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Bogotá D.C.
23 de Octubre de 2013
Apreciado/as
Delegados/as de la Pastoral Afrocolombiana y miembros del CEPAC
Cordial Saludo,
Deseamos, en apoyo al movimiento “Dominican@s por Derecho”, a través de su institución expresar nuestro descontento al gobierno por la situación de desnacionalización que decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera, y en particular haitiana, sufrirán como consecuencia de la Sentencia 0168-13, emitida por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana hace hoy un mes.
Este dictamen aplican, de manera retroactiva, criterios que excluyen del ius soli[*], vigente hasta la promulgación de la Constitución de 2010, a los nacidos desde 1929 en territorio dominicano cuyos padres estuvieran, al momento de su nacimiento, en situación migratoria irregular. Asimismo, el Tribunal apela a criterios raciales inadmisibles para aplicar esta medida y exhorta a la Junta Central Electoral, encargada de emitir actas de nacimiento y cédulas de identidad, a crear un discriminatorio listado de personas, que, habiendo sido reconocidas por el Estado como dominicanas durante toda su vida, deberán ser ahora desprovistas de su nacionalidad en base a un supuesto registro irregular al momento de su nacimiento.
Además de los principios de irretroactividad de la ley y de la seguridad jurídica, esta sentencia viola al menos 15 artículos de la constitución dominicana y se aparta del Sistema de Derecho Internacional. Entre otros, destacan la vulneración de: el derecho al nombre y la nacionalidad; el carácter vinculante que en el ordenamiento jurídico dominicano tienen las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la del caso Yean y Bosico, que estableció criterios que fueron completamente contrariados por el Tribunal Constitucional en 2005; el principio de favorabilidad a la persona, que debe primar cuando varias disposiciones de igual jerarquía entran en conflicto; el principio de equidad e igualdad ante la ley, ya que la sentencia sólo se refiere a la aplicación de estas medidas a los descendientes de inmigrantes haitianos y ordena a que los dominicanos sean divididos en base a su ascendencia; las garantías del debido proceso, ya que la sentencia afectará a varias generaciones de personas que no fueron parte del proceso que originó esta decisión.
Lamentamos, por tanto, que esta sentencia se perfile como una violación del derecho internacional y sea objeto de crítica de la comunidad internacional, y que debido a ella República Dominicana esté en franco desacato frente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Peor aún, en el plano nacional ésta se vuelve un instrumento de segregación de la población nacional dominicana, por el cual decenas de miles de personas confrontarán dificultades para estudiar, trabajar en el sector formal de la economía, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, inscribir a sus hijos o hijas en el registro civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.
Les invitamos a obtener más información sobre la sentencia, sus consecuencias y las posibles acciones de apoyo visitando el blog dominicanosxderecho.wordpress.com y visitando las páginas de “Dominican@s x derecho” en Facebook, Twitter y YouTube.
Son muchas las personas e instituciones, de diversa naturaleza, que se han manifestado en contra de este aberrante genocidio civil. Con la esperanza de que con su solidaridad podamos acompañar a los afectados y afectadas, agradecemos su atención y le solicitamos coloque sus mejores oficios para que esto se detenga. Porque, definitivamente, Eso No Se Hace.
Atentamente,
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[*] Expresión latina que quiere decir "derecho del suelo". Busca favorecer la integración de los extranjeros. Las Naciones Unidas lo reglamentó con la Convención para reducir los casos de apatridia, firmada, pero no ratificada, por República Dominicana.
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Bonò rechaza sentencia “aberrante” del Tribunal Constitucional
La organización denuncia TC que deja sin nacionalidad a 4 generaciones de dominicanos/as
Santo Domingo 26 septiembre, 2013. El Centro Bonó expresa hoy su más profunda
indignación ante la sentencia absurda, insensata e injusta mediante la cual el Tribunal
Constitucional (TC) crea la figura de personas extranjeras en tránsito en un período
que abarca 85 años, para justificar la desnacionalización de miles de dominicanos y
dominicanas de ascendencia haitiana.
