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2 de octubre de 2013

Más de 20.000 niñas y niños desplazados en 2013


Cifras de la niñez desplazada en Colombia - Publimetro 2oct13
Clic para agrandar la imagen (Publimetro)


La mayoría son afrodescendientes[*].  Según datos oficiales, el 38% de los más de cinco millones de desplazados colombianos, en los últimos 28 años, han sido menores de edad.

Según un informe realizado gracias a los aportes de Free Press Unlimited, War Child Holland y la Agencia de Comunicaciones Pandi, entre enero y agosto de este año, 21.373 niños han sido víctimas del desplazamiento forzado.

El documento advierte sobre lo alarmante del fenómeno y señala además que en los últimos 28 años más de cinco millones de personas han sido desarraigadas de su hogar por culpa de la violencia en Colombia. De ellas, el 38% han sido menores de edad, según datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

Los datos de esta misma entidad apuntan a que los departamentos que registran mayor nivel de desplazamiento de niños y adolescentes son Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, Cauca y Chocó. “En la dinámica del conflicto, la mayoría de los papás son los que enfrentan la violencia directa.

Muchos hombres se quedan a cuidar la nevera, la estufa, cosas materiales y prefieren arriesgar sus vidas, mientras las mujeres se las arreglan en la ciudad con sus hijos. Es un impacto muy grande”, explica Gabriela Bucher, directora de la Fundación Plan, dedicada a la atención de la niñez en situación vulnerable.

Según Fanny Uribe, asesora técnica de la Fundación Plan, es el Gobierno el encargado de minimizar el impacto del desplazamiento en el desarrollo psicosocial de los niños afectados por el desplazamiento.

“Se tiene que prestar asistencia humanitaria de emergencia desde el momento del registro, el cual consiste en otorgar vestido, vivienda, transporte, alimentación, salud y todo lo que pueda necesitar una familia para sobrevivir”, afirma Uribe.

El auto 251, expedido en 2008 por la Corte Constitucional, es el que contiene las obligaciones del Estado respecto a las acciones a realizar para apoyar y garantizar los derechos de los niños y adolescentes víctimas del desplazamiento.

El informe menciona programas del Departamento para la Prosperidad Social, como Jóvenes en Acción, para resaltar el hecho de que la atención estatal, así como la conciencia de la sociedad, han mejorado respecto a años anteriores; sin embargo, el documento llama la atención respecto a la gran cantidad de menores de edad que sufren con esta tragedia.


Fuente: Publimetro.  Más de 20.000 niños han sido desplazados este año.  Octubre 2 de 2013.

Ver también:

El Mundo.  Acnur alertó sobre situación escolar de niños desplazados en Colombia.  Septiembre 8 de 2013.

El Universo.  Conflicto armado ha dejado 4,7 millones de desplazados en Colombia desde 1997.  Junio 20 de 2013.

[*] Coordinación Regional del PacíficoDiscriminación estructural de los afrodescendientes en el Pacífico colombiano.  Quibdó, marzo de 2011.

 

13 de diciembre de 2012

WOLA rechaza de manera categórica el asesinato de líder afrocolombiano



La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) condena fuertemente el asesinato del líder afrocolombiano Miller Angulo Rivera. El Sr. Rivera fue asesinado con arma de fuego el primero de diciembre de 2012 en la ciudad de Tumaco, en la costa pacífica de Colombia. Tenía 33 años de edad y deja una esposa, una hija y un hijo. WOLA expresa sus condolencias más sinceras a la familia del sr. Rivera.

Miembro de la Asociación Nacional de Afrocolombianas Desplazados (AFRODES), el sr. Rivera abogaba por los derechos de los afrocolombianas desplazados y sirvió como secretario técnico de la Mesa Municipal de Víctimas de Tumaco. También fue líder activo en el movimiento en defensa de las tierras de las comunidades afrocolombianas. WOLA colaboró con él en sus esfuerzos por defender los derechos de los afrocolombianas desplazados por el conflicto. El asesinato viene después de que había recibido varias amenazas de muerte por parte de dos grupos paramilitares, las Águilas Negras y el Grupo Anti-Restitución de Nariño (GAR).

El asesinato del sr. Rivera, después de haber recibido múltiples amenazas de muerte, destaca que estas amenazas tienen que ser tomadas en serio, hay que investigar sus orígenes y los amenazados necesitan medidas de protección.  El 13 de noviembre, las Águilas Negras circularon una amenaza de muerte listando a AFRODES y a otros grupos e individuos, los copartes más cercanos de WOLA.  Incluyeron a varias organizaciones afrocolombianas regionales y organizaciones de mujeres en las áreas de Chocó, Cundinamarca, Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Se les incluyó en la amenaza del día 13 de noviembre, que WOLA denunció a las autoridades estadounidenses y colombianas; las mismas que aún no han tomado las acciones apropiadas para proteger a las personas que se encuentran en alto riesgo.

WOLA está sumamente preocupada por la seguridad de los líderes y lideresas de AFRODES, y en particular por la seguridad de 22 líderes y lideresas que han pedido medidas de protección a la Unidad Nacional de Protección y no las han recibido. El Congreso de los EE.UU. ha puesto condicionamientos a la ayuda militar a Colombia.  Afirman que este país tiene que proteger a sus líderes y lideresas afrodescendientes para recibir los fondos. Instamos al Departamento del Estado de los EE.UU. a que comunique a las autoridades colombianas la importancia de asegurar la protección de los líderes amenazados. También llamamos a que se investigue de forma inmediata el asesinato del sr. Rivera y se termine en la captura de los responsables.

En 2010, AFRODES recibió el Premio WOLA de Derechos Humanos por dedicarse durante más de diez años a la defensa de pueblo afro en situación de desplazamiento y confinación.




21 de mayo de 2012

Declaración Final del Encuentro Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Etnicas de Comunidades Afro en Colombia




Ubuntú: Yo soy porque nosotros somos

Bogotá, mayo 21 de 2012

DECLARACIÓN FINAL

Más de 500 mujeres y hombres de Organizaciones Afrocolombianas, Negras, Palenqueras y Raizales y Consejos Comunitarios reunidos en Bogotá, entre los días 17 y 21 de mayo de 2012,
Reconociendo:

1. Que las luchas históricas del Pueblo Negro colombiano han logrado el reconocimiento de nuestros derechos, a pesar de la discriminación racial y el racismo, expresados en exclusión en las decisiones que nos afectan, en el acceso a derechos y en el respeto por nuestra diferencia cultural.

