece $2’000.000 a los que menos experiencia tienen. Fuera de eso los están matando. Y eso que esto está militarizado. El narcotráfico se tomó el puerto tras la salida de las Farc y es que creen que matando a los cabecillas van a solucionarlo; no se dan cuenta de que mientras sigan administrando el territorio como lo vienen haciendo, van a tener el mismo resultado”, agregó. Y las cifras le dan la razón: según información oficial, entre el 1° de enero y el 5 de diciembre de este año se han registrado 595 investigaciones por homicidios en todo Nariño, de las cuales 237 se produjeron en Tumaco, lo que representa un incremento del 22,8 % con respecto al año pasado, cuando al mismo mes se reportaron 193 denuncias de asesinatos en el puerto.

Texto y fotos tomados de: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/tumaco-una-guerra-llamada-posconflicto 

30 de enero de 2018

Sangría étnica. A propósito del asesinato de líderes afrocolombianos

“Hasta cuándo la defensa de toda forma organizativa del pueblo negro tiene que costarnos la vida”, dice el tuit que el Proceso de Comunidades Negras publicó el 27 de enero de 2018, tan pronto conoció que uno de sus miembros más destacados —Temístocles Machado— había sido asesinado en Buenaventura. 

Jaime Arocha. El Espectador

Ese líder sobresalió como activista de derechos humanos y dentro del paro cívico de Buenaventura que tuvo lugar entre el 15 de mayo y el 6 de junio de 2017. Sin embargo, para el secretario de Gobierno del puerto el crimen no había tenido que ver “con su actividad social…”, reiterando así aquel libreto oficial sobre la asistematicidad de esos delitos. 

WOLA —la Oficina de Washington sobre Latinoamérica— destroza ese guion mediante el inventario de las 22 infracciones contra los derechos humanos ocurridas en este país entre el 26 de diciembre de 2017 y el 22 de enero de 2018**. De ellas, 11 involucran líderes étnicos, indígenas o negros, nueve de quienes tienen o tenían que ver con conflictos territoriales —desplazamiento forzado y restitución de tierras—. La vulnerabilidad de estos dirigentes en lugares del bajo Atrato, como Jiguamindó y Belén de Bajirá, fue objeto de especial énfasis debido a la carta que el Bloque de Congresistas Negros le mandó al presidente, Juan Manuel Santos, el pasado 20 de diciembre exigiendo la protección de 20 de ellos, seriamente amenazados. Además urgieron al Ejecutivo para que incluyera la perspectiva étnica dentro de los esquemas de protección de figuras públicas y que tomara en serio la petición de Capítulo Étnico sobre la seguridad de las guardias indígenas y cimarronas.

A estas situaciones las enmarca un cambio que Ivonne Rodríguez González describe en Verdad Abierta: “Justo cuando la Unidad de Restitución de Tierras Territorial Chocó logró la séptima sentencia de restitución étnica del país y radicó dos demandas más en favor del Resguardo Bochoroma-Bochoromacito y del Consejo Comunitario Asocasan, en Bogotá se decidió que esa territorial no va más. El pasado 18 de diciembre el director de la entidad, Ricardo Sabogal, firmó dos resoluciones mediante las cuales la suprimió y ordenó el traslado de sus 12 funcionarios a otras territoriales del país”. Justificada para fortalecer la institución, la determinación contradijo el concepto contrario que había emitido el procurador general de la Nación. De ahí que para Rodríguez hasta líderes de la Iglesia católica hablan “de una doble moral del Gobierno Nacional”.


A la sangría de líderes étnicos y a su correspondiente etnofagia las cimienta aquella supremacía racial blanca que defendió Laureano Gómez a partir de una supuesta inferioridad de indios y negros. En vísperas del triunfo del No, ese pensamiento tuvo exaltaciones como las del Movimiento de Restauración Nacional tan cercano al hoy candidato presidencial Alejandro Ordóñez, a su vez, aliado de José Félix Lafaurie en contra del proceso restitutivo. La eliminación de líderes indígenas y negros podría ser cuota inicial del No para, de verdad, hacer trizas no sólo los acuerdos, sino todas las esperanzas de paz.

*Miembro fundador, Grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional.

Publicación original de El Espectador: https://www.elespectador.com/opinion/sangria-etnica-columna-736065 

29 de septiembre de 2017

¿Por qué la Justicia Especial para la Paz-JEP es importante para el pueblo afrocolombiano?

“La Jurisdicción Especial para la PAZ – JEP se presenta como una oportunidad para los afrocolombianos para el esclarecimiento de la verdad, obtener medidas de no repetición y reparación en el marco del conflicto armado”. 


