10 de diciembre de 2013

Militares de EEUU estarían detrás de prostitución de menores en Tumaco


Líderes sociales denuncian que militares de Estados Unidos pagan 50 dólares por sexo con menores del puerto.
Caracol | Octubre 23 de 2013

El puerto de Tumaco, sobre la costa pacífica, está en medio del abandono por parte del Estado, la falta de energía y agua, escasez de alimentos, cierre de más de 1.000 empresas, altos índices de homicidios y desempleo y permanentes atentados terroristas.  Ahora, se les suma la utilización de niñas para actividades sexuales con militares de los Estados Unidos y de Colombia.

Según dirigentes de Derechos Humanos, docentes y habitantes de Tumaco, militares antinarcóticos del Gobierno estadounidense que realizan operaciones de fumigación aérea contra los cultivos de drogas en la costa pacífica nariñense, están pagando hasta cincuenta dólares para tener sexo con menores de edad.

Dichas personas confirmaron que el personal de las fuerzas militares de Estados Unidos que se hospeda en hoteles cinco estrellas, ubicados en la zona turística de la playa del Morro, contratan a las niñas a través de las mafias que ofrecen sus servicios con catálogos.

“Lo más triste es que los mismo militares gringos utilizan a estas niñas. Ellos son los que promueven esto. Totalmente seguro y pregúntele a cualquiera. Las autoridades callan sobre este asunto”.

Otro habitante del puerto de Tumaco aseguró que la prostitución infantil es muy delicada; las niñas, desde los doce a los quince años, se venden a las mismas autoridades policiales y a los agentes antinarcóticos de los Estados Unidos.

“Si uno va y denuncia se convierte en un problema de seguridad.  Aquí vivimos en el silencio, es más nos da miedo hasta hablar. No vemos que la autoridad municipal se manifieste, parece que le da miedo, por eso preferimos callar”.

Un defensor de Derechos Humanos advirtió que el flagelo de la prostitución infantil en este Municipio de la costa pacífica nariñense crece cada día más porque nadie le para atención a esta problemática.

“En el sector turístico de El Morro particularmente, hay hoteles que hospeda pilotos y militares extranjeros que buscan tener como compañía menores de edad. A ellos no les importa quienes son, solo les interés satisfacer sus apetitos sexuales”.

Estas afirmaciones las corroboró una docente de uno de los dos colegios donde estudian solo niñas; ella agregó que hay casos de niñas que, de un día para otro, aparecen en clase con tres celulares de gama alta, sin ninguna explicación.

“Hay una orden de que no se puede hablar de este tema porque, lamentablemente, hay militares implicados en la prostitución infantil que se registra en Tumaco”, sostuvo la profesora.

Una mujer que protege a la población vulnerable de Tumaco, a su turno, denunció que soldados de la base militar del Municipio de Francisco Pizarro, a quince minutos vía marítima, han drogando y violando menores en esta población.

Pero ahí no para todo. Ante la cantidad de grupos al margen de la Ley que operan en Tumaco, a varios menores las están violando y descuartizando si no acceden a sus pretensiones.

“El último caso se presentó en el sector de El Bajito, una de las playas de Tumaco, con una menor de catorce años; ella fue abusada por cuatro delincuentes que luego la descuartizaron. Vivía en el Nuevo Milenio”, explicó.

fuente: http://www.caracol.com.co/noticias/regionales/militares-de-eeuu-estarian-detras...
 

23 de octubre de 2013

Discriminación "constitucional" en República Dominicana


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Bogotá D.C.
23 de Octubre de 2013

Apreciado/as
Delegados/as de la Pastoral Afrocolombiana y miembros del CEPAC

Cordial Saludo,

Deseamos, en apoyo al movimiento “Dominican@s por Derecho”, a través de su institución expresar nuestro descontento al gobierno por la situación de desnacionalización que decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, y en particular haitiana, sufrirán como consecuencia de la Sentencia 0168-13, emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hace hoy un mes.

