El Estado se comprometió a otorgar el derecho a la tierra a las comunidades indígenas y afrodescendientes que sufrieron con la violencia que vivió el país. Sin embargo, los avances son pocos.
· ¿Qué obstáculos encuentran las comunidades indígenas y
afro para que su territorio les sea titulado en Colombia?
· ¿Cómo la minería y las plantaciones de monocultivo de
palma han afectado su territorio?
Por Tatiana Navarrete - 09-02-2017
Más de ocho millones de colombianos fueron afectados por la
violencia, de acuerdo con cifras de la Unidad de Víctimas. La mayoría de ellos,
que corresponde al 88 por ciento, fueron obligados a salir de su tierra; otros
fueron asesinados, secuestrados o violentados sexualmente. Recién en el año
2011 Colombia admitió que vive un conflicto armado interno. Lo hizo por medio
de una ley que prometía reparar a las víctimas y restituir las tierras a
quienes las habían perdido a causa de la violencia.
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| La Constitución de 1991 reconoció los territorios colectivos. Resguardos en el caso de los indígenas y consejos comunitarios para los afrocolombianos. Foto: Unidad de Restitución de Tierras. |
Cerca de un millón de estas víctimas son indígenas o afrodescendientes que viven
selva adentro, la misma selva donde se enquistó la guerra. Una cifra
significativa si se tiene en cuenta que las comunidades étnicas representan
solo 14 por ciento de la población, según el censo del Departamento
Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane.
Como en el resto del país, el delito
que golpeó con más fuerza a resguardos indígenas y consejos comunitarios de
afrodescendientes fue el desplazamiento forzado. La
violencia de distintos actores armados obligó a comunidades enteras a abandonar
sus tierras. Incluso actualmente, cuando Colombia está en medio de un proceso
de paz con las FARC, del medio millón de personas desplazadas entre noviembre
de 2012 y julio de 2015, el 74 % han sido
afrocolombianos e indígenas, según un informe de la Oficina para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios (OCHA).
Pero el problema no termina ahí. Algunas de estas comunidades
que intentaron retornar y exigir los derechos sobre su tierra descubrieron que
allí se habían aprobado licencias de explotación minera, había extensos
cultivos de palma de aceite en su territorio o crecieron los cultivos de coca y
los yacimientos de minería ilegal.
El despojo
de tierras no es un fenómeno del que indígenas y afros fueron las únicas
víctimas, también cientos de campesinos que hoy reclaman sus derechos
sobre la tierra. La diferencia es que la legislación colombiana es mucho más
estricta en cuanto a los territorios étnicos y exige, por ejemplo, que
cualquier tipo de explotación tiene que ser consultada y aprobada por parte de
la comunidad. Consulta que en la mayoría de estos casos no se hizo.
Para tratar
este problema, la Presidencia de la República, en compañía de las comunidades,
creó entonces dos decretos complementarios a la Ley de Víctimas que favorecen
la restitución colectiva de territorios étnicos. Este se ha convertido en el
camino más expedito para que las comunidades indígenas y afros pidan los
títulos de propiedad que durante años no les habían concedido.
Sin
embargo, más de cinco años después de la entrada en vigencia de la ley, los
resultados no son los esperados. “La restitución de los derechos territoriales
de las víctimas indígenas y afrodescendientes no avanza. Avanza el despojo y su
legalización, y la persecución de líderes”, dijo a Mongabay Latam Yamile
Salinas, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz
(Indepaz).
Salinas presentó un informe en diciembre de 2016 en el que
muestra que solo han sido restituidas el 6 por ciento de las hectáreas que
estas comunidades han reclamado. De acuerdo con datos de la Unidad de Tierras y
de la Rama Judicial a agosto de 2016, de las 61 solicitudes de restitución
étnica presentadas, 37 corresponden a resguardos y 24 a consejos comunitarios. De estas 61, solo cuatro han
logrado que una sentencia judicial les regrese la tierra.
