Militares de EEUU estarían detrás de prostitución de menores en Tumaco

Líderes sociales denuncian que militares de Estados Unidos pagan 50 dólares por sexo con menores del puerto.
Caracol | Octubre 23 de 2013

El puerto de Tumaco, sobre la costa pacífica, está en medio del abandono por parte del Estado, la falta de energía y agua, escasez de alimentos, cierre de más de 1.000 empresas, altos índices de homicidios y desempleo y permanentes atentados terroristas.  Ahora, se les suma la utilización de niñas para actividades sexuales con militares de los Estados Unidos y de Colombia.

Según dirigentes de Derechos Humanos, docentes y habitantes de Tumaco, militares antinarcóticos del Gobierno estadounidense que realizan operaciones de fumigación aérea contra los cultivos de drogas en la costa pacífica nariñense, están pagando hasta cincuenta dólares para tener sexo con menores de edad.

Dichas personas confirmaron que el personal de las fuerzas militares de Estados Unidos que se hospeda en hoteles cinco estrellas, ubicados en la zona turística de la playa del Morro, contratan a las niñas a través de las mafias que ofrecen sus servicios con catálogos.

“Lo más triste es que los mismo militares gringos utilizan a estas niñas. Ellos son los que promueven esto. Totalmente seguro y pregúntele a cualquiera. Las autoridades callan sobre este asunto”.

Otro habitante del puerto de Tumaco aseguró que la prostitución infantil es muy delicada; las niñas, desde los doce a los quince años, se venden a las mismas autoridades policiales y a los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos.

“Si uno va y denuncia se convierte en un problema de seguridad.  Aquí vivimos en el silencio, es más nos da miedo hasta hablar. No vemos que la autoridad municipal se manifieste, parece que le da miedo, por eso preferimos callar”.

Un defensor de Derechos Humanos advirtió que el flagelo de la prostitución infantil en este Municipio de la costa pacífica nariñense crece cada día más porque nadie le para atención a esta problemática.

“En el sector turístico de El Morro particularmente, hay hoteles que hospeda pilotos y militares extranjeros que buscan tener como compañía menores de edad. A ellos no les importa quienes son, solo les interés satisfacer sus apetitos sexuales”.

Estas afirmaciones las corroboró una docente de uno de los dos colegios donde estudian solo niñas; ella agregó que hay casos de niñas que, de un día para otro, aparecen en clase con tres celulares de gama alta, sin ninguna explicación.

“Hay una orden de que no se puede hablar de este tema porque, lamentablemente, hay militares implicados en la prostitución infantil que se registra en Tumaco”, sostuvo la profesora.

Una mujer que protege a la población vulnerable de Tumaco, a su turno, denunció que soldados de la base militar del Municipio de Francisco Pizarro, a quince minutos vía marítima, han drogando y violando menores en esta población.

Pero ahí no para todo. Ante la cantidad de grupos al margen de la Ley que operan en Tumaco, a varios menores las están violando y descuartizando si no acceden a sus pretensiones.

“El último caso se presentó en el sector de El Bajito, una de las playas de Tumaco, con una menor de catorce años; ella fue abusada por cuatro delincuentes que luego la descuartizaron. Vivía en el Nuevo Milenio”, explicó.

fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/militares-de-eeuu-estarian-detras...

 

Más de 20.000 niñas y niños desplazados en 2013

Clic para agrandar la imagen (Publimetro)

La mayoría son afrodescendientes^[*].  Según datos oficiales, el 38% de los más de cinco millones de desplazados colombianos, en los últimos 28 años, han sido menores de edad.

Según un informe realizado gracias a los aportes de Free Press Unlimited, War Child Holland y la Agencia de Comunicaciones Pandi, entre enero y agosto de este año, 21.373 niños han sido víctimas del desplazamiento forzado.

El documento advierte sobre lo alarmante del fenómeno y señala además que en los últimos 28 años más de cinco millones de personas han sido desarraigadas de su hogar por culpa de la violencia en Colombia. De ellas, el 38% han sido menores de edad, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Los datos de esta misma entidad apuntan a que los departamentos que registran mayor nivel de desplazamiento de niños y adolescentes son Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Chocó. “En la dinámica del conflicto, la mayoría de los papás son los que enfrentan la violencia directa.

Muchos hombres se quedan a cuidar la nevera, la estufa, cosas materiales y prefieren arriesgar sus vidas, mientras las mujeres se las arreglan en la ciudad con sus hijos. Es un impacto muy grande”, explica Gabriela Bucher, directora de la Fundación Plan, dedicada a la atención de la niñez en situación vulnerable.

Según Fanny Uribe, asesora técnica de la Fundación Plan, es el Gobierno el encargado de minimizar el impacto del desplazamiento en el desarrollo psicosocial de los niños afectados por el desplazamiento.

“Se tiene que prestar asistencia humanitaria de emergencia desde el momento del registro, el cual consiste en otorgar vestido, vivienda, transporte, alimentación, salud y todo lo que pueda necesitar una familia para sobrevivir”, afirma Uribe.

El auto 251, expedido en 2008 por la Corte Constitucional, es el que contiene las obligaciones del Estado respecto a las acciones a realizar para apoyar y garantizar los derechos de los niños y adolescentes víctimas del desplazamiento.

El informe menciona programas del Departamento para la Prosperidad Social, como Jóvenes en Acción, para resaltar el hecho de que la atención estatal, así como la conciencia de la sociedad, han mejorado respecto a años anteriores; sin embargo, el documento llama la atención respecto a la gran cantidad de menores de edad que sufren con esta tragedia.


Fuente: Publimetro.  Más de 20.000 niños han sido desplazados este año.  Octubre 2 de 2013.

Ver también:

El Mundo.  Acnur alertó sobre situación escolar de niños desplazados en Colombia.  Septiembre 8 de 2013.