2. Que resultado de esas luchas son las políticas estatales para las comunidades negras, en especial la Ley 70/93 y las normas internacionales que han representado un avance en la organización y espacios de defensa del territorio, etnoeducación, desarrollo cultural y relación con otros actores, tanto en espacios urbanos como rurales.

3. Que dichos avances contrastan con una situación de emergencia humanitaria para comunidades afros, en especial las que han liderado procesos de denuncia y exigencia de derechos frente a graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (masacres, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, amenazas de muerte y despojo de territorios), por agentes estatales en connivencia con grupos paramilitares y neo-paramilitares, así como por grupos insurgentes, con especial afectación en las mujeres, la niñez y la juventud, e impactos en las formas organizativas propias y ancestrales.

4. Que el Gobierno insiste en políticas contrainsurgentes y antidrogas que violan el principio de distinción y han significado una mayor militarización de nuestras comunidades urbanas y rurales, la criminalización de la protesta social, y el uso indiscriminado de fumigaciones a cultivos de uso ilícito, afectando la seguridad alimentaria y la biodiversidad, bombardeos que dejan como resultado extensas zonas rurales sembradas de minas antipersonales y artefactos sin explotar, que han causado muertes y discapacidad permanente entre nuestras comunidades.

5. Que pese a decisiones de la Corte Constitucional, órganos internacionales de derechos humanos y esfuerzos de las organizaciones afrocolombianas, las acciones estatales siguen sin cumplirse en contravía de los compromisos internacionales ratificados por Colombia.

6. Que la persecución y represión obedecen a intereses de poderosos sectores económicos de empresas multinacionales (turísticas, extractivas, de agro-negocio), que ven la posibilidad de expandirse a costa de la destrucción de nuestra cultura. Esta nueva colonización niega los requisitos de la consulta previa, libre e informada y el consentimiento que, como comunidades étnicas, nos es reconocido por el OIT 169 vigente en Colombia.

7. Que los espacios de interlocución con el Estado establecidos por la Ley 70, que crearon las consultivas departamentales y la Consultiva de Alto Nivel se fueron burocratizando y cooptando por el gobierno, impactando la autonomía y la promoción, respeto y protección de derechos.

8. Que las decisiones de dichos hombres y mujeres consultivos han avalado la aprobación del decreto reglamentario de la ley de víctimas y restitución de tierras que, de manera ilegítima, han sido aprovechados por el Estado para hacer aprobar “consultas” como el Plan Nacional de Desarrollo y la ley sobre acceso a recursos genéticos y conocimiento tradicional.

9. Que las mujeres Afrocolombianas, Negras, Raizales y Palenqueras continúan careciendo de representación y reconocimiento, tanto en los espacios propios de toma de decisiones dentro del movimiento social afro, como en los espacios de interlocución con el Estado, pese a su papel en la lucha y la resistencia pacífica y a soportar desproporcionadamente los impactos de la violencia, el conflicto armando interno y las diferentes formas de opresión patriarcal.

10. Que el gobierno no ha adoptado las medidas para otorgar la autonomía y respeto de derechos que corresponden al pueblo raizal del Archipiélago de San Andrés, que soporta el despojo del territorio, capacidad de decisión y autogobierno por los intereses geoestratégicos y económicos de Colombia respecto habitantes ancestrales de las Islas.

11. Que a más del despojo por grupos paramilitares, políticos locales, grupos económicos y autoridades, las políticas erráticas gubernamentales, han generado conflictos interétnicos entre comunidades negras, campesinas mestizas, y pueblos indígenas, en que la ausencia de reforma agraria y del cumplimiento de decisiones de órganos internacionales de derechos humanos no puede hacerse en detrimento de los derechos de las comunidades negras.

12. Que los megaproyectos avalados por el Tratado de “Libre Comercio” entre Estados Unidos y Colombia, generan divisiones entre comunidades, cooptación, falta de transparencia sobre concesiones, expansiones y pago de obligaciones fiscales de las empresas, que desconocen y profundizan los abusos de derechos humanos contra dirigentes sindicales y sociales y la pérdida de territorios.

Resuelven:

1. Declarar nuestra firme decisión de continuar las acciones de formación, organización, movilización y lucha como pueblo afrocolombiano en la defensa de nuestros derechos étnicos, políticos, territoriales y culturales, en el ejercicio de los mandatos ancestrales de dignidad, alegría y convivencia pacífica en la sociedad.

2. Exigir al Estado la reglamentación de los artículos pendientes de la Ley 70, así como de hacerse parte de las disposiciones del Artículo 14º de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cumplimiento irrestricto e inmediato de las órdenes de la Corte Constitucional respecto de población Afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado, y de medidas de protección efectivas sobre los territorios, las lideresas y los líderes afros que se hallan amenazados de muerte por las partes en el conflicto armado.

3. Afirmar nuestra decisión de no renunciar a nuestro derecho a la verdad, la justicia y la reparación integrales, lo que significa nuestro firme rechazo al procedimiento y el contenido de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y decreto reglamentario, en la medida en que no fueron consultados debidamente con las propias organizaciones y personas victimizadas.

4. Declarar que estaremos poniendo a consideración del Gobierno y del país, un Protocolo de Consulta Previa, libre e informada y consentimiento, a toda medida legislativa y administrativa, como los títulos mineros, las decisiones sobre aprobación de informes de impacto ambiental, cuotas de acceso a la educación superior, medidas de reparación, verdad y justicia a víctimas de graves violaciones de derechos humanos, entre otras.

5. Ante la degradación y profundización del conflicto armado interno, hacer un llamado a la búsqueda de espacios humanitarios para la protección de nuestras comunidades, la desvinculación y uso de nuestra niñez y juventud por grupos y fuerzas armadas, reafirmando nuestra postura de ser incluidos plenamente en propuestas encaminadas a lograr un proceso de paz integral, más allá de la desmovilización, desarme y reinserción de actores armados y que tome en consideración los factores estructurales del racismo y la discriminación, opresión y represión contra nuestras comunidades étnicas.

6. Rechazar las pretensiones de empresarios nacionales y extranjeros de continuar el despojo y desplazamiento forzado de comunidades urbanas y rurales, demandar medidas de remedio a los daños ambientales y sociales infligidos por la explotación irracional de nuestros recursos naturales y de la biodiversidad, y exigir la aplicación de procedimientos de consulta previa, libre e informada para la implementación de megaproyectos agrícolas, mineros, petroleros, turísticos, pesqueros, de infraestructura o de otra índole en nuestros territorios.

