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26 de abril de 2013

Pensamiento AFRO de la Mesa Nacional de Organizaciones Afro


   

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, y el Movimiento Nacional Cimarrón, tres de las organizaciones afrocolombianas más importantes, integran la Mesa Nacional de Organizaciones Afro ("La Mesa").  Lanzaron, hace poco, su nuevo canal de información conjunto, un logro largamente esperado.

Las tres organizaciones han demostrado que pueden llevar el Movimiento Afrocolombiano a un nivel diferente, con documentos de política bien sustentados, un trabajo de discusión jurídica profundo y una movilización visible.  La Mesa busca literalmente "convertirse en un espacio político de articulación, unidad de acción, interlocución y movilización de las organizaciones sociales nacionales y regionales y de las redes de consejos comunitarios".

Pensamiento AFRO, en su primer número, publicó tres documentos: uno de Danny Ramírez, sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios, otro de Gustavo Adolfo Lugo, sobre cooperación internacional y población afrodescendiente, y por último pero no por menos, uno de Acxán Duque sobre los derechos de las víctimas negras, afro, raizales y palenqueras.

El anhelo es lograr un mejor presente y futuro para la población afrocolombiana y su movimiento organizativo.  ¡Ojalá se logre y con un amplio espectro!

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25 de febrero de 2013

Preocupación de PCN por informe de Alta Comisionada



Bogotá D. C., Febrero 25 de 2013


Señores
OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA
Bogotá


Referencia: Preocupación por la no inclusión del tema afrocolombiano en temas estratégicos y en las recomendaciones del informe


El viernes pasado ustedes hicieron el lanzamiento del informe anual que hace esta oficina en Colombia sobre los derechos humanos; observamos con mucha preocupación que en dicho informe no hacen referencia a la sistemática violación de los derechos étnico-territoriales y los derechos humanos de los descendientes de africanos en Colombia, toda vez que es uno de los grupos más vulnerables en este país.  Esta afirmación la comparte la honorable Corte Constitucional cuando, en 2009, se pronuncia por medio del Auto 005, ratificado en numerosas sentencias.  En el reciente Auto 012 de diciembre del 2012 esta Corte le pide al Gobierno explicaciones en relación a las acciones que ha adelantado para proteger los derechos de las comunidades negras del Departamento de Nariño.


Temas como víctimas y restitución de tierras no abordan un enfoque diferencial que dé cuenta de las cruentas y más arbitrarias acciones de violencia y deterioro de derechos de las que son víctimas las comunidades negras; no se resalta en este aparte del informe que la población más afectada por el conflicto, en proporción con el resto de la población, son los pueblos indígenas y afro.


No mencionar al pueblo negro y sus integrantes, en el tema de discriminación frente a la exclusión estructural de las comunidades negras de las decisiones que los afectan y de las acciones de bienestar del Estado, es reducir al mínimo la importancia que tiene la discriminación estructural por motivos de raza y que es factor causa en la situación y estado crítico de los derechos del pueblo afro.


En el campo de los DESC, no relacionar a los pueblos étnicos y la falta de atención y reconocimiento a sus formas alternativas de bienestar social es un riesgo para la protección a la identidad e integridad cultural de estos pueblos.  Esto es especialmente cierto para la comunidad negra, actor de gran vulnerabilidad, por la desprotección de la que es sujeto desde las brechas creadas por la esclavización.


Si bien somos mencionados en el tema de la consulta en la página No. 19 del informe ¡¡se nos invisibiliza en las recomendaciones!!  En el numeral (B), se habla de la consulta y del ejercicio de autoridad sólo de los pueblos indígenas, cuando nuestros territorios afro vienen siendo saqueados y cambiados sus usos tradicionales por la no realización de la consulta previa.  En el numeral (E) de las recomendaciones también nos parece muy crítico y casi inaceptable que se hable sólo de los grupos vulnerables que señaló el gobierno de Uribe y en el que para nada - por intereses privados de ese gobierno - se menciona a los pueblos afrodescendientes.


