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12 de diciembre de 2018

Tumaco, una guerra llamada posconflicto

Desde el puerto nariñense, sus habitantes narran cómo se vive una nueva oleada de violenta en la disputa entre disidencias de las Farc.


Por Alfredo Molano, vía Colombia 2020-el Espectador
El río Iscuandé marca el límite entre el Pacífico caucano y el nariñense. Sus aguas, menos turbias que las del río Guapi, desembocan en el mar en un sitio conocido como Mosquera, un entramado de manglares que parecen de esos laberintos hechos con pino. Se conocen como “los esteros del San Juan” y son ramales del río Patía, que nace cerca al Tambo (Nariño), en la Cordillera Central, y termina desembocando a la altura de las Bocas de Satinga. El Patía ha conformado una subregión rica en oro y en los últimos años también en coca. De Iscuandé a Tumaco hay seis o siete horas de recorrido, cinco de las cuales se gastan atravesando los tupidos manglares que esquivan el monótono paisaje de la costa del mar. Allí la vida se siente. El pitido de las chicharras se traga todos los sonidos de un bosque submarino que parece palpitar de lo vivo.

Mientras un biólogo navega los esteros del San Juan fascinado por su naturaleza, la gente de esta región los atraviesa con los ojos cerrados.Son tierras de dominio absoluto de la gente de Guacho. Cada cierto tiempo aparece una casa al margen del mangle, unas personas discretamente paradas o una lancha. “Aquí todo está milimétricamente controlado. Uno no se encuentra a nadie, pero ya todo el mundo sabe quién va navegando. ¿Vio a esa gente que estaba apostada en la esquina entre Cocal Jiménez y Guachacal? Son “puntos”, gente que está informando constantemente lo que pasa en el estero. Estos manglares vieron crecer a David, el man que supuestamente era de Guacho y mató el Ejército recientemente”, explica, bajando la voz, entre el misterio y la cautela, uno de los lancheros.

El recorrido es tan fascinante como largo. Es el cierre del Patía, una región de exuberante riqueza natural, donde los esclavos de las minas de Barbacoas encontraron refugio en un ambiente profuso en alimentos. Las minas fueron fundadas en la segunda mitad del siglo XVII por Francisco Parada y alcanzaron a ser una de las regiones con mayor explotación aurífera de los tiempos coloniales, lo que significó también la introducción de una enorme cantidad de esclavos que, en 1778, se calculaba que pasaban de 6.000. A finales del siglo XIX y principios del XX era tan fuerte la fiebre del oro en Barbacoas que compañías extranjeras, como la Telembí Mining Company, la San Lorenzo Gold Gravel o The Patía Syndicate Limited, explotaban los ríos Patía y Telembí. La evolución de esta feria es la llegada de las retroexcavadoras a cada río de la región y, tras el oro, llegaron también los armados: guerrillas y paramilitares, con los que también llegó la coca.

La siembra de la coca arribó a Tumaco con los colonos que salieron desplazados de Putumayo, Caquetá y Guaviare por las fumigaciones de los años 90. A mediados de esa década, el gobierno de Ernesto Samper intentó promover una sustitución de cultivos ilícitos por palma de aceite. La gente se la jugó, se empeñó con los bancos, vendió tierras a los palmeros o alquilaron sus territorios, pero las cosechas fracasaron con la epidemia de la pudrición del cogollo. Este antecedente todavía está en la memoria de campesinos, indígenas y afros de la zona rural del municipio, y ha jugado en contra del Plan de Sustitución derivado del Acuerdo de Paz. El fracaso de los cultivos lícitos —llámese palma o cacao— arraigó la economía cocalera en Tumaco y sus alrededores. Además, encontró en el cartel de Cali compradores, protectores y promotores.

