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18 de septiembre de 2017

La problemática indígena y afro en el acceso a la tierra en Colombia

Mitos y realidades de los derechos territoriales de las comunidades étnicas en Colombia

Comunidad indígena.

Sandra NaranjoJuan SandovalCarlos SuescúnFrancis VargasSegún algunos dirigentes, los indígenas y afrodescendientes son los mayores terratenientes de Colombia. Pero el estudio cuidadoso de las cifras desmiente esta falacia que en efecto promueven los verdaderos acaparadores de tierras.

Sandra Naranjo* - Juan Pablo Sandoval** - Carlos Suescún*** - Francis Vargas****

Los latifundistas indignados

No es la primera vez que personas estrechamente ligadas a la renta de la tierra en Colombia afirman que las comunidades indígenas y afrodescendientes son grandes terratenientes.
Hace pocos días, el senador Álvaro Uribe y su copartidaria, María Fernanda Cabal, esposa del presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN, reiteraron en espacios públicos esta falsedad, quizá con la intención de enredar el debate sobre la tierra en Colombia.
La afirmación de Uribe y Cabal no solo es demagógica, sino bastante dañina. Pretende ocultar la realidad que viven los pueblos y comunidades indígenas y afrocolombianas, caracterizada por el genocidio y la expoliación que vienen desde la Conquista y se han prolongado a lo largo de la historia. En la actualidad, estos pueblos y comunidades son las principales víctimas del conflicto sociopolítico y armado que persiste en el país, uno de cuyos resultados más concretos ha sido la naturalización del autoritarismo.

Algunos datos

Población Afrocolombiana.
Población Afrocolombiana.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá
Según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi consolidadas en el 2009, el área cubierta por los resguardos indígenas legalmente constituidos ascendía a 31.542.257,1795 hectáreas; por su parte, el área en territorios colectivos de comunidades negras era de unas 4.990.349,0862 hectáreas. En total, estos dos espacios territoriales representan cerca de la tercera parte del total del espacio continental de Colombia.
Cuadro 1. Área de los territorios colectivos étnicos.
Descripción
Área
Resguardos indígenas
31.542.257,1795 ha
Comunidades afrodescendientes
4.990.349,0862 ha
Total
36.532.606,2657 ha
Con estas cifras, muchos afirman que las comunidades indígenas y afrodescendientes son los verdaderos terratenientes del país. Sin embargo esta lectura es superficial y demagógica, pues, por una parte, desconoce la precariedad de estos territorios, en cuanto a riqueza del suelo, y la vocación productiva de extensas áreas hoy en manos de pueblos y comunidades étnicas; por otra parte, no tiene en cuenta los procesos de despojo, desplazamiento, confinamiento y pérdida de derechos territoriales que han sufrido estos pueblos y comunidades a causa del conflicto armado y otros factores económicos y políticos, como la minería, el acaparamiento, los macroproyectos y el narcotráfico.

Los “terratenientes indígenas”

Al hacer un simple ejercicio de traslape entre los territorios de comunidades indígenas y las diversas vocaciones del suelo, se tiene que de las 31.500.000 hectáreas en resguardos indígenas legalmente constituidos, apenas un 1,4 por ciento tiene vocación agrícola (454.782 hectáreas) y otro 1 por ciento tiene vocación pecuaria (300.950 hectáreas). Esto demuestra su muy limitada  capacidad para usufructuar el suelo.
Al desconocer la calidad de las tierras con vocación agrícola y pecuaria, se pueden inferir conclusiones muy erróneas. Así, los “terratenientes indígenas” tienen dominio sobre un extenso espacio, pero solo pueden cultivar y tener ganado en poco más de 750.000 hectáreas.
De este simple cruce de información se obtiene que el área restante de los resguardos (más de 30.700.000 de hectáreas) corresponde a bosques y áreas protegidas. La distribución específica es así: 29.400.000 hectáreas tienen vocación forestal y agroforestal, y 1.200.000 hectáreas son áreas de conservación de suelos. Así mismo, según los datos suministrados por el IGAC, 203.050 hectáreas son reportadas como “vacías”.
Cuadro 2. Vocación de los territorios indígenas.
Descripción
Área total
Vocación agrícola
Vocación pecuaria
Bosques y conservación
Resguardos indígenas
31.542.257 ha
454.782 ha
300.950 ha
30.786.525 ha

Ahora bien, hagamos un simple cálculo per cápita. Según Roldán y Sánchez, en diciembre del 2012, en los 768 resguardos indígenas existentes en Colombia vivía un total de 1.071.482 personas. Es decir, que si se considera estable la tierra con vocación agrícola y pecuaria (entre 2009 y 2012), el área per cápita en estos usos, para el caso de las comunidades indígenas, sería de 0,70 hectáreas, que equivaldría a menos de 4 hectáreas por familia (considerada como un grupo compuesto por 5 personas). ¿Cuánta será el área per cápita de la familia Uribe Moreno?