Las organizaciones nacionales mencionadas por la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009 consideramos que somos parte de los sujetos de derecho por los cuales se declaró ese estado de cosas inconstitucionales en Colombia desde el 2009.  Omitir la realidad de la Comunidad Negra en el informe es ignorar una situación crítica que afecta a más de 6 millones de personas en el país.


El Proceso de Comunidades Negras PCN, como organización defensora de los derechos de las comunidades negras, respetuosamente solicitamos una respuesta clara y efectiva que dé explicación a nuestras preocupaciones, señaladas en el presente escrito.


Con nuestra tradicional afirmación de Vida y Alegría, Esperanza y Libertad,



José Santos Caicedo
Equipo de Coordinación Nacional            
PCN
Astolfo Aramburo Rivas
Equipo de Coordinación Nacional
PCN


Carlos Alfonso Rosero
Equipo de Coordinación Nacional
PCN



Calle 23 No. 5-85, Teléfono 2821375, Bogotá.  Email: pcnkol.bogota@renacientes.net www.renacientes.org


27 de agosto de 2012

Despojo de tierras en Vallecito (Colón, Honduras)


Desde el día de ayer se  la ha comunicado a  diversas instancias del actual administración gubernamental, sobre el asedio y amenazas que se ciernen sobre representantes de las comunidades garífunas, que esperan acompañar el proceso de remedición, de las empresas asociativas de Vallecito.

En el corredor entre Trujillo y la Moskitia  existen numerosas bandas asociadas con el crimen organizado, las que responden a los intereses de empresarios, palmeros  y narco políticos. La zona posee un alto índice de asesinatos que no suelen ser  judicializados.

Hacemos un nuevo llamado a las "Autoridades" para que se proteja a los garífuna en Vallecito de forma adecuada, y así se puedad evitar una posible masacre a manos de aquellas bandas de sicarios que pretenden amedrentar a nuestro pueblo.

OFRANEH
__________________________________________


 Bajo el constante traqueteo de fusiles automáticos, pasaron la noche los garinagus que se encuentran en Vallecito, acompañando el proceso de remedición de las tierras  adjudicadas por el INA en el año de 1997 a seis empresas asociativas.



Como es de conocimiento publico, el corredor Trujillo - Moskitia desde hace más de una década se encuentra en manos del crimen organizado, sin que ninguna de las administraciones gubernamentales hayan asumido   el control de la zona, recayendo éste en varios señores feudales y sus bandas de sicarios.

El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) se comprometió desde el año de julio 2010, a remedir las seis empresas asociativas, las que han sido apropiadas por foráneos en un 70%. Para la década de los años 90, Miguel Facussé se apoderó de Punta Farallones, paraje que pertenece a la comunidad garífuna de Limón y posteriormente el palmero de la muerte sembró 100 hectáreas de palma africana dentro del territorio de la empresa Ruguma, situación que tras un litigio jurídico  recibió un fallo de la Corte Suprema  que ratificó la posesión de los garífunas sobre esas tierras.

Exigimos de inmediato la presencia de los funcionarios del INA, y Ministerio de Seguridad para que frenen la intimidación y asedio a la presencia garífuna en Vallecito,  ya que se encuentra en juego la seguridad territorial de ese lugar y  las de las restantes comunidades garífunas que se ven afectadas por el estado fallido existente en Honduras.

OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Calle 19, #130. 
Barrio Alvarado
La Ceiba, Atlantida,
Honduras
telefax: 504-24432492
email:garifuna@ofraneh.org/
ofraneh@yahoo.com


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DENUNCIA URGENTE (en ingles abajo) Paramilitares armados hasta los dientes asedian a comunidades Garífunas y podrían perpetrar una masacre.

LLAMADO DE ACCIÓN URGENTE

Seis cooperativas  Garífunas que han recuperado sus tierras,  mismas que poseen títulos en dominio pleno a su favor en la comunidad de ICOTEA, Vallecito, Colón y que han sido invadidas por ladinos terratenientes asesorados por Miguel Facusse, con la complicidad de Cesar Ham, ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), viven en este momento el asedio de paramilitares que se movilizan en motocicletas y vehículos 4x4 con armamento de guerra y que podrían masacrar a los pacíficos habitantes Garífunas que resisten al despojo de sus territorios ancestrales titulados a su favor, en dominio pleno

Urgimos a la comunidad nacional e internacional y en particular a los organismos defensores de los derechos  humanos a pronunciarse enviando mensajes al Estado de Honduras,  para detener lo que podría ser un nuevo baño de sangre. Solicitamos a los medios de comunicación nacionales e internacionales su colaboración para difundir esta noticia urgente.

