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19 de abril de 2017

Afrocubanos buscan creación de instituciones propias

Más de 30 activistas, escritores, intelectuales, académicos y emprendedores cubanos, en su mayoría afrodescendientes, participaron en una reunión en la Universidad de Harvard para celebrar los logros del movimiento afrocubano y trazar una agenda para el trabajo futuro, reporta el diario El Nuevo Herald.

https://negracubanateniaqueser.com/2017/04/13/el-movimiento-afrocubano-activismo-e-investigacion-logros-y-desafios/
"Tenemos que tener conciencia de que este es un acto histórico", dijo Tomás Fernández Robaina, miembro de la Articulación Regional Afrodescendiente (ARAC) y autor del libro El Negro en Cuba, al inicio del evento el viernes, organizado por el Afro-Latin American Research Institute en el Hutchins Center de esa universidad.

Según el periódico miamense, fue "notable" la ausencia de representantes de organizaciones disidentes que trabajan el tema racial.

Alejandro de la Fuente, director del Afro-Latin American Research Institute, dijo que su exclusión fue una decisión consensuada y que se basó en la consideración de que esos grupos no tienen la lucha contra la discriminación racial como su principal objetivo, indicó el diario. Esto habría dejado fuera a proyectos con un importante trabajo de denuncia de los abusos contra la población negra y mestiza, como el Comité Ciudadanos por la Integración Racial.

Esos activistas, que llevan más de una década trabajando contra la discriminación racial, han sido en cambio invitados a paneles como los del Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) para "poner en perspectiva el tema de la afrodescendencia", en los que también han participado enviados del Gobierno cubano.

De la Fuente, autor del libro Una nación para todos, dijo que la reunión de Harvard intentó celebrar y reconocer el trabajo de activistas e intelectuales que desde la década de los 90 del siglo pasado comenzaron a organizarse para denunciar el racismo, colocar el tema racial en la agenda pública y producir conocimiento sobre el papel de los afrodescendientes en la historia cubana.

Iniciativas como el Grupo Afrocubanas tratan de "romper el silencio sobre las mujeres negras en los textos maestros de la historia y la literatura cubana (…) y contribuir al desmontaje de los estereotipos racistas y sexistas negativos", comentó una de sus fundadoras, Daisy Rubiera.

Pionera en la lucha contra la discriminación racial en la Isla fue la Cofradía de la Negritud, fundada hace casi 20 años para "crear conciencia a nivel de la sociedad cubana sobre la discriminación".

"En aquel momento la población negra cubana no tenía voz y tratamos de rescatar el derecho a podernos expresar como negros", dijo uno de sus fundadores, Norberto Mesa.

Los participantes opinaron que uno de los logros del Movimiento Afrocubano ha sido que el tema racial dejara de ser tabú dentro de la Isla.

Sin embargo, el Gobierno continúa obstaculizando los intentos de visibilizar esa problemática que tiene una clara dimensión política. Varios de los asistentes al evento de Harvard son miembros de la oficialista Unión de Escritores y Artistas de Cuba y no recibieron autorización institucional para participar, aunque pudieron realizar trámites personales para viajar. Otros invitados no pudieron viajar porque el Partido Comunista no se los permitió.

A falta de otros espacios más tradicionales, activistas e intelectuales han empleado desde boletines que envían por correo, como Desde La Ceiba, distribuido por el escritor e investigador Tato Quiñones, hasta blogs.

Existen 11 blogs dedicados al tema racial, dijo Sandra Abd'Allah-Alvarez Ramírez, autora de la páginaNegra cubana tenía que ser, en la red desde hace 11 años y el primero de su tipo que se produjo en Cuba, según El Nuevo Herald.

Durante el evento salió a relucir la polémica por una caricatura publicada por DIARIO DE CUBA que Álvarez y otras personas consideraron racista.

La caricatura, de Alen Lauzán, tenía como contexto la negativa de las autoridades cubanas a permitir la entrada a la Isla a Mariana Aylwin, exministra chilena e hija del fallecido expresidente Patricio Aylwin, quien debía recoger la mención de honor del Premio Oswaldo Payá Libertad y Vida, concedida a su padre por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia.

Lauzán mostraba a dos mujeres chilenas que criticaban a Mariana Aylwin mientras practicaban turismo sexual en la Isla con dos cubanos negros vestidos con camisetas de propaganda castrista.