El Universo.  Conflicto armado ha dejado 4,7 millones de desplazados en Colombia desde 1997.  Junio 20 de 2013.

^[*] Coordinación Regional del Pacífico.  Discriminación estructural de los afrodescendientes en el Pacífico colombiano.  Quibdó, marzo de 2011.

 

Pensamiento AFRO de la Mesa Nacional de Organizaciones Afro

La Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, Afrodes, y el Movimiento Nacional Cimarrón, tres de las organizaciones afrocolombianas más importantes, integran la Mesa Nacional de Organizaciones Afro ("La Mesa").  Lanzaron, hace poco, su nuevo canal de información conjunto, un logro largamente esperado.

Las tres organizaciones han demostrado que pueden llevar el Movimiento Afrocolombiano a un nivel diferente, con documentos de política bien sustentados, un trabajo de discusión jurídica profundo y una movilización visible.  La Mesa busca literalmente "convertirse en un espacio político de articulación, unidad de acción, interlocución y movilización de las organizaciones sociales nacionales y regionales y de las redes de consejos comunitarios".

Pensamiento AFRO, en su primer número, publicó tres documentos: uno de Danny Ramírez, sobre la violencia contra las mujeres y los feminicidios, otro de Gustavo Adolfo Lugo, sobre cooperación internacional y población afrodescendiente, y por último pero no por menos, uno de Acxán Duque sobre los derechos de las víctimas negras, afro, raizales y palenqueras.

El anhelo es lograr un mejor presente y futuro para la población afrocolombiana y su movimiento organizativo.  ¡Ojalá se logre y con un amplio espectro!

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Preocupación de PCN por informe de Alta Comisionada

Bogotá D. C., Febrero 25 de 2013


Señores
OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS
HUMANOS EN COLOMBIA
Bogotá


Referencia: Preocupación por la no inclusión del tema afrocolombiano en temas estratégicos y en las recomendaciones del informe

El viernes pasado ustedes hicieron el lanzamiento del informe anual que hace esta oficina en Colombia sobre los derechos humanos; observamos con mucha preocupación que en dicho informe no hacen referencia a la sistemática violación de los derechos étnico-territoriales y los derechos humanos de los descendientes de africanos en Colombia, toda vez que es uno de los grupos más vulnerables en este país.  Esta afirmación la comparte la honorable Corte Constitucional cuando, en 2009, se pronuncia por medio del Auto 005, ratificado en numerosas sentencias.  En el reciente Auto 012 de diciembre del 2012 esta Corte le pide al Gobierno explicaciones en relación a las acciones que ha adelantado para proteger los derechos de las comunidades negras del Departamento de Nariño.

Temas como víctimas y restitución de tierras no abordan un enfoque diferencial que dé cuenta de las cruentas y más arbitrarias acciones de violencia y deterioro de derechos de las que son víctimas las comunidades negras; no se resalta en este aparte del informe que la población más afectada por el conflicto, en proporción con el resto de la población, son los pueblos indígenas y afro.

No mencionar al pueblo negro y sus integrantes, en el tema de discriminación frente a la exclusión estructural de las comunidades negras de las decisiones que los afectan y de las acciones de bienestar del Estado, es reducir al mínimo la importancia que tiene la discriminación estructural por motivos de raza y que es factor causa en la situación y estado crítico de los derechos del pueblo afro.

En el campo de los DESC, no relacionar a los pueblos étnicos y la falta de atención y reconocimiento a sus formas alternativas de bienestar social es un riesgo para la protección a la identidad e integridad cultural de estos pueblos.  Esto es especialmente cierto para la comunidad negra, actor de gran vulnerabilidad, por la desprotección de la que es sujeto desde las brechas creadas por la esclavización.

Si bien somos mencionados en el tema de la consulta en la página No. 19 del informe ¡¡se nos invisibiliza en las recomendaciones!!  En el numeral (B), se habla de la consulta y del ejercicio de autoridad sólo de los pueblos indígenas, cuando nuestros territorios afro vienen siendo saqueados y cambiados sus usos tradicionales por la no realización de la consulta previa.  En el numeral (E) de las recomendaciones también nos parece muy crítico y casi inaceptable que se hable sólo de los grupos vulnerables que señaló el gobierno de Uribe y en el que para nada - por intereses privados de ese gobierno - se menciona a los pueblos afrodescendientes.

Las organizaciones nacionales mencionadas por la Corte Constitucional en el Auto 005 de 2009 consideramos que somos parte de los sujetos de derecho por los cuales se declaró ese estado de cosas inconstitucionales en Colombia desde el 2009.  Omitir la realidad de la Comunidad Negra en el informe es ignorar una situación crítica que afecta a más de 6 millones de personas en el país.

El Proceso de Comunidades Negras PCN, como organización defensora de los derechos de las comunidades negras, respetuosamente solicitamos una respuesta clara y efectiva que dé explicación a nuestras preocupaciones, señaladas en el presente escrito.

Con nuestra tradicional afirmación de Vida y Alegría, Esperanza y Libertad,

José Santos Caicedo Equipo de Coordinación Nacional             PCN	Astolfo Aramburo Rivas Equipo de Coordinación Nacional PCN
Carlos Alfonso Rosero Equipo de Coordinación Nacional PCN

Calle 23 No. 5-85, Teléfono 2821375, Bogotá.  Email: pcnkol.bogota@renacientes.net www.renacientes.org

WOLA rechaza de manera categórica el asesinato de líder afrocolombiano

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) condena fuertemente el asesinato del líder afrocolombiano Miller Angulo Rivera. El Sr. Rivera fue asesinado con arma de fuego el primero de diciembre de 2012 en la ciudad de Tumaco, en la costa pacífica de Colombia. Tenía 33 años de edad y deja una esposa, una hija y un hijo. WOLA expresa sus condolencias más sinceras a la familia del sr. Rivera.