Responsabilizamos al régimen terrateniente y militar dirigido por Porfirio Lobo Sosa de lo que ocurra al pueblo Garífuna organizado en OFRANEH 


Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH.


Para enviar sus mensajes dirigirse a:


-Presidente de Honduras, Sr. Porfirio Lobo Sosa:   pepe@pepelobopresidente.com
-Ministro de las Etnias, Sr. Luis Green: luisgreen65@yahoo.es
-Fiscalía General de la Republica, Sr. Luis Alberto Rubí: lrubi@mp.hn,  gsuazog@mp.hn
-Ministro del Instituto Nacional Agrario, Sr. Cesar Ham: cham@ina.hnhrodriguez@ina.hn  
-Ministra de Justicia y Derechos Humanos,  Sra. Ana Pineda:  info@sjdh.gob.hn,  i.quintanilla@sjth.gob.hn
-Presidente de la Corte Suprema, Sr. Jorge Rivera Avilés: presidencia@poderjudicial.gob.hn

URGENT ALERT in Solidarity with Garifunas gathered in Vallecito, Honduras!
Paramilitary groups armed to the teeth threaten Garifuna communities and could perpetuate a massacre.
CALL FOR URGENT ACTION!
Six Garifuna cooperatives that have recovered lands, such that they possess titles of full dominion in the community of ICOTEA, Vallecito, Colon department, (Honduras) lands that have been invaded by latinos in collusion with Miguel Facusse,(the largest landholder in Honduras) with the complicity of Cesar Ham, minister of the National Agrarian Institute (INA), are experiencing at this moment the threat of paramilitaries mobilized on motorcycles and 4 x 4 vehicles with heavy weapons of war who could massacre the peaceful Garifuna inhabitants who are resisting the displacement from their ancestral territories of which they have legal ownership title.
We urge the national and international community and in particular organizations that defend human rights to send messages to the Honduran government, to stop what could be a new blood bath.  We ask the national and international media to collaborate in disseminating this urgent news.
We hold the current regime of landlords and military led by Porfirio Lobo Sosa for whatever happens to the Garifuna people organized with OFRANEH.
Black Fraternal Organization of Honduras (Organización Fraternal Negra Hondureña), OFRANEH
Civic Council of Popular Organizations of Honduras (Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras) COPINH
Agricultural Missions, Inc (AMI)
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 Send messages of denunciation of this imminent threat to the following (in English or Spanish):
-Presidente de Honduras, Sr. Porfirio Lobo Sosa:   pepe@pepelobopresidente.com
-Minister of Ethnicities (Ministro de las Etnias), Sr. Luis Green: luisgreen65@yahoo.es
-Attorney General of the Republic (Fiscalía General de la Republica), Sr. Luis Alberto Rubí: lrubi@mp.hn,  gsuazog@mp.hn
-Minister of the National Agrarian Institute (Ministro del Instituto Nacional Agrario), Sr. Cesar Ham: cham@ina.hnhrodriguez@ina.hn
-Minister of Justice and Human Rights (Ministra de Justicia y Derechos Humanos),  Sra. Ana Pineda:  info@sjdh.gob.hn,  i.quintanilla@sjth.gob.hn
-President of the Supreme Court (Presidente de la Corte Suprema), Sr. Jorge Rivera Avilés: presidencia@poderjudicial.gob.hn

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Pueblo Garífuna reocupa  tierras usurpadas en Vallecito (Limón)

El pueblo Garífuna viene sufriendo fuertes presiones territoriales, estas presiones son emprendidas por empresarios, políticos y militares que componen el poder factico de Honduras y,quienes desde hace décadas vienen apoderándose de nuestro territorio ancestral.