7. Llamar la atención para que los Consejos Comunitarios y las organizaciones étnico-políticas asuman la denuncia de actos de violencia y violaciones de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas, en especial los abusos sexuales, tales como violación, acoso sexual, embarazos indeseados en niñas menores de 14 años, y se dé visibilidad a estos delitos, cometidos por la fuerza pública y otros actores armados y exigir la investigación y sanción a los perpetradores de estos crímenes de guerra.

8. Dado que los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos contra nuestras comunidades son mayoritariamente responsabilidad de agentes del Estado, por acción y por omisión, en alianza con grupos paramilitares, acudiremos a nuestro legítimo derecho a la reparación judicial, sin menoscabo de las acciones de reparación administrativa a la que deseen recurrir aquellas víctimas de grupos guerrilleros, como actores ilegales, contemplados en la Ley 1448 y el Decreto 4635, ante las cuales demandaremos espacios de información, orientación y formación dirigida a las personas, familias, comunidades y organizaciones victimizadas, así mismo, decimos que es deber del Estado disponer de funcionarios capacitados para la atención de nuestras demandas.

9. Demandar el respeto del Estado a los espacios, organizaciones y mecanismos locales, regionales y nacionales, representativos de las comunidades negras, raizales, palenqueras y afrocolombianas, propendiendo por la creación de escenarios de interlocución con las instituciones gubernamentales, estatales e internacionales que respondan a los intereses, necesidades y aspiraciones legítimas del pueblo afrodescendiente, según sus particularidades geográficas, su historia y sus culturas. Por tanto, no reconocemos a la actual Comisión Consultiva en funciones y reclamamos otros espacios de consulta y participación basados en los criterios antes señalados.

10. Propender por la generación de espacios de diálogo, coordinación y acciones de unidad entre organizaciones, grupos y sectores afrocolombianos, raizales, palenqueros y negros para impulsar y promover una agenda común, desde una perspectiva de clase, género, edad, así como la articulación con iniciativas de organizaciones sociales, campesinas, de pueblos indígenas y otras que propenden por la justicia y la transformación social en la lucha contra todas las formas opresión, explotación, racismo y discriminación racial.

11. Proteger y mantener vivos los usos y costumbres de la población Afrocolombiana, Negra, Raizal y Palenkera, como sujeto político colectivo, que habitan espacios urbanos y rurales, garantizando los medios para la preservación y difusión del papel de los descendientes de africanos y africanas en la construcción de la memoria histórica y diaspórica, y para protegernos de la aculturación en un Estado que se reconoce Pluriétnico y Multicultural.

12. A propósito del Decenio de Pueblos Afrodescendientes, propendemos por la conformación de una Comisión que, en el marco de la exigibilidad de derechos, se encargue del diseño, implementación y seguimiento de acciones que cumplan la agenda del movimiento social afrodescendiente.

13. Agradecer el esfuerzo, compromiso y comportamiento de las personas que viajaron desde diversos lugares de la geografía nacional para participar en este evento, a pesar de las limitaciones, fallas y dificultades que se registraron durante el mismo. Igualmente, a los participantes internacionales, cuya presencia como miembros de la diáspora africana nos alienta en la construcción de procesos de solidaridad que esperamos se traduzca en formas de descolonización de la cooperación y el apoyo fraterno entre las organizaciones afrodescendientes.

Firman:

ACAMAN, ACOHATUB, Acohutub, ADESCUBRIR, ADOM PALENKE, Afrantosur, Afro San Luis, AFRO UDEA, AFROCAQUETA, Afrocolombianos del Caquetá, AFRODES Buenaventura, AFROES, AFROFUNDESARROLLO, Afroguamuences, AFROLEGBTI, Afrolibertarios, AfroMEDELLIN, AFROMINGA META, AFROPROGRESO, AFRORISHA, AFROTESALANCE, AFROTESALIA, AFROUTP, AFROVISION, Agrupación Calipso, ALTERPAC, AMANDA, AMANSAGUAPO, AMOR Y PAZ, AMUAFROC, Archipelago Movement for Ethnic Native Self-determination (Amen-sd), Articulación Regional Afrodescendiente, ASANTE, ASERE, ASFIDEC, ASHZO, ASI, ASNASUR, Aso Manos Negras, Asociación Afrocaidecense, Asociación de Mujeres Afro y del Caribe Graciela Cha Ines, Asociación de Productores del Pacifico Sur- ASOPAS, Asociación de Víctimas (Chía-Cundinamarca), ASOCIACION RENACER, ASOFROSCO14, ASOJUNDES, ASOLINAR, ASOMUJER y TRABAJO, ASOPAZ, ASOPLINARE, ASPORAMISTAD, Atarraya, BAMBAZU, Cabildo Playa Bendita, CADUBE, CALI RAP CARTEL, Caminos de Mujer, CARABANTU, CEAT, CENAFRO, Centro de Auto-reconocimiento para los Derechos Humanos, CHEMONICKS, CIMARRÓN, COCO MAUPA, COCOMINGA, CODRD4AP, Colectivo de Estudiantes Universitarios Afrocolombianos (Ceuna), COLECTIVO KATUMPAZ, COLOMBIA GRANDE, Colonia Chocoana, COMPACOMPLETOS, COMUNIDAD RAIZAL, Comunitaria (Medellín), CONALPABI, CONGRESO ROBCA, Consejo Comunitario Mayor de la Comunidad Negra de Anchicaya, Consejo Comunitario ACAPA, Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera, Consejo Comunitario Asnazur, Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Consejo Comunitario Bocas del Palo, Consejo Comunitario Chagui, Consejo Comunitario Citronella, Consejo Comunitario Cortina Verde Nelson Mandela, Consejo Comunitario de Aracataca, Consejo Comunitario de Itsmina, Consejo Comunitario de la Cordillera Occidental, Consejo Comunitario de la Cuenca del Rio Yurumanguí, Consejo Comunitario de La Gloria, Consejo Comunitario de la Toma, Consejo Comunitario de Ladrilleros, Consejo Comunitario de Puerto Limón, Consejo Comunitario del Bajo Calima, Consejo Comunitario del Catanguero, Consejo Comunitario del Corregimiento de Hormiguero, Consejo Comunitario Eaduio Arra, Consejo Comunitario el Samon, Consejo Comunitario Emprendedores, Consejo Comunitario Integración, Consejo Comunitario La Amistad, Consejo Comunitario la Nueva Esperanza del Hoyo Patía, Consejo Comunitario La Plata, Consejo Comunitario Llano Bajo, Consejo Comunitario los Delfines, Consejo Comunitario Mija, Consejo Comunitario Mindala, Consejo Comunitario Mujeres Negras, Consejo Comunitario Nueva Esperanza, Consejo Comunitario Puerto Limón, Consejo Comunitario Pureto, Consejo Comunitario Rescate las Varas, Consejo Comunitario Rio Raposo, Consejo Comunitario Rio Tablón Salado, Consejo Comunitario Santa Lucia, Consejo Comunitario Unión Patía Viejo, Consejo Comunitario Vida a la Esperanza, CONVIVENCIA PACIFICA, Convivenciar, Coordinador Nacional Agraria, COPRODEPA, Corporación Ancestros, Corporación Caminos de Mujer, Corporación Jurídicas Étnicas, CORREGIMIENTO DE SAN ISIDRO, Corregimiento de San Jacinto-Santo Madero, DICUNA, ECONOTAL, Etnias de Colombia, FDC, FEAC, FEDEAFRO, FEDECAP, Federación de Asociaciones por los Derechos de las Comunidades Afroputumayenses (Fedecap), Foro Interétnico Solidaridad Chocó, FUCAP, FUNCOAFRO, FUNDA BENKOS, Fundación Afromedios, Fundación Elegua, Fundación For Futuro, Fundación Lazos, Fundación MASAKHANE, Fundación Nuevo Milenio, Fundación Palenque Libre, FUNDAFUTURO, FUNDARTE-CP, FUNDECH, FUNDEX, FUSSIPA, FUTEGRACION, GALINDES, GAV, GERMINAR, GJENZERA, IAVH, IDCARÁN, Jóvenes de Barrios Unidos, Junta de Acción Comunal Esfuerzo por la Paz, Junta de Acción Comunal Unión de Cristo, L.A.C.E.F.P, La NUPA, LA RED HILOS, La Voz de los Negros, Los Palenkes, M21, MACANCAMANA, Malcom X, MAMUNCIA, MANEAFRO, Media Mujeres, Mesa de Jóvenes Bogotá, Mesa espacial de Palenke en Bogotá, Mesa Étnica (Bogotá), Mesa Étnica Usme, Mesas de Mujeres de Tumaco, Minga Afro Magdalena, Monte Oscuro (Cauca), Mujeres Afrodescendientes, NICHES EN ACCIÓN, Nodo Afro Progresista, NOTIPARCHE, NSPS, OAREL, OCONECH, OHJTA, ORCONEPLA, ORCUNEPUL, ORFA, Organización Étnica de Comunidades Afro los Palenque, ORGANIZACIÓN PALENKES NUEVOS, PALENKE DE MONTEOSCURO, PALENKE URB, Palenque, Palenque Alto Cauca, Palenque Kusuto, Palenque Regional el Kongal, PCN INTERNACIONAL, PCS, PECECH, Petrona Sebastián y Cárdenas, Playón Río Sigui, POR NOSOTROS, POR OTRA COLOMBIA, PRODECOM, RADIO MATUNA, Red Agropecuaria de Educación Popular, Red de Maestras EtnoEducadoras, Red de Mujeres Afrocolombianas (Antioquia), Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Rio San Francisco (Gaupi), Sajón de Garrapatero, SAN JUAN DE GARRAPATERO, SANTA CECILIA (Pereira), SEMBRAR, Siglo XXI, SOMOS IDENTIDAD, SOMOS PACIFICO, SUIPPCOL, SUTUAZAQUE, TEJIENDO ESPERANZA, TEJIENDO SEMILLAS, UAFRO, UARIV, UCC, Unión de Cuencas, Unión Yaru –Municipio de Padilla, Universidad del Pacífico, USEDA, Valores de Niña Tierra, VIDA CON PROPÓSITO, VILLA ARBOLONCE
 

19 de mayo de 2012

Acoso y amenazas al Consejo Comunitario La Gloria por denuncias




PRONUNCIAMIENTO

Nosotros, el Consejo Comunitario de la Vereda La Gloria del municipio de Buenaventura, nos constituimos como una organización étnico-territorial para defender nuestro territorio ancestral en medio de la guerra que se vive particularmente en nuestra región. Por esto siempre hemos estado acosados por los violentos y precisamente esta situación nos hizo desbaratar la planta física de la granja integral comunitaria que hacía parte de uno de los proyectos que planteamos en nuestro Plan de Acción y que con gran esfuerzo venía funcionando desde hace dos años y de la cual hacían parte 15 familias de la comunidad.

Es así como desde el primero de agosto del 2011 entraron a la comunidad de La Gloria un grupo armado que se autodenomina paramilitares, ellos empezaron a limitar el paso, la entrada y salida de personas y motos y prácticamente se tomaron el territorio imponiendo su ley. En estas condiciones, en la comunidad no pudimos continuar desarrollando el trabajo agrícola a través de las mingas y la mano cambiada en la parcela donde estaba la granja, lo cual afectó las actividades comunitarias y organizativas. Aun así, nosotros insistíamos en no dejar morir el proyecto, sin embargo, cada día se aumentaban más los robos en la parcela comunitaria y las agresiones hacia las familias integrantes de este proyecto.  El último atropello consistió en obligarnos a bajar el techo porque según ellos ya lo tenían negociado.

Para el Consejo Comunitario esta violencia hacia nuestra comunidad es muy dolorosa, ya que este proyecto era un sueño, era un esfuerzo más para lograr nuevamente nuestra autonomía alimentaria. Estos hechos se dieron a conocer en su momento a las organizaciones que nos venían acompañando como el PCN, CJR, ACNUR, Cruz Roja Internacional, Solidaridad, Defensoría del Pueblo y la misma Pastoral Social que fue a través de quienes nos vino esa ayuda para la comunidad.

Esta denuncia nos trajo más represalias y hoy en día lideresas y líderes del Consejo Comunitario estamos seriamente amenazados. Para nosotros, como Consejo Comunitario, es un dolor muy grande porque con la pérdida de la parcela comunitaria hemos retrocedido diez años y además, toda esta situación de agresión y violencia nos afecta nuestra integridad física, moral y comunitaria, acabando con la posibilidad de construir autonomía alimentaria y perdiendo credibilidad, porque hace parte de la estrategia de los violentos hacernos responsables del fracaso del proyecto.  

Buenaventura, 19 de mayo de 2012.