Esto en
hectáreas significa que, de las más de 2 millones de hectáreas reclamadas por
comunidades étnicas, solo 123 mil han sido restituidas por la vía judicial. El
resto están siendo estudiadas por la Unidad de Tierras o en el despacho de un
juez a la espera de un fallo.
El asunto
se torna más preocupante si se tiene en cuenta que esta ley es transitoria y
que tendrá una duración de 10 años. Es decir, solo quedan cinco más.
Los intereses tras la tierra
Desde que
se creó la constitución de 1991 en Colombia existe la figura de resguardos
indígenas –que tienen autonomía sobre sus territorios– y los consejos
comunitarios para el caso de los afrocolombianos. Aunque las figuras existan,
el problema para muchas comunidades es que, aunque las han reclamado por
décadas, aún no tienen los títulos de esas tierras
Como no
todos los casos son idénticos, la Unidad de Restitución de Tierras, una entidad
creada en 2011, hace el estudio de lo sucedido y si lo considera pertinente
presenta una demanda ante un juez, quien tiene la última palabra sobre si se
conceden los títulos o no. Son procesos que por lo general tardan más en etapa
de estudio por lo amplio de los territorios reclamados.
De acuerdo
con los expertos, son también decisiones complicadas porque hay intereses
económicos por la tierra. Salinas coincide con otros expertos en el tema en que
hay “una incongruencia en las políticas económicas y las de los derechos
humanos”, pues mientras el gobierno de Juan Manuel Santos prometió el retorno
de las comunidades a sus territorios, promueve lo que llama la ‘Locomotora
Minera’, que implica la ampliación de las concesiones mineras en el país.
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| La Constitución de 1991 reconoció los territorios colectivos. Resguardos en el caso de los indígenas y consejos comunitarios para los afrocolombianos. Foto: Unidad de Restitución de Tierras. |
Se refiere, entre otras cosas, a los proyectos mineros (legales
e ilegales) y plantaciones de monocultivo de palma que se instalaron en el
territorio, sin consultar con las comunidades, y que ahora son un obstáculo
para la titulación de tierras. Este es un asunto que ya ha sido reconocido por la
Corte Constitucional, que en sus pronunciamientos ha dicho que la
presencia de megaproyectos agrícolas o de explotación minera en zonas
históricamente habitadas por los grupos étnicos ha propiciado un nuevo
escenario de amenazas por la presencia de actores armados que intimidan a la
población para que abandonen sus territorios.
Así sucede
en el Chocó, un departamento del Pacífico colombiano. Cocomopoca, el Consejo
Comunitario Mayor de la Organización Campesina del Alto Atrato, está compuesto
por 46 comunidades que viven en cuatro municipios al occidente del Chocó, en
las cuencas del río Atrato. En esta región han hecho presencia distintos grupos
armados: las FARC, el ELN, paramilitares y los grupos que surgieron después de
la desmovilización de estos últimos en 2006. A causa de la violencia el Consejo
Comunitario pasó de tener 30 000 habitantes a finales de los 90 a los 12 000
que lo componen hoy.
Entre 2007
y 2009, cuando la comunidad vivía la época más fuerte de desplazamiento
forzado, el gobierno entregó 21 contratos de concesión con empresas mineras e
individuos sobre más de 17 000 hectáreas del territorio colectivo.
“Nosotros
creemos que la restitución ha avanzado solo como un 20 por ciento en un
territorio como Chocó, donde los jueces se enfrentan a presiones de empresarios
colombianos y extranjeros que tienen intereses sobre la tierra”, aseguró un
líder de Cocomopoca, que pidió la reserva de su nombre por motivos de
seguridad.
Sucedió igual en el Reguardo Indígena Embera Katío del Alto
Andagueda, también en el Chocó, donde el gobierno había entregado concesiones
para explotación de oro en el 63 por ciento del territorio. Pero en este caso,
una histórica sentencia de septiembre de 2014dio
un vuelco a la situación, pues el juez de restitución de tierras decidió no
solo titular 50 000 hectáreas a los indígenas, sino que exigió la suspensión de
las licencias mineras a las cinco empresas que tenían permisos legales para la
explotación de oro, entre ellas, la compañía Continental Gold Limited Sucursal
Colombia, la compañía Exploraciones Chocó Colombia S.A.S y la sociedad
AngloGold Ashanti.