Este dictamen aplican, de manera retroactiva, criterios que excluyen del ius soli[*], vigente hasta la promulgación de la Constitución de 2010, a los nacidos desde 1929 en territorio dominicano cuyos padres estuvieran, al momento de su nacimiento, en situación migratoria irregular.  Asimismo, el Tribunal apela a criterios raciales inadmisibles para aplicar esta medida y exhorta a la Junta Central Electoral, encargada de emitir actas de nacimiento y cédulas de identidad, a crear un discriminatorio listado de personas, que, habiendo sido reconocidas por el Estado como dominicanas durante toda su vida, deberán ser ahora desprovistas de su nacionalidad en base a un supuesto registro irregular al momento de su nacimiento.

Además de los principios de irretroactividad de la ley y de la seguridad jurídica, esta sentencia viola al menos 15 artículos de la constitución dominicana y se aparta del Sistema de Derecho Internacional.  Entre otros, destacan la vulneración de: el derecho al nombre y la nacionalidad; el carácter vinculante que en el ordenamiento jurídico dominicano tienen las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la del caso Yean y Bosico, que estableció criterios que fueron completamente contrariados por el Tribunal Constitucional en 2005; el principio de favorabilidad a la persona, que debe primar cuando varias disposiciones de igual jerarquía entran en conflicto; el principio de equidad e igualdad ante la ley, ya que la sentencia sólo se refiere a la aplicación de estas medidas a los descendientes de inmigrantes haitianos y ordena a que los dominicanos sean divididos en base a su ascendencia; las garantías del debido proceso, ya que la sentencia afectará a varias generaciones de personas que no fueron parte del proceso que originó esta decisión.

Lamentamos, por tanto, que esta sentencia se perfile como una violación del derecho internacional y sea objeto de crítica de la comunidad internacional, y que debido a ella República Dominicana esté en franco desacato frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.  Peor aún, en el plano nacional ésta se vuelve un instrumento de segregación de la población nacional dominicana, por el cual decenas de miles de personas confrontarán dificultades para estudiar, trabajar en el sector formal de la economía, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, inscribir a sus hijos o hijas en el registro civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.

Les invitamos a obtener más información sobre la sentencia, sus consecuencias y las posibles acciones de apoyo visitando el blog dominicanosxderecho.wordpress.com y visitando las páginas de “Dominican@s x derecho” en Facebook, Twitter y YouTube.

Son muchas las personas e instituciones, de diversa naturaleza, que se han manifestado en contra de este aberrante genocidio civil. Con la esperanza de que con su solidaridad podamos acompañar a los afectados y afectadas, agradecemos su atención y le solicitamos coloque sus mejores oficios para que esto se detenga. Porque, definitivamente, Eso No Se Hace.

Atentamente,

Centro de Pastoral Afrocolombiana, CEPACConferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CNOA


[*]  Expresión latina que quiere decir "derecho del suelo". Busca favorecer la integración de los extranjeros. Las Naciones Unidas lo reglamentó con la Convención para reducir los casos de apatridia, firmada, pero no ratificada, por República Dominicana.


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Centro Bonó - República Dominicana

Bonò rechaza sentencia “aberrante” del Tribunal Constitucional

La organización denuncia TC que deja sin nacionalidad a 4 generaciones de dominicanos/as


Santo Domingo 26 septiembre, 2013. El Centro Bonó expresa hoy su más profunda indignación ante la sentencia absurda, insensata e injusta mediante la cual el Tribunal Constitucional (TC) crea la figura de personas extranjeras en tránsito en un período que abarca 85 años, para justificar la desnacionalización de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

La aberrante sentencia 168-13 del TC legitima actos administrativos ilegales de la Junta Central Electoral (JCE), afectando de esta forma los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres que, durante toda su vida, han formado parte del pueblo dominicano y han contribuido al desarrollo material, cultural y espiritual de esta República. Se trata de una práctica jurídica que viola abiertamente el principio de irretroactividad de las leyes.

El Centro Bonó manifiesta públicamente su indignación por ver cómo el TC se extralimitó en el caso de Juliana Deguis Piere, quien acudió al tribunal con su nacionalidad intacta, y, en vez de recibir la tutela y protección de sus derechos fundamentales, salió desnacionalizada por los jueces que aprobaron la sentencia.