Miembro de la Asociación Nacional de Afrocolombianas Desplazados (AFRODES), el sr. Rivera abogaba por los derechos de los afrocolombianas desplazados y sirvió como secretario técnico de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco. También fue líder activo en el movimiento en defensa de las tierras de las comunidades afrocolombianas. WOLA colaboró con él en sus esfuerzos por defender los derechos de los afrocolombianas desplazados por el conflicto. El asesinato viene después de que había recibido varias amenazas de muerte por parte de dos grupos paramilitares, las Águilas Negras y el Grupo Anti-Restitución de Nariño (GAR).

El asesinato del sr. Rivera, después de haber recibido múltiples amenazas de muerte, destaca que estas amenazas tienen que ser tomadas en serio, hay que investigar sus orígenes y los amenazados necesitan medidas de protección.  El 13 de noviembre, las Águilas Negras circularon una amenaza de muerte listando a AFRODES y a otros grupos e individuos, los copartes más cercanos de WOLA.  Incluyeron a varias organizaciones afrocolombianas regionales y organizaciones de mujeres en las áreas de Chocó, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Se les incluyó en la amenaza del día 13 de noviembre, que WOLA denunció a las autoridades estadounidenses y colombianas; las mismas que aún no han tomado las acciones apropiadas para proteger a las personas que se encuentran en alto riesgo.

WOLA está sumamente preocupada por la seguridad de los líderes y lideresas de AFRODES, y en particular por la seguridad de 22 líderes y lideresas que han pedido medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección y no las han recibido. El Congreso de los EE.UU. ha puesto condicionamientos a la ayuda militar a Colombia.  Afirman que este país tiene que proteger a sus líderes y lideresas afrodescendientes para recibir los fondos. Instamos al Departamento del Estado de los EE.UU. a que comunique a las autoridades colombianas la importancia de asegurar la protección de los líderes amenazados. También llamamos a que se investigue de forma inmediata el asesinato del sr. Rivera y se termine en la captura de los responsables.

En 2010, AFRODES recibió el Premio WOLA de Derechos Humanos por dedicarse durante más de diez años a la defensa de pueblo afro en situación de desplazamiento y confinación.

Ver también:

“Asesinado otro líder Afrocolombiano en Tumaco, Nariño” (PDF - Comunicado de AFRODES, 2012)

“Paramilitares colombianos envían amenazas de muerte a grupos de derechos humanos” (Comunicado de WOLA, 2010)

Fuente: http://www.wola.org/es/comentario/rechazamos_de_manera_categorica

Recordando a Ana Fabricia Córdoba a un año de su muerte

 

2011 fue un año difícil: mientras se preparaba una Ley de Víctimas para reparar a las más de 5 millones de personas que quedamos perjudicadas en medio del conflicto en Colombia, las amenazas en contra de los defensores de derechos humanos y líderes de víctimas eran la orden del día.

Ana Fabricia Córdoba y muchos más murieron frente a nuestros ojos y quizás nuestra impotencia de no poder salvarles de la amenazas cumplidas de los enemigos de la paz en Colombia.

Otros nos exiliamos y pagamos el precio alto del destierro , por conservar la vida la integridad y la familia.

Después de un año de la muerte de Ana Fabricia Córdoba, aún no sabemos quién fue el responsable o responsables de este horrible crimen, pero tenemos la esperanza en que su muerte, como la de los demás compañeros, no sean en vano y de ella nazca la vida, la paz la reconciliación, la verdad y la justicia para todas las víctimas del conflicto.

Condené la muerte de Ana Fabricia pero dolió más la indiferencia de nuestros compatriotas colombianos, y del Estado por supuesto, a quienes les decimos no se olviden de nosotros las víctimas del conflicto, la voz viva que clama por LA PAZ DE COLOMBIA.

¡PAZ EN TU TUMBA ANA FABRICIA Y EN LA DE TODOS LOS CAÍDOS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN!!!

Claudia Quintero

Fuente: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/index.php/iniciativas-de-memo y @GinaEscheback

'Severá', documental 10 años de la masacre de Bojayá

Lanzan documental sobre lo que pasó durante una década en esta población.

No es otro documental sobre la masacre de Bojayá. De hecho, son muy pocas las imágenes de aquella fecha en que murieron 79 personas al refugiarse en la iglesia del pueblo, mientras arreciaban combates entre las Farc y los paramilitares. 

Severá  es más bien una mirada en profundidad al duelo que sus pobladores no han podido hacer y un seguimiento exhaustivo por lo que ha pasado en los últimos diez años después de la masacre cuando todos -Estado y medios de comunicación- se fueron. 

"Es la búsqueda sobre cómo se modificó la vida cotidiana de los pobladores de Bojayá y el Medio Atrato por el conflicto, así como la del padre Antún Ramos, el sacerdote que ayudó a la comunidad y que rompió sus votos de silencio para contar su duelo en el documental", cuenta Silvia María Hoyos, quien junto al fotógrafo Adrián Franco dedicó una década de su vida a seguir los pasos de esta historia que "sigue sin final".

Contada con una estructura cronológica que aborda la masacre (en blanco y negro), el retorno que intentaron sus pobladores meses después, la espera por la reubicación y la construcción del nuevo pueblo, tiene como hilo conductor a Antún, cuyo nombre en africano revela lo que significó para Bojayá: árbol grande y fuerte. 

Muestra su trabajo en la comunidad, su posterior viaje a Roma, donde se graduó como periodista, su regreso reciente a Bojayá y su silencio que rompió para revelar que su madre murió días antes de la masacre o cómo él vivió el momento en que la pipeta artesanal lanzada por las Farc acabó con la vida de 44 niños en la iglesia.