A través de 6 Empresas Asociativas los Garifunas logramos la titulacion de 1600 mz de tierras en Vallecito, Limon, Colon, durante el año de 1997. Desde esa fecha comenzaron los invasores a tratar de apoderarse de ese territorio. Miguel Facusse sembró 100 hectáreas de palma africana en la Empresa Ruguma, una de las seis empresas asociativas. Para finales del 1999, la Corte suprema emitió un dictamen a favor de los Garífunas, invalidando las pretensiones del palmero de la muerte. Facusse en el 1993 se apoderó de Punta Farallones, paraje que colinda con Vallecito, y el cual pertenece a la comunidad de Limón.

A partir del año 2005,  personajes asociados al crimen organizado imponen  un régimen de terror en el corredor Limón - Punta Piedras,  obligando a los Garífunas que radicaban en Vallecito a minimizar su presencia y actividades en las tierras pertenecientes a las empresas. Posteriormente aparecen foráneos que se adjudican la propiedad de 900 hectáreas de las 1600 reconocidas por el INA al pueblo Garífuna

En julio del 2010, la OFRANEH firmó un acta de compromiso con funcionarios  del INA para lograr la remedición de las empresas asociativas. Sin embargo los invasores negaron la entrada a miembros del INA y del Ministerio Público.

La supuesta instalación de la Ciudad modelo en la franja entre la Bahía de Trujillo y el río Sico, ha suscitado un recrudecimiento de las presiones territoriales sobre las comunidades Garífunas; la Administración Lobo no ha consultado al pueblo Garífuna sobre sus pretensiones de entregar nuestro territorio a inversionistas y compañías extranjeras, para la creación de un estado independiente. 

Vallecito es para nuestro pueblo una reserva territorial para cimentar la seguridad alimentaria. De ahí la importancia de lograr recuperar el territorio de las empresas asociativas, donde hemos soñado ademas construir en un Futuro la Universidad Garífuna
El dia de Hoy, centenares de Garifunas procedentes de las diferentes comunidades, convocados por Iseri Lidawamari y la OFRANEH, hacemos precencia en Vallecito, Limon, para reocupar el territorio que historicamente nos ha pertenecido y legalmente titulado por el INA a favor del pueblo Garifuna, a traves de  Empresas Asociativas; Empresa Ruguma, Saway, Saway Sufritiñu, Walumugu, Satuye, Sinduru Free.

¡¡¡¡Urgimos de solidaridad, tanto nacional como internacional¡¡¡¡
No buscamos violencia, no queremos represión
Luchamos por la Vida, por la Soberania Alimentaria, Por nuestra Identidad Cultural, Por la Soberania Nacional




Baruada, Satuye, Bandiemu, Walumugu, Lombardo Lacayo, presentes en esta lucha.

Vallecito, Limon, Colon, 26 de Agosto del 2012



OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña 

18 de mayo de 2012

'Severá', documental 10 años de la masacre de Bojayá


Lanzan documental sobre lo que pasó durante una década en esta población.

No es otro documental sobre la masacre de Bojayá. De hecho, son muy pocas las imágenes de aquella fecha en que murieron 79 personas al refugiarse en la iglesia del pueblo, mientras arreciaban combates entre las Farc y los paramilitares. 

Severá  es más bien una mirada en profundidad al duelo que sus pobladores no han podido hacer y un seguimiento exhaustivo por lo que ha pasado en los últimos diez años después de la masacre cuando todos -Estado y medios de comunicación- se fueron. 

"Es la búsqueda sobre cómo se modificó la vida cotidiana de los pobladores de Bojayá y el Medio Atrato por el conflicto, así como la del padre Antún Ramos, el sacerdote que ayudó a la comunidad y que rompió sus votos de silencio para contar su duelo en el documental", cuenta Silvia María Hoyos, quien junto al fotógrafo Adrián Franco dedicó una década de su vida a seguir los pasos de esta historia que "sigue sin final".

Contada con una estructura cronológica que aborda la masacre (en blanco y negro), el retorno que intentaron sus pobladores meses después, la espera por la reubicación y la construcción del nuevo pueblo, tiene como hilo conductor a Antún, cuyo nombre en africano revela lo que significó para Bojayá: árbol grande y fuerte. 