“En temas
de minería ahorita estamos calmados, pero por la sentencia, en la comunidad la
gente dice que una empresa puede entrar, siempre y cuando haya una consulta con
las comunidades, como dice la ley”, indicó a Mongabay Latam Otoniel, nombre en
castellano del líder indígena de esta comunidad.
De una
forma similar, en julio de 2015 los jueces decidieron regresar 71 000 hectáreas
al Consejo Comunitario Renacer Negro en Timbiquí, Cauca, al sur del país, la
única comunidad afrodescendiente a la que hasta ahora le han restituido los
derechos sobre la tierra. Allí también se suspendieron los ocho títulos de
concesión minera para explotar oro, plata, plomo, hierro, manganeso, níquel,
platino, cobre y zinc. Estas decisiones no han caído bien entre el empresariado
colombiano.
¿Hay daños ambientales?
El impacto
ambiental de estos proyectos mineros en los territorios étnicos está siendo
medido por la Unidad de Restitución de Tierras cuando hace el estudio de cada
caso, pero aún no existe un balance nacional sobre estos daños.
Las sentencias que han reconocido los derechos de estas comunidades han recordado que la tierra étnica no puede entenderse como un simple instrumento de producción agrícola, sino como parte fundamental de la vida de estos pueblos. Por eso, consideran fundamental medir los daños ambientales que ha causado la minería, la palma y la erradicación de los cultivos de coca y lo han incluido así en sus órdenes.
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| Vista aérea del impacto de la minería en Timbiquí, Cauca. Foto: Unidad de Restitución de Tierras. |
El fallo que concede la tierra al Consejo Comunitario Renacer Negro explica que la situación de conflicto armado permitió la entrada masiva de la minería a cielo abierto y, para ello, dragas y retroexcavadoras removieron grandes cantidades de tierra. Esto implicó graves afectaciones a las vegetaciones, como la perdida de conectividad ecológica por la fragmentación del habitad y la “contaminación causada por la inadecuada disposición sobre la superficie, todo ello dispersa la fauna local y crea barreras en los procesos de las especies vegetales, causando perdida la cobertura vegetal”, señala la sentencia.
Agrega que
el paisaje ha sido removido y las comunidades han perdido la conectividad
histórica que han tenido con el mismo. Este deterioro ha causado la
desaparición en el territorio de especies nativas como, por ejemplo, algunas aves
de corto vuelo como la pava, el paujil y las guacharacas, especies
dispensadoras de semillas que contribuyen a la regeneración del bosque.
Con relación a las afectaciones sobre las fuentes hídricas, la
sentencia asegura que no hay suficiente control de las autoridades sobre los
residuos que llegan a los ríos. “En algunas minas de la zona, los
lodos se vierten directamente a las quebradas del río Timbiquí. Estos vertidos
en grandes cantidades, alteran el sustrato de los cauces del río aguas abajo,
obstruyen los flujos reduciendo el habitad de pequeños peces invertebrados,
alterando las áreas de reproducción y de refugio de organismos acuáticos y
disponibilidad de alimentos”, dice el documento.
La mayoría
de estas decisiones sobre restitución de territorios étnicos han recordado
también el impacto que ha tenido la fumigación aérea con glifosato, pues no
solo causó la pérdida de los cultivos de pancoger, sino problemas de salud de
los habitantes, y efectos graves contra la fauna y la flora. Esta fue usada
como uno de los principales métodos de erradicación forzada de los cultivos de
coca en Colombia, hasta que en mayo de 2015 fue suspendida por el orden del
presidente Juan Manuel Santos.
En el
Consejo Comunitario de La Larga Turmaradó, en los límites de Chocó y Antioquia,
los empresarios ocupan más del 50 por ciento del territorio –las áreas más
productivas– de acuerdo con información del Centro de Investigación y Educación
Popular, ONG que acompaña el reclamo de los afrodescendientes.
