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18 de julio de 2013

Análisis: Trayvon Martin y el racismo en las cortes de EE.UU.

Imagen: Werthmedia/Flickr
El caso de Trayvon Martin, el joven afroamericano muerto de un balazo en el pecho por un vigilante de barrio en una pequeña ciudad del centro de Florida, ha generado olas de protesta en todo el país, un millón y medio de firmas y gran actividad en medios sociales.

Tan sólo en Los Ángeles se realizó una protesta este fin de semana y se prepara una marcha para este lunes por la tarde en el Centro de Los Angeles, en la que se convoca a los participantes a usar suéteres con capucha, como el que llevaba puesto el joven Martin el 26 de Febrero, día en que fue baleado por George Zimmerman.

Hasta el Presidente Barack Obama reflexionó el viernes pasado sobre el suceso, indicando que si él mismo tuviera un hijo, "se parecería a Trayvon".

¿Qué hace que este caso haya tocado la fibra de tantas personas en todo el país?

Hay diferentes elementos que hacen que el caso Martin Trayvon sea tan llamativo y movilizador, apuntan diversos observadores.

Quizá el más importante de ellos es el humano: la muerte, a todas luces injustificada, de un joven de 17 años que caminaba por el interior de un complejo de apartamentos donde uno de sus progenitores tiene residencia.

George Zimmerman, quien aparentemente se declara a sí mismo como vigilante de barrio y que después se supo tenía por costumbre llamar constantemente a 911 para reportar actividades para él sospechosas, lo observa, llama a emergencia y luego le dispara, matándolo.

A eso se añade el elemento racial, las extrañas acciones –o falta de acción- de las autoridades locales cuando se presentan en el lugar de los hechos y las tensiones raciales que ya existen en esa región de Florida, y tenemos un caso de resonancia nacional.

"Alguien tomó una vida inocente pero más allá de eso, en la mente de millones de afroamericanos automáticamente surge la historia de los estereotipos que hemos vivido por siglos. La idea de que un joven negro es una amenaza, no importa si hay otras razones para pensarlo", apunta Mark Sawyer, profesor de ciencias políticas y estudios afroamericanos de UCLA.

Sin embargo, quizá el caso no hubiera generado tanta reacción si la policía hubiera actuado de manera diferente. De acuerdo a todas las versiones de prensa, cuando la policía llegó al lugar, Zimmerman alegó que había disparado en defensa propia y no sólo no lo arrestaron, sino que no revisaron sus antecedentes ni le administraron pruebas de alcohol o drogas, lo cual es normal en investigaciones.


Imagen: rippdemup
"Le disparó... porque era negro y llevaba una sudadera con capucha"
"La policía no hizo nada, eso es lo impresionante", apunta Christopher Leibig, un abogado criminalista entrevistado para esta historia. "Si la policía hubiera actuado como debiera, hubieran evaluado las evidencias y consultado con la Fiscalía antes de decidir que no había razón para acusar a Zimmerman".

Pero Zimmerman aún está libre. La policía alegó en un principio que debido a las leyes de Florida sobre defensa propia (la conocida, "Stand your ground law") no podían arrestarlo. El propio jefe de policía de Sanford dijo que "no había evidencias para no creer su versión de que disparó en defensa propia".
Sin embargo, expertos legales opinan diferente.

"Aquí no se está interpretando adecuadamente lo que dice la ley de Florida", apunta Marc McBride, otro abogado criminalista que practica en Los Ángeles. "Según todo lo que sabemos, Zimmerman lo persiguió, desafió las órdenes de no perseguirlo que recibió por teléfono y le disparó un tiro en el pecho, a matar. No puedes crear un homicidio y luego esconderte detrás de una ley".

Pero Zimmerman lo hizo, y en un principio, la policía local le dio la razón. Tras un voto de no confianza por parte del concejo municipal de la ciudad, el jefe de policía de Sanford se retiró temporalmente del puesto. Actualmente el caso está siendo investigado por un Gran Jurado criminal y por el Departamento de Justicia Federal.

"Un policía llega a la escena de un tiroteo donde alguien falleció, alguien que no estaba armado y simplemente toma la palabra del que lo tiroteó, no le revisa los antecedentes, no le hace pruebas. Pronto salen las evidencias de que este hombre llamaba constantemente al 911, sus antecedentes violentos…", apunta Mc Bride. "Nada parece coherente".

El apunte de que Zimmerman aparentemente es mitad latino-de madre peruana-no impresiona demasiado a Randy Jurado, director ejecutivo del Centro de Acción Social y activista comunitario. El padre de Zimmerman escribió una carta a un periódico de Florida indicando que su hijo no era racista y que "se parece más a Martin" que a un joven blanco.

Imagen: Hufftington Post
La imagen de Martin Luther King con capucha
se volvió viral en las redes sociales
"Para mí es absolutamente irrelevante de qué origen étnico o raza es Zimmerman. Hay mucha violencia que ocurre entre minorías. Es obvio que una minoría puede discriminar a otra personas por su raza", dijo Jurado. "Este caso genera muchas preguntas. ¿Cómo podía tener un arma si ya se sabía que era una persona inestable? Por ejemplo".