Pero también aborda las ausencias de los pobladores que van más allá de los muertos: la historia de una mujer de 96 años, que, tras la masacre, lo que más añoraba era su río; la de una niña que después de desplazarse y retornar no encontró sus cuadernos, o la de una mujer que, en el nuevo pueblo, no ha podido sembrar su árbol de limones.

"Queríamos hablar de la vulneración de esos derechos profundos o dolores internos que hicieron que se modificara su cultura", asegura Hoyos, codirectora de esta producción que costó 600 millones de pesos.

Severá  ya fue estrenado en Medellín y próximamente será emitido por canales nacionales, además de concursar en festivales internacionales.

Fuente: http://bogota.vive.in/cine/bogota/articulos_cine/mayo2012/ARTICULO

Denuncian nuevo desplazamiento masivo en Guapi, Cauca

Caracol | Mayo 8 de 2012

Un nuevo desplazamiento masivo de comunidades de la localidad de Limones en el municipio de Guapi, en la Costa Pacífica del Cauca, se produjo en las últimas horas por los combates que se registran en el lugar y porque a la comunidad llegó una amenaza de que tenían que desocupar el pueblo.

La denuncia la hizo la Pastoral Social del Vicariato de Guapi, informó que desde hace una semana se han venido registrando continuamente combates en el área perteneciente al consejo comunitario del Rio Guajuí, donde la guerrilla de las Farc ha hecho constantes hostigamientos a la fuerza pública que hace presencia ubicada en la mitad del río.

Los ataques son respondidos muchas veces sin tener en cuenta que en medio del fuego cruzado hay población civil e incluso ha causado averías en 10 viviendas y el desplazamiento de la mayoría de la comunidad al municipio de Guapi.

La denuncia agrega que el pasado sábado en horas de la tarde llegó la información de que tenían plazo para desocupar el pueblo hasta el domingo 6 al medio día.

Esta amenaza generó pánico en los habitantes de la comunidad, quienes inmediatamente se desplazaron a las diferentes veredas más cercanas como son San José, Quiroga, Juanico y la Pampa; otros se desplazaron hasta la cabecera municipal de Guapi, Cauca.

Las personas desplazadas están en su mayoría albergadas en la casa de la cultura y otras se alojaron en casa de familiares y amigos. Todos carecen de alimentos y demás enseres para suplir las necesidades de 42 familias que suman 217 personas, de los cuales 135 son niños entre uno y 17 años de edad y 82 adultos mayores.

Hasta el momento no hay una intervención por parte del gobierno municipal.



Fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/denuncian-nuevo-desplazamiento-masivo
Imagen: Archivo Rebelion.org


 

Bojayá a 10 años de la masacre

El 2 de mayo de 2012, los sobrevivientes recordarán nuevamente , uno por uno y como todos los años,  a sus 119 muertos  (Ver: Audiogalería sobre la masacre de Bojayá y galería de fotos: Bojayá, 10 años después de la tragedia)

A diez años de la muerte de 119 personas, en manos de las Farc, sobrevivientes se sienten olvidados.

Decenas de cuerpos arrastró el río Atrato antes de ver las lágrimas del pueblo de Bojayá. En sus caudalosas aguas está escrita la historia sangrienta de las comunidades afrodescendientes e indígenas, que el 2 de mayo vivieron la peor masacre de la historia de Colombia: 119 personas destrozadas por una pipeta de gas lanzada por las Farc, en medio de un combate con los paramilitares.

Eran las 10:43 de esa mañana cuando el estruendo retumbó en el templo San Pablo Apóstol del caserío Bellavista, cabecera municipal de Bojayá (Chocó). "Fueron diez segundos de una eterna sordera. Quedamos envueltos en una nube de polvo que luego se mezcló con sangre y con desgarradores gritos. Estábamos inmersos en una catástrofe de muerte...". Graciano, uno de los sobrevivientes, reaccionó con el peso de la viga que le cayó encima, su cabeza sangraba y sus ojos no daban crédito a lo que veía: decenas de cuerpos mutilados, pequeñas extremidades de niños literalmente estampadas en lo que quedó de las paredes, mujeres embarazadas muertas, muchas lesiones y fracturas, todos perdidos en medio de los escombros... Dolorosas heridas abiertas, sobre todo en el alma, y que diez años después no han sanado.

Empieza el terror


El preludio de la masacre empezó la tarde del 21 de abril, doce días antes, cuando 230 hombres del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas de Freddy Rendón, 'el Alemán', surcaron en sus lanchas las aguas del Atrato y, caserío por caserío, desde Riosucio, fueron asesinando a los que consideraban informantes de las Farc.

Siete días después, sobre las bocas del río San Miguel, guerrilleros de los frentes 34 y 57 los interceptaron. Ese fue su primer enfrentamiento antes de llegar a Bellavista.

Para el primero de mayo los paramilitares ya habían llegado a Vigía del Fuerte, pero la guerrilla logró emboscarlos y se desplazaron al caserío siguiente, la cabecera de Bojayá.

"Esa noche del primero nosotros ya estábamos concentrados en la iglesia porque era la única estructura en cemento que nos podía proteger de las balas. El pueblo estaba completamente inundado y era el único lugar seco. Ahí íbamos a esperar a que pasara el combate... Éramos como quinientas almas", agrega Graciano.

Toda la noche se escucharon las ráfagas de lado y lado del río, y como a las 7 de la mañana del 2 de mayo hubo un angustioso momento de silencio, que fue la antesala de la barbarie.

Los guerrilleros, que habían ganado la posición en el pueblo, instalaron una rampa para lanzar cilindros en el patio de una de las casas. En la iglesia, la casa cural y la casa de las Misioneras Agustinas, que hoy son las únicas habitantes allí, los pobladores escucharon uno tras otro los tres cilindros que los guerrilleros activaron, antes de que el cuarto cayera en el atrio de la iglesia y Graciano quedara fundido en la eterna sordera de diez segundos.