Los “terratenientes negros”

De los cerca de 5.000.000 de hectáreas que comprenden los territorios de comunidades negras (en el 2009), apenas el 7,3  por ciento (363.635 hectáreas) tiene vocación agrícola y el 2,5  por ciento (122.607 hectáreas) tiene vocación pecuaria. El resto del espacio comprendido en estos territorios se distribuye así: 82,2  por ciento corresponde a vocación forestal y agroforestal, y el 8,1 por ciento restante corresponde a áreas de conservación de suelos.
Cuadro 3. Vocación de los territorios colectivos de comunidades negras.
Descripción
Área total
Vocación agrícola
Vocación pecuaria
Bosques y conservación
Títulos colectivos de comunidades negras
4.990.349 ha
363.635 ha
122.607 ha
4.504.107 ha

Entonces, sumando las tierras y el uso o potencial uso agropecuario de las comunidades indígenas y afrodescendientes, se tendría, para el 2009, un total del 1.241.974 de hectáreas productivas.
Es poco probable que esta cifra haya cambiado radicalmente bajo el Gobierno Santos porque cada ampliación de un resguardo indígena corresponde, en gran medida, a áreas protegidas o Parques Nacionales, y no a tierra con vocación agropecuaria.
Aún más - y al revés de lo que ocurre con los verdaderos terratenientes del país, cuyas propiedades crecen rápidamente- tanto los indígenas como los negros están sujetos a los tiempos ineficientes de adjudicación, titulación, saneamiento y ampliación de sus territorios (estas adjudicaciones y demás procedimientos pueden tardar entre 11 meses y 11 años) por unas entidades que no han dejado de fracasar en sus tareas, como Incora e Incoder, hoy Agencia Nacional de Tierras.

“Terratenientes” sin poder ni tierra

María Fernanda Cabal, representante a la Cámara.
María Fernanda Cabal, representante a la Cámara.
Foto: Congreso de la República de Colombia
Hablar de “terratenientes” implica, por lo menos, la existencia de poder y control sobre las tierras.
Sin embargo, si algo ha caracterizado la lucha histórica de las comunidades indígenas y negras, ha sido la exigencia de su derecho a la autonomía. En contravía de esta reivindicación, todo el mundo quiere los territorios colectivos: las empresas mineras legales y las no legales, los empresarios agroindustriales, los grupos armados y hasta el mismo Estado. Esta situación puede ser ilustrada con dos ejemplos.
  • El resguardo Tahamí, en el Alto Andágueda, departamento del Chocó, perteneciente al pueblo Emberá Katío, tiene un total de 50.000 hectáreas, que fueron restituidas mediante la primera sentencia para comunidades indígenas en el 2014. Solo a través de este proceso se hizo público, incluso para las autoridades indígenas, que el Estado había adjudicado títulos mineros a varias empresas sobre el 62 por ciento del territorio. Esta sentencia también reconoció  la violación de derechos humanos que había sufrido la comunidad y que la convertía en víctima del conflicto. Dicho de otra manera, a estos “terratenientes” nadie les respeta sus tierras y, por el contrario, ellas los convierten en blancos de abuso y victimización.
  • El caso  del territorio colectivo de comunidades negras en la cuenca del río Cacarica (el escenario de la famosa “Operación Génesis”)  tuvo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia de noviembre del 2013 reconoció los hechos aberrantes a los que fue sometida esta comunidad. Entre otras disposiciones, la sentencia establece la responsabilidad del Estado por la violación al derecho a la propiedad colectiva, en perjuicio de los miembros de la comunidad afrodescendiente desplazada de su territorio y de los miembros del Concejo Comunitario.
También vale la pena destacar que de conformidad con los últimos datos disponibles, el área total que cubrían los títulos mineros en territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes era de 667.491 hectáreas, o sea, un espacio casi igual al área con vocación y uso agrícola de las tierras de estas comunidades. A lo cual debemos añadir  que para el año 2014 las comunidades étnicas reclamaban alrededor de 1.200.000 hectáreas por hechos de despojo.