Las guerrillas llegaron a la zona por los corredores del Cauca a mediados de los años 80. Llegaron por dos rutas: una que bajó por el río Micay y otra por el Patía. En la segunda mitad de los años 90, tanto el Eln como las Farc habían logrado una base social importante en la región. Sin embargo, el Plan Colombia los movió de sus posiciones de dominio. Y en los primeros años del nuevo siglo, los “paras” llegaron con unidades que se desprendieron del Bloque Libertadores del Sur y bajaron por los lados de Policarpa y Cumbitara. Su estrategia, diferente a la de las guerrillas, fue apostarle al control de los ríos en los puertos y desembocaduras. Así rápidamente asfixiaron a las Farc y controlaron el negocio de la coca.

En este contexto, vinieron los años más duros de confrontación militar. La guerra entre los dos bandos fue cerrando el anillo del área rural al área urbana. Los combates se registraban a diario en esteros, ríos y barrios de Tumaco y sus alrededores. El interés en el puerto vuelve a ser su ubicación geoestratégica para comunicar a Colombia con el Pacífico, para lo que el Estado trazó varias megaobras, como el canal seco Atrato-Truandó, la carretera Pereira-Nuquí o el puerto de aguas profundas de Bahía Cupica. En este interés económico por la llamada Perla del Pacífico, los territorios negros eran vistos como una piedra en el zapato, más cuando surgió la figura de la hermana Yolanda Cerón, madre innegable de la llamada Ley 70 (o de Comunidades Negras), quien fue asesinada el 19 de septiembre de 2001.

Cerón fue una de las más notables defensoras de los territorios colectivos de los afros. Nació en Berruecos, Nariño, en 1958, y durante los años 90 acompañó desde la Pastoral Social y la Diócesis del Pacífico a varias comunidades negras de Nariño en su constitución como consejos comunitarios. Se calcula que logró la titulación de al menos 100.000 hectáreas de territorios colectivos de comunidades negras, bajo el amparo de esa ley, que ella misma impulsó en la Constituyente. Su entrega a las comunidades del Pacífico solo fue equiparable a la insistencia con que denunció la irrupción paramilitar en la zona de influencia de Tumaco. Hasta el día de su muerte advirtió de la complicidad de la Fuerza Pública en la operación de control paramilitar del puerto. Un legado que le costó la vida a plena luz del día, frente a la Iglesia La Merced, en el centro de la población.

Con la desmovilización paramilitar, en 2005, Tumaco volvió a convertirse en territorio de disputa entre las estructuras aliadas al narcotráfico y las Farc, que logró consolidar una importante red de milicianos agrupados en la columna móvil Daniel Aldana. Estructura que tomó distancia del Acuerdo de Paz y proveyó la base del Frente Oliver Sinisterra, que lidera alias Guacho, y cuyos mandos medios, como fueron alias Don Y y alias David, dos hermanos que manejaron, hasta el día de su muerte, el control del narcotráfico en buena parte del puerto. Al primero lo mataron las Farc en noviembre de 2016 y el segundo cayó en un operativo militar en septiembre pasado. Estos dos hermanos consolidaron un importante poder en Tumaco bajo la franquicia armada de Guacho. Sin embargo, en el puerto todo el mundo sabe que la alianza fue por un tema estratégico y que al final terminaron enfrentados.

Ni la muerte de Don Y ni la de David extinguieron el poder militar de estas estructuras urbanas de disidentes de las Farc. Y hoy se vive una grave situación humanitaria que ha perdido el interés de la opinión pública, pero no la intensidad de la guerra intraurbana. “Lo que está ocurriendo en Tumaco es una carnicería. Un horror que no tiene nombre pero sí apodo: ese es el tal posconflicto. Es la muestra perfecta de lo que ocurre cuando sale una estructura armada de las dimensiones de las Farc, pero no llega la institucionalidad. Eso sí, le han metido toda la Fuerza Pública del mundo, se habla de 9.000 a 12.000 efectivos. No solo nada ha cambiado, sino que se ha puesto peor. Todos los días matan gente, la desaparecen, la desplazan, la torturan y descuartizan”, dice un poblador indignado.