La corte constitucional colombiana en el 2009 reconoce a través de su auto 005 de seguimiento a la sentencia T-025 que el pueblo afrocolombiano ha sufrido impactos desproporcionados del desplazamiento forzado y la resistencia frente a sus derechos colectivos. No cabe duda que el pueblo afrocolombiano fue y ha sido una de las poblaciones que más ha sido afectada por el conflicto armado, a tal punto que, junto a otros factores, de reconfigurar a este pueblo que hace diez años era eminentemente rural a principalmente urbano en la actualidad. La desterritorialización y el desplazamiento ha puesto en peligro la existencia cultural de este pueblo.

Por otro lado, los impactos del conflicto armado han sido proporcionales a la impunidad que ha tenido que soportar el pueblo negro, lo que ha degradado en nuevas formas de revictimización al no poder saber la verdad y al no tener garantías de no repetición. Es entonces que la Jurisdicción Especial para la PAZ – JEP se presenta como una oportunidad para que los afrocolombianos puedan tener algún esclarecimiento de la verdad, obtener medidas de no repetición y reparación. Es decir que puedan acceder a la justicia que en el medio del conflicto no tuvimos. Será una oportunidad para saber quiénes y bajo que motivos movilizaron las afectaciones de nuestras comunidades.

Una de las principales secuelas de la esclavización es la invisibilización y la baja representación de este pueblo en los espacios de toma de decisión, por ejemplo, cabe señalar la baja presencia de afrocolombianos en las altas cortes (Corte suprema de justicia, Consejo de Estado y Corte Constitucional), lo cual no es el resultado del azar, sino consecuencia del racismo. En este sentido, incluir a los afrocolombianos en la estructura de la JEP no solo es un reconocimiento a este pueblo como uno de los grupos poblacionales más impactados por el conflicto, sino también como una medida de reparación histórica a un pueblo que todavía vive las consecuencias de la esclavización.

¿Por qué es importante que haya afrocolombianos en la en la estructura de la JEP?

Uno de los elementos que limitan el acceso de los afrocolombianos a la justicia es la desconfianza hacia la institucionalidad responsable de impartirla, bebido a que muchas veces esta se articuló con los victimarios en los territorios. Los tiempos de guerra para los afrocolombianos también significaron un importante sacrificio a la verdad, la justicia y la reparación.

En este sentido, la presencia de afrocolombianos como magistrados puede servir de puente de confianza entre los afrocolombianos víctimas y el acceso a la verdad y la justicia. Sin embargo, estos magistrados deben ir más allá del color de piel y deben conocer las situaciones y dinámicas vividas por los afrocolombianos en medio del conflicto y deben contribuir a la sensibilización de estas situaciones hacia los diferentes actores involucrados en la estructura de la JEP. Esto sin duda contribuye a la justicia sustentada en la verdad y el reconocimiento del pueblo afrocolombiano.

La presencia de afrocolombianos y afrocolombianas como magistrados puede significar una garantía para las víctimas afrocolombianas, ya que se pueden generar sentimientos de seguridad al creer que con esto se puede evitar que haya alguna inclinación hacia alguno de los bandos victimarios de las comunidades afrocolombianas.

Para el pueblo afrocolombiano y para sus organizaciones la implementación de los acuerdos de paz en general y en particular la JEP implica un reto organizativo que motiva a replantearse la incidencia política y la forma de cómo nos hemos venido relacionando con lo público. Esto nos llama a ser más creativos y propósitos. En este sentido, la convergencia es fundamental, ya que construir desde la diferencia que caracteriza al pueblo afrocolombiano puede contribuir a que se acceda de forma más eficiente a los ejercicios de verdad, justicia y reparación.

Por último, es importante no confundir las reparaciones históricas que el pueblo afrocolombiano ha venido exigiendo al Estado relacionadas a las consecuencias de la esclavitud y las reparaciones suscitadas por los daños del conflicto armado. Sin embargo, este último ha profundizado las consecuencias de la primera y generado otras afectaciones como el desplazamiento y la desterritorialización. La titulación colectiva, la exigencia de mayor representación en los escenarios de poder, la lucha contra el racismo deben estar siempre presente en nuestras exigencias al Estado colombiano, junto a la búsqueda de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición como medidas que nos llevarán a encontrar una paz estable y duradera.


Oficina Prensa y Comunicaciones CNOA

 Nota tomada de: http://convergenciacnoa.org/la-jep-importante-pueblo-afrocolombiano/  

27 de julio de 2017

Donde hay una mujer negra, estamos todas las mujeres negras. Comunicado Nº 2


Con asombro las mujeres afrodescendientes de Colombia, recibimos los resultados de la elección de las mujeres que harán parte de la instancia de alto nivel de género de la CSIVI. La elección no atiende el criterio de inclusión en la diversidad, pues las únicas mujeres sin participación son las mujeres afrocolombianas, configurándose así un escenario de discriminación.


A continuación el comunicado completo, o puede visualizarlo en PDF aquí