Barbarie, concentración y uso irracional de la tierra

A pesar de todas estas adversidades e injusticias, las comunidades indígenas y afrodescendientes han cumplido de manera muy sofisticada, y en medio de enormes dificultades, con una extraordinaria labor de conservación de la verdadera ventaja comparativa de la cual aún dispone Colombia: la biodiversidad.
Deberíamos no solo luchar contra nuestros prejuicios sino aprender de su saber hacer para diseñar políticas realmente pertinentes en los tiempos que corren. Que nuestra sociedad no sepa aprovechar dicha riqueza y que otros sí lo hagan, no es culpa de estas comunidades ni las convierte en “terratenientes” ni en “latifundistas”.
Por lo demás, en temas de conservación de la biodiversidad no tenemos ninguna lección que darles. De hecho, Uribe y Santos atentan indiscriminadamente contra la biodiversidad con sus proyectos de profundizar el modelo minero-energético y la agricultura de gran plantación vía ZIDRES, PINES, proyectos de autopistas 4G y “reglamentación” (liquidación) de la consulta previa. Eso los convierte en los verdaderos bárbaros del subdesarrollo.
Finalmente, ¿hay o no hay concentración de la propiedad de la tierra en Colombia? Claro que sí, solo que el suelo con potencial productivo (no los bosques ni áreas protegidas) no está en manos de los campesinos, negros o indígenas, sino de grandes terratenientes que justifican esta posesión amparados en una supuesta función social de la propiedad, cuando en verdad se sirven de sus extensas propiedades para criar tres vacas por cada 100 hectáreas.
Y es que las cifras no mienten, como sí lo hacen Álvaro Uribe y el Centro Democrático. Según el Censo Nacional Agropecuario del 2015, el 0,4 por ciento de las unidades de producción agropecuaria posee el 65,1 por ciento del área con vocación o uso agrícola y pecuario. Los microdatos de este censo están disponibles para el público. Con estos se puede calcular el coeficiente de concentración de la propiedad aducida como privada en Colombia (sin contar la propiedad colectiva de indígenas y afrodescendientes), equivalente a un espantoso 0,902.
*Abogada
**Economista. Miembro del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) de la Universidad Nacional de Colombia.
***Economista. Miembro del Grupo de Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo (GSEID) de la Universidad Nacional de Colombia.
****Socióloga
Tomado de:https:  //razonpublica.com/index.php/regiones-temas-31/10451-mitos-y-realidades-de-los-derechos-territoriales-de-las-comunidades-%C3%A9tnicas-en-colombia.html

28 de febrero de 2013

Seminário: Os territórios Tradicionais e o Estado Brasileiro



Participantes do Seminário: Os territórios Tradicionais e o Estado Brasileiro, divulgam Carta Final do Encontro, onde reafirmam seus processo de luta, de resistência e o intuito de fortalecer a articulação dos povos e comunidades originárias. Leia o documento na íntegra:

“O mundo está doente; precisa de cura” (Ninawa, Hunikui, Acre)

No âmbito dos eventos da V Semana Social Brasileira e do Encontro Unitário dos Povos do Campo, das Águas e da Floresta, nós, povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, seringueiros, vazanteiros, quebradeiras de coco, litorâneos e ribeirinhos, comunidades de fundo e fecho de pasto e posseiros de todo o Brasil, mulheres e homens de luta, nos encontramos em Luziânia GO, nos dias de 25 a 28 de fevereiro, para partilhar cruzes e esperanças e repensar as nossas lutas frente ao avanço cada vez mais acelerado e violento do capital e do Estado sobre os nossos direitos.

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Vivemos o encontro como um momento histórico, que confirma a realidade indiscutível de uma articulação e aliança entre povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e camponeses. O diálogo entre povos e comunidades que expressam culturas e tradições diferentes, freqüentemente marcadas por preconceitos e rejeição, volta-se para a defesa e reconquista dos nossos territórios. Este é o processo que unifica sonhos e estratégias na construção de um País diferente que se opõe à doença capitalista do agro e hidronegócio, mineração, hidroelétricas, incentivada e financiada pelo Estado, em nome do chamado desenvolvimento e crescimento do Brasil.

Não nos deixaremos curvar pelo avanço insaciável do capitalismo com o seu cortejo de políticas governamentais nefastas e genocidas. Território não se negocia não se vende não se troca. É o espaço sagrado onde fazemos crescer a vida, nossa cultura e jeito de viver, nos organizar, ser livres e felizes. “Territórios livres, já!!!”.