FIRMA:

CONSEJO COMUNITARIO DE LA VEREDA LA GLORIA
GRUPO COORDINADOR

Apoyan:

MADRES POR LA VIDA, RED CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES MARIPOSAS DE ALAS NUEVAS CONSTRUYENDO FUTURO, FUNDACIÓN AKINA ZAJI SAUDA –CONEXIÓN DE MUJERES NEGRAS-, MUJER CIMARRONA, CONSEJO DE MUJERES


(Entregado en el Encuentro Nacional de Consejos Comunitarios y Organizaciones Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras)



18 de mayo de 2012

'Severá', documental 10 años de la masacre de Bojayá


Lanzan documental sobre lo que pasó durante una década en esta población.

No es otro documental sobre la masacre de Bojayá. De hecho, son muy pocas las imágenes de aquella fecha en que murieron 79 personas al refugiarse en la iglesia del pueblo, mientras arreciaban combates entre las Farc y los paramilitares. 

Severá  es más bien una mirada en profundidad al duelo que sus pobladores no han podido hacer y un seguimiento exhaustivo por lo que ha pasado en los últimos diez años después de la masacre cuando todos -Estado y medios de comunicación- se fueron. 

"Es la búsqueda sobre cómo se modificó la vida cotidiana de los pobladores de Bojayá y el Medio Atrato por el conflicto, así como la del padre Antún Ramos, el sacerdote que ayudó a la comunidad y que rompió sus votos de silencio para contar su duelo en el documental", cuenta Silvia María Hoyos, quien junto al fotógrafo Adrián Franco dedicó una década de su vida a seguir los pasos de esta historia que "sigue sin final".

Contada con una estructura cronológica que aborda la masacre (en blanco y negro), el retorno que intentaron sus pobladores meses después, la espera por la reubicación y la construcción del nuevo pueblo, tiene como hilo conductor a Antún, cuyo nombre en africano revela lo que significó para Bojayá: árbol grande y fuerte. 

Muestra su trabajo en la comunidad, su posterior viaje a Roma, donde se graduó como periodista, su regreso reciente a Bojayá y su silencio que rompió para revelar que su madre murió días antes de la masacre o cómo él vivió el momento en que la pipeta artesanal lanzada por las Farc acabó con la vida de 44 niños en la iglesia.

Pero también aborda las ausencias de los pobladores que van más allá de los muertos: la historia de una mujer de 96 años, que, tras la masacre, lo que más añoraba era su río; la de una niña que después de desplazarse y retornar no encontró sus cuadernos, o la de una mujer que, en el nuevo pueblo, no ha podido sembrar su árbol de limones.

"Queríamos hablar de la vulneración de esos derechos profundos o dolores internos que hicieron que se modificara su cultura", asegura Hoyos, codirectora de esta producción que costó 600 millones de pesos.

Severá  ya fue estrenado en Medellín y próximamente será emitido por canales nacionales, además de concursar en festivales internacionales.

Fuente: http://bogota.vive.in/cine/bogota/articulos_cine/mayo2012/ARTICULO

Comunicado Cocomopoca ante pretensiones territoriales de MinDefensa


 
COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

El Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del Alto Atrato (COCOMOPOCA) Manifiesta públicamente su rechazo a las presiones sobre su territorio titulado colectivamente, las cuales están generando amenazas contra la integridad física, espiritual y moral de sus líderes y en el proceso organizativo.

En el Municipio de Atrato, dentro del área de influencia de COCOMOPOCA, desde hace 5 años viene funcionando un Batallón de Instrucción y entrenamiento (BITER), adscrito a la Brigada XV con sede en Quibdó, para cuya implementación, el Ministerio de Defensa solicitó ante el INCODER la adjudicación de baldío, y posteriormente ante la Unidad Nacional de Tierras, la adjudicación de constitución de reserva para la construcción de Batallón, pretensiones que fueron negadas en su debido momento porque ambas instituciones (oficio 20072171266 de 03 de Diciembre de 2007 del INCODER, y Auto de 22 de Mayo de 2008 de Unidad Nacional de Tierras) negaron dichas solicitudes con el argumento de que existían comunidades negras organizadas y asentadas en esos lugares, por lo tanto eran las potenciales beneficiarias.

En el mismo Municipio, contiguo a la cabecera municipal, funciona una escuela de formación de policías “Miguel Antonio Caicedo Mena”, desde el 2005, en cuya adjudicación de los terrenos que hoy ocupa, se violó el protocolo de la Consulta Previa. No obstante en el 2010 solicitó la ampliación de su área en 100 hectáreas más, lo cual fue negado por el INCODER, con los mismos argumentos utilizados en respuesta a la solicitud del Ministerio de Defensa.

La comisión interinstitucional que facilitó el proceso de titulación de COCOMOPOCA, conformada por delegados de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Defensoría delegada de Minorías étnicas, Procuraduría Ambiental, Judicial y Agraria, Proyecto de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, Instituto Geográfico Agustín Codazi, Pastoral Social Nacional, Movimiento Sueco para la Reconciliación en calidad de observadores internacionales, Christian AID, Vicepresidencia de la República, recomendó al INCODER que para cerrar estas dos pretensiones, notificará al Ministerio de Defensa Nacional y a la dirección de la Escuela de Policía de Yuto, sobre las negaciones de sus solicitudes de adjudicación de hectáreas de tierra, lo cual fue realizado a cabalidad.

No obstante las notificaciones del INCODER, las autoridades del BITER y de la Escuela de Policías continúan firmes en sus propósitos, pero no han recurrido a los procedimientos para adelantar procesos de consulta previa, plena e informada sino que al contrario, han acudido a las administraciones municipales, a la Gobernación del Chocó y Medios de Comunicación, generando desinformación en la opinión pública, presiones desorbitantes y señalamientos específicos para algunos miembros de la Junta directiva, en detrimento de su honra y de su dignidad, poniendo en peligro su existencia física, en pleno desconocimiento de la directiva 007 de 16 de Mayo de 2007 del Ministerio de Defensa, del ordenamiento constitucional y de los instrumentos internacionales ratificados por Colombia, que hacen parte de nuestra legislación, los cuales exigen tomar medidas eficaces tendientes a fortalecer el respeto y protección de los derechos de las comunidades negras.

Con base en la Ley 70 de 1993, el Consejo Mayor del Alto Atrato, es la máxima autoridad de administración del territorio titulado, y la única estancia que toma decisiones sobre dicho territorio es la Asamblea General, y no la Junta directiva, ni el Representante Legal, como se pretende hacer creer a la opinión pública; por tanto, los señalamientos que se hacen contra personas específicas, son fruto del desconocimiento de los procesos organizativos, y de la negativa en reconocer las autoridades étnicas y la normatividad vigente.