El Tribunal Constitucional, en este caso, se separa de sus atribuciones, pues, tal y como lo ordena la Carta Magna en su artículo 74, la alta corte tiene la obligación de interpretar el derecho en “el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”.  El TC “ignora los principios de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como los pactos y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.

El Centro Bonó, frente a este escenario, llama a toda la ciudadanía a deplorar la sentencia evacuada por el más alto tribunal, y expresa su profunda preocupación porque se ha vulnerado el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática de República Dominicana.  Anuncia que acompañará a todos los afectados y afectadas por esta sentencia, hasta que los derechos que han sido violados por la misma sean restituidos.

El Tribunal está apoderado de casos de cientos de personas de situación similar, por lo que esperamos que, en el futuro, y apegado al Derecho, revise y varíe su propia jurisprudencia, conforme a la Constitución, las leyes y a los tratados internacionales.

“Llamamos la atención a todos los poderes del Estado para que asuman su responsabilidad en el ejercicio equilibrado de los poderes, y armonicen sus puntos de vista para buscar una solución justa y digna a esta problemática”.

El Centro Bonó saluda y reconoce la dignidad de los magistrados que se opusieron a esta actuación tristemente célebre del Tribunal Constitucional.


Fuente: http://bono.org.do/?p=4172


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Organizaciones de DDHH rechazan sentencia TC y llaman a la solidaridad


Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo firmantes rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas, al amparo de la constitución y leyes vigentes.

La sentencia, que viola al menos quince artículos de la constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.

El caso por el que el TC falló trataba de determinar si la Junta Central Electoral (JCE) vulneró derechos constitucionalmente protegidos con su negativa de entregarle la Cédula de Identidad a Juliana Deguis.  Pero el TC manipuló la interpretación de las normas para imponer, con efecto retroactivo, la mentira de que la figura de “Tránsito” se refiere a si el inmigrante está regularizado o no.  Un desvarío para tratar de convencer a la opinión pública de que hijos e hijas tienen que ser condenados por hechos que no estaban previstos por la ley, supuestamente cometidos por sus padres, antes de ellos nacer.

La Sentencia del TC se contradice.  Por un lado ordena la entrega del Acta de Nacimiento a Juliana Deguis, mientras que por otro lado, ordena a la JCE que apodere a los tribunales ordinarios para que determinen la validez de las Actas de Nacimiento que les sean sometidas, cuando ya el mismo TC ha prejuzgado el asunto, declarando que dichas actas son ilegales y que las personas titulares son extranjeras.

Advertimos que la referida sentencia se erigirá en el instrumento de segregación de la población nacional.  A partir de ahora, seremos divididos entre dominicanos “puros” y dominicanos que, como por arte de magia, el TC ha convertido en “extranjeros” por el simple hecho de ser descendientes de inmigrantes.

Miles de dominicanos y dominicanas se verán impedidos de ejercer sus derechos fundamentales, enfrentarán cotidianamente el riesgo de deportaciones masivas, continuarán enfrentando dificultadas para estudiar, trabajar, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.

Miles de dominicanos y dominicanas continuarán transmitiendo a sus hijos e hijas el estatus de apatridia que les afecta, un completo contrasentido, en el marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad jurídica.

Esta sentencia también agravará la situación de marginalización y exclusión de miles de personas, e incidirá negativamente en las posibilidades de promover la gobernabilidad democrática.

Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que asuman con responsabilidad la búsqueda de una solución justa, racional, efectiva y definitiva a esta situación.  Con esta Sentencia, el TC ha roto con el constitucionalismo americano, el Sistema Interamericano y el Sistema Internacional, y coloca al país en la mira de sanciones internacionales por incumplir con su obligación de proteger y garantizar los Derechos Humanos de todos sus habitantes.

Insistimos en llamar a la sociedad dominicana a solidarizarse con las personas afectadas por esta decisión, sumándose a las actividades de movilización que están previstas y levantando su voz en todos los escenarios donde se intente imponer la mentira que sustenta esta sentencia del TC.  También reiteramos el llamado a los amigos de la prensa, para que promuevan un abordaje exhaustivo del tema, recuerden que no hay seres humanos ilegales y que la población afectada por la sentencia no es inmigrante sino dominicana, reconocida por el Estado como tal.

Las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben este comunicado, intensificaremos, de manera progresiva, sistemática y sostenida acciones de denuncia y movilización a nivel nacional e internacional, hasta que los derechos violados por esta sentencia sean restituidos.

Firman:

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
Fundación Étnica Integral (FEI)
Red Jacques Viau
Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)
Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)
Centro Bonó
Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA)
Movimiento Reconocido
Visión Mundial República Dominicana
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD)
Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)


16 de octubre de 2013

Bogotá negra (una visión)

Especial multimedia de El Tiempo


En unos 10 barrios de Bogotá, la población negra se ha sentido amenazada.

Sin importar los kilómetros de distancia que hay entre estas localidades, en Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Engativá se respira miedo, discriminación y frustración. En unos 10 barrios de estas zonas, donde la mayoría de la población es de tez negra -proveniente generalmente de la Costa Pacífica y la Costa Atlántica-, en más de una ocasión han amenazado, herido o asesinado negros; varios conductores de servicio público se rehúsan a entrar a esos sectores porque temen ser agredidos verbal o físicamente; y propietarios de casas y apartamentos optaron por no volverles a arrendar a personas de color, pues donde le alquilaban a uno terminaban viviendo más de 10.

“Los negros están matando y atracando a los blancos”, se quejaban los vecinos del barrio Rincón de Suba, a principios del año pasado, ante las autoridades locales (alcaldía menor y Policía de Suba) y administración distrital. Los líderes de la comunidad afro, por su parte, aseguraban que solo los juzgaban por su color de piel; que este era un claro hecho de discriminación racial. “Decían que los negros robaban, hacían bulla en la calle y eran agresivos, pero no pueden juzgar si son buenos o malos solo por el color de la piel. Hay que entender que, cuando llegan a Bogotá, forman colonias con gente de su tierra, mediante las cuales se acompañan y se ayudan; esto sin hacerle mal a nadie”, explicó Rudesindo Castro, exdirector de Asuntos Étnicos del Distrito.

Problemas de convivencia y agresiones entre blancos (mestizos) y negros son el pan de cada día en esos seis puntos de la capital, donde se concentra la población afrocolombiana. Allí se aglutinan más de 70.000 afros de los 129.022 que, según una estimación realizada por un grupo de investigadores del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, residen en Bogotá. La mayoría de ellos llegan buscando mejorar sus condiciones de vida y comienzan a laborar básicamente en ventas informales, vigilancia y construcción.

“No es que seamos racistas, es que (a los afrocolombianos) no los vemos trabajando, pero sí atracando los fines de semana. Después de las 10 de la noche pasan en grandes grupos gritando y haciendo escándalos; le dan patadas a las puertas, rompen los vidrios y al día siguiente se ven muertos, heridos”, reza una carta firmada por 52 vecinos que residen entre las calles 125B y 131, entre carreras 91A y 93A (también en Suba), que fue enviada a la Alcaldía Mayor, a finales del 2011, con el ánimo de conocer por qué las autoridades no tomaban medidas al respecto.

Los ataques también golpean -de forma recurrente- a las personas de raza negra. El 7 de abril de este año, Jimmy Pontón, quien llegó de Jamundí, Valle, murió tras ser herido con arma blanca en el barrio El Claret, en Rafael Uribe Uribe, por un hombre al que supuestamente “no le gustan los negros (…) por ser negro lo mataron”, concluyeron familiares de la víctima ante los medios de comunicación.

Protección a negros y blancos

La Secretaría de Asuntos Étnicos, que comenzó a funcionar en Bogotá el 15 de julio de 2011, básicamente con el ánimo de fomentar la no discriminación, la protección a la cultura afro y el auto reconocimiento, ha detectado hechos de este tipo en la ciudad. “La gente estaba empeñada en asociar a la población afro con delincuentes. Incluso, hay quienes aún no les arriendan porque dicen que detrás de un negro llegan como 15 más, que les ocupan las casas. Muchos se sienten rechazados o señalados hasta por la Policía porque aseguran que estar en grupo es razón suficiente para mandarles una patrulla”, dijo Castro.

Por eso se han organizado con el ánimo de mejorar la convivencia. “Hemos tenido que hacer mesas de trabajo en las localidades para bajar los ánimos. Quienes no les arrendaban, por ejemplo, cedieron y accedieron a dejar que sus familiares se quedaran unas semanas y luego se reubicaran, mientras ellos (personas afro) se comprometían a cumplir con los plazos y con las normas”, agregó.

En otro escenario, varios conductores se niegan a transportarlos. “Después de las 8 de la noche yo no los recojo; si voy por esos barrios de negros, especialmente los que quedan en Bosa y Ciudad Bolívar, prefiero pasar de largo. Son muy peleoneros, no pagan la carrera y hasta me terminan rompiendo los vidrios o sacando cuchillo”, dijo un conductor de taxi, que pidió la reserva de su nombre por seguridad.

Si bien es cierto que no hay cifras oficiales que muestren un comparativo entre el número de riñas en las que se ven implicados afrocolombianos y en las que no (sería discriminatorio, dicen las autoridades), la Policía asegura que el número de grescas en los barrios donde se concentra la población afro -y donde además hay sitios de entretenimiento exclusivo para ellos como peluquerías, tiendas y bares- aumenta especialmente los fines de semana; que en varios de ellos también se excede la capacidad permitida y se incumple con el horario de cierre.

Pero las personas de tez negra sufren en silencio. “Nos toca vivir abusos y matoneo. No nos alquilan por ser negros, porque somos de familias numerosas; llegamos a Bogotá solo a engrosar los cordones de miseria. No hay un entendimiento de la política de victimización, desde el gobierno, dirigida a nuestro territorio. Hasta el momento no le ha interesado que su ciudadanía se entere de lo que en realidad está pasando en los territorios, sobre todo en lo urbano, porque aquí es más fuerte la violencia y la discriminación que en la zona rural”, afirmó Virgelina Chará, coordinadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer, la Juventud y la Infancia, que trabaja, entre otros, con víctimas de desplazamiento y familiares de desaparecidos.

“Cuando me vine para Bogotá fue muy duro; llegué sin dinero y con ilusiones de progresar. Mi familia y yo terminamos en una piecita muy pequeña de Teusaquillo. Pasaron meses sin empleo hasta que conseguimos trabajo y las puertas se nos abrieron”, dijo Henry Belálcazar, un valluno que desde hace más de 10 años vive en la ciudad.

“Hay un problema claro de intolerancia y de estigmatización contra los afrocolombianos (…) la información que se tiene sobre esta población en la ciudad es básica, tanto que las últimas cifras del número de afros que viven en Bogotá se basan en los datos que arrojó el Censo de 2005, y estas son mucho menores a las reales”, explicó Andrés Mesa, investigador del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

“Mientras tengamos discriminación, tendremos pobreza, desempleo, prostitución, violación de derechos y desplazamiento (…) que nos asesinen por ser negros, por vivir en X o Y localidad, porque los negros hacen bulla. Esto seguirá pasando hasta que la gente logre entender las culturas y la visión política de las comunidades negras, palanqueras y raizales”, concluyó Virgelina Chará.

Línea de tiempo: el camino hacia la igualdad
 
 
Black Bogotá

In about 10 neighborhoods in Bogotá, the black population has felt threatened.

Regardless of the miles of distance between these Bogotá localities, in Suba, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Bosa and Engativá, it breathes fear, discrimination and frustration. In about 10 neighborhoods in these areas, where most of the population have black skin - usually coming from the Pacific and the Atlantic coasts -, on more than one occasion they have threatened, injured or killed blacks; several public service drivers refuse to enter these sectors because they fear being attacked verbally or physically, and houses and apartment owners chose not to rent to people of color, because they ended up living more than 10.

"Blacks are killing and robbing whites," complained neighborhood residents of Suba Corner, at the beginning of past year, with local authorities (Suba administrativa mayor and police) and Capital District administration. The Afro community leaders, meanwhile, claimed that they were only judged by their skin color, that this was a clear fact of racial discrimination. "They said that blacks stole, made noise on the street and were aggressive, but we can not judge whether they are good or bad only by skin color. One must understand that, when they get to Bogota, form colonies with people of their land, through them they accompany and help each other, they do it without any harm for anyone," said Rudesindo Castro, former District Ethnic Affairs director.

Coexistence problems and aggression among whites (mestizos, from mixed ancestry) and blacks are business as usual in these six parts of the capital, which concentrates the Afro population. There are over 70.000 afros from the 129.022 living in Bogotá, according to an estimate by a group of researchers from the Centre for Social Studies of the National University. Most of them come looking to improve their live conditions and begin to work primarily on informal sales and as building workers.

"It is not that we are racist, is that you do not see them (the Afro-Colombians) working, but robbing at weekends. After 10pm they go in large groups shouting and making scandals, kicking the doors, breaking glasses and the next day you see dead, wounded," reads a letter signed by 52 residents living between the 125B and 131 streets, between 91A and 93A roads (also in Suba); it was sent to the Mayor, in late 2011, with the aim of knowing why the authorities did not take action.

Attacks also hit -recurrently- black people. On April 7 this year, Jimmy Pontón, who arrived from Jamundí, Valle del Cauca, died after being stabbed and injured in the Claret neighborhood, in Rafael Uribe Uribe locality, by a man who supposedly "does not like black people (... ) he was killed for being black," concluded the victim's family to media.

Protection for blacks and whites

The District Agency of Ethnic Affairs, which began operating in Bogota on July 15, 2011, primarily with the aim of promoting non-discrimination, protecting Afro-Colombian culture and self-recognition, it has detected such events in the city. "People were determined to associate Afro people with criminals. Even, some people still do not rent them because they say that behind a black arrive 15 more at least to the houses they lease. Many feel rejected or marked up by the police because they claim to be in groups is reason enough to send them a patrol," said Castro.

So it was organized with the aim to improve relationships. "We had to do work-tables in the localities to lower tempers. Those not renting, for example, relented and agreed to let their families to stay a few weeks and then be relocated, while they (Afro-Colombian people) promised to meet deadlines and standards," he added.

In another scenario, many drivers refuse to transport them. "After 8 pm I did not pick them up;if I walk through blacks neighborhoods, especially those who are in Bosa and Ciudad Bolívar, I prefer to pass by. They are very quarrelsome, do not pay the run and they even end up breaking a glass or pulling out a knife," said a taxi driver, who asked not to be named for security.

While it is true that no official figures comparing the number of fights with Afro-Colombians involvement and the ones without it ("it would be discriminatory," officials say), the Police says the number of brawls in neighborhoods with Afro concentration - and where there is also exclusive entertainment sites for them as hairdressers, shops and bars- increases especially at weekends, that several of them also exceed allowed capacity and use to infringe closing time.

But black-skinned people suffer in silence. "We are living abuse and bullying. They don't rent us because we're black, because we have large families; we arrived at Bogota only to swell the misery. There isn't an understanding of victimization politics, from the government, led to our territory. To the day, there hadn't been the interest to make the public become aware of what is really going on in the territories, especially in urban areas, because here violence and discrimination are stronger than in rural areas," said Virgelina Chará, coordinator of the Association for the Integral Development of Women, Youth and Children; they work, among others, with victims of displacement and friends of missing persons.

"When I came to Bogotá it was very hard, I came without money and with illusions of progress. My family and I ended up in a tiny little room at Teusaquillo [locality]. We spent months unemployed until we got work and we opened the doors," said Henry Belalcazar a man from Valle who for more than 10 years living in the city.

"There is a clear problem of intolerance and stigmatization against Afro-Colombians (...) the information you have on this population in the city is basic, while the latest figures on the number of afros living in Bogota are based on data resulting from 2005 Census, and these are much smaller than the real" explained Andrés Mesa, Colombian researcher Institute of Anthropology and History (ICANH).

"While we have discrimination, we have poverty, unemployment, prostitution, rape and displacement rights (...) that we are murdered for being black, living in X or Y location, because blacks make noise. This will continue to happen until people achieve to understand the cultures and the political vision of black communities, raizals (islanders) and palanqueras" concluded Virgelina Chara.