“A senzala não acabou. Ficamos livres das correntes e dos grilhões, mas continuamos presos ao cativeiro do sistema”. (Rosemeire, Quilombo dos Rios dos Macacos, Bahia)

Constatamos, mais uma vez, com dor e angústia, o retrocesso armado pelos três poderes do Estado para desconstruir, com leis, portarias, como a 303, PEC 215, ADIN 3239, e decretos de exceção, a Constituição, que garante, em tese, os nossos direitos territoriais e culturais. É revoltoso e doído o que estamos passando nas nossas aldeias, quilombos e comunidades: nossos territórios invadidos, a natureza sendo destruída, nossa diversidade cultural desrespeitada e a sujeição política via migalhas compensatórias. Querem nos encurralar! Sofremos humilhações, violências, morte e assassinatos, o que nos leva a tomar uma atitude.

O primeiro passo para uma verdadeira libertação do cativeiro a que estamos submetidos, é continuar o diálogo intercultural, para conhecermos melhor nossas diversidades, riquezas e lutas. Segundo passo é encontrarmos estratégias de unificação de nossas pautas para a construção de uma frente unificada, que possa se contrapor, com eficácia, ao capital e ao Estado, a partir de mobilizações regionais dos povos indígenas e das populações do campo, das águas e da floresta.

Estamos de olho nas ações dos três poderes do Estado brasileiro, para nos defendermos do arbítrio da desconstrução dos direitos e da violência institucional e privada.

Diante da total paralisia do Governo Dilma em cumprir a Constituição e na contramão da legislação internacional (OIT 169) que decretam o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e das populações tradicionais, exigimos a imediata demarcação e titulação dos nossos territórios.

Acreditamos que a nossa luta, na construção de projetos de Bem Viver, é sagrada, abençoada e acompanhada pelo único Deus dos muitos nomes e pela presença animadora dos nossos mártires e encantados.


Luziânia, 28 de fevereiro de 2013.


23 de octubre de 2012

I Foro de Afrocolombianidad en el Mundo del Trabajo


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DESARROLLO CON INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN LABORAL PARA LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS
“PROSPERIDAD PARA TODOS”
Quibdó, Chocó - Octubre 23 de 2012

8:00 A.M. –  9:00 A.M.

Inscripciones
Videos institucionales

9:30 A.M. –10:00 A.M.

Himnos: Nacional y de Quibdó

Palabras de Bienvenida - alcaldesa de Quibdó.
Palabras de Bienvenida - gobernador.
Palabras de Oscar Gamboa Zúñiga, director Programa Presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral para la población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal.
Palabras viceministro de Relaciones Laborales, David Luna Sánchez.
Palabras Diócesis de Quibdó.

10:00 A.M. – 10:25 A.M.

Panel: Experiencias y acciones positivas frente a la población afrodescendiente
  • Ministerio de Trabajo
    Expositor: David Luna, viceministro de Relaciones Laborales e Inspección
    (10 minutos)
  • Presidencia de la República
    Expositor: Oscar Gamboa, director Programa presidencial para la formulación de estrategias y acciones para el desarrollo integral para la población Afrocolombiana, Negra, Palenquera y Raizal
    (15 minutos)
Firma Acuerdo de Voluntades

10:25 A.M. – 10:45 A.M.

Refrigerio

10:45 A.M. – 12:00 M.

  • Departamento del Chocó y litoral pacífico
    Vivencias y experiencias desde la Pastoral con comunidades afrocolombianas
    p. Sterling Londoño Palacio
    (15 minutos)
  • Centro Estratégico de Aprovechamiento del Pacífico Colombiano
    Dra. Mabel Gisela Torres Torres (Universidad Tecnológica del Chocó)
    15 minutos
  • Intervención académica
    Sergio Mosquera
    (15 minutos)
  • Mujer afro
    Odette Patricia Lozano
  • Invitado especial: Experiencias afrocolombianas
    Ariel Rosebel Palacios Angulo
    (15 minutos)
  • Sector Empresarial: Caso exitoso
    (15 minutos)

12:00 A.M. – 1:00 P.M.

Preguntas de discusión y conclusión del panel

1:00 P.M. –  2:15 P.M.

Almuerzo

2:15 P.M. –  3:30 P.M.

Mesa de Trabajo 1:
Trabajo, medios de trabajo y competencias para el trabajo en comunidades afrocolombianas

Mesa de Trabajo 2:
Educación, estudios culturales, medios de comunicación y afrocolombianos.

Mesa de Trabajo 3:
Trabajo competencias, enfoque mujer, género y joven

3:30 P.M. – 4:30 P.M.

Debate

4:30 P.M. – 5:15 P.M.

Reflexiones y conclusiones de las mesas de trabajo

5:15 P.M. – 5:30 P.M.

