En el siguiente artículo se
evidencia cómo los intereses del uribismo con relación al proceso de paz están
enfocados en el despojo de los territorios ancestrales de las comunidades
afrodescendientes. En campaña contra el Plebiscito nos decían que nos iban a
salvar de la dictadura gay, del castrochavismo, del ateismo... pero en realidad lo
que buscan es continuar con su cadena de despojo aprovechándose de la supuesta legitimidad que ganaron engañando a los votantes.
Tomado de El Espectador
Acuerdo, ¿pero cómo?
Desde el 3 de octubre, en Blu
Radio, Juan Lozano persiste en que el No abrió la oportunidad excepcional de
lograr un gran acuerdo nacional alrededor de la paz.
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| Foto. El Espectador |
¿Cómo lograrlo si al Centro
Democrático le obsesiona rechazar, entre otros, el primer punto sobre reforma
rural integral, proponiendo amparar la propiedad de segundos ocupantes de buena
fe? En abril pasado, a esa tesis ya le habían hecho eco el exprocurador Ordóñez
y José Félix Lafaurie, cuando se despacharon contra la ley de restitución de
tierras en San Ángel. Difícil dejar de pensar en las víctimas de comunidades
negras. No solo la administración Uribe Vélez priorizaba la incorporación de
600.000 hectáreas del Afropacífico a la cartografía de la palma aceitera, sino
que en 2007 Fedepalma publicaba que “La vigencia de la Ley 70 (sobre los
derechos de esas comunidades) ha representado para los cultivadores de palma
muchas dificultades para extender sus áreas de cultivo y generar proyectos a
gran escala, bien sea como propietarios particulares o con proyectos
productivos con alianzas”.
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| Foto: Radio Macondo |
Negar los contextos violentos del
despojo ha sido medular para el uribismo. En 2006, así lo hizo Andrés Felipe
Arias cuando era ministro de Agricultura, y le concedió a Hollman Morris una
entrevista a propósito de los desplazados de Jiguamiandó y Curvarádó en el bajo
Atrato. Luego de años de luchas, esas personas por fin habían retornado a sus
territorios colectivos, para hallarlos sembrados de palma aceitera. Como el
respectivo video muestra que hasta los cementerios habían sido profanados,
cavando letrinas sobre las tumbas de los antepasados, Arias pedía ni satanizar
a la palma, ni a los empresarios, quienes habían pasado por los filtros del
Ministerio sin que se hubiera demostrado su mala fe. De esa manera dudaba de
que los territorios en cuestión estuvieran amparados por la Ley 70 de 1993, y
que los agroindustriales hubieran ocasionado daños ecosistémicos irreparables.
Ocho años más tarde, el Juzgado
Quinto Penal del Circuito Especializado de Medellín emitió la sentencia 054
condenando a 18 empresarios de la palma aceitera por desplazamiento forzado,
concierto para delinquir agravado, compra ilegal o invasión de territorios
colectivos de Curvaradó y Jiguamiandó amparados por la Ley 70 de 1993 e
invasión de áreas de especial importancia ecológica. Lo anterior además de la
condena al general Rito Alejo del Rio por su responsabilidad en la operación
Génisie causante en 1997 de los primeros desplazamientos de esa región.
En la actual coyuntura de
incertidumbre, hay que recordar el conejo que los dos gobiernos de Uribe sí le
metieron a las exigencias de justicia, reparación y no repetición contenidas en
la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el desplazamiento forzado de
pueblos étnicos. Hoy la Comisión Étnica exige que no se modifique el capítulo
étnico del acuerdo de paz. Ya hay voces internacionales a favor de esta
exigencia, como la de la Coalición de Sindicalistas Negros de los Estados
Unidos.
*Miembro fundador, Grupo de
Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.
Tomado de: http://www.elespectador.com/opinion/acuerdo