Según cuentan, Tumaco volvió a los tiempos en que sus barrios se dividieron por uniformes. “La gente de David controla La Ciudadela, Viento Libre, La Y, Panamá, La Paz, Obrero y El Triunfo. Guacho mantiene el dominio de El Milenio, 11 de Noviembre, El Voladero, Exportcol y El Morro. La guerra entre los dos está prendida. La gente que vive en los barrios de Guacho no puede ir a los de la gente de David porque la matan. Y todos los días se dan candela. Acaban de matar a un niño saliendo del colegio. La cosa está muy peluda. No le recomiendo seguir averiguando nada de lo que está pasando acá”, advirtió antes de perderse.

Un habitante de uno de los barrios de la gente de David, que incluso lo conoció desde cuando era niño, contó que junto a su hermano, Don Y, eran milicianos de las Farc y crecieron en uno de los esteros cerca a Tumaco. Que provienen de una familia muy pobre y que tras la desmovilización lograron recoger muchos de los contactos de las Farc en temas de narcotráfico. El relato de cómo murió David es propio de una de esas nuevas series de “narcos”. Cuentan que era un hombre muy esotérico y que desde hace siete años tenía una bruja de cabecera que vivía en Buenaventura y que fue ella el señuelo para ubicarlo.

“Inteligencia militar compró a la bruja y ella se prestó para montar el operativo en el que lo mataron. En el barrio todo el mundo habla de que ella le iba a hacer un rezo de protección, pero le puso unas condiciones. Le dijo que tenía que ser en la madrugada de un día de luna llena y que esa noche debía ubicarse sin escoltas en una casa que ellos definieron. La bruja le mandó un bebedizo que David debía tomarse a la una de la madrugada. Él se encontraba con su hermana y con su esposa, quienes lo iban a ayudar a hacerse los baños. Lo cierto es que lo que se tomó lo dejó paralizado. El man se desplomó y empezó a botar espuma por la boca. Al tiempo, la gente que le estaba haciendo guardia advirtió que el Ejército estaba cerrando el perímetro. El propio papá de David fue a buscarlo para sacarlo alzado, pero dizque el hombre se negó, que les dijo que todo iba a estar bien, que a él lo protegían los espíritus. Al rato tocaron la puerta, cuando la hermana abrió le cayó una lluvia de plomo. David y la hermana murieron y la esposa se salvó”, dice el relato.

“Mucho le advertimos al Gobierno de que lo que se venía en Tumaco iba a ser terrible si no implementaba juiciosamente el Acuerdo de Paz. Hubo unos líderes de las milicias que se pusieron la camiseta, tanto para lograr que un grupo importante de la Aldana se acogiera al Acuerdo, como para que varias familias del área rural suscribieran los acuerdos de sustitución. Los pela’os le metieron el pecho, pero el Gobierno no los protegió: a uno lo mataron y el otro está preso. Esto minó la confianza de muchas personas y provocó una guerra terrible entre los milicianos y la base social de las Farc. La muerte de Don Y desató una guerra de desconfianzas entre antiguos aliados. Este es el caldo de cultivo que le está dando cada día más fuerza a Guacho”, explicó un hombre muy cercano al proceso de negociación con la columna móvil Daniel Aldana.


“Es que el posconflicto necesita de oportunidades para esa gente, seguridad jurídica, física y económica. Imagínese que les dan un subsidio de $400.000, mientras la disidencia les ofrece $2’000.000 a los que menos experiencia tienen. Fuera de eso los están matando. Y eso que esto está militarizado. El narcotráfico se tomó el puerto tras la salida de las Farc y es que creen que matando a los cabecillas van a solucionarlo; no se dan cuenta de que mientras sigan administrando el territorio como lo vienen haciendo, van a tener el mismo resultado”, agregó. Y las cifras le dan la razón: según información oficial, entre el 1° de enero y el 5 de diciembre de este año se han registrado 595 investigaciones por homicidios en todo Nariño, de las cuales 237 se produjeron en Tumaco, lo que representa un incremento del 22,8 % con respecto al año pasado, cuando al mismo mes se reportaron 193 denuncias de asesinatos en el puerto.