Muestra su trabajo en la comunidad, su posterior viaje a Roma, donde se graduó como periodista, su regreso reciente a Bojayá y su silencio que rompió para revelar que su madre murió días antes de la masacre o cómo él vivió el momento en que la pipeta artesanal lanzada por las Farc acabó con la vida de 44 niños en la iglesia.

Pero también aborda las ausencias de los pobladores que van más allá de los muertos: la historia de una mujer de 96 años, que, tras la masacre, lo que más añoraba era su río; la de una niña que después de desplazarse y retornar no encontró sus cuadernos, o la de una mujer que, en el nuevo pueblo, no ha podido sembrar su árbol de limones.

"Queríamos hablar de la vulneración de esos derechos profundos o dolores internos que hicieron que se modificara su cultura", asegura Hoyos, codirectora de esta producción que costó 600 millones de pesos.

Severá  ya fue estrenado en Medellín y próximamente será emitido por canales nacionales, además de concursar en festivales internacionales.

Fuente: http://bogota.vive.in/cine/bogota/articulos_cine/mayo2012/ARTICULO

21 de abril de 2012

Ley de víctimas y esperanzas



Los asesinatos de reclamantes, la tramitología, la falta de personal idóneo para atender los procesos y el desconocimiento, son varios de los inconvenientes que enfrenta la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia.

A cuatro meses de su aplicación, la ley 1448 de 2011 continúa siendo la esperanza de una reparación integral para miles de colombianos afectados por la violencia, pero algunas víctimas aún no se sienten acogidas por la iniciativa.

Esa es la situación de Luz Elena Ibarra, desplazada por los paramilitares del corregimiento Belén de Bajirá, del municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño. Desde hace 10 años esta mujer busca que el Estado le reconozca su condición, pero los trámites y las pruebas exigidas dificultan esa decisión.

Para ella el panorama no cambia mucho con esta ley, porque siente que las trabas para inscribirse en el Registro Único de Víctimas son las mismas.

Algo similar plantea Gerardo Vega Medina, director de la Corporación Forjando Futuros, quien afirma que: “los decretos reglamentarios, que se han expedido después de la ley, ponen mecanismos restrictivos y crean muchos procedimientos, haciendo que la norma se vuelva inocua”.

Según Vega Medina, eso ocurre con los formularios para el registro de víctimas, que antes se conseguían hasta en Internet y ahora sólo se obtienen en las Defensorías, las Personerías y las Procuradurías.

A esto se suma que para la Procuraduría General de la Nación, el documento es complejo de diligenciar, pide información irrelevante en algunos casos y contiene definiciones jurídicamente inexactas.

Aunque la tramitología es uno de los primeros inconvenientes que encuentran las víctimas, el problema principal es la seguridad. Para Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el reto es garantizar la protección de los reclamantes para avanzar en la restitución de sus derechos y bienes.

“El hecho de que vayan 17 víctimas asesinadas quiere decir que faltan más acciones del Estado. Pero también falta combatir la impunidad de quienes cometieron esos crímenes”, afirmó Diego Herrera, quien reconoció que hay voluntad del Gobierno para buscar solución a esas situaciones.

La mejor Ley podría convertirse en la peor. La clave es su ejecución.

Gerardo Vega piensa que el reto para la sociedad y el Gobierno es aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Es una muy buena ley pero podría convertirse en la peor si no se aplica, porque sería una frustración para la sociedad y causaría más desesperanza”.

Por eso afirma que se requiere “una política sostenible de seguridad para poder desvertebrar los aparatos de poder criminal que tratan de impedir la restitución en las principales regiones de despojo, como Los Montes de María, el sur de los Llanos Orientales, El Catatumbo, parte del Tolima, el Oriente Antioqueño, Urabá, el sur de Córdoba y el sur de Chocó.”

A parte de la seguridad, con la ejecución de la Ley de Víctimas, la Justicia tendrá que resolver miles de procesos judiciales y aún no hay suficientes funcionarios para hacerlo.

Durante los primeros tres meses de aplicación, las unidades de restitución regional recibieron más de 10 mil solicitudes, según el informe que le entregó la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia a la comisión de seguimiento de la Ley de Víctimas.

