El río Anchicayá nace en la parte alta de la cordillera Occidental, en una zona boscosa conocida como Los Farallones en límites de Cauca y el Valle. Se descuelga a lo largo de 575 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico, en la bahía de Buenaventura. Más de 3.000 personas asentadas en la ribera del río vivían de él hasta que sus aguas se convirtieron en un lodazal "afectando cultivos de pan coger, la actividad de pesca, la economía doméstica y la salud de los habitantes del sector", según la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle, que condena a la Empresa de Energía del Pacífico (Epsa) y a la Corporación Ambiental del Valle (CVC).
El fallo, que data de 2009, confirma una sentencia de primera instancia y señala a dichas entidades como causantes de "una catástrofe social y ambiental de grandes proporciones", por lo que las condena a pagar 166.945 millones de pesos a las víctimas. La comunidad se vio afectada por la contaminación del río Anchicayá al recibir, en 2001 y durante dos meses, 500.000 metros cúbicos de lodo acumulado en una represa de la hidroeléctrica Epsa, así como por la CVC, que no ejerció la vigilancia debida.
Más allá del monto que sigue pendiente de ser pagado -y que en la práctica se traduce en 55 millones de pesos para cada familia-, lo trascendental de la sentencia es que si resulta ratificada por el Consejo de Estado, sentará jurisprudencia sobre las responsabilidades de las empresas encargadas de explotar recursos naturales en el país. En este sentido, el fallo del Tribunal enfatiza en la necesidad de realizar esa labor "con el máximo cuidado, dada la peligrosidad de la misma y el impacto ambiental, ecológico, económico y social que se puede generar en su ejecución".
El pleito cobra mayor interés en este momento cuando el país está pendiente de otros conflictos legales alrededor de grandes proyectos minero-energéticos; algunos incluso estancados, ya sea por el rechazo de las comunidades o por falta de claridad en las licencias ambientales, tal como ocurre con la hidroeléctrica Porce IV en Antioquia, El Quimbo en Huila o la explotación aurífera en zonas del páramo de Santurbán, en Santader.
El de Anchicayá es el primer gran caso de impacto ambiental sobre el que se pronunciará la Justicia, por lo menos en esta era en la que la 'locomotora' minero-energética es protagonista. Y aunque el Consejo de Estado tiene la última palabra, hasta ahora las dos instancias agotadas reconocen daños y perjuicios ocasionados a las comunidades ribereñas, que acudieron a la Justicia mediante una acción de grupo. Germán Ospina, abogado de la comunidad, sostiene que el caso ya está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por su parte, Epsa argumenta que el problema ha sido "sobredimensionado" y que todo el proceso está basado en "decires" de la comunidad, y espera que el Consejo de Estado, con métodos científicos, termine dándole la razón. "Podemos demostrar con técnicos en ingeniería que las concentraciones de sedimentos no producen afectaciones importantes a los peces y mucho menos agrícolas", explicó a SEMANA Germán García, gerente de operaciones de Epsa, tras señalar que esas pruebas técnicas no fueron aceptadas en el proceso.
Sin embargo, en el expediente reposan pruebas técnicas de biólogos de la CVC, que en cinco informes oficiales con análisis de sedimentación realizados durante y después del vertimiento de lodo, contradicen a Epsa, ratifican la mortandad de peces y agregan que "hay fotografías de niños con granos y salpullido. Hay afectación porque los recursos pesqueros, de los cuales las comunidades ribereñas se usufructuaban, estuvieron ausentes por más de seis meses". Uno de esos biólogos dice que el entonces director de la CVC les solicitó que "cambiaran los informes o que los atenuaran, a fin de no perjudicar a la empresa de energía".
En favor de Epsa juega una realidad ineludible. Ante la falta de institucionalidad en esa región, es evidente la presencia de otros fenómenos que ayudan en la contaminación del río, como la existencia de cultivos ilícitos y la minería ilegal, ambas actividades desarrolladas por organizaciones criminales como las Farc y los Rastrojos.
Desde noviembre de 2009, el Consejo de Estado tiene en su escritorio la revisión de este caso y, pese a que el mismo procurador Alejandro Ordóñez y la Defensoría del Pueblo han pedido prelación del trámite de revisión por tratarse de un caso de trascendencia social, el fallo aún no sale. Entretanto, la comunidad de Anchicayá sigue esperando que vuelvan los peces al río.
