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Los senegaleses echan al presidente en las urnas. En Malí, militares imponen el golpe de estado.
Los senegaleses han elegido las elecciones para penalizar al
presidente saliente Abdoulaye Wade, unos comicios democráticos que
permiten que Senegal siga siendo el único país de África Occidental que,
desde su independencia en 1960, solo ha conocido la democracia. Según
los resultados provisionales de la segunda vuelta de las presidenciales
del 25 de marzo, Wade fue derrotado por el líder de la oposición, Macky
Sall, tras obtener únicamente el 34,2% de los votos, frente al 65,8% conseguido por su opositor.
Los senegaleses habían comenzado a mostrar su descontento entre mayo y
junio de 2011, cuando Wade comunicó su intención de presentarse por
tercera vez a los comicios, a pesar de haber cumplido las dos
legislaturas que permite la Constitución de este país de África
Occidental. Wade justificaba su decisión en que la ley había extendido
de cinco a siete años la duración de los mandatos cuando él ya estaba en
el poder, lo que, a su parecer, le otorgaba el derecho a presentarse
una vez más para, al menos, permanecer en la presidencia otros dos años.
Descontentos con su gestión socio-económica, con las cada vez mayores
responsabilidades otorgadas a su hijo Karim, con su afán por
perpetuarse en la jefatura del Estado a pesar de su edad (86 años) en un
país donde el 70% de la población es joven, la oposición no paró de
salir a la calle hasta que se celebraron los comicios. Finalmente, Wade
recibió la patada desde las urnas, gracias a una presión que no
de detuvo en nueve meses y que llegó desde distintos frentes: una
oposición política que ha logrado unir sus filas; movimientos como Y en
marre (Estamos hartos), que mediante el rap ha sabido llegar a los
jóvenes senegaleses, y otros numerosos miembros de la sociedad civil.
Las protestas se cobraron la vida de decenas de personas y provocaron
numerosos heridos. También parte de la comunidad internacional —Francia y
Estados Unidos— rechazó la candidatura de Wade, aceptada, no obstante,
por la Corte Constitucional.
El caso de Malí es distinto. La mayor parte de la población mostraba
desde hace tiempo su rechazo al depuesto presidente, Amadou Toumani
Touré, a quien acusaban de laxitud ante los problemas de inseguridad del
norte (provocada por la presencia de células terroristas, de
traficantes de drogas o de armas), y de gestionar mal las negociaciones
con estos grupos y con los rebeldes de la última insurgencia tuareg de
2006, así como de los altos niveles de corrupción.
Toumani Touré había sido un líder muy respetado desde que, tras dar
el golpe de Estado de 1991, dejara el país en manos de la democracia. De
ahí que este sentimiento de rechazo hacia las prácticas del presidente
fuera contenido hasta que se conocieron las consecuencias de la nueva
rebelión tuareg, que estalló el 17 de enero. La falta de información
sobre lo que ocurría en las regiones de Kidal, Gao y Tombuctú (y
puntualmente en Mopti y Ségou), y la sensación de que el Gobierno no
estaba haciendo lo suficiente para frenar a los rebeldes provocó que, en
dos ocasiones, familiares y simpatizantes de los militares en el frente
de batalla salieran a la calle para manifestar una impotencia que
terminó en actos violentos.
El golpe de Estado era esperado por casi todos. Toumani Touré iba a
dejar el poder el 8 de junio, fecha prevista para que el nuevo
presidente electo se convirtiera en inquilino del palacio de Koulouba.
Toumani Touré cumplía sus dos mandatos y se marchaba. El 29 de abril era
la fecha estipulada para la celebración de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales. El 13 de mayo los malienses votarían en una
segunda vuelta, de haber sido necesario. Pero “faltaba demasiado tiempo
hasta entonces”, comenta un intelectual que prefiere no dar su nombre.
La incertidumbre que pesa sobre Malí lleva a que prácticamente nadie
quiera pronunciarse en público, a no ser que pertenezca a algún partido,
sindicato o asociación de la sociedad civil.
El Comité Nacional para la Recuperación de la Democracia y la
Restauración del Estado (CNRDRE), liderado por el capitán Amadou Haya
Sanogo, gana adeptos con el paso de los días. Ahora bien, también pierde
el apoyo de aquellos que esperaban un golpe distinto y estaban a la
expectativa desde el levantamiento militar.
El martes 27 de marzo se levantó el toque de queda, se reabrieron las
fronteras, el espacio aéreo y el tráfico entre el puerto de Abidján
(Costa de Marfil) y Bamako, por donde pasan la mayor parte de las
mercancías que entran y salen de Malí. Pero estas acciones no parecen
ser suficientes para sostener la economía, ni evitar el aislamiento del
país. La comunidad internacional —incluida la Unión Africana y la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)— ha dado la
espalda a la junta militar y de ello dependerá también el éxito del
golpe. La Banca Central de los Estados del África Central (BCEAO)
mantiene cerradas sus agencias de Bamako, Kayes, Mopti y Sikasso, lo que
ha obligado a los bancos a variar sus horarios en función de la demanda
y a establecer un tope diario de retirada de efectivo. “El país no
puede pararse”, comenta un comerciante del centro de Bamako. Asimismo,
incluso los contrarios a la gestión del Gobierno depuesto exigen la
liberación de las 11 personalidades que permanecen retenidas.
Los golpistas de Malí justifican el golpe por la necesidad de asegurar la integridad territorial y la unidad nacional
Mientras tanto, la población maliense sigue esperando que los
militares demuestren que son capaces de acabar con los rebeldes, o por
lo menos esperan que les confirmen si cuentan o no con los efectivos
suficientes para hacerles frente. El CNRDRE justificó el golpe de
Estado, consolidado la madrugada del 22 de marzo,
con la necesidad de asegurar la integridad territorial y la unidad
nacional. Una semana más tarde, la junta militar ofrece señales
contradictorias. Reconoce no tener los medios suficientes, pero asegura
estar buscándolos, y se muestra abierto a negociar con los rebeldes del
norte, siempre que no se ponga en cuestión la integridad territorial.
La incertidumbre causada entre la población es total. Porque la
negociación era, precisamente, lo que se reprochaba a Toumani Touré. Los
tuaregs, además, no están abiertos a negociar con el CNRDRE, y menos
cuando el Movimiento para la Liberación de L’Azawad (MNLA) y el recién
nombrado Movimiento Islámico para la Liberación de L’Azawad (MILA, antes
Ansar el Dine) cobran fuerza en el norte, donde ya han cercado Kidal y
aspiran a tomar Tombuctú y Gao, las capitales de las tres regiones
norteñas. El MNLA y el MILA han roto sus relaciones, después de que el
MILA reconociera que tenía como fin implantar la sharia, pero no por ello han perdido terreno.
El jueves cinco jefes de Estado de la CEDEAO viajarán a Malí para
entrevistarse con el presidente del CNRDRE, el capitán Sanogo. La
organización subregional tiene previsto ofrecer una salida rápida y
pacífica a esta situación: la dimisión de Toumani Touré y la aprobación
de un Gobierno de transición que convertirá en presidente interino al
hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional, Diacounda Traoré, con el
fin