En ese primer balance, publicado en el periódico El Espectador, el senador liberal Juan Fernando Cristo, presidente de la comisión de seguimiento, sostiene que: “se está haciendo un trabajo serio y organizado. Sin olvidar que obviamente hay dificultades en materia de selección y capacitación del personal, de capacitación de jueces y magistrados en una materia totalmente nueva como es la justicia transicional en Colombia” (tomado de: El Espectador, 11abr2012)

Un inconveniente adicional es el desconocimiento de la ley por parte de las víctimas. En esa labor las asociaciones y los medios de comunicación deben jugar un papel fundamental, ayudando a la difusión de la norma y de los procedimientos que deben realizar las personas para acceder a sus derechos.

Los expertos coinciden en que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llegó en buen momento y tiene buen ambiente para su ejecución, pero para impulsarla es necesario corregir los tropiezos, promover su aplicación desde los entes territoriales y, fundamentalmente, partir del principio de la buena fe con las víctimas.

Fuente: http://mesanacionaldevictimas.blogspot.com.br/2012/04/la-ley-de-victimas

8 de abril de 2012

Más víctimas por restitución de tierras

 

Urabá antioqueño es la zona más 'roja' para líderes de la restitución.  Doce homicidios de líderes de tierras se han registrado en este sector.

La muerte de Manuel Ruiz, el pasado 23 de marzo, junto con su hijo de 15 años en la cuenca de Curvaradó (Chocó) engrosó el registro de la fundación antioqueña Forjando Futuros, que da cuenta de 43 líderes de restitución de tierras asesinados en el país desde el 2002 a marzo de este año. El mayor número de casos lo encabeza Antioquia, con 16 -de los cuales 12 han ocurrido en el Urabá-, seguido por el Valle, con 8, y Córdoba, con 5.

Sin embargo, la Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento (Codhes) maneja una cifra, sin discriminación por regiones, que supera el medio centenar.

Lo que encendió las alarmas es que de los 7 asesinatos ocurridos el año pasado en contra de reclamantes de tierras, 4 se dieron en Antioquia. Según la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, este hecho demuestra que el Gobierno Nacional no ha aplicado las medidas necesarias para proteger la integridad de las comunidades reclamantes. "Hay un incumplimiento del Estado a las órdenes de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para garantizar la protección de los reclamantes de tierras", dijo el padre Alberto Franco, representante legal de la Comisión.

Franco agregó que una de las dificultades que impiden el desarrollo del proceso de restitución de tierras es que el Gobierno aun no ha sacado a los invasores de esas zonas y "las estructuras criminales los siguen protegiéndo".

"Solo en el Urabá hay 45 líderes de restitución de tierras que han sido amenazados", reveló el padre. Y para Gerardo Vega, director de Forjando Futuros, las cifras comprueban que Antioquia no ha superado ni derrotado el poder paramilitar que nació en el Urabá hacia 1995.

"No en vano, según cifras oficiales, fue aquí es donde más tierra despojaron los grupos armados, con 420 mil hectáreas. Nosotros pensamos que son más", explicó Vega.

Al tema de homicidios se le suma el del desplazamiento, otro renglón que lidera Antioquia. Según un informe de Codhes, en el 2011 hubo en la región un total de 34.334 desplazados, seguido por Nariño, con 9.601 casos.

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, reconoce los problemas de seguridad para reclamantes de tierras. "Tenemos claro que es uno de nuestros grandes retos y trabajaremos para superarlo", dijo.

Manuel Ruíz, la víctima más reciente

Manuel Ruiz había sido nombrado en agosto del 2011 líder adulto mayor, y su obligación era reconocer a los verdaderos propietarios de los predios y denunciar a los invasores. Ese trabajo le representó problemas desde el principio. En tan solo siete meses fue amenazado -junto a 45 líderes de la zona- en tres ocasiones por grupos paramilitares.

"Yo le decía -recordó Trinidad Gallo, su esposa- que eso era muy peligroso, pero él me tranquilizaba, asegurándome que lo que yo escuchaba por ahí eran rumores. Es más, solo hasta después de su muerte (fue asesinado junto con un hijo de 15 años) me enteré de que estaba amenazado y que había pedido protección al Gobierno".