La Corte Constitucional de Colombia ha reiterado los lineamientos jurisprudenciales que ha trazado en relación con la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades afrodescendientes, de las medidas legislativas y administrativas que las afecten directamente. Así mismo ha reafirmado que el derecho de consulta previa que asiste a las comunidades étnicas se fundamenta en el principio democrático, el derecho a la participación, el pluralismo y el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. Con base en estos fundamentos, las 58 organizaciones que conformamos el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, elaboramos un protocolo de consulta previa, que se debe aplicar en estos y otros casos, lo cual es desconocido por las autoridades mencionadas.

COCOMOPOCA responsabiliza a las autoridades militares y de policía, a las administraciones municipales de su área de influencia, de las estigmatizaciones, amenazas y posibles atentados contra la honra y existencia física de sus directivos.

COCOMOPOCA invita al Movimiento Sueco por la Paz y a las demás organizaciones internacionales, a que sigan facilitando su proceso organizativo y visibilizando la problemática sobre el territorio, las autoridades tradicionales, y el disfrute y goce de sus derechos.

Por todo lo anterior, exigimos:

A las autoridades civiles y militares:

1. Retractarse públicamente de las afirmaciones hechas en contra de la junta directiva de COCOMOPOCA y de algunos de sus miembros.

2. Abstenerse de ejercer presiones y de hacer declaraciones infundadas que puedan exponer la integridad de los miembros de la junta directiva de COCOMOPOCA. 

3. Acatar los actos administrativos mediante los cuales se ha definido la titularidad del territorio del Alto Atrato.

4. Respetar el goce de derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos humanos.


Al Ministerio Público:


Tomar las medidas pertinentes que garanticen a los miembros de COCOMOPOCA el disfrute y goce efectivos de sus derechos como grupo étnico.

Quibdó, 14 de Mayo de 2012

CONSEJO COMUNITARIO DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR CAMPESINA DEL ALTO ATRATO - COCOMOPOCA


9 de mayo de 2012

Denuncian nuevo desplazamiento masivo en Guapi, Cauca




Caracol | Mayo 8 de 2012

Un nuevo desplazamiento masivo de comunidades de la localidad de Limones en el municipio de Guapi, en la Costa Pacífica del Cauca, se produjo en las últimas horas por los combates que se registran en el lugar y porque a la comunidad llegó una amenaza de que tenían que desocupar el pueblo.

La denuncia la hizo la Pastoral Social del Vicariato de Guapi, informó que desde hace una semana se han venido registrando continuamente combates en el área perteneciente al consejo comunitario del Rio Guajuí, donde la guerrilla de las Farc ha hecho constantes hostigamientos a la fuerza pública que hace presencia ubicada en la mitad del río.

Los ataques son respondidos muchas veces sin tener en cuenta que en medio del fuego cruzado hay población civil e incluso ha causado averías en 10 viviendas y el desplazamiento de la mayoría de la comunidad al municipio de Guapi.

La denuncia agrega que el pasado sábado en horas de la tarde llegó la información de que tenían plazo para desocupar el pueblo hasta el domingo 6 al medio día.

Esta amenaza generó pánico en los habitantes de la comunidad, quienes inmediatamente se desplazaron a las diferentes veredas más cercanas como son San José, Quiroga, Juanico y la Pampa; otros se desplazaron hasta la cabecera municipal de Guapi, Cauca.

Las personas desplazadas están en su mayoría albergadas en la casa de la cultura y otras se alojaron en casa de familiares y amigos. Todos carecen de alimentos y demás enseres para suplir las necesidades de 42 familias que suman 217 personas, de los cuales 135 son niños entre uno y 17 años de edad y 82 adultos mayores.

Hasta el momento no hay una intervención por parte del gobierno municipal.




Fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/denuncian-nuevo-desplazamiento-masivo
Imagen: Archivo Rebelion.org


 

2 de mayo de 2012

Bojayá a 10 años de la masacre



El 2 de mayo de 2012, los sobrevivientes recordarán nuevamente , uno por uno y como todos los años,  a sus 119 muertos  (Ver: Audiogalería sobre la masacre de Bojayá y galería de fotos: Bojayá, 10 años después de la tragedia)
A diez años de la muerte de 119 personas, en manos de las Farc, sobrevivientes se sienten olvidados.


Decenas de cuerpos arrastró el río Atrato antes de ver las lágrimas del pueblo de Bojayá. En sus caudalosas aguas está escrita la historia sangrienta de las comunidades afrodescendientes e indígenas, que el 2 de mayo vivieron la peor masacre de la historia de Colombia: 119 personas destrozadas por una pipeta de gas lanzada por las Farc, en medio de un combate con los paramilitares.

Eran las 10:43 de esa mañana cuando el estruendo retumbó en el templo San Pablo Apóstol del caserío Bellavista, cabecera municipal de Bojayá (Chocó). "Fueron diez segundos de una eterna sordera. Quedamos envueltos en una nube de polvo que luego se mezcló con sangre y con desgarradores gritos. Estábamos inmersos en una catástrofe de muerte...". Graciano, uno de los sobrevivientes, reaccionó con el peso de la viga que le cayó encima, su cabeza sangraba y sus ojos no daban crédito a lo que veía: decenas de cuerpos mutilados, pequeñas extremidades de niños literalmente estampadas en lo que quedó de las paredes, mujeres embarazadas muertas, muchas lesiones y fracturas, todos perdidos en medio de los escombros... Dolorosas heridas abiertas, sobre todo en el alma, y que diez años después no han sanado.

Empieza el terror


El preludio de la masacre empezó la tarde del 21 de abril, doce días antes, cuando 230 hombres del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas de Freddy Rendón, 'el Alemán', surcaron en sus lanchas las aguas del Atrato y, caserío por caserío, desde Riosucio, fueron asesinando a los que consideraban informantes de las Farc.

Siete días después, sobre las bocas del río San Miguel, guerrilleros de los frentes 34 y 57 los interceptaron. Ese fue su primer enfrentamiento antes de llegar a Bellavista.

Para el primero de mayo los paramilitares ya habían llegado a Vigía del Fuerte, pero la guerrilla logró emboscarlos y se desplazaron al caserío siguiente, la cabecera de Bojayá.

"Esa noche del primero nosotros ya estábamos concentrados en la iglesia porque era la única estructura en cemento que nos podía proteger de las balas. El pueblo estaba completamente inundado y era el único lugar seco. Ahí íbamos a esperar a que pasara el combate... Éramos como quinientas almas", agrega Graciano.