Cierre


CONVERSATORIO: DESARROLLO CON INCLUSIÓN Y PROTECCIÓN LABORAL PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
“PROSPERIDAD PARA TODOS”
Quibdó, Chocó - Octubre 24 de 2012

8:00 A.M. – 8:40 A.M.

Inscripciones

8:40 A. M – 8:50 A.M.

Himnos

8.50 A.M. – 9:15  A.M.

Saludo de bienvenida:
*  Alcaldía de Quibdó
*  Gobernación del Chocó
*  Ministerio del Trabajo
*  Palabras Diócesis de Quibdó

9:15 A.M. – 10:00 A.M.

Panel: Experiencias y acciones positivas frente a las comunidades indígenas

  • Ministerio del Trabajo
    (15 minutos)
  • Experiencia de la Pastoral Indígena en el Chocó
    (30 minutos)

10:00 A.M. – 10:30 A.M.

Refrigerio

10:30 AM – 11:50 AM

  • Ponencia de Gustavo Ulcué: Formas de producción de los pueblos indígenas
    (20 minutos)
  • Comunidad 1:  Ponencia - Tierra como fuente de trabajo y seguridad alimentaria
    (20 minutos)
  • Comunidad 2: Ponencia y  propuesta a las entidades de gobierno como Ministerio de Trabajo, Agricultura
    (20 minutos)
  • Comunidad 3: Ponencia y propuesta a las entidades de gobierno como Ministerio de Trabajo, Agricultura
    (20 minutos)

11:50 A.M. – 1:00 P.M.
 
Preguntas de discusión

1:00 P.M. –  2:15 P.M.

Almuerzo

2:15 P.M. –  3:15 P.M.

Mesa  de Trabajo: Trabajo, medios de trabajo, formas de trabajo y competencias para el trabajo en comunidades indígenas (inclusión laboral)

3:15 P.M. – 3:45 P.M.

Debate

3:45 P.M. – 4:15 P.M.

Reflexiones y conclusiones de las mesas de trabajo

4:15 P.M. – 4:30 P.M.

Cierre

Fuente: https://www.facebook.com/notes/di%C3%B3cesis-de-quibd%C3%B3/i-foro

 

14 de mayo de 2012

Marcha interétnica en el Cauca (Caloto, Santander de Quilichao y Villarrica)




 
Los pueblos indígenas, afro y campesinos del norte del Cauca (Colombia) se unieron en una marcha interétnica desde Caloto, Santander de Quilichao y Villa Rica. Se Movilizaron los días 9, 10 y 11 de Mayo de 2012; la palabra caminó bajo el lema: porque la vida es sagrada, la paz la construimos entre tod@s. Es decir, no puede ser sólo del gobierno.

Se sumaron el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, El espacio departamental de paz, la Unión de Organizaciones Afrodescendientes del Cauca UAFROC, la Ruta Pacífica de Mujeres, Comunitar,  el Comité de Integración del Macizo Colombiano CIMA, la Red de Iniciativas de Paz desde la Base, la Minga Social y Comunitaria, el Congreso de los Pueblos, las Plataformas de paz de la sociedad colombiana, la Iglesia católica... Todos conformaron la Minga por la Paz, para buscar alternativas al militarismo, el extractivismo, la desigualdad y la perpetuación del conflicto.  Incluso recibieron el apoyo del gobernador del Cauca y los alcaldes de Caloto, Toribío, Santander de Quilichao y Villa Rica. Demostraron que la movilización abre caminos para que la paz con justicia social se haga realidad.

Vea también la galería fotográfica y la Declaración de paz de Caloto y Villa Rica al pueblo colombiano.

Fuente: http://www.nasaacin.org/

 

2 de mayo de 2012

En el Chocó colombiano: hambre en medio de la riqueza

Abril 24, 2012

Resulta contradictorio que en medio del oro, la plata, el platino y miles de especies biodiversas que se encuentra en el Chocó, punto de encuentro de dos océanos, exista el nivel más alto de pobreza en Colombia.

Marjorie Andrea González Ramírez

Hace unas semanas un noticiero de Colombia divulgó que niños indígenas, habitantes de una región conocida como el Chocó, se estaban suicidando por física hambre.

La noticia causó gran revuelo en la sociedad y aunque cita como fuente un informe de Unicef, no se sabe a ciencia cierta a cuál se refiere específicamente, pues no se aporta dato alguno al respecto.

Sin embargo, lo que si se conoce gracias a las organizaciones indígenas de Colombia es que la situación en materia de Derechos Humanos de los niños y niñas de esta región es grave y data de hace más de un lustro.