James Ruiz, hijo del líder, señaló que su padre fue engañado a través de mensajes de texto y de llamadas para que saliera de su finca hacia Mutatá, comunicaciones que, según las autoridades, se hicieron desde la cárcel La Picota, en Bogotá.

Su asesinato ocurrió un día antes de que liderara una inspección oficial en el área conocida como Los Piscingos, ocupada por empresarios desde 1996 luego de operaciones paramilitares. Su famlia pide apoyo al Gobierno.

Minagricultua celebra fallo condena contra 'bacrim'

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, celebró este viernes, la condena contra un miembro de la banda 'Los Paisas', por el asesinato de Rogelio Martínez, un campesino que reclamaba la devolución de la finca La Alemania, en San Onofre, Sucre. "Hay que celebrar los primeros fallos contra los asesinos de reclamantes de tierras", dijo el Ministro a través de Twitter. Este es el primer fallo contra las 'bacrim' por este tipo de hechos. En enero ya se había condenado a una medio hermana de los Castaño, fundadores de las AUC, por el asesinato de Yolanda Izquierdo, perpetrado el 31 de enero de 2007.

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/

 

7 de abril de 2012

Primera condena por asesinato de lider de tierras

 

Abril 6 de 2012

Tribunal Superior de Bogotá encontró a 'Los Paisas' culpables del asesinato de Rogelio Martínez.

La justicia colombiana acaba de dictar la primera condena contra miembros de una banda criminal por el crimen de uno de los cerca de 60 líderes de tierras asesinados desde el 2007.

Rogelio Martínez era un antiguo desplazado de los 'paras' de Sucre que estaba reclamando la devolución de la finca La Alemania, en el municipio de San Onofre. Lo mataron en mayo del 2010, y el Tribunal Superior de Bogotá acaba de determinar que detrás del crimen estuvieron 'Los Paisas', una de las nuevas bandas criminales.

A finales de los 90, la finca de 556 hectáreas fue ocupada por el jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias 'Cadena', a sangre y fuego. Las Auc asesinaron a tres dirigentes de la comunidad y a otros 12 campesinos y desplazaron a centenares de familias, entre ellas la de Martínez. En el 2005, acompañados por la Infantería de Marina, muchos de los desplazados empezaron el retorno, aprovechando la desmovilización paramilitar.

Martínez inició la batalla legal para recuperar las tierras, y la sentencia dice que "por tal razón se convirtió en blanco de amenazas y persecución por parte del grupo armado ilegal Autodefensas, que después de la aparente desmovilización se subdividió y cambió su nombre por el de banda criminal, para el caso, 'Los Paisas'". El Tribunal condenó al desmovilizado Mario de Ávila Díaz, quien inicialmente había sido absuelto por un juez.

'Exparas' en bandas

Martínez tenía medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero cuando lo mataron iba sin escolta, en un mototaxi. La Policía, que grabó más de mil horas de conversaciones entre miembros de 'Los Paisas', descubrió que otro ex-Auc, Manuel de Jesús Torres, alias 'Happy', jefe de 'Los Paisas', ordenó el crimen. En esas grabaciones aparecen 35 referencias al asesinato, en el que alias 'Mario' fue un apoyo logístico.

En las conversaciones quedó registrada la preocupación de los sicarios por la pérdida de un silenciador, que fue hallado junto al cuerpo en el levantamiento del cuerpo.

Fiscalía y Policía documentaron cómo las amenazas contra Martínez se intensificaron en el 2008, cuando los 'exparas' le advirtieron que no siguiera con la reclamación de la finca ni con las denuncias de fosas comunes en el predio, de personas asesinadas por las Autodefensas.

El Tribunal de Bogotá ordenó la captura de 'Mario' y la vinculación al proceso de los demás integrantes de 'Los Paisas' en Sucre. Otros ex-Auc también fueron encontrados culpables en el otro crimen de líderes de tierras esclarecido, el de Yolanda Izquierdo. A ella la mataron en el 2007 por reclamar tierras robadas por la familia de Carlos Castaño, asesinado jefe máximo de las Autodefensas.

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/