Toda la noche se escucharon las ráfagas de lado y lado del río, y como a las 7 de la mañana del 2 de mayo hubo un angustioso momento de silencio, que fue la antesala de la barbarie.

Los guerrilleros, que habían ganado la posición en el pueblo, instalaron una rampa para lanzar cilindros en el patio de una de las casas. En la iglesia, la casa cural y la casa de las Misioneras Agustinas, que hoy son las únicas habitantes allí, los pobladores escucharon uno tras otro los tres cilindros que los guerrilleros activaron, antes de que el cuarto cayera en el atrio de la iglesia y Graciano quedara fundido en la eterna sordera de diez segundos.

Pero a los paramilitares y guerrilleros no les bastó con eso. Mientras los sobrevivientes salían en estampida, con sus muertos y heridos en los brazos para intentar alcanzar alguna canoa en el río, ellos abrieron fuego indiscriminadamente.

En la iglesia quedaron 119 muertos, 93 heridos y un cristo mutilado: testigo inerte para la historia de la infamia del conflicto.

"Ni en sueños quiero volver a vivir eso. Aquí solo nos ha quedado que uno impulse al otro para seguir adelante, porque mantenemos el pánico. Diez años después ni los unos ni los otros se han ido", asegura el hombre.

A los sobrevivientes no les gusta hablar de lo que pasó; ellos quieren que se trabajé en lo que no se ha hecho. "Triste que para el 24 de abril del 2002 ya existía una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo y nadie hizo nada por nosotros. El 12 de octubre del 2007 el presidente Uribe nos prometió una cancha para que los niños jugaran fútbol y no ha pasado nada", agrega una de las líderes comunales.

El olvido se pasea El único Estado que conocen es el grupo del Ejército y la Armada que trata de ganarse su confianza y de cumplir con las responsabilidades que les corresponde a otras instituciones. El hospital tiene solo el nombre porque los partos se hacen con luz de velas; el profesor de educación física los aleja de los grupos armados y las drogas en un potrero donde juegan a ser estrellas del balón pie todas las tardes; y la corrupción parece rondar en las obras públicas del municipio.

Lo peor de todo, según el diagnóstico de la médica, a la que hace tres meses Caprecom no le paga el sueldo, es que Bojayá es un pueblo sumido en un grave estado de estrés postraumático. "Puedo decir que todos sufren de insomnio", señala. Diez años después las pesadillas tampoco se van, como las de la joven Noelia:

"A veces me sueño que estoy mirando el río y me parece ver a mi abuela y a mi hermanita venir en la panga. Me estiran los brazos y yo también las quiero abrazar, pero cuando ya están frente a mí, los hombres armados que les están apuntando les disparan y las botan al río... Luego, el agua se vuelve toda roja. Ahí me despierto y me doy cuenta de que no era una pesadilla, es verdad".

Las condenas a los responsables de la masacre En 2007 el Nuevo Bellavista fue reubicado a dos kilómetros del sitio donde ocurrió el ataque.

La primera condena emitida por la justicia colombiana, por la masacre de Bojayá, fue de 36 años y seis meses de prisión para Héctor Orlando Martínez Quinto, alias 'Panapanguero', guerrillero de las Farc. Este hombre fue capturado en Costa Rica y extraditado en diciembre de 2006 a Colombia.
Igualmente, el Tribunal Superior de Quibdó confirmó la condena de 36 años y seis meses de prisión para el guerrillero José Antonio Rodríguez Torres, alias 'Pájaro', del frente 57 de la Farc, por los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, actos de terrorismo, rebelión y destrucción de bienes culturales y lugares de culto. Su captura se produjo en Cartago (Valle).

También están condenados otros 19 guerrilleros, entre los que se encuentra el venezolano Ultimio Ramón Perea Montoya, alias 'Barbacha', y tiene resolución de acusación Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias 'Simón Trinidad', extraditado a EE.UU.

La nación también fue condenada, en mayo de 2008, "por no haber protegido a los habitantes de Bojayá", ya que para el 24 de abril del 2002 existía una alerta temprana sobre el avance de Farc y 'paras'. El Ministerio de Defensa pagó más de 1.552 millones de pesos a los familiares de las víctimas.



JINETH BEDOYA LIMA
Enviada Especial de EL TIEMPO
Bojayá.

12 de abril de 2012

PCN: alerta temprana en el río Mayorquín


ALERTA TEMPRANA COMUNITARIA



Ayer lunes 09 de 2012, a las 11:00 a.m. se presentaron combates entre la Infantería de Marina y las Farc – EP, en el territorio colectivo de la cuenca del río Mayorquín, en la vereda Bocas de Mayorquín.  El enfrentamiento duró todo el día; como resultados de estos hechos, 10 viviendas fueron averiadas en techos y paredes, y un infante de marina resultó muerto.


Cuando el enfrentamiento termina, la infantería de marina sale y es cuando los insurgentes llegan a las comunidades y los acusan de ser colaboradores del ejército.  Los acusaron de que estaban denunciando, preguntaron “quien esta denunciando”.


Esto generó que 35 familias tomaran la decisión de desplazarse.  En este momento estas 35 familias van rumbo a la cabecera municipal de Buenaventura.


Solicitamos solidaridad para con estas familias y el territorio colectivo; se teme que muchas familias más se puedan desplazar por el temor a ser acusados y asesinados.


Del gobierno nacional se espera la implementación de los autos 005 y 100; igualmente brindar garantías de retorno y no repetición de los hechos.


Del gobierno nacional, brindar toda la ayuda humanitaria de emergencia a las 35 familias que se están desplazando y establecer un plan de contingencia, juntamente con la autoridad tradicional y el Palenque Regional El Congal, para atender o evitar los posibles desplazamientos adicionales.


De la Defensoría del Pueblo, acompañar todo el proceso de registro y verificación de los hechos ocurridos.


De la Alcaldía Municipal de Buenaventura, disponer de un albergue digno donde las familias puedan llegar y recibir toda la atención humanitaria.


De la Fuerza Pública, abstenerse de entrar a los territorios colectivos sin que antes haya concertado con la autoridad del Consejo Comunitario y cumplido el proceso de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado.


De las Farc, salir del territorio y no hacer señalamiento a las comunidades de ser colaboradores del ejército.


