Los asesinatos de reclamantes, la tramitología, la falta de personal idóneo para atender los procesos y el desconocimiento, son varios de los inconvenientes que enfrenta la ejecución de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en Colombia.
A cuatro meses de su aplicación, la ley 1448 de 2011 continúa siendo la esperanza de una reparación integral para miles de colombianos afectados por la violencia, pero algunas víctimas aún no se sienten acogidas por la iniciativa.
Esa es la situación de Luz Elena Ibarra, desplazada por los paramilitares del corregimiento Belén de Bajirá, del municipio de Mutatá en el Urabá antioqueño. Desde hace 10 años esta mujer busca que el Estado le reconozca su condición, pero los trámites y las pruebas exigidas dificultan esa decisión.
Para ella el panorama no cambia mucho con esta ley, porque siente que las trabas para inscribirse en el Registro Único de Víctimas son las mismas.
Algo similar plantea Gerardo Vega Medina, director de la Corporación Forjando Futuros, quien afirma que: “los decretos reglamentarios, que se han expedido después de la ley, ponen mecanismos restrictivos y crean muchos procedimientos, haciendo que la norma se vuelva inocua”.
Según Vega Medina, eso ocurre con los formularios para el registro de víctimas, que antes se conseguían hasta en Internet y ahora sólo se obtienen en las Defensorías, las Personerías y las Procuradurías.
A esto se suma que para la Procuraduría General de la Nación, el documento es complejo de diligenciar, pide información irrelevante en algunos casos y contiene definiciones jurídicamente inexactas.
Aunque la tramitología es uno de los primeros inconvenientes que encuentran las víctimas, el problema principal es la seguridad. Para Diego Herrera, presidente del Instituto Popular de Capacitación (IPC), el reto es garantizar la protección de los reclamantes para avanzar en la restitución de sus derechos y bienes.
“El hecho de que vayan 17 víctimas asesinadas quiere decir que faltan más acciones del Estado. Pero también falta combatir la impunidad de quienes cometieron esos crímenes”, afirmó Diego Herrera, quien reconoció que hay voluntad del Gobierno para buscar solución a esas situaciones.
La mejor Ley podría convertirse en la peor. La clave es su ejecución.
Gerardo Vega piensa que el reto para la sociedad y el Gobierno es aplicar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. “Es una muy buena ley pero podría convertirse en la peor si no se aplica, porque sería una frustración para la sociedad y causaría más desesperanza”.
Por eso afirma que se requiere “una política sostenible de seguridad para poder desvertebrar los aparatos de poder criminal que tratan de impedir la restitución en las principales regiones de despojo, como Los Montes de María, el sur de los Llanos Orientales, El Catatumbo, parte del Tolima, el Oriente Antioqueño, Urabá, el sur de Córdoba y el sur de Chocó.”
A parte de la seguridad, con la ejecución de la Ley de Víctimas, la Justicia tendrá que resolver miles de procesos judiciales y aún no hay suficientes funcionarios para hacerlo.
Durante los primeros tres meses de aplicación, las unidades de restitución regional recibieron más de 10 mil solicitudes, según el informe que le entregó la Unidad de Restitución de Tierras en Colombia a la comisión de seguimiento de la Ley de Víctimas.
En ese primer balance, publicado en el periódico El Espectador, el senador liberal Juan Fernando Cristo, presidente de la comisión de seguimiento, sostiene que: “se está haciendo un trabajo serio y organizado. Sin olvidar que obviamente hay dificultades en materia de selección y capacitación del personal, de capacitación de jueces y magistrados en una materia totalmente nueva como es la justicia transicional en Colombia”
(tomado de: El Espectador, 11abr2012)
Un inconveniente adicional es el desconocimiento de la ley por parte de las víctimas. En esa labor las asociaciones y los medios de comunicación deben jugar un papel fundamental, ayudando a la difusión de la norma y de los procedimientos que deben realizar las personas para acceder a sus derechos.
Los expertos coinciden en que la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras llegó en buen momento y tiene buen ambiente para su ejecución, pero para impulsarla es necesario corregir los tropiezos, promover su aplicación desde los entes territoriales y, fundamentalmente, partir del principio de la buena fe con las víctimas.