Pero a los paramilitares y guerrilleros no les bastó con eso. Mientras los sobrevivientes salían en estampida, con sus muertos y heridos en los brazos para intentar alcanzar alguna canoa en el río, ellos abrieron fuego indiscriminadamente.

En la iglesia quedaron 119 muertos, 93 heridos y un cristo mutilado: testigo inerte para la historia de la infamia del conflicto.

"Ni en sueños quiero volver a vivir eso. Aquí solo nos ha quedado que uno impulse al otro para seguir adelante, porque mantenemos el pánico. Diez años después ni los unos ni los otros se han ido", asegura el hombre.

A los sobrevivientes no les gusta hablar de lo que pasó; ellos quieren que se trabajé en lo que no se ha hecho. "Triste que para el 24 de abril del 2002 ya existía una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y nadie hizo nada por nosotros. El 12 de octubre del 2007 el presidente Uribe nos prometió una cancha para que los niños jugaran fútbol y no ha pasado nada", agrega una de las líderes comunales.

El olvido se pasea El único Estado que conocen es el grupo del Ejército y la Armada que trata de ganarse su confianza y de cumplir con las responsabilidades que les corresponde a otras instituciones. El hospital tiene solo el nombre porque los partos se hacen con luz de velas; el profesor de educación física los aleja de los grupos armados y las drogas en un potrero donde juegan a ser estrellas del balón pie todas las tardes; y la corrupción parece rondar en las obras públicas del municipio.

Lo peor de todo, según el diagnóstico de la médica, a la que hace tres meses Caprecom no le paga el sueldo, es que Bojayá es un pueblo sumido en un grave estado de estrés postraumático. "Puedo decir que todos sufren de insomnio", señala. Diez años después las pesadillas tampoco se van, como las de la joven Noelia:

"A veces me sueño que estoy mirando el río y me parece ver a mi abuela y a mi hermanita venir en la panga. Me estiran los brazos y yo también las quiero abrazar, pero cuando ya están frente a mí, los hombres armados que les están apuntando les disparan y las botan al río... Luego, el agua se vuelve toda roja. Ahí me despierto y me doy cuenta de que no era una pesadilla, es verdad".

Las condenas a los responsables de la masacre En 2007 el Nuevo Bellavista fue reubicado a dos kilómetros del sitio donde ocurrió el ataque.

La primera condena emitida por la justicia colombiana, por la masacre de Bojayá, fue de 36 años y seis meses de prisión para Héctor Orlando Martínez Quinto, alias 'Panapanguero', guerrillero de las Farc. Este hombre fue capturado en Costa Rica y extraditado en diciembre de 2006 a Colombia.

Igualmente, el Tribunal Superior de Quibdó confirmó la condena de 36 años y seis meses de prisión para el guerrillero José Antonio Rodríguez Torres, alias 'Pájaro', del frente 57 de la Farc, por los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, actos de terrorismo, rebelión y destrucción de bienes culturales y lugares de culto. Su captura se produjo en Cartago (Valle).

También están condenados otros 19 guerrilleros, entre los que se encuentra el venezolano Ultimio Ramón Perea Montoya, alias 'Barbacha', y tiene resolución de acusación Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias 'Simón Trinidad', extraditado a EE.UU.

La nación también fue condenada, en mayo de 2008, "por no haber protegido a los habitantes de Bojayá", ya que para el 24 de abril del 2002 existía una alerta temprana sobre el avance de Farc y 'paras'. El Ministerio de Defensa pagó más de 1.552 millones de pesos a los familiares de las víctimas.

JINETH BEDOYA LIMA
Enviada Especial de EL TIEMPO
Bojayá.

Fuente:http://www.eltiempo.com/justicia/sobrevivientes-de-bojaya-recuerdan-con-horror-la-tragedia

Bojayá llega a Bogotá para reclamar justicia y reparación

viernes 20 de abril de 2012 El 2 de mayo de 2002 la población de Bellavista (Bojayá, Chocó) sufrió uno de los peores crímenes de guerra registrados en el país. 79 civiles, la mayoría menores de edad, murieron en el templo católico de Bellavista en unos hechos que conmocionaron al país. Una década después, las víctimas siguen reclamando justicia y reparación.

Imagen de la iglesia de Bellavista 2 días después del crimen de guerra.

Por Equipo Otramérica

Han pasado 10 años y Bojayá llega a Bogotá a recordar que continúa la violación sistemática de los derechos humanos de las comunidades del Medio Atrato y que se les ha negado el proceso de Verdad, Justicia y Reparación. 

El día 27 de abril de 2012, a las 9 a.m., en el Auditorio del Museo Nacional comenzará el Foro Bojayá, una década después. En él participan representantes de las dos organizaciones de víctimas de Bellavista (la Asociación 2 de Mayo y el Comité 2 de Mayo), de laDiócesis de Quibdó, del Centro de Memoria Histórica, de laDefensoría del Pueblo y del Departamento para la Prosperidad Social del Gobierno Nacional. El Foro será la antesala de la Mesa de Concertación entre Comunidades y Gobierno Nacional que se celebrará el 1 de mayo en Bellavista (Chocó).

El mismo 27 de abril, a las 2 p.m., en la Sala Manuel Mejía Vallejo de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, se presentarán dos libros. ‘Soy Atrato. Vida y amargos recuerdos de un líder negro’, de Nevaldo Perea, y la reedición revisada y ampliada de un libro de referencia sobre Bojayá: ‘Los muertos no hablan’, del periodista Paco Gómez Nadal. Ambos autores estarán presentes en el acto de lanzamiento y los títulos se podrán adquirir en el stand del Centro de Memoria Histórica.