El dibujo fue calificado de racista por Álvarez y otros intelectuales que mantuvieron un debate en blogs y redes sociales.

"Sentí que estaba muy sola y que la gente que podía responder a esta caricatura racista estaban en Cuba desconectados", dijo la activista en el evento en Harvard. Añadió que recibió amenazas por sus críticas a la caricatura. No está claro si las detalló en el evento, el reporte de El Nuevo Herald no lo especificó.

"El principal aprendizaje [de esta experiencia] es que nosotros, negros cubanos, no tenemos que esperar nada del exilio cubano racista, nos quieren callados", afirmó Álvarez.

Tanto ella, como el historiador y poeta Arsenio Rodríguez Quintana y la narradora y profesora de la Universidad de Connecticut Odette Casamayor fueron invitados en privado y en público por DIARIO DE CUBA a explicar las razones por las cuales consideraban racista la caricatura de Lauzán.

Solo Casamayor respondió a esa invitación.

En el evento en Harvard, Alberto Abreu, escritor, premio Casa de las Américas y autor del sitioAfromodernidades, comentó que su blog le ha permitido introducir temáticas como las identidades sexuales disidentes y "abrir una brecha al control discursivo" de las autoridades cubanas.

No obstante, varios ponentes coincidieron en que aún no existen todos los espacios públicos necesarios para la discusión del tema racial. Otros señalaron que estos proyectos y organizaciones operan en un limbo jurídico: no son legales.

Esto es un problema importante para proyectos como Alianza Unidad Racial, que intenta fomentar una cultura de derechos entre los afrodescendientes y darle herramientas para enfrentar acciones discriminatorias de las autoridades y la policía, que usualmente detiene a jóvenes negros sin motivo aparente.

Intentos de unir las distintas iniciativas y visiones en una organización "sombrilla" para combatir el racismo, como el capítulo cubano de la ARAC —que contó inicialmente con el acuerdo del Estado— no han sido exitosos.

Los participantes discutieron también sobre el desarrollo del movimiento hip-hop en Cuba y el rol de la estatal Agencia Cubana de Rap.

Pese a haber sido un "movimiento antirracista" de vanguardia, comentó el ensayista y activista Roberto Zurbano, el movimiento cubano de hip hop no llegó a ser un movimiento social "porque fue abortado".

"Cuando tengan un proyecto que pase de un número de personas, van a ir por ustedes, si no eres hijo de [un dirigente] y si tu proyecto no responde a [los intereses de las autoridades]", comentó visiblemente frustrado Soandres de Río, del dúo Obsesión, quien ha organizado durante varios años el independiente evento de rap Puños Arriba.

Zurbano demandó "crear instituciones propias" y producir una historia del movimiento afrocubano. Tomás Fernández, por su parte, propuso "cambiar los planes de enseñanza de los estudios superiores" para "dar a conocer la historia negada, oculta, de nuestros ancestros afrocubanos".

"Se necesita un proceso de deconstrucción y tiene que haber políticas públicas", opinó la periodista e investigadora Gisela Arandia.


Artículo tomado de: http://www.diariodecuba.com/cuba/1492340848_30420.html  


23 de octubre de 2013

Discriminación "constitucional" en República Dominicana


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Bogotá D.C.
23 de Octubre de 2013

Apreciado/as
Delegados/as de la Pastoral Afrocolombiana y miembros del CEPAC

Cordial Saludo,

Deseamos, en apoyo al movimiento “Dominican@s por Derecho”, a través de su institución expresar nuestro descontento al gobierno por la situación de desnacionalización que decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, y en particular haitiana, sufrirán como consecuencia de la Sentencia 0168-13, emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hace hoy un mes.

Este dictamen aplican, de manera retroactiva, criterios que excluyen del ius soli[*], vigente hasta la promulgación de la Constitución de 2010, a los nacidos desde 1929 en territorio dominicano cuyos padres estuvieran, al momento de su nacimiento, en situación migratoria irregular.  Asimismo, el Tribunal apela a criterios raciales inadmisibles para aplicar esta medida y exhorta a la Junta Central Electoral, encargada de emitir actas de nacimiento y cédulas de identidad, a crear un discriminatorio listado de personas, que, habiendo sido reconocidas por el Estado como dominicanas durante toda su vida, deberán ser ahora desprovistas de su nacionalidad en base a un supuesto registro irregular al momento de su nacimiento.