La aberrante sentencia 168-13 del TC legitima actos administrativos ilegales de la Junta Central Electoral (JCE), afectando de esta forma los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres que, durante toda su vida, han formado parte del pueblo dominicano y han contribuido al desarrollo material, cultural y espiritual de esta República. Se trata de una práctica jurídica que viola abiertamente el principio de irretroactividad de las leyes.
El Centro Bonó manifiesta públicamente su indignación por ver cómo el TC se extralimitó en el caso de Juliana Deguis Piere, quien acudió al tribunal con su nacionalidad intacta, y, en vez de recibir la tutela y protección de sus derechos fundamentales, salió desnacionalizada por los jueces que aprobaron la sentencia.
El Tribunal Constitucional, en este caso, se separa de sus atribuciones, pues, tal y como lo ordena la Carta Magna en su artículo 74, la alta corte tiene la obligación de interpretar el derecho en “el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”. El TC “ignora los principios de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como los pactos y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.
El Centro Bonó, frente a este escenario, llama a toda la ciudadanía a deplorar la sentencia evacuada por el más alto tribunal, y expresa su profunda preocupación porque se ha vulnerado el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática de República Dominicana. Anuncia que acompañará a todos los afectados y afectadas por esta sentencia, hasta que los derechos que han sido violados por la misma sean restituidos.
El Tribunal está apoderado de casos de cientos de personas de situación similar, por lo que esperamos que, en el futuro, y apegado al Derecho, revise y varíe su propia jurisprudencia, conforme a la Constitución, las leyes y a los tratados internacionales.
“Llamamos la atención a todos los poderes del Estado para que asuman su responsabilidad en el ejercicio equilibrado de los poderes, y armonicen sus puntos de vista para buscar una solución justa y digna a esta problemática”.
El Centro Bonó saluda y reconoce la dignidad de los magistrados que se opusieron a esta actuación tristemente célebre del Tribunal Constitucional.
Fuente: http://bono.org.do/?p=4172
La aberrante sentencia 168-13 del TC legitima actos administrativos ilegales de la Junta Central Electoral (JCE), afectando de esta forma los derechos fundamentales de más de cuatro generaciones de hombres y mujeres que, durante toda su vida, han formado parte del pueblo dominicano y han contribuido al desarrollo material, cultural y espiritual de esta República. Se trata de una práctica jurídica que viola abiertamente el principio de irretroactividad de las leyes.
El Centro Bonó manifiesta públicamente su indignación por ver cómo el TC se extralimitó en el caso de Juliana Deguis Piere, quien acudió al tribunal con su nacionalidad intacta, y, en vez de recibir la tutela y protección de sus derechos fundamentales, salió desnacionalizada por los jueces que aprobaron la sentencia.
El Tribunal Constitucional, en este caso, se separa de sus atribuciones, pues, tal y como lo ordena la Carta Magna en su artículo 74, la alta corte tiene la obligación de interpretar el derecho en “el sentido más favorable a la persona titular de los mismos”. El TC “ignora los principios de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos así como los pactos y tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional.
El Centro Bonó, frente a este escenario, llama a toda la ciudadanía a deplorar la sentencia evacuada por el más alto tribunal, y expresa su profunda preocupación porque se ha vulnerado el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática de República Dominicana. Anuncia que acompañará a todos los afectados y afectadas por esta sentencia, hasta que los derechos que han sido violados por la misma sean restituidos.
El Tribunal está apoderado de casos de cientos de personas de situación similar, por lo que esperamos que, en el futuro, y apegado al Derecho, revise y varíe su propia jurisprudencia, conforme a la Constitución, las leyes y a los tratados internacionales.
“Llamamos la atención a todos los poderes del Estado para que asuman su responsabilidad en el ejercicio equilibrado de los poderes, y armonicen sus puntos de vista para buscar una solución justa y digna a esta problemática”.