“Bojayá, una década” es una propuesta de recuperación de memoria y de promoción de la justicia y la reparación para las víctimas que incluye una página web (www.bojayaunadecada.org) donde se ha compilado todos los informes, estudios, documentación e imágenes sobre el crimen de guerra de Bojayá y sus repercusiones en el Medio Atrato. Todas las acciones de Bojayá, una década buscan potenciar la voz de las comunidades de Bojayá en Bogotá y en el mundo, ante instituciones y opinión pública, y son fruto del esfuerzo conjunto de la Diócesis de Quibdó, la Fundación Universitaria Claretiana (Fucla) y la organización internacional Human Rights Everywhere (HREV).

Fuente: http://otramerica.com/radar/bojaya-llega-a-bogota-para-reclamar-justicia-y-reparacion/1837

Vea más información sobre el foro y sobre el libro a presentar.

Ley de víctimas y esperanzas

Los asesinatos de reclamantes, la tramitología, la falta de personal idóneo para atender los procesos y el desconocimiento, son varios de los inconvenientes que enfrenta la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia.

A cuatro meses de su aplicación, la ley 1448 de 2011 continúa siendo la esperanza de una reparación integral para miles de colombianos afectados por la violencia, pero algunas víctimas aún no se sienten acogidas por la iniciativa.

Esa es la situación de Luz Elena Ibarra, desplazada por los paramilitares del corregimiento Belén de Bajirá, del municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño. Desde hace 10 años esta mujer busca que el Estado le reconozca su condición, pero los trámites y las pruebas exigidas dificultan esa decisión.

Para ella el panorama no cambia mucho con esta ley, porque siente que las trabas para inscribirse en el Registro Único de Víctimas son las mismas.

Algo similar plantea Gerardo Vega Medina, director de la Corporación Forjando Futuros, quien afirma que: “los decretos reglamentarios, que se han expedido después de la ley, ponen mecanismos restrictivos y crean muchos procedimientos, haciendo que la norma se vuelva inocua”.

Según Vega Medina, eso ocurre con los formularios para el registro de víctimas, que antes se conseguían hasta en Internet y ahora sólo se obtienen en las Defensorías, las Personerías y las Procuradurías.

A esto se suma que para la Procuraduría General de la Nación, el documento es complejo de diligenciar, pide información irrelevante en algunos casos y contiene definiciones jurídicamente inexactas.

Aunque la tramitología es uno de los primeros inconvenientes que encuentran las víctimas, el problema principal es la seguridad. Para Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el reto es garantizar la protección de los reclamantes para avanzar en la restitución de sus derechos y bienes.

“El hecho de que vayan 17 víctimas asesinadas quiere decir que faltan más acciones del Estado. Pero también falta combatir la impunidad de quienes cometieron esos crímenes”, afirmó Diego Herrera, quien reconoció que hay voluntad del Gobierno para buscar solución a esas situaciones.

La mejor Ley podría convertirse en la peor. La clave es su ejecución.

Gerardo Vega piensa que el reto para la sociedad y el Gobierno es aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Es una muy buena ley pero podría convertirse en la peor si no se aplica, porque sería una frustración para la sociedad y causaría más desesperanza”.

Por eso afirma que se requiere “una política sostenible de seguridad para poder desvertebrar los aparatos de poder criminal que tratan de impedir la restitución en las principales regiones de despojo, como Los Montes de María, el sur de los Llanos Orientales, El Catatumbo, parte del Tolima, el Oriente Antioqueño, Urabá, el sur de Córdoba y el sur de Chocó.”

A parte de la seguridad, con la ejecución de la Ley de Víctimas, la Justicia tendrá que resolver miles de procesos judiciales y aún no hay suficientes funcionarios para hacerlo.

Durante los primeros tres meses de aplicación, las unidades de restitución regional recibieron más de 10 mil solicitudes, según el informe que le entregó la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia a la comisión de seguimiento de la Ley de Víctimas.

En ese primer balance, publicado en el periódico El Espectador, el senador liberal Juan Fernando Cristo, presidente de la comisión de seguimiento, sostiene que: “se está haciendo un trabajo serio y organizado. Sin olvidar que obviamente hay dificultades en materia de selección y capacitación del personal, de capacitación de jueces y magistrados en una materia totalmente nueva como es la justicia transicional en Colombia” (tomado de: El Espectador, 11abr2012)

Un inconveniente adicional es el desconocimiento de la ley por parte de las víctimas. En esa labor las asociaciones y los medios de comunicación deben jugar un papel fundamental, ayudando a la difusión de la norma y de los procedimientos que deben realizar las personas para acceder a sus derechos.

Los expertos coinciden en que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llegó en buen momento y tiene buen ambiente para su ejecución, pero para impulsarla es necesario corregir los tropiezos, promover su aplicación desde los entes territoriales y, fundamentalmente, partir del principio de la buena fe con las víctimas.

Fuente: http://mesanacionaldevictimas.blogspot.com.br/2012/04/la-ley-de-victimas

Comunicado a la opinión pública sobre los últimos acontecimientos en el Bajo Atrato chocoano

 

El señor obispo de la Diócesis de Apartadó, el presbiterio y los equipos misioneros de las parroquias de la Diócesis expresan su solidaridad y respaldo a las comunidades del bajo Atrato del Departamento del Chocó, que adelantan el proceso de devolución de las tierras que les fueron usurpadas por los grupos ilegales y poseedores de mala fe. Además hacemos público el rechazo por el asesinato del señor Manuel Ruiz, líder campesino comprometido en la defensa de la tierra de su comunidad y de su hijo de 15 años, cometido por criminales que atentan contra este importante proceso de reparación de las víctimas en su legítima aspiración a permanecer en su propia tierra y en la construcción de sus proyectos de vida.