Además de los principios de irretroactividad de la ley y de la seguridad jurídica, esta sentencia viola al menos 15 artículos de la constitución dominicana y se aparta del Sistema de Derecho Internacional.  Entre otros, destacan la vulneración de: el derecho al nombre y la nacionalidad; el carácter vinculante que en el ordenamiento jurídico dominicano tienen las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la del caso Yean y Bosico, que estableció criterios que fueron completamente contrariados por el Tribunal Constitucional en 2005; el principio de favorabilidad a la persona, que debe primar cuando varias disposiciones de igual jerarquía entran en conflicto; el principio de equidad e igualdad ante la ley, ya que la sentencia sólo se refiere a la aplicación de estas medidas a los descendientes de inmigrantes haitianos y ordena a que los dominicanos sean divididos en base a su ascendencia; las garantías del debido proceso, ya que la sentencia afectará a varias generaciones de personas que no fueron parte del proceso que originó esta decisión.

Lamentamos, por tanto, que esta sentencia se perfile como una violación del derecho internacional y sea objeto de crítica de la comunidad internacional, y que debido a ella República Dominicana esté en franco desacato frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Peor aún, en el plano nacional ésta se vuelve un instrumento de segregación de la población nacional dominicana, por el cual decenas de miles de personas confrontarán dificultades para estudiar, trabajar en el sector formal de la economía, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, inscribir a sus hijos o hijas en el registro civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.

Les invitamos a obtener más información sobre la sentencia, sus consecuencias y las posibles acciones de apoyo visitando el blog dominicanosxderecho.wordpress.com y visitando las páginas de “Dominican@s x derecho” en Facebook, Twitter y YouTube.

Son muchas las personas e instituciones, de diversa naturaleza, que se han manifestado en contra de este aberrante genocidio civil. Con la esperanza de que con su solidaridad podamos acompañar a los afectados y afectadas, agradecemos su atención y le solicitamos coloque sus mejores oficios para que esto se detenga. Porque, definitivamente, Eso No Se Hace.

Atentamente,

Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPACConferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA


[*]  Expresión latina que quiere decir "derecho del suelo". Busca favorecer la integración de los extranjeros. Las Naciones Unidas lo reglamentó con la Convención para reducir los casos de apatridia, firmada, pero no ratificada, por República Dominicana.


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Centro Bonó - República Dominicana

Bonò rechaza sentencia “aberrante” del Tribunal Constitucional

La organización denuncia TC que deja sin nacionalidad a 4 generaciones de dominicanos/as


Santo Domingo 26 septiembre, 2013. El Centro Bonó expresa hoy su más profunda indignación ante la sentencia absurda, insensata e injusta mediante la cual el Tribunal Constitucional (TC) crea la figura de personas extranjeras en tránsito en un período que abarca 85 años, para justificar la desnacionalización de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

La aberrante sentencia 168-13 del TC legitima actos administrativos ilegales de la Junta Central Electoral (JCE), afectando de esta forma los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres que, durante toda su vida, han formado parte del pueblo dominicano y han contribuido al desarrollo material, cultural y espiritual de esta República. Se trata de una práctica jurídica que viola abiertamente el principio de irretroactividad de las leyes.

El Centro Bonó manifiesta públicamente su indignación por ver cómo el TC se extralimitó en el caso de Juliana Deguis Piere, quien acudió al tribunal con su nacionalidad intacta, y, en vez de recibir la tutela y protección de sus derechos fundamentales, salió desnacionalizada por los jueces que aprobaron la sentencia.

El Tribunal Constitucional, en este caso, se separa de sus atribuciones, pues, tal y como lo ordena la Carta Magna en su artículo 74, la alta corte tiene la obligación de interpretar el derecho en “el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”.  El TC “ignora los principios de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como los pactos y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.

El Centro Bonó, frente a este escenario, llama a toda la ciudadanía a deplorar la sentencia evacuada por el más alto tribunal, y expresa su profunda preocupación porque se ha vulnerado el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática de República Dominicana.  Anuncia que acompañará a todos los afectados y afectadas por esta sentencia, hasta que los derechos que han sido violados por la misma sean restituidos.

El Tribunal está apoderado de casos de cientos de personas de situación similar, por lo que esperamos que, en el futuro, y apegado al Derecho, revise y varíe su propia jurisprudencia, conforme a la Constitución, las leyes y a los tratados internacionales.