Para no ir muy lejos, en 2007 se conoció de la muerte de 17 niños y dos adultos indígenas en el departamento del Chocó, cerca de la frontera con Panamá; según el diagnóstico médico, los decesos se originaron por causa de desnutrición severa y otras enfermedades relacionadas con la pobreza extrema.

En 2008, la asociación de cabildos indígenas y la Diócesis de Quibdó (capital del Chocó), denunciaron un grave problema alimentario en los pueblos indígenas de la zona; la evidencia fue la muerte de 10 niños a causa de la desnutrición, otros 70 habían registrado grave estado de salud por la misma razón.

Una investigación realizada entre 2008 y 2010 por organizaciones indígenas y autoridades tradicionales de los pueblos awa, yukpa y embera en los departamentos de Nariño, Cesar y Chocó, publicada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, reveló que las tasas de mortalidad infantil antes de cumplir el primer año para el caso del pueblo embera es de 142 por cada mil niños; las causas principales son la desnutrición, problemas respiratorios, tuberculosis y tosferina.

De cada 100 menores de 13 años, 12 del mismo pueblo permanecen enfermos por causas que se pueden evitar con atención en salud básica.

El mismo estudio también señala que, en materia nutricional de niños y niñas indígenas, el 60% nace con un peso por debajo de lo normal y permanece así hasta la época de desarrollo. El Estado tiene una responsabilidad directa en esta situación; según la investigación, sólo el 25% de los niños y niñas indígenas entre los 2 y 5 años reciben el complemento alimentario estatal.

A esto se suma la cantidad insuficiente de tierras aptas para la producción agrícola a la que tienen acceso los pueblos indígenas; esto se debe a la usurpación de las mismas por grupos armados y al control ejercido por parte de empresas agroindustriales: palmicultoras, madereras o mineras. El fuerte conflicto armado que se vive en la zona genera, entre otras cosas, bloqueos para el suministro de alimentos y confinamientos de la población.

El Chocó ha sido históricamente un Departamento con grandes problemáticas sociales; sus habitantes han padecido desde siempre altos niveles de pobreza y marginación. Fernando Herrera, coordinador de pobreza del PNUD Colombia, afirma que 70 de cada cien habitantes del Departamento viven en la pobreza y 30 en la extrema pobreza.

También expresa que la expectativa de vida está muy por debajo de ciudades como Bogotá: “mientras que en la capital del país la expectativa de vida es de 77 años de edad, en el Chocó es de 67”.

La opinión pública se pregunta de manera reiterada ¿cómo es posible que exista tal nivel de pobreza en un Departamento con tanta riqueza natural?

El sociólogo colombiano Alfredo Molano expresa, en una entrevista realizada para un periódico nacional, que la permisividad al saqueo “ha sido una constante de nuestra situación en relación con los países llamados desarrollados, en nuestra condición de colonia o post-colonia”.

El sociólogo puntualiza además que las concesiones a compañías privadas  no benefician a las comunidades, la explotación brutal de los recursos que se sacan de los territorios no generan ningún beneficio real para la población.

El gobierno, por otra parte, culpa a las administraciones municipales y departamentales y a la corrupción de algunos funcionarios. Sin embargo, en estos últimos años se ha podido evidenciar la falta de una política pública nacional seria de seguridad alimentaria y de apoyo para las comunidades.

Una muestra clara de esta situación se vivió en el gobierno anterior, cuando el ministro de Agricultura de turno, en 2008, intentó cambiar la adjudicación de un predio llamado Carimagua en el Departamento del Meta.  Sus beneficiarios originales eran víctimas de desplazamiento forzado, se intentó entregarlo en concesión a empresas privadas que tenían como fin cultivar palma aceitera.

Cuando un periodista advirtió el hecho, el gobierno expresó que era mejor otorgar las tierras a las empresas para que estas vincularan a la población como empleados, ya que “los pobres”  no sabían administrar los recursos y que los empresarios beneficiarios le darían un mejor manejo a la tierra. Finalmente, la presión de medios y políticos de la oposición lograron reversar las intenciones del gobierno central.

Además, con el proyecto Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura, que tenía como propósito suministrar subsidios a agricultores colombianos, se benefició a narcotraficantes y prestantes familias terratenientes, lo cual fue denunciado por la extinta revista colombiana Cambio.

Mientras tanto, el cultivo de palma se expande por todo el Chocó, con apoyo del gobierno y la intervención de grupos armados al margen de la ley. Estos grupos se apostan en las tierras para proteger los intereses de las compañías de las protestas de comunidades desplazadas que reclaman la devolución de las tierras.