Texto y fotos tomados de: https://colombia2020.elespectador.com/territorio/tumaco-una-guerra-llamada-posconflicto 

5 de enero de 2017

¿Qué pasa en Tumaco?

El periódico más influyente de Colombia dedica su editorial del 3 de enero de 2017, a analizar la situación del municipio de Tumaco, en el marco del proceso de paz con las FARC.


En el marco de las fiestas decembrinas, no puede pasar en el olvido una región que vive una situación de otro color. El país le sigue dando la espalda a Tumaco. Mientras en muchos lugares sus habitantes comienzan a sentir el alivio del cese de la actividad ilegal de las Farc, mientras las estadísticas del Hospital Militar muestran una importante disminución en la cantidad de miembros de la Fuerza Pública atendidos, y mientras en el Congreso se sientan los pilares legales del posconflicto, en el puerto nariñense la violencia sigue presente.

Algunos habitantes afirman, con esa resignación con traje de cinismo, última defensa que queda frente a la desolación total, que en tanto estuvieron activas las Farc, las acciones delincuenciales se redujeron a sus justas proporciones. Y lamentan que su retirada con motivo del proceso de paz no marcó la llegada del Estado, pues, desgraciadamente, no corresponde aquí hablar de regreso, sino la de nuevas bandas criminales, incluido el Eln, que hoy libran una cruenta disputa por el control territorial. Guerra que tiene como apetecido botín las rutas para el envío de droga y las rentas de la extorsión, de la que nadie se salva.

El diagnóstico no es un misterio: mafias que buscan apoderarse de fuentes de ingresos provenientes de economías ilegales, en un contexto en el que ‘desconfianza’ y ‘ausencia’ son los calificativos más ajustados para referirse al papel del Estado en todo este drama. Y por más que los esfuerzos de valientes y corajudos miembros de la Fuerza Pública se traduzcan en logros como las recientes incautaciones de droga, esto no logra sanar el daño que, en términos de la pérdida de confianza de la gente hacia las instituciones, produce la cercanía de algunas manzanas podridas con dichas bandas. Ni hablar de lo corrosiva que resulta la corrupción o la ineficiencia: la misma que lleva a que los médicos del hospital tengan varios meses sin recibir salario.

Si quedan dudas de lo crítico del panorama, ahí están las cifras: 132 homicidios al finalizar el año –menos que en el 2015, pero no por ello es menos aterrador el dato–; 16.990 hectáreas sembradas de coca, 18 por ciento más que el año pasado, según denunció en este diario el padre Arnulfo Mira, vicario de la diócesis local. “Algo está pasando aquí”, sentenció en días pasados con motivo también de la explosión de una granada en un bar, hecho que dejó dos muertos y 23 heridos.
Tomada de twitter.
Foto tomada de twitter
Es un deber moral del Estado responder esa pregunta. Pero se trata apenas del primer paso. Y parte de la zozobra de los tumaqueños nace de ni siquiera saber de dónde vienen las balas, las amenazas. Luego es imperativo que este municipio se ubique a la cabeza de las listas de prioridades, llegado el momento de llevar a los hechos todo lo firmado con las Farc, para garantizar, con desarrollo y oportunidades reales para los menos favorecidos, que la paz sea estable y duradera.

Lo que hoy ocurre en Tumaco debe ser motivo de una respuesta urgente y contundente del Estado. Por el bienestar de su gente, por supuesto, pero además porque es la oportunidad de sentar un precedente: el que resultará de demostrar que las instituciones están en capacidad de responderles a los miles de colombianos que vivían en zonas en las que predominaban las Farc. En otras palabras, de que la paz es viable.