“Llamamos la atención a todos los poderes del Estado para que asuman su responsabilidad en el ejercicio equilibrado de los poderes, y armonicen sus puntos de vista para buscar una solución justa y digna a esta problemática”.

El Centro Bonó saluda y reconoce la dignidad de los magistrados que se opusieron a esta actuación tristemente célebre del Tribunal Constitucional.


Fuente: http://bono.org.do/?p=4172


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Organizaciones de DDHH rechazan sentencia TC y llaman a la solidaridad


Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo firmantes rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la constitución y leyes vigentes.

La sentencia, que viola al menos quince artículos de la constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.

El caso por el que el TC falló trataba de determinar si la Junta Central Electoral (JCE) vulneró derechos constitucionalmente protegidos con su negativa de entregarle la Cédula de Identidad a Juliana Deguis.  Pero el TC manipuló la interpretación de las normas para imponer, con efecto retroactivo, la mentira de que la figura de “Tránsito” se refiere a si el inmigrante está regularizado o no.  Un desvarío para tratar de convencer a la opinión pública de que hijos e hijas tienen que ser condenados por hechos que no estaban previstos por la ley, supuestamente cometidos por sus padres, antes de ellos nacer.

La Sentencia del TC se contradice.  Por un lado ordena la entrega del Acta de Nacimiento a Juliana Deguis, mientras que por otro lado, ordena a la JCE que apodere a los tribunales ordinarios para que determinen la validez de las Actas de Nacimiento que les sean sometidas, cuando ya el mismo TC ha prejuzgado el asunto, declarando que dichas actas son ilegales y que las personas titulares son extranjeras.

Advertimos que la referida sentencia se erigirá en el instrumento de segregación de la población nacional.  A partir de ahora, seremos divididos entre dominicanos “puros” y dominicanos que, como por arte de magia, el TC ha convertido en “extranjeros” por el simple hecho de ser descendientes de inmigrantes.

Miles de dominicanos y dominicanas se verán impedidos de ejercer sus derechos fundamentales, enfrentarán cotidianamente el riesgo de deportaciones masivas, continuarán enfrentando dificultadas para estudiar, trabajar, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.

Miles de dominicanos y dominicanas continuarán transmitiendo a sus hijos e hijas el estatus de apatridia que les afecta, un completo contrasentido, en el marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Esta sentencia también agravará la situación de marginalización y exclusión de miles de personas, e incidirá negativamente en las posibilidades de promover la gobernabilidad democrática.

Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que asuman con responsabilidad la búsqueda de una solución justa, racional, efectiva y definitiva a esta situación.  Con esta Sentencia, el TC ha roto con el constitucionalismo americano, el Sistema Interamericano y el Sistema Internacional, y coloca al país en la mira de sanciones internacionales por incumplir con su obligación de proteger y garantizar los Derechos Humanos de todos sus habitantes.

Insistimos en llamar a la sociedad dominicana a solidarizarse con las personas afectadas por esta decisión, sumándose a las actividades de movilización que están previstas y levantando su voz en todos los escenarios donde se intente imponer la mentira que sustenta esta sentencia del TC.  También reiteramos el llamado a los amigos de la prensa, para que promuevan un abordaje exhaustivo del tema, recuerden que no hay seres humanos ilegales y que la población afectada por la sentencia no es inmigrante sino dominicana, reconocida por el Estado como tal.

Las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben este comunicado, intensificaremos, de manera progresiva, sistemática y sostenida acciones de denuncia y movilización a nivel nacional e internacional, hasta que los derechos violados por esta sentencia sean restituidos.

Firman:

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
Fundación Étnica Integral (FEI)
Red Jacques Viau
Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)
Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)
Centro Bonó
Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA)
Movimiento Reconocido
Visión Mundial República Dominicana
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD)
Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)


24 de junio de 2013

El Caribe Continental negro, afrocolombiano, raizal y palenquero, se prepara...



Panorámica de las relaciones étnico-raciales en el Caribe colombiano,
una visión minuciosa desde la academia.

Voz de Claudia Mosquera Rosero-Labbé, 24 minutos y medio.

30 de mayo de 2012

Declaración de la Mesa Afrocolombiana de los Montes de María - Carmen de Bolívar, Colombia



En la ciudad de El Carmen de Bolívar, Departamento de Bolívar, las organizaciones y comunidades convocadas por la mesa afrocolombiana de los Montes de María, de los municipios de Zambrano, San Cayetano, San Jacinto (Las Brisas y El Paraíso), Ovejas, Los Palmitos, El Carmen de Bolívar (Red de Mujeres de los Montes de María, Grito Montemariano, Comité de Víctimas y Colectivo de Comunicaciones de los Montes de María), apoyados por al PNUD y la Fundación Red Desarrollo de los Montes de María, el NDI (Instituto Internacional Demócrata), reunidos en el Quinto Encuentro Cultural Afromontemariano, el día 30 de mayo del año 2012 en el auditorio del Club de Leones, emite la siguiente declaración y conclusiones:
1) Rechazar en forma contundente, las amenazas y hostigamientos a que vienen siendo sometidos los líderes y las lideresas de los procesos organizativos afrocolombianos, y en especial las del movimiento de víctimas y restitución de víctimas, por parte de actores armados ilegales.
2) Solicitamos a los organismos de derechos humanos y al gobierno nacional en cabeza del señor Presidente de la República, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo en todas sus instancias regionales, así mismo al señor Alcalde Municipal Francisco Vega, para que dispongan las medidas de seguridad pertinentes, que garanticen el ejercicio pleno de las funciones de las y los defensores de derechos humanos.
3) Revisar el concepto de tenencia y conservación de la tierra, establecido en la Ley 70 de 1993 y demás normas concordantes, con base en los bloques de constitucionalidad, en forma concreta, revisar el concepto de territorio baldío porque desconoce bloques de constitucionalidad contenido en el ordenamiento legal, como el Uti Posidetis Juris: no es justo que el gobierno nacional le exija esta norma al gobierno de Nicaragua sobre San Andrés, pero no lo reconozca cuando se trate de poblaciones afrocolombianas e indígenas.
4) Revisar los contextos culturales, sociales, políticos, económicos y sociales sobre tenencia de la tierra en las comunidades afrocolombianas, teniendo en cuenta la diversidad de dinámicas entre el Pacífico Colombiano y el Caribe Colombiano, porque las prácticas culturales no son las mismas, ni el concepto como tal se vive de la misma manera. En este sentido, se sugiere reflexionar sobre las lógicas históricas de las luchas por la tenencia de la tierra en el Caribe. 
5) Apoyar un proceso de fortalecimiento institucional, con base en la formación de infraestructuras institucionales con sostenibilidad que le garantice a los líderes y lideresas de los procesos afrocolombianos, estructuras y condiciones de trabajo y vida digna en los procesos de desarrollo de las políticas públicas diferenciadas y de desarrollo de las estrategias de incidencia legislativa y política a favor de los derechos afrocolombianos, en cuanto gestión y desarrollo de las dichas políticas diferenciadas.
6) Declarar en alerta y movilización permanente a las comunidades afromonterianas y en especial, a los campesinos y campesinas en defensa del territorio y en el derecho a la tenencia de la tierra, amenazada por la presencia de diversas compañías petroleras y mineras multinacionales, que amenazan con sus lógicas el derecho histórico y de supervivencia al etnodesarrollo.
7) Exigir a las autoridades departamentales y municipales, la aplicación del principio de la diferenciación positiva o enfoque diferenciado afrocolombiano en todas las políticas públicas, con resultados, metas, porcentajes concretos, indicadores de impacto, mecanismo de evaluación y seguimiento a favor de las poblaciones afrocolombianas.
8) Exigir al Ministerio del Medio Ambiente y al Ministerio del Interior, a las compañías turísticas, mineras – incluyendo a las petroleras- el respeto al derecho a la consulta previa en todos los proyectos que afecten su identidad cultural.
9) Exigirle a las secretarías de educación distritales, departamentales y municipales, el diseño e implementación de planes de etnoeducación y estudios afrocolombianos en el sistema escolar, con infraestructura, calidad y liderazgo académico y la enseñanza de los estudios afrocolombianos, dentro de los planes de estudio del sistema escolar, dando cumplimiento según la concertación, al decreto 804 de 1995 y al decreto 1123 de 1998, según el tipo de acuerdo concertado.
10) Crear mecanismos y convenios de admisión especial y permanencia a favor de la juventud afrodescendiente y fondos departamentales y municipales de créditos educativos Condonables, que fomenten el acceso a la educación superior de la juventud afrocolombiana en los estratos 1, 2 y 3.
Dado en El Carmen de Bolívar a los treinta días del mes de mayo del año 2012.
(Firmado por los asistentes al evento de las organizaciones y asistentes arriba mencionados)