El Centro Bonó saluda y reconoce la dignidad de los magistrados que se opusieron a esta actuación tristemente célebre del Tribunal Constitucional.
Fuente: http://bono.org.do/?p=4172
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Santo Domingo, 1 de octubre 2013. El conjunto de organizaciones abajo firmantes
rechazamos la sentencia No. 168/13 del Tribunal Constitucional (TC) que arrebata la
nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registradas
como dominicanas, al amparo de la constitución y leyes vigentes.
La sentencia, que viola al menos quince artículos de la constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.
El caso por el que el TC falló trataba de determinar si la Junta Central Electoral (JCE) vulneró derechos constitucionalmente protegidos con su negativa de entregarle la Cédula de Identidad a Juliana Deguis. Pero el TC manipuló la interpretación de las normas para imponer, con efecto retroactivo, la mentira de que la figura de “Tránsito” se refiere a si el inmigrante está regularizado o no. Un desvarío para tratar de convencer a la opinión pública de que hijos e hijas tienen que ser condenados por hechos que no estaban previstos por la ley, supuestamente cometidos por sus padres, antes de ellos nacer.
La Sentencia del TC se contradice. Por un lado ordena la entrega del Acta de Nacimiento a Juliana Deguis, mientras que por otro lado, ordena a la JCE que apodere a los tribunales ordinarios para que determinen la validez de las Actas de Nacimiento que les sean sometidas, cuando ya el mismo TC ha prejuzgado el asunto, declarando que dichas actas son ilegales y que las personas titulares son extranjeras.
Advertimos que la referida sentencia se erigirá en el instrumento de segregación de la población nacional. A partir de ahora, seremos divididos entre dominicanos “puros” y dominicanos que, como por arte de magia, el TC ha convertido en “extranjeros” por el simple hecho de ser descendientes de inmigrantes.
Miles de dominicanos y dominicanas se verán impedidos de ejercer sus derechos fundamentales, enfrentarán cotidianamente el riesgo de deportaciones masivas, continuarán enfrentando dificultadas para estudiar, trabajar, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.
Miles de dominicanos y dominicanas continuarán transmitiendo a sus hijos e hijas el estatus de apatridia que les afecta, un completo contrasentido, en el marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Esta sentencia también agravará la situación de marginalización y exclusión de miles de personas, e incidirá negativamente en las posibilidades de promover la gobernabilidad democrática.
Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que asuman con responsabilidad la búsqueda de una solución justa, racional, efectiva y definitiva a esta situación. Con esta Sentencia, el TC ha roto con el constitucionalismo americano, el Sistema Interamericano y el Sistema Internacional, y coloca al país en la mira de sanciones internacionales por incumplir con su obligación de proteger y garantizar los Derechos Humanos de todos sus habitantes.
Insistimos en llamar a la sociedad dominicana a solidarizarse con las personas afectadas por esta decisión, sumándose a las actividades de movilización que están previstas y levantando su voz en todos los escenarios donde se intente imponer la mentira que sustenta esta sentencia del TC. También reiteramos el llamado a los amigos de la prensa, para que promuevan un abordaje exhaustivo del tema, recuerden que no hay seres humanos ilegales y que la población afectada por la sentencia no es inmigrante sino dominicana, reconocida por el Estado como tal.
Las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben este comunicado, intensificaremos, de manera progresiva, sistemática y sostenida acciones de denuncia y movilización a nivel nacional e internacional, hasta que los derechos violados por esta sentencia sean restituidos.
Firman:
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
Fundación Étnica Integral (FEI)
Red Jacques Viau
Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)
Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)
Centro Bonó
Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA)
Movimiento Reconocido
Visión Mundial República Dominicana
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD)
Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)
La sentencia, que viola al menos quince artículos de la constitución dominicana y que apela a criterios raciales para despojar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007.
