"Más efectividad, menos propaganda": obispo de Apartadó

El miércoles 28 de marzo se confirmó el asesinato del líder de restitución de tierras de Curvaradó, Chocó, Manuel Ruiz y de su hijo de tan sólo 15 años.  Ambos desaparecieron el 23 de marzo y la semana pasada fueron hallados sus cuerpos. El líder comunitario había pedido protección por amenazas atribuidas al reclamo de tierras despojadas por la banda de las "Águilas Negras".

El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, afirmó, por su parte, que el conflicto armado cambió en la región: la extorsión ha aumentado y el microtráfico creció en las zonas urbanas.

En un Consejo de Seguridad en Apartadó, que incluyó a los alcaldes de la región y a los gremios bananeros, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, se comprometió este viernes a aumentar las investigaciones que permitan garantizar la tranquilidad en la región de Urabá.

Para nadie es un misterio que Urabá y Chocó han estado sitiados por las bandas.  Los Urabeños, por ejemplo, impusieron el 4 de enero pasado un paro armado, después de que la Policía acabara con alias "Giovanni", jefe de esta banda criminal.  Ya van 17 líderes muertos en sólo 15 meses.  Cinco de ellos eran de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, a pesar de que la Corte Interamericana les concedió medidas de protección especiales.

El obispo de Apartadó, Luis Adriano Piedrahíta, llamó a las autoridades y al Gobierno a garantizar la seguridad de las comunidades del Bajo Atrato chocoano, la vida de líderes de desplazados y el proceso de restitución de tierras, luego de los recientes hechos de violencia.

En el comunicado, elaborado por el prelado, el presbiterio y los equipos misioneros de la Diócesis, se expresa el rechazo al asesinato del líder campesino de la comunidad de Curvaradó y de su hijo, sólo por aspirar, de forma legítima, a permanecer en su propia tierra y en la construcción de sus proyectos de vida.  Advierte que los grupos armados amenazan la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras: los frentes 57 y 34 de las Farc decretaron un paro armado y asesinaron a Luz Marina Córdoba Martínez en el corregimiento de Bocas de Tamboral, además de un ataque con cilindros bomba a un barco de la Infantería de la Marina en Domingodó y combates con el Ejército en la cuenca del Salaquí.

El comunicado pide al Gobierno acciones efectivas a la hora de proteger a las comunidades. "Es hora de pasar de la propaganda a las medidas eficaces que haga justicia con estas poblaciones que históricamente sufren por el abandono estatal, sumidas en la pobreza y bajo el despotismo y crueldad de actores ilegales", señala.

Ver el comunicado completo.


Fuentes: El Colombiano: Conflicto Armado (MinDefensa) (Obispo) - El Tiempo - Justicia

Comunicado a la opinión pública sobre los últimos acontecimientos en el Bajo Atrato chocoano

 

El señor obispo de la Diócesis de Apartadó, el presbiterio y los equipos misioneros de las parroquias de la Diócesis expresan su solidaridad y respaldo a las comunidades del bajo Atrato del Departamento del Chocó, que adelantan el proceso de devolución de las tierras que les fueron usurpadas por los grupos ilegales y poseedores de mala fe. Además hacemos público el rechazo por el asesinato del señor Manuel Ruiz, líder campesino comprometido en la defensa de la tierra de su comunidad y de su hijo de 15 años, cometido por criminales que atentan contra este importante proceso de reparación de las víctimas en su legítima aspiración a permanecer en su propia tierra y en la construcción de sus proyectos de vida.

Recientes acontecimientos como el paro armado decretado por los frentes 57 y 34 de la guerrilla de las FARC-EP, el asesinato de la señora Luz Marina Córdoba Martínez en el corregimiento de Bocas de Tamboral por miembros del frente 57, el ataque con cilindros bomba al barco de la infantería de la Marina, ubicada en Domingodó, los enfrentamientos con el ejercito en la cuenca del Salaquí, las amenazas y la inseguridad crean un ambiente hostil que no favorece en nada el proceso de devolución de tierra a sus legítimos dueños y llena de zozobra y desestabiliza los esfuerzos de las comunidades que quieren vivir y trabajar en paz. La situación de vulneración de los derechos fundamentales coloca a los habitantes en alto riesgo de nuevos desplazamientos forzados, con las terribles consecuencias que por experiencias no lejanas todos conocemos.

El gobierno nacional que adelanta el proyecto de reparación de las víctimas y la restitución de tierras debe resolver el tema de seguridad para los campesinos y garantizar todos los demás derechos ciudadanos, tarea fundamental de su competencia institucional. Es hora de pasar de la propaganda a las medidas eficaces que haga justicia con estas poblaciones que históricamente sufren por el abandono estatal, sumidas en la pobreza y bajo el despotismo y crueldad de los actores ilegales.

Hacemos un vehemente llamado al gobierno Colombiano para que implemente todas las medidas necesarias que protejan efectivamente a quienes generosamente exponen sus vida y se comprometen de lleno en sacar adelante las propuestas del gobierno y la aplicación de sus leyes.

Nuestros sentimientos de condolencias par las familias de estos amigos, Don Manuel y su hijo, y para todas los demás familias de tantos ciudadanos nobles, que han caído víctimas de los enemigos de la paz. Los animamos con la Palabra de Dios que en este tiempo de cuaresma nos llama a volver a El con un corazón nuevo, como preparación a la pascua que se acerca. Que sea para todos una verdadera pascua de resurrección, avivando nuestra fe en el Señor Jesús que ha venido a traernos vida y una vida en abundancia.

Apartadó, marzo 31 de 2012

+ Luis Adriano Piedrahita Sandoval

Obispo de Apartadó

Comunicado público de la Diócesis de Tumaco sobre la situación de la costa pacífica nariñense

Ante la comunidad nacional e internacional hacemos pública la denuncia de los últimos acontecimientos de la costa pacífica nariñense que siguen afectando gravemente la tranquilidad de toda la población de esta región:

1.- Una masacre anunciada

Con mucho dolor nos enteramos de la masacre ocurrida el 26 de agosto en el resguardo indígena Awá el Gran Rosario, Municipio de Tumaco, donde fueron asesinados doce indígenas, entre ellos 5 niños.

Según las últimas informaciones fue una masacre anunciada. El defensor del Pueblo de Nariño afirmó en Consejo de Seguridad que habían emitido una Alerta Temprana sobre este caso, por cuanto una de las víctimas había denunciado ante la Fiscalía al Ejército Nacional como culpable del homicidio de su esposo, ocurrido el 23 de mayo pasado, del cual ella era testigo y por eso había recibido amenazas.

Este hecho de barbarie, donde ni siquiera se respetó la vida de un bebé de ocho meses, ha demostrado la incapacidad de la fuerza pública de proteger a la población civil. A pesar del aumento del pie de fuerza, aumentan las víctimas y la inseguridad, lo que genera una gran desconfianza de la población hacia quienes deben protegerla.

Lastimosamente lo anterior no es la única situación de grave violación a los DD.HH. y DIH. El mismo día 27 agosto cuando llevaron a los 12 indígenas Awá asesinados a la morgue de Tumaco, ya había en ésta ocho cadáveres traídos del corregimiento de Llorente, entre ellos una niña menor de edad, asesinados en días anteriores.

2. Ponemos en conocimiento también los siguientes casos que deterioran la situación en la costa pacífica nariñense:

Los asesinatos siguen sucediendo diariamente. Según datos de Medicina Legal, de enero a junio se cometieron 173 homicidios en el Municipio de Tumaco, pero otros datos confiables hablan de más de 260 homicidios.

En el mismo Municipio de Tumaco se habla de fosas comunes en el río Chagüí, Candelilla de la Mar, la Guayacana y otras en la zona de frontera con Ecuador. El fin de semana del 22/23 de agosto llegaron a la morgue de Tumaco 7 cadáveres procedentes de unas fosas comunes de la Guayacana, presuntamente asesinados hace tres o cuatro meses.

Además de los asesinatos hay 50 denuncias de desapariciones forzadas sólo en Tumaco, según datos oficiales ofrecidos a través de las emisoras locales.

En lo que va corrido del año, en la costa pacífica nariñense se han presentado diez (10) desplazamientos masivos. Entre ellos en el mes de junio se desplazaron forzosamente 517 personas al casco urbano de Tumaco de las veredas de Chilvicito, Pindales y Kilómetro 28. Entre finales de julio y el mes de agosto en los Municipios de Magüí 200 personas, El Charco unas 700 personas y en Mosquera 162 personas.

En este momento conocemos ocho comunidades confinadas en el Municipio de El Charco.

Hay 62 educadores entre ellos varios rectores amenazados, de los cuales 14 han salido de la región. Lo mismo sucede con líderes de Consejos Comunitarios y de población desplazada, que han tenido que huir de su territorio, debilitando los procesos organizativos y de conciencia social.

A pesar de las denuncias es preocupante el aumento del reclutamiento de jóvenes menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.

Sigue creciendo la presencia de los grupos armados en los barrios, las veredas y cabeceras municipales de los municipios de la Costa Pacífica nariñense, sometiendo a la población a todos los niveles de arbitrariedades de estos grupos.

Nos preocupa sobre manera la degradación del conflicto: el irrespeto a la vida de los niños, jóvenes y mujeres y en muchos casos en estado de embarazo. En los últimos dos meses tenemos conocimiento oficialmente del asesinato, a veces bajo tortura y sevicia, de nueve menores de edad, entre ellas de tres niñas.

3. Todo lo anterior evidencia una vez más la grave crisis de seguridad por la que están pasando las comunidades de la costa pacífica nariñense, especialmente las comunidades afro e indígenas, que cada vez ven más amenazado su territorio y su proyecto de vida.

Ante este panorama violento reiteramos en nombre de Dios a los diferentes actores armados que respeten la vida de toda persona. Y a las autoridades les exhortamos que cumplan su mandato constitucional y a través de hechos concretos en defensa de la población demuestren que se puede confiar en ellos.

Reiteramos a los medios de comunicación social que no oculten la catástrofe humanitaria que está sucediendo en esta región y la visibilicen.

Apoyamos la reiterada solicitud de las organizaciones indígenas de un acompañamiento permanente de la Comunidad Internacional en esta región, que haga seguimiento a los procesos de investigación de las masacres ocurridas y permita a la vez menguar la situación de violencia que vivimos en relación a la violación de todos los Derechos.

No me preocupa el grito de los violentos, ni de los corruptos...

Lo que más me preocupa es el silencio y la 'falsa calma' de los buenos.

Martin Luther King

Diócesis de Tumaco, 28 de agosto de 2009