El trasfondo de tensiones raciales en Florida es otro asunto a considerar.

"Yo he vivido en esa zona y allí siempre hay la sensación de que las tensiones entre la numerosa comunidad afroamericana y los grupos que tienen el poder, mayoritariamente anglos, está a punto de hervir", apuntó David Johnson, un asesor político que ahora vive en Atlanta pero antes lo hizo en la Florida Central por muchos años.

ThinkProgress, por su parte, resaltó los casos en los que se condenó a afrodescendientes en la misma situación de Zimmerman:

  • Marissa Alexander recibió 20 años en prisión por sólo hacer un tiro de advertencia a su esposo que, según ella, pretendía intimidarla.
     
  • John McNeil mató de forma accidental a un joven blanco que invadió su propiedad, recibió cadena perpetua, pero medios y políticos poderosos lograron que se cambiara a libertad condicional después de 6 años en prisión.
     
  • John White intentó defender su propiedad de un grupo de jóvenes blancos y, por desgracia, uno de ellos resultó herido por accidente.  Lo declararon culpable, pero el entonces gobernador de New York le conmutó la pena, luego de 6 meses en la cárcel.
La mayoría de los medios suele ignorar las tensiones raciales entre afrodescendientes e hispanos (Zimmerman es peruano-estadounidense; sólo en Perú parece destacar este detalle).  Los afroestadounidense perciben el racismo solapado de los latinoamericanos y sus descendientes, que no han vivido un lucha por los Derechos Civiles en sus países de origen; mientras, los hispanos se sientes discriminados por su permanente relación con la inmigración ilegal y las nuevas leyes draconianas para impedirla.  Los afrodescendientes latinoamericanos apenas empiezan a ser visibles en la inmensa gama de mezcla racial de los Estados Unidos actuales.


Ver también: Sube el nivel de prejuicio anti minorías en EEUU (protestante digital)


13 de diciembre de 2012

WOLA rechaza de manera categórica el asesinato de líder afrocolombiano



La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) condena fuertemente el asesinato del líder afrocolombiano Miller Angulo Rivera. El Sr. Rivera fue asesinado con arma de fuego el primero de diciembre de 2012 en la ciudad de Tumaco, en la costa pacífica de Colombia. Tenía 33 años de edad y deja una esposa, una hija y un hijo. WOLA expresa sus condolencias más sinceras a la familia del sr. Rivera.

Miembro de la Asociación Nacional de Afrocolombianas Desplazados (AFRODES), el sr. Rivera abogaba por los derechos de los afrocolombianas desplazados y sirvió como secretario técnico de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco. También fue líder activo en el movimiento en defensa de las tierras de las comunidades afrocolombianas. WOLA colaboró con él en sus esfuerzos por defender los derechos de los afrocolombianas desplazados por el conflicto. El asesinato viene después de que había recibido varias amenazas de muerte por parte de dos grupos paramilitares, las Águilas Negras y el Grupo Anti-Restitución de Nariño (GAR).

El asesinato del sr. Rivera, después de haber recibido múltiples amenazas de muerte, destaca que estas amenazas tienen que ser tomadas en serio, hay que investigar sus orígenes y los amenazados necesitan medidas de protección.  El 13 de noviembre, las Águilas Negras circularon una amenaza de muerte listando a AFRODES y a otros grupos e individuos, los copartes más cercanos de WOLA.  Incluyeron a varias organizaciones afrocolombianas regionales y organizaciones de mujeres en las áreas de Chocó, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Se les incluyó en la amenaza del día 13 de noviembre, que WOLA denunció a las autoridades estadounidenses y colombianas; las mismas que aún no han tomado las acciones apropiadas para proteger a las personas que se encuentran en alto riesgo.

WOLA está sumamente preocupada por la seguridad de los líderes y lideresas de AFRODES, y en particular por la seguridad de 22 líderes y lideresas que han pedido medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección y no las han recibido. El Congreso de los EE.UU. ha puesto condicionamientos a la ayuda militar a Colombia.  Afirman que este país tiene que proteger a sus líderes y lideresas afrodescendientes para recibir los fondos. Instamos al Departamento del Estado de los EE.UU. a que comunique a las autoridades colombianas la importancia de asegurar la protección de los líderes amenazados. También llamamos a que se investigue de forma inmediata el asesinato del sr. Rivera y se termine en la captura de los responsables.

En 2010, AFRODES recibió el Premio WOLA de Derechos Humanos por dedicarse durante más de diez años a la defensa de pueblo afro en situación de desplazamiento y confinación.




7 de junio de 2012

Recordando a Ana Fabricia Córdoba a un año de su muerte


 
Ana Fabricia Córdoba
2011 fue un año difícil: mientras se preparaba una Ley de Víctimas para reparar a las más de 5 millones de personas que quedamos perjudicadas en medio del conflicto en Colombia, las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos y líderes de víctimas eran la orden del día.

Ana Fabricia Córdoba y muchos más murieron frente a nuestros ojos y quizás nuestra impotencia de no poder salvarles de la amenazas cumplidas de los enemigos de la paz en Colombia.