El caso por el que el TC falló trataba de determinar si la Junta Central Electoral (JCE) vulneró derechos constitucionalmente protegidos con su negativa de entregarle la Cédula de Identidad a Juliana Deguis. Pero el TC manipuló la interpretación de las normas para imponer, con efecto retroactivo, la mentira de que la figura de “Tránsito” se refiere a si el inmigrante está regularizado o no. Un desvarío para tratar de convencer a la opinión pública de que hijos e hijas tienen que ser condenados por hechos que no estaban previstos por la ley, supuestamente cometidos por sus padres, antes de ellos nacer.
La Sentencia del TC se contradice. Por un lado ordena la entrega del Acta de Nacimiento a Juliana Deguis, mientras que por otro lado, ordena a la JCE que apodere a los tribunales ordinarios para que determinen la validez de las Actas de Nacimiento que les sean sometidas, cuando ya el mismo TC ha prejuzgado el asunto, declarando que dichas actas son ilegales y que las personas titulares son extranjeras.
Advertimos que la referida sentencia se erigirá en el instrumento de segregación de la población nacional. A partir de ahora, seremos divididos entre dominicanos “puros” y dominicanos que, como por arte de magia, el TC ha convertido en “extranjeros” por el simple hecho de ser descendientes de inmigrantes.
Miles de dominicanos y dominicanas se verán impedidos de ejercer sus derechos fundamentales, enfrentarán cotidianamente el riesgo de deportaciones masivas, continuarán enfrentando dificultadas para estudiar, trabajar, pagar seguro médico, cotizar en el fondo de pensiones, contraer matrimonio civil, abrir cuentas bancarias, comprar, heredar; e inclusive, no podrán salir del país que ahora los rechaza, porque no podrán sacar o renovar pasaporte.
Miles de dominicanos y dominicanas continuarán transmitiendo a sus hijos e hijas el estatus de apatridia que les afecta, un completo contrasentido, en el marco de la obligación que tiene el Estado de proteger a la niñez de todas las formas de discriminación y de garantizar el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Esta sentencia también agravará la situación de marginalización y exclusión de miles de personas, e incidirá negativamente en las posibilidades de promover la gobernabilidad democrática.
Hacemos un llamado al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional para que asuman con responsabilidad la búsqueda de una solución justa, racional, efectiva y definitiva a esta situación. Con esta Sentencia, el TC ha roto con el constitucionalismo americano, el Sistema Interamericano y el Sistema Internacional, y coloca al país en la mira de sanciones internacionales por incumplir con su obligación de proteger y garantizar los Derechos Humanos de todos sus habitantes.
Insistimos en llamar a la sociedad dominicana a solidarizarse con las personas afectadas por esta decisión, sumándose a las actividades de movilización que están previstas y levantando su voz en todos los escenarios donde se intente imponer la mentira que sustenta esta sentencia del TC. También reiteramos el llamado a los amigos de la prensa, para que promuevan un abordaje exhaustivo del tema, recuerden que no hay seres humanos ilegales y que la población afectada por la sentencia no es inmigrante sino dominicana, reconocida por el Estado como tal.
Las organizaciones de Derechos Humanos que suscriben este comunicado, intensificaremos, de manera progresiva, sistemática y sostenida acciones de denuncia y movilización a nivel nacional e internacional, hasta que los derechos violados por esta sentencia sean restituidos.
Firman:
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Centro de Asesoría e Investigaciones Legales (CEDAIL)
Movimiento Socio Cultural para Trabajadores Haitianos (MOSCTHA)
Fundación Étnica Integral (FEI)
Red Jacques Viau
Movimiento de Mujeres Dominico- Haitianas (MUDHA)
Centro Cultural Dominico- Haitiano (CCDH)
Centro Bonó
Observatorio de Migrantes del Caribe (OBMICA)
Movimiento Reconocido
Visión Mundial República Dominicana
Asociación Scalabriniana al Servicio de la Movilidad Humana (ASCALA)
Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD)
Centro de Formación Social y Agraria (CEFASA)
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