Aunque este
caso no ha sido resuelto por una sentencia, un juez sí ordenó unas medidas
cautelares, es decir unas medidas de protección antes que se emita un fallo, en
las que reconoce el impacto de deforestación que tiene los proyectos de
monocultivos a gran escala. Sin embargo, ante la escasa información que hay al
respecto ordenó a distintas autoridades ambientales del país hacer un estudio
detallado de cómo este cultivo ha impactado en el ecosistema.
Ocurre lo
mismo en los Montes de María, una región ubicada en la costa Caribe colombiana,
44 de las 600 hectáreas que reclaman los afrodescendientes del Consejo
Comunitario ‘Eladio Ariza’ han sido sembradas con palma.
Sin embargo, vale aclarar que la proliferación de los
cultivos de palma en territorios que son reclamados por las víctimas de la
violencia no es un fenómeno único de las comunidades étnicas, sino que es común
también entre los campesinos, en especial de la costa Caribe colombiana y los
Llanos orientales.
¿Es posible regresar?
Las
organizaciones de derechos humanos que acompañan las demandas de estas
comunidades denuncian que persiste la violencia. “Geográficamente estamos
ubicados en un corredor donde pasan todos los grupos. El proceso de paz ha
bajado la violencia, pero todavía hay desplazamiento”, aseguró Otoniel, líder
indígena de la comunidad Embera Katío en Chocó.
Desde 2014, la Defensoría del Pueblo ha advertido en diferentes
espacios que son pocos los avances de la restitución étnica y que mientras
tanto las comunidades siguen en riesgo, sobre todo en Chocó, “Existe una
manifiesta limitación por parte de grupos ilegales al ejercicio de la autonomía
y gobierno propio de las autoridades étnicas, quienes se han visto cooptados
por intereses económicos sobre los territorios colectivos o ancestrales (…) A
estas presiones se suma la debilidad de los mecanismos de protección estatales
que inciden en la inaplicación de los derechos reconocidos a las comunidades en
su condición de sujetos de especial protección constitucional”, dice el informe
‘Crisis humanitaria en Chocó’.
De acuerdo
con cifras de la ONG Somos Defensores, que hace seguimiento a los crímenes
contra líderes sociales, de los 378 defensores de derechos humanos que fueron
asesinados entre 2002 y 2016 en Colombia, 123 eran indígenas y 24
afrodescendientes. Por esa razón, las comunidades han insistido que el Estado
les dé garantías para reclamar sus territorios.
“Yo me
muevo por toda esa zona, en medio de un río caudaloso, donde hay paramilitares,
guerrilleros, de todo. Nosotros estamos pidiendo medidas de protección
integrales, que no solo sea para los que somos de la mesa directiva, sino para
toda la comunidad”, indicó el líder del Consejo comunitario Cocomopoca que
pidió la reserva de su nombre. Los líderes de este territorio han recibido
amenazas de muerte en repetidas oportunidades durante los últimos dos años y en
respuesta la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de prestar
seguridad en estos casos, les ha entregado un chaleco de seguridad y un
teléfono celular.
De acuerdo
con Carlos Guevara, coordinador del sistema de información de Somos Defensores,
en el informe que realizan cada año siempre los líderes de comunidades étnicas
aparecen entre las víctimas más frecuentes. “Esto se da por varias razones.
Primero porque muchas de las zonas de combate y donde confluyen varios actores
armados en Colombia son resguardos indígenas. También porque desde 2013 cuando
entró en marcha la llamada ‘locomotora minera’ aumentaron las disputas por la
tierra que históricamente ha sido de estas comunidades”, dijo el experto a
Mongabay Latam. Agregó que la Ley de Víctimas ha hecho más evidentes, además,
algunos enfrentamientos de estas comunidades con campesinos que ocupan la
tierra o entre las minas y comunidades étnicas.
Además de
retornar y tener los títulos de sus tierras, las comunidades esperan que el
Estado cumpla la deuda histórica que tiene con ellos: que se construyan vías de
comunicación con los centros poblados, se instalen los colegios y centros
médicos y que se pacten comúnmente los modelos de desarrollo regionales.
