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19 de diciembre de 2017

Atrateñidad en riesgo


En mi última visita a Quibdó percibí cómo se ha exacerbado la antioqueñización de ese puerto sobre el río Atrato. Llegué el pasado 30 de noviembre para el lanzamiento de Calle caliente.


Por Jaime Arocha*

Memorias de un cimarrón contemporáneo, el libro con la trayectoria de Rudecindo Castro, líder del movimiento social afrocolombiano. Me sorprendió el nuevo aeropuerto El Caraño, moderno y funcional, pero carente de la atmósfera cálida del antiguo, sin paredes que detuvieran unas brisas que hacían que la gente hablara duro, mientras se comía su pastel. Ahora hay plazoleta de comidas rápidas en el segundo piso.
A las casas de madera que quedaban, con sus techos altos y áreas sociales abiertas, las reemplazan moles de cemento, con esos balcones circulares y balaustradas de barrotes tornados tan populares en el oriente antioqueño. Hasta el lugar de los palafitos del barrio La Yesquita hoy lo comienzan a invadir varilla y concreto. La obstrucción de esa quebrada y sus afluentes presagia la respectiva cuenta de cobro ambiental.

Rejas metálicas aíslan los patios de entrada donde la gente sacaba sus mecedoras para conversar y saludar a quienes pasaban por el frente. La advertencia es la de no salir a ese espacio buscando una mejor señal para evitar un encañonamiento y el robo del celular. La ciudad fortificada reemplazó a la de puertas abiertas.

Hay menos personas negras como dependientes de bancos, almacenes y aerolíneas. Ese blanqueamiento va con la antioqueñización cultural y el aumento del racismo. Las basuras por las calles y a las orillas del río Atrato no dan cuenta de la sintonía que ya debería estar instalada a propósito del respeto de los derechos bioculturales que de manera excepcional la Corte Constitucional le reconoció al río como sujeto de la sentencia T-622 de 2016.

El 8 de diciembre, Semana publicó un número especial sobre el Atrato. Recoge la visión de Ximena González de Tierra Digna, la organización que lideró la tutela referente a la degradación de ese cauce y de sus pobladores ancestrales. Para ella, semejante innovación se basa en un ideal ecocéntrico, según el cual la gente no debe portarse ni como ama ni señora de la naturaleza, sino parte de ella.

Ese ecocentrismo está por arraigarse, como se aprecia en la entrevista que el mismo especial le hizo al gobernador de Antioquia. A él no se le pasan por la mente los derechos bioculturales, sino “los secretos” de la prosperidad y los empresarios prósperos. Si, como reza el subtítulo de ese número, “Antioquia lidera la defensa del Atrato”, ojalá no sea con más de las imposiciones colonialistas que esa cuenca comenzó a recibir desde 1997, cuando el gobierno de Ernesto Samper revivió el proyecto de unir al mar Caribe con el Pacífico por un canal entre los ríos Atrato y Truandó: masacres y asesinatos con el consecuente destierro de comunidades indígenas y negras, expansión de los monocultivos de palma aceitera, coca y pastos para ganadería, además de dragones, retroexcavadoras y mercurio para la minería ilegal del oro. La actual violencia que elenos y gaitanistas ejercen sobre la población civil, así como el aumento de asesinatos de líderes sociales o reclamantes de tierras sí que niegan el sentido de una sentencia única en la historia nacional.

* Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.

Publicado originalmente en El Espectador. 18 de dic de 2017: https://www.elespectador.com/opinion/atratenidad-en-riesgo-columna-729090 

23 de enero de 2017

CUATRO LÍDERES AFROCOLOMBIANOS ASESINADOS EN 2017

Cuatro líderes en 18 días han hecho saltar todas las alarmas en el Chocó sobre una situación que no es nueva. Por ello, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá ha exhortado al presidente de Colombia y al Gobierno a que tome medidas efectivas de protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y advierte con especial énfasis sobre la situación de las comunidades del río Atrato “que siguen expuestas a las actuaciones de grupos paramilitares”.

 
El Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá denuncia el asesinato de cuatro líderes afrocolombianos en 18 días y exige a Gobierno que tome medidas de protección

Cuatro líderes en 18 días han hecho saltar todas las alarmas en el Chocó sobre una situación que no es nueva. Por ello, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá ha exhortado al presidente de Colombia y al Gobierno a que tome medidas efectivas de protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos y advierte con especial énfasis sobre la situación de las comunidades del río Atrato “que siguen expuestas a las actuaciones de grupos paramilitares”.

Las palabras de denuncia del Comité se producen apenas dos días después del asesinato de Emilsen Manyoma, y de su esposo Joe Javier Rodallega, lideresa del Bajo Calima (límite entre el Chocó y el Valle del Cauca), e integrante de la red CONPAZ. Una muerte que se suma a la de Moisés Mosquera Moreno, de 30 años, ocurrida en la comunidad de Caño Seco, en el río Salaquí (Riosucio) el pasado 7 de enero, y la de su padre, Juan de la Cruz Mosquera, de 54 años, solo dos días después. Este pertenecía al consejo comunitario de Tamboral, y era pastor de la iglesia Pentecostal y líder comunitario. Este crimen es atribuido a los paramilitares denominados “Gaitanistas”, explica en un comunicado el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá que denuncia ante la comunidad internacional la violación de derechos humanos y el asesinato de estos cuatro integrantes de las comunidades afrocolombianas.

Recuerdan las decenas de líderes y lideresas asesinados el año pasado y exigen al Estado Colombiano “que demuestre su auténtica voluntad de Paz”, y que “apliquen justicia y detengan esta oleada de crímenes contra los defensores de Derechos Humanos, líderes comunitarios y trabajadores por la paz”.

En los primeros 11 días del año ya se han reportado cinco asesinatos de campesinos y líderes sociales en zonas de lucha territorial. Además de los casos del Chocó, hay otros en Cauca, Córdoba y Cesar. La alerta sobre paramilitares en el río Atrato se produce al tiempo que la Fiscalía insiste en afirmar que no existen grupos paramilitares en Colombia y que los asesinatos de líderes sociales no responden a un patrón sino que son hechos aislados. La denuncia se produce una semana después de que las propias Naciones Unidas advirtieran en su informe de seguimiento del proceso de paz del intento paramilitar de ocupar los espacios que dejan las FARC en su desmovilización. Y a pesar de las denuncias y los asesinatos ayer mismo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, insistía en una entrevista en RCN Radio que “no hay paramilitares, así que aceptar eso es darle garantías políticas a quienes no las merecen. Hay asesinatos pero no son sistemáticos, si lo fueran sería el primero en aceptarlo”.

Denuncia de Afrodes
En este mismo sentido, Marino Córdoba, representante de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, (Afrodes), también ha denunciado que los paramilitares han incrementado considerablemente su presencia en Buenaventura, Cauca y Chocó, dejando a su paso amenazas y muertos de líderes sociales afros. En una entrevista con BluRadio ha advertido que el grupo paramilitar gaitanista está copando espacios que están dejando las FARC que hoy se concentra en los sitios para el desarme. “Estamos muy preocupados porque no hay una respuesta del Estado para garantizar la seguridad de los líderes y por otro no se está persiguiendo a los grupos armados”,

Equipo Colombia Plural // Fotos: Steve Cagan
Tomado del portal WEB, de la Pastoral Social de la Diócesis de Quibdó.
Disponible en: http://www.choco.org/index.php/informativo/549-bojaya-denuncia-que-en-el-atrato-si-hay-una-amenaza-paramilitar