Así las cosas, se evidencia que el modelo de desarrollo neoliberal con propósitos extractivistas, impuesto desde el gobierno central (que parece estar acatando directrices internacionales), genera graves impactos sociales y ecológicos. No hay esperanza de que el derecho a la seguridad alimentaria para las comunidades del Chocó, y de otras en iguales condiciones en el país, se garantice de forma efectiva en un mediano plazo.


Fuente: http://www.theprisma.co.uk/es/2012/04/24/en-el-choco...


In the Colombian Chocó: hunger amid wealth

It is contradictory that amid the gold, silver, platinum and biodiverse thousands of species found in the Choco, a meeting point of two oceans, there is a higher level of poverty in Colombia.

Marjorie Andrea Gonzalez Ramirez

A few weeks ago a news of Colombia reported that indigenous children, living in a region known as the Chocó, physical been committing suicide by starvation.

The news caused a stir in society and even cites a report by Unicef as ​​source, not known for sure which specific one, it is not provided any information about it.

However, what if known by indigenous organizations in Colombia is that the situation of human rights of children in this region is grave and dates back more than five years.

Not going so far, in 2007 it was learned from the death of 17 children and two adults indigenous Choco department, near the border with Panama, according to medical diagnosis, the deaths were caused by severe malnutrition due to other diseases related to extreme poverty.

In 2008, the Association of Indigenous Councils and the Diocese of Quibdó (capital of Chocó), reported a serious food problem in the indigenous peoples of the area, the evidence was the death of 10 children due to malnutrition, another 70 were registered seriously ill for the same reason.

Research between 2008 and 2010 by indigenous organizations and awa, Yukpa and Embera peoples' traditional authorities in the departments of Nariño and Chocó Cesar, published by the National Indigenous Organization of Colombia, ONIC, revealed that infant mortality rates before their first year in the case of the Embera is 142 per thousand, the main causes are malnutrition, respiratory problems, tuberculosis and whooping cough.

Out of 100 children under 13 years, 12 of the same people remain sick for reasons that can be prevented with basic health care.

The same study also points out that, in nutrition of indigenous children, 60% are born with a weight below normal and remains so until the age of development. The State has a direct responsibility in this situation, according to research, only 25% of indigenous children between 2 and 5 years receive state food supplement.

Add to this the insufficient amount of land suitable for agricultural production with access for the indigenous peoples, this is due to the encroachment of armed groups and the control exercised by agribusiness companies: oil palm, logging or mining. The strong armed conflict that exists in the area generates, among other things, locks to the food supply of the population and confinement.

The Chocó Department has historically large social problems, its inhabitants have always suffered from high levels of poverty and marginalization. Fernando Herrera, coordinator of UNDP poverty Colombia, says that 70 of every hundred inhabitants of the Department live in poverty and 30 in extreme poverty.

It also states that the life expectancy is much lower than cities like Bogota, "while in the nation's capital life expectancy is 77 years old, in Chocó is 67".

Public opinion repeatedly questions: how is it possible that there is such poverty in a department with so much natural wealth?

Colombian sociologist Alfredo Molano expresses, in an interview to a national newspaper, that the looting permissiveness "has been a constant in our situation in relation to the so-called developed countries, in our condition of post-colony or colony."

The sociologist also points out that concessions to private companies do not benefit the communities, the brutal exploitation of the resources that are taken out of the territories do not generate any real benefit to the population.

The government, on the other hand, blames the municipal and departmental administrations and corruption of some officials. However, in recent years it has been possible to demonstrate the lack of a serious national public policy for food security and support for communities.

A clear example of this situation was experienced in the previous government, when the Minister of Agriculture of the day, in 2008, tried to change the allocation of a property called Carimagua in the Department of Meta. Their original beneficiaries were victims of forced displacement, it was attempted surrender it in concession to private companies that intended to cultivate oil palm.

When a reporter noted the fact, the government said it was better to give the land to companies that would link these people as employees, as "the poor" did not know how to manage resources, the employers beneficiated would give a better handle to earth. Finally, pressure from media and opposition politicians managed to reverse the intentions of the central government.

In addition, the project Secure Agricultural Income (AIS in Spanish) of the Ministry of Agriculture, which was intended to provide subsidies to Colombian farmers, benefited drug traffickers and rich landowning families, which was denounced by the former Colombian magazine Cambio.

Meanwhile, palm cultivation expands throughout the Chocó, with government support and intervention of armed groups outside the law. These groups stationed themselves in the land to protect the interests of companies as displaced communities protests demanding the return of land.