Recientes acontecimientos como el paro armado decretado por los frentes 57 y 34 de la guerrilla de las FARC-EP, el asesinato de la señora Luz Marina Córdoba Martínez en el corregimiento de Bocas de Tamboral por miembros del frente 57, el ataque con cilindros bomba al barco de la infantería de la Marina, ubicada en Domingodó, los enfrentamientos con el ejercito en la cuenca del Salaquí, las amenazas y la inseguridad crean un ambiente hostil que no favorece en nada el proceso de devolución de tierra a sus legítimos dueños y llena de zozobra y desestabiliza los esfuerzos de las comunidades que quieren vivir y trabajar en paz. La situación de vulneración de los derechos fundamentales coloca a los habitantes en alto riesgo de nuevos desplazamientos forzados, con las terribles consecuencias que por experiencias no lejanas todos conocemos.

El gobierno nacional que adelanta el proyecto de reparación de las víctimas y la restitución de tierras debe resolver el tema de seguridad para los campesinos y garantizar todos los demás derechos ciudadanos, tarea fundamental de su competencia institucional. Es hora de pasar de la propaganda a las medidas eficaces que haga justicia con estas poblaciones que históricamente sufren por el abandono estatal, sumidas en la pobreza y bajo el despotismo y crueldad de los actores ilegales.

Hacemos un vehemente llamado al gobierno Colombiano para que implemente todas las medidas necesarias que protejan efectivamente a quienes generosamente exponen sus vida y se comprometen de lleno en sacar adelante las propuestas del gobierno y la aplicación de sus leyes.

Nuestros sentimientos de condolencias par las familias de estos amigos, Don Manuel y su hijo, y para todas los demás familias de tantos ciudadanos nobles, que han caído víctimas de los enemigos de la paz. Los animamos con la Palabra de Dios que en este tiempo de cuaresma nos llama a volver a El con un corazón nuevo, como preparación a la pascua que se acerca. Que sea para todos una verdadera pascua de resurrección, avivando nuestra fe en el Señor Jesús que ha venido a traernos vida y una vida en abundancia.

Apartadó, marzo 31 de 2012

+ Luis Adriano Piedrahita Sandoval

Obispo de Apartadó

Ya van siete líderes de restitución de tierras asesinados en Chocó

5:35 p.m. | 28 de Marzo del 2012

 

Gobierno asegura que no frenará el proceso de restitución de tierras en esa región.

Asesinados y con señales de tortura aparecieron los cuerpos del líder de restitución de tierras de Chocó Manuel Ruíz y su hijo de 15 años Samir, desaparecidos desde el pasado viernes, al parecer por miembros de una banda criminal.

Pese a que estas comunidades tienen medidas de protección especial, ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este crimen se suma al de otros cinco líderes del proceso de restitución de tierras en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó en los últimos años. 

Lea aquí el especial multimedia 'Restitución de Tierras, un reto con múltiples batallas'

Son en total 100 mil hectáreas de territorios colectivos que fueron despojadas a sangre y fuego por grupos armados ilegales hace 15 años, y que luego fueron ocupadas, en su mayoría, por grandes empresas palmicultoras.

El pasado martes, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, aseguró que grupos armados ilegales quieren frenar el proceso de restitución y que el Gobierno no permitirá que  esta clase de hechos violentos entorpezcan la titulación prevista para el próximo 15 de abril de los territorios colectivos.

"La muerte de este importante dirigente no puede frenar el proceso de restitución, que no se haga la Asamblea y que no se entregue el título colectivo. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa", dijo Vargas.

El Gobierno da las últimas puntadas al censo, ordenado por la Corte Constitucional, para establecer quiénes serán los beneficiarios reales de estas tierras.

Manuel Ruíz, miembro representante del Comité del Censo, desapareció el pasado viernes, luego de ser retenido y dejado en libertad por la Policía.

En hechos que están siendo investigados, la Defensoría del Pueblo divulgó una alerta, porque el líder de tierras fue retenido por la Policía apenas horas antes de su desaparición.

A las 2 de la tarde del viernes, el hijo de Manuel Ruíz se comunicó con la Defensoría regional de Urabá para denunciar la retención de su padre por parte de la Policía de  Mutatá(Antioquia).  Según el joven, a su padre se le señalaba de no haber cancelado unas  recargas del teléfono celular.

Aunque el hombre fue dejado en libertad, solo horas después fueron retenidos -en compañía de su hijo-  por presuntos miembros de la banda criminal 'Águilas Negras'.

A las 5 de la tarde, del mismo 23 de marzo, el señor Manuel Ruiz se comunicó con la Defensoría del Pueblo expresando que estaba con su hijo en una finca y que debían pagar la suma  2,5 millones de pesos antes de la media noche para quedar en libertad.

En la conversación, el líder de tierras pidió que se le avisara a su familia y no pudo dar información acerca del lugar en que estaba retenido. Al parecer, integrantes del grupo armado ilegal  se comunicaron  con la familia exigiendo la cancelación del dinero.

Desde ese momento se activó el mecanismo  de búsqueda urgente de personas desaparecidas. Manuel Ruíz había solicitado seguridad durante el primer semestre del 2011, cuando se inició el primer censo a la población que sería beneficiaria con la restitución de tierras en Curvarádó y Jiguamiandó.

También pidió medidas especiales  el 19 de noviembre de 2011 y en febrero de este año.  Esta semana, el líder debía acompañar al Ministerio de Agricultura en una inspección de linderos  en  el área conocida como  Los Piscingos, un predio despojado  desde 1996 luego de operaciones de grupos armados ilegales  en Curvaradó.

Los otros asesinatos
Septiembre del 2010: Germán Marmolejo fue atacado por hombres armados cuando se movilizaba en una  camioneta blindada junto con sus escoltas por una carretera entre Turbo y   Apartadó (Antioquia).  Según el líder,  "con cada decisión judicial vienen muertos y más  violencia contra las comunidades".