Dejamos constancias de que las Comunidades Negras integradas en el Consejo Comunitario del Río Mayorquín, en uso del derecho propio, determinan que la Junta del Consejo Comunitario es la única autoridad de administración del territorio colectivo.


pcnkol.bogota@renacientes.net, teléfono 2821375 Bogotá


CONSEJO COMUNITARIO MAYORQUIN

PALENQUE REGIONAL EL CONGAL

PROCESO DE COMUNIDADES NEGRAS


3 de abril de 2012

Felicidad por la liberación de César Augusto Lasso

Los integrantes de la Pastoral Afro y el Centro Afrocolombiano de Espiritualidad y Desarrollo Integral comparten la alegría de Myriam Fabiola Lasso Monsalve y toda su familia, por la liberación de su hermano César Augusto.

Myriam es la actual secretaria del Centro de Pastoral Afrocolombiana y estuvo muy activa en las manifestaciones y gestiones por la liberación de César Augusto, secuestrado por la guerrilla de las FARC desde 1998, en la toma de Mitú, Vaupés.  El pueblo afro comparte, como lo ha hecho en la amistad y la oración, este motivo grande para celebrar.  ¡Manifestamos nuestra alegría con todas nuestras voces!

El trabajo constante de Piedad Córdoba, ex-senadora afrodescendiente, y todos los integrantes de Colombianos por la Paz, es aun más valioso cuando se hace contra la corriente, así el presidente Santos insista en que es un privilegio del gobierno.  Ojalá sirva, a cada compatriota que trabaja por la paz y la reconciliación, para recordar que la búsqueda del fin definitivo del conflicto es un deber de todos los bautizados.  ¡La misericordia no es para que la ejerzan unos pocos!



26 de septiembre de 2011

Comunicado público de la Diócesis de Tumaco sobre la situación de la costa pacífica nariñense



Ante la comunidad nacional e internacional hacemos pública la denuncia de los últimos acontecimientos de la costa pacífica nariñense que siguen afectando gravemente la tranquilidad de toda la población de esta región:

1.- Una masacre anunciada

Con mucho dolor nos enteramos de la masacre ocurrida el 26 de agosto en el resguardo indígena Awá el Gran Rosario, Municipio de Tumaco, donde fueron asesinados doce indígenas, entre ellos 5 niños.

Según las últimas informaciones fue una masacre anunciada. El defensor del Pueblo de Nariño afirmó en Consejo de Seguridad que habían emitido una Alerta Temprana sobre este caso, por cuanto una de las víctimas había denunciado ante la Fiscalía al Ejército Nacional como culpable del homicidio de su esposo, ocurrido el 23 de mayo pasado, del cual ella era testigo y por eso había recibido amenazas.

Este hecho de barbarie, donde ni siquiera se respetó la vida de un bebé de ocho meses, ha demostrado la incapacidad de la fuerza pública de proteger a la población civil. A pesar del aumento del pie de fuerza, aumentan las víctimas y la inseguridad, lo que genera una gran desconfianza de la población hacia quienes deben protegerla.

Lastimosamente lo anterior no es la única situación de grave violación a los DD.HH. y DIH. El mismo día 27 agosto cuando llevaron a los 12 indígenas Awá asesinados a la morgue de Tumaco, ya había en ésta ocho cadáveres traídos del corregimiento de Llorente, entre ellos una niña menor de edad, asesinados en días anteriores.

2. Ponemos en conocimiento también los siguientes casos que deterioran la situación en la costa pacífica nariñense:

Los asesinatos siguen sucediendo diariamente. Según datos de Medicina Legal, de enero a junio se cometieron 173 homicidios en el Municipio de Tumaco, pero otros datos confiables hablan de más de 260 homicidios.

En el mismo Municipio de Tumaco se habla de fosas comunes en el río Chagüí, Candelilla de la Mar, la Guayacana y otras en la zona de frontera con Ecuador. El fin de semana del 22/23 de agosto llegaron a la morgue de Tumaco 7 cadáveres procedentes de unas fosas comunes de la Guayacana, presuntamente asesinados hace tres o cuatro meses.

Además de los asesinatos hay 50 denuncias de desapariciones forzadas sólo en Tumaco, según datos oficiales ofrecidos a través de las emisoras locales.

En lo que va corrido del año, en la costa pacífica nariñense se han presentado diez (10) desplazamientos masivos. Entre ellos en el mes de junio se desplazaron forzosamente 517 personas al casco urbano de Tumaco de las veredas de Chilvicito, Pindales y Kilómetro 28. Entre finales de julio y el mes de agosto en los Municipios de Magüí 200 personas, El Charco unas 700 personas y en Mosquera 162 personas.

En este momento conocemos ocho comunidades confinadas en el Municipio de El Charco.

Hay 62 educadores entre ellos varios rectores amenazados, de los cuales 14 han salido de la región. Lo mismo sucede con líderes de Consejos Comunitarios y de población desplazada, que han tenido que huir de su territorio, debilitando los procesos organizativos y de conciencia social.

A pesar de las denuncias es preocupante el aumento del reclutamiento de jóvenes menores de edad por parte de los grupos armados ilegales.

Sigue creciendo la presencia de los grupos armados en los barrios, las veredas y cabeceras municipales de los municipios de la Costa Pacífica nariñense, sometiendo a la población a todos los niveles de arbitrariedades de estos grupos.

Nos preocupa sobre manera la degradación del conflicto: el irrespeto a la vida de los niños, jóvenes y mujeres y en muchos casos en estado de embarazo. En los últimos dos meses tenemos conocimiento oficialmente del asesinato, a veces bajo tortura y sevicia, de nueve menores de edad, entre ellas de tres niñas.

3. Todo lo anterior evidencia una vez más la grave crisis de seguridad por la que están pasando las comunidades de la costa pacífica nariñense, especialmente las comunidades afro e indígenas, que cada vez ven más amenazado su territorio y su proyecto de vida.

Ante este panorama violento reiteramos en nombre de Dios a los diferentes actores armados que respeten la vida de toda persona. Y a las autoridades les exhortamos que cumplan su mandato constitucional y a través de hechos concretos en defensa de la población demuestren que se puede confiar en ellos.

Reiteramos a los medios de comunicación social que no oculten la catástrofe humanitaria que está sucediendo en esta región y la visibilicen.

Apoyamos la reiterada solicitud de las organizaciones indígenas de un acompañamiento permanente de la Comunidad Internacional en esta región, que haga seguimiento a los procesos de investigación de las masacres ocurridas y permita a la vez menguar la situación de violencia que vivimos en relación a la violación de todos los Derechos.


No me preocupa el grito de los violentos, ni de los corruptos...
Lo que más me preocupa es el silencio y la 'falsa calma' de los buenos.
Martin Luther King

Diócesis de Tumaco, 28 de agosto de 2009