So, it is evident that the neoliberal development model with extractive purposes, imposed from the central government (which seems to be adhering to international guidelines), generates serious social and environmental impacts. There is no hope that the right to food security for communities of Chocó, and other on equal footing in the country, would be effectively guaranteed in the medium term.

Source: http://www.theprisma.co.uk/2012/04/24/in-the-colombian-choco

29 de abril de 2012

Chocó: 14 niños muertos de hambre en este año


 

Comunidades nativas denuncian grave situación.  Gobernador pide ayuda y que se declare la emergencia.

En la madrugada del pasado 15 de febrero, cuando los gallos todavía no habían comenzado a cantar, el llanto de Nilsa, una niña de solo 5 años, despertó a la familia Sintúa.

La menor, una indígena del cabildo de Andágueda, de Bagadó (Chocó), llevaba varios días con vómito y diarrea. En menos de 15 minutos y ante la mirada impotente de sus familiares, sus quejidos se desvanecieron y, con ellos, su vida.

Miembros de la comunidad hicieron un pequeño hueco en un potrero y con unas tablas le hicieron el cajón.

"Se le dejó la ropita que tenía y la envolvimos en la sábana. Así la enterramos", contó Rodrigo Sintúa, tío de la niña, quien dijo que no rezaron y que una cruz de palo marcó el lugar donde quedó sepultada.

Nilsa es solo uno de los niños que han muerto en lo que va del año por causas relacionadas con la desnutrición. En Andágueda no se ha establecido un número exacto de víctimas: el cabildo ha registrado 14 muertes y los habitantes señalan que la cifra podría ascender a más de 20.

La de Andágueda no es la única denuncia. Óscar Cerezo, del cabildo de Tiravenado, de Lloró, dijo que este año 7 niños han muerto "por falta de alimento y enfermedades".

Arsenio Dequia, del cabildo Camicad, de Carmen del Darién, reportó que en el 2012, en su comunidad, 4 niños han muerto "por diarrea y mala alimentación". Denis Cabezón, del pueblo wounaan, confirmó que en estos primeros meses del año, 4 niños han fallecido por las mismas causas.

Para David Pretel, representante del Consejo Regional Indígena del Chocó, el problema es simple: "Los indígenas están aguantando hambre".

Lo que dicen autoridades

El jefe de Planeación de Bagadó, Juan Gil Machado, confirmó que tiene conocimiento de los 14 casos de Andágueda. Explicó que existe un verdadero subregistro, pues los indígenas no reportan los muertos que sepultan en sus predios.

Según el defensor regional del Pueblo, Víctor Raúl Mosquera, en este grave asunto se confía en el reporte de las autoridades indígenas. "Esas cifras son ciertas, aunque las autoridades tienen una carencia de registro", dijo.

Para el gobernador del Chocó, Luis Gilberto Murillo, la situación de los indígenas es "muy grave" y, por eso, le pidió al Gobierno Nacional que "declare la emergencia y destine los recursos necesarios".
"A estas comunidades debe llegarles el Gobierno con programas de salud y nutrición, porque la Gobernación no tiene recursos para ello", afirmó el mandatario regional.

Agregó que en su departamento hay al menos 12.000 niños que tienen problemas alimentarios, de los cuales únicamente 2.000 reciben la atención necesaria.

"Los actores armados han confinado a los indígenas y el riesgo de las minas los alejó de las parcelas. Además, en muchas ocasiones, lo poco que producen es arrasado por los combatientes", dijo Fredy Lloreda, encargado de temas indígenas en la Gobernación.

Mientras llega la ayuda para los niños, la tumba de Nilsa seguirá marcada por una cruz de madera, la que, en medio de un clima tan inhóspito, puede desaparecer muy pronto, y tal vez hasta se olvide que ella murió una madrugada de febrero por física desnutrición.

Un problema de cultura: 'Los indígenas acuden a los centros médicos tarde'


Según el alcalde de Riosucio (Chocó), Cecilio Moreno, no se puede culpar al Estado por la desnutrición de los menores. "Los indígenas primero tratan a los niños con medicina tradicional y, cuando ya no hay nada que hacer, recurren a un centro médico", dijo. Luis Peña, de la comunidad guanac, está de acuerdo: "Aquí hay 7 niños desnutridos, según Bienestar Familiar, pero las mamás no permitieron que los hospitalizaran porque no están acostumbradas a tratar con los blancos".

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ P.
Enviado especial de EL TIEMPO
Quibdó (Chocó).