Tomado de: http://www.eltiempo.com/opinion/editorial/que-pasa-en-tumaco-editorial-el-tiempo-4-de-enero-de-2017/16785452

25 de octubre de 2016

El despojo de los territorios ancestrales... el verdadero interés del uribismo en el plebiscito

En el siguiente artículo se evidencia cómo los intereses del uribismo con relación al proceso de paz están enfocados en el despojo de los territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes. En campaña contra el Plebiscito nos decían que nos iban a salvar de la dictadura gay, del castrochavismo, del ateismo... pero en realidad lo que buscan es continuar con su cadena de despojo aprovechándose de la supuesta legitimidad que ganaron engañando a los votantes.

POR: Jaime Arocha. 24/0ct/2016
Tomado de El Espectador

Acuerdo, ¿pero cómo?
Desde el 3 de octubre, en Blu Radio, Juan Lozano persiste en que el No abrió la oportunidad excepcional de lograr un gran acuerdo nacional alrededor de la paz.
 
Foto. El Espectador
¿Cómo lograrlo si al Centro Democrático le obsesiona rechazar, entre otros, el primer punto sobre reforma rural integral, proponiendo amparar la propiedad de segundos ocupantes de buena fe? En abril pasado, a esa tesis ya le habían hecho eco el exprocurador Ordóñez y José Félix Lafaurie, cuando se despacharon contra la ley de restitución de tierras en San Ángel. Difícil dejar de pensar en las víctimas de comunidades negras. No solo la administración Uribe Vélez priorizaba la incorporación de 600.000 hectáreas del Afropacífico a la cartografía de la palma aceitera, sino que en 2007 Fedepalma publicaba que “La vigencia de la Ley 70 (sobre los derechos de esas comunidades) ha representado para los cultivadores de palma muchas dificultades para extender sus áreas de cultivo y generar proyectos a gran escala, bien sea como propietarios particulares o con proyectos productivos con alianzas”.
 
Foto: Radio Macondo
Negar los contextos violentos del despojo ha sido medular para el uribismo. En 2006, así lo hizo Andrés Felipe Arias cuando era ministro de Agricultura, y le concedió a Hollman Morris una entrevista a propósito de los desplazados de Jiguamiandó y Curvarádó en el bajo Atrato. Luego de años de luchas, esas personas por fin habían retornado a sus territorios colectivos, para hallarlos sembrados de palma aceitera. Como el respectivo video muestra que hasta los cementerios habían sido profanados, cavando letrinas sobre las tumbas de los antepasados, Arias pedía ni satanizar a la palma, ni a los empresarios, quienes habían pasado por los filtros del Ministerio sin que se hubiera demostrado su mala fe. De esa manera dudaba de que los territorios en cuestión estuvieran amparados por la Ley 70 de 1993, y que los agroindustriales hubieran ocasionado daños ecosistémicos irreparables.

Ocho años más tarde, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín emitió la sentencia 054 condenando a 18 empresarios de la palma aceitera por desplazamiento forzado, concierto para delinquir agravado, compra ilegal o invasión de territorios colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó amparados por la Ley 70 de 1993 e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Lo anterior además de la condena al general Rito Alejo del Rio por su responsabilidad en la operación Génisie causante en 1997 de los primeros desplazamientos de esa región.

En la actual coyuntura de incertidumbre, hay que recordar el conejo que los dos gobiernos de Uribe sí le metieron a las exigencias de justicia, reparación y no repetición contenidas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el desplazamiento forzado de pueblos étnicos. Hoy la Comisión Étnica exige que no se modifique el capítulo étnico del acuerdo de paz. Ya hay voces internacionales a favor de esta exigencia, como la de la Coalición de Sindicalistas Negros de los Estados Unidos.

*Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.


Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/acuerdo

8 de abril de 2012

Atentado en la carretera Medellín - Quibdó


El General Hernán Giraldo, Comandante de la Séptima División del Ejército, confirmó que seis militares adscritos al batallón No. 12 Brigada Alfonso Manosalva Flórez del Chocó, murieron tras un atentado atribuido al Frente 34 de las Farc.

"En los enfrentamientos perdimos seis de nuestros soldados por efecto de artefactos explosivos. Y según inteligencia técnica hay  por lo menos tres guerrilleros muertos y dos más heridos", dijo el General Giraldo,  quien añadió que aun se presentan combates en área rural cercana al lugar del atentado.

Por su parte, Ari Mauricio Piñeres Salazar, secretario del Interior de ese Departamento, señaló que, oficialmente, el hecho violento habría provocado la muerte de seis soldados y un suboficial.

También agregó que los cuerpos sin vida de los siete uniformados fueron llevados a Quibdó, donde permanecen en la sede del batallón Alfonso Manosalva. Tres de los cuerpos serán trasladados mañana a Medellín. Los otros se quedarán en la capital chocoana. Entretanto, autoridades anunciaron que continúan investigando el hecho.

Los hechos se presentaron pasado el mediodía en el kilómetro 18 de la vía que conecta a Quibdó con Medellín donde el Ejército tenía un puesto de mando y control contra el que atentó a la guerrilla. 

Según Giraldo la situación ya está controlada y hay fluidez en la carretera donde sucedieron los hechos. 

A esta hora las operaciones militares continúan en la zona y todo indica que son varias las bajas entre la columna insurgente.

3 de abril de 2012

Felicidad por la liberación de César Augusto Lasso

Los integrantes de la Pastoral Afro y el Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral comparten la alegría de Myriam Fabiola Lasso Monsalve y toda su familia, por la liberación de su hermano César Augusto.

Myriam es la actual secretaria del Centro de Pastoral Afrocolombiana y estuvo muy activa en las manifestaciones y gestiones por la liberación de César Augusto, secuestrado por la guerrilla de las FARC desde 1998, en la toma de Mitú, Vaupés.  El pueblo afro comparte, como lo ha hecho en la amistad y la oración, este motivo grande para celebrar.  ¡Manifestamos nuestra alegría con todas nuestras voces!

El trabajo constante de Piedad Córdoba, ex-senadora afrodescendiente, y todos los integrantes de Colombianos por la Paz, es aun más valioso cuando se hace contra la corriente, así el presidente Santos insista en que es un privilegio del gobierno.  Ojalá sirva, a cada compatriota que trabaja por la paz y la reconciliación, para recordar que la búsqueda del fin definitivo del conflicto es un deber de todos los bautizados.  ¡La misericordia no es para que la ejerzan unos pocos!



4 de marzo de 2012

Una mujer afro comprometida con la paz




“Abogamos por la sensatez” dice la afrocolombiana Piedad Córdova, ex senadora de la República y una de la expresiones más significativas del pueblo afro y dirigente del movimiento colombianas y colombianos por la paz, en su obstinada búsqueda por la reconciliación. Añade: “Comprendo las desconfianzas, las de sectores de la sociedad y las del Gobierno, y también las de las guerrillas. Tengo claro que si no empezamos a desarmar nuestras mentes, no habrá paz. Si no escuchamos, no habrá paz. Propongo que si se inicia un diálogo, nadie se pare hasta que se acuerde la paz”. Ha recibido elogios y críticas de los diferentes sectores de la sociedad colombiana y del gobierno, pero su compromiso como mujer afrocolombiana es más fuerte que las trabas, las presiones y los graves problemas socio-económicos y jurídicos que le crean ciertos grupos de intereses, porque es conciente que “es hoy el único contacto con la guerrilla. Dice que "hay que definir algún tipo de acuerdo" con las Farc y con el Eln, o "habrá más guerra".