Enero 14 del 2010: Cuando regresaba del hospital donde lo operaron de apendicitis, fue asesinado  Argénito Díaz, uno de los líderes de las comunidades negras del Chocó. Díaz, quien era vocero del Consejo Comunitario Mayor de Curvaradó, fue bajado del carro de servicio público en el que viajaba y luego baleado frente a su esposa y a otras cinco  personas en la vía entre Apartadó y Carmen del Darién.

Diciembre 17 del 2009: Los líderes Manuel Moya y Graciano Blandón fueron  torturados y baleados en Riosucio (Chocó), al parecer, por guerrilleros de  las Farc. El crimen ocurrió el mismo día que los notificaron de la negativa   de la Corte Interamericana de DD.HH. a ordenar medidas cautelares a su  favor.

Octubre del 2008:  Walberto Hoyos era testigo clave en la investigación que se les sigue a varios  'paras' del 'bloque Élmer Cárdenas' por el asesinato del también líder de comunidades negras Orlando Valencia. La Corte Interamericana de Derechos  Humanos ordenó al Estado colombiano a brindarle seguridad.  Estaba en una reunión en la zona humanitaria cuando tres hombres armados lo  abordaron, le cogieron el celular, lo insultaron y le dispararon.

REDACCIÓN JUSTICIA

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-11451582.html

Chocó, Gobierno e ingobernabilidad

La Diócesis de Quibdó en este tiempo de Cuaresma, manifiesta públicamente la indignación que nos produce tanta muerte, injusticias e impunidad contra los hijos de Dios en esta parte del territorio del Pacífico colombiano.

Es preocupante y doloroso el incremento de asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, bloqueos, confinamientos y ataques contra la población civil en los campos y centros urbanos, muy a pesar del fortalecimiento de la fuerza pública y de los discursos oficiales que niegan y ocultan la intensificación sistemática de la violencia política y social contra las comunidades. A pesar de la Carta Pastoral de los Obispos del Pacífico en el 2011 y de las Sentencias de la Corte Constitucional, y recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la situación de la violación de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos negros, indígenas y mestizos que integran nuestra jurisdicción eclesiástica, la realidad tiende a empeorarse, mediante:

* Confinamientos y riesgos de desplazamientos por el minado de caminos y lugares tradicionales de cacería, sembrados y pesca; las amenazas, los bloqueos armados en las vías; la presencia de actores armados en medio y alrededor de las poblaciones; las restricciones y limitaciones para la entrada de alimentos; los asesinatos permanentes, incluso de niños; la prohibición de la libre circulación en los territorios y la ausencia generalizada de garantías de protección de la vida y la territorialidad de nuestras comunidades.

* El recrudecimiento de la violencia urbana que ataca principalmente a niños y jóvenes pertenecientes a familias en condición de desplazamiento forzado y con altos grados de vulnerabilidad.

* Las vinculaciones de los niños, niñas y jóvenes en la dinámica de la guerra y en la industria del micro y narcotráfico, agravadas con el abuso y explotación sexual de los menores.

* El contexto de connivencia de la fuerza pública con los demás actores armados, pues justo cuando se ha incrementado su pie de fuerza, ha aumentado la oleada de violencia en la región; llegando a afirmar sin ningún reparo, que no pueden entrar a ciertos barrios y sectores porque temen por sus vidas, condenando a la población civil a la desprotección y al total abandono estatal.

* El grado de inoperancia institucional, ingobernabilidad y de impunidad incluida la acción y omisión del Ministerio Público, frente a la ausencia del empleo de los mecanismos de control previo y de garantías de protección de la vida de las comunidades.

* El aumento del tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas, las cuales son distribuidas y vendidas a plena luz del día sin que se identifique y se judicialice a los responsables.

* El desorden social y la falta de controles en las vías de la ciudad y en el mismo terminal de transporte por donde se afirma circulan toda clase de insumos para la guerra y el negocio criminal del narcotráfico.

* El fortalecimiento de las mafias que controlan la vida de buena parte de las instituciones y de entidades públicas y privadas y de los recursos públicos, los cuales no se invierten para el bien social, perpetuándose el caótico matrimonio entre el poder político y el manejo de la economía que enriquece a pocas familias nativas y a muchos foráneos, a expensas del empobrecimiento y la muerte de las comunidades.

* La minería industrial y demás proyectos de la economía y el despojo que se implementan violando los derechos étnico-territoriales, incluyendo la Consulta Previa, envenenando y afectando gravemente los ríos, la economía, la tranquilidad, y los derechos de las comunidades.

* Por último, nos preocupa mucho la insolidaridad e indiferencia frente a esta difícil realidad, que contribuye a la descomposición social, el debilitamiento de la cultura y los valores de las comunidades.

Llamamos a la comunidad católica y no, y a todas las organizaciones a seguir pronunciándose frente a esta situación de violencia, injusticia e impunidad, a mantener vivas sus tradiciones y a continuar resistiendo y defendiendo los territorios.

Exigimos de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales creadas para defender la vida, la dignidad, las culturas, la honra y los bienes de la población civil, especialmente de los más vulnerados y marginados de la sociedad como son los pueblos indígenas y negros y las comunidades mestizas que de forma ancestral y milenaria habitan estos territorios.

Quibdó, 8 de Marzo de 2012

 

El ex Dictador Jean C. Duvalier a juicio

Noticias breves

El ex dictador de Haiti Jean Claude Duvalier tendrá que aparecer en tribunal.
Algunas de sus numerosas víctimas estarán para acusar y pedir condena.

Fuente: http://www.grioo.com/ar,haiti-duvalier_la_minustah_prete_a_accompagner_les_victimes_de_l_ancien_dictateur_en_appel,22037.html