Otros nos exiliamos y pagamos el precio alto del destierro , por conservar la vida la integridad y la familia.

Después de un año de la muerte de Ana Fabricia Córdoba, aún no sabemos quién fue el responsable o responsables de este horrible crimen, pero tenemos la esperanza en que su muerte, como la de los demás compañeros, no sean en vano y de ella nazca la vida, la paz la reconciliación, la verdad y la justicia para todas las víctimas del conflicto.

Condené la muerte de Ana Fabricia pero dolió más la indiferencia de nuestros compatriotas colombianos, y del Estado por supuesto, a quienes les decimos no se olviden de nosotros las víctimas del conflicto, la voz viva que clama por LA PAZ DE COLOMBIA.

¡PAZ EN TU TUMBA ANA FABRICIA Y EN LA DE TODOS LOS CAÍDOS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!!!

Claudia Quintero

Fuente: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/iniciativas-de-memo y @GinaEscheback


21 de abril de 2012

Ley de víctimas y esperanzas



Los asesinatos de reclamantes, la tramitología, la falta de personal idóneo para atender los procesos y el desconocimiento, son varios de los inconvenientes que enfrenta la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia.

A cuatro meses de su aplicación, la ley 1448 de 2011 continúa siendo la esperanza de una reparación integral para miles de colombianos afectados por la violencia, pero algunas víctimas aún no se sienten acogidas por la iniciativa.

Esa es la situación de Luz Elena Ibarra, desplazada por los paramilitares del corregimiento Belén de Bajirá, del municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño. Desde hace 10 años esta mujer busca que el Estado le reconozca su condición, pero los trámites y las pruebas exigidas dificultan esa decisión.

Para ella el panorama no cambia mucho con esta ley, porque siente que las trabas para inscribirse en el Registro Único de Víctimas son las mismas.

Algo similar plantea Gerardo Vega Medina, director de la Corporación Forjando Futuros, quien afirma que: “los decretos reglamentarios, que se han expedido después de la ley, ponen mecanismos restrictivos y crean muchos procedimientos, haciendo que la norma se vuelva inocua”.

Según Vega Medina, eso ocurre con los formularios para el registro de víctimas, que antes se conseguían hasta en Internet y ahora sólo se obtienen en las Defensorías, las Personerías y las Procuradurías.

A esto se suma que para la Procuraduría General de la Nación, el documento es complejo de diligenciar, pide información irrelevante en algunos casos y contiene definiciones jurídicamente inexactas.

Aunque la tramitología es uno de los primeros inconvenientes que encuentran las víctimas, el problema principal es la seguridad. Para Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el reto es garantizar la protección de los reclamantes para avanzar en la restitución de sus derechos y bienes.

“El hecho de que vayan 17 víctimas asesinadas quiere decir que faltan más acciones del Estado. Pero también falta combatir la impunidad de quienes cometieron esos crímenes”, afirmó Diego Herrera, quien reconoció que hay voluntad del Gobierno para buscar solución a esas situaciones.

La mejor Ley podría convertirse en la peor. La clave es su ejecución.

Gerardo Vega piensa que el reto para la sociedad y el Gobierno es aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Es una muy buena ley pero podría convertirse en la peor si no se aplica, porque sería una frustración para la sociedad y causaría más desesperanza”.

Por eso afirma que se requiere “una política sostenible de seguridad para poder desvertebrar los aparatos de poder criminal que tratan de impedir la restitución en las principales regiones de despojo, como Los Montes de María, el sur de los Llanos Orientales, El Catatumbo, parte del Tolima, el Oriente Antioqueño, Urabá, el sur de Córdoba y el sur de Chocó.”

A parte de la seguridad, con la ejecución de la Ley de Víctimas, la Justicia tendrá que resolver miles de procesos judiciales y aún no hay suficientes funcionarios para hacerlo.

Durante los primeros tres meses de aplicación, las unidades de restitución regional recibieron más de 10 mil solicitudes, según el informe que le entregó la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia a la comisión de seguimiento de la Ley de Víctimas.

En ese primer balance, publicado en el periódico El Espectador, el senador liberal Juan Fernando Cristo, presidente de la comisión de seguimiento, sostiene que: “se está haciendo un trabajo serio y organizado. Sin olvidar que obviamente hay dificultades en materia de selección y capacitación del personal, de capacitación de jueces y magistrados en una materia totalmente nueva como es la justicia transicional en Colombia” (tomado de: El Espectador, 11abr2012)

Un inconveniente adicional es el desconocimiento de la ley por parte de las víctimas. En esa labor las asociaciones y los medios de comunicación deben jugar un papel fundamental, ayudando a la difusión de la norma y de los procedimientos que deben realizar las personas para acceder a sus derechos.

Los expertos coinciden en que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llegó en buen momento y tiene buen ambiente para su ejecución, pero para impulsarla es necesario corregir los tropiezos, promover su aplicación desde los entes territoriales y, fundamentalmente, partir del principio de la buena fe con las víctimas.

Fuente: http://mesanacionaldevictimas.blogspot.com.br/2012/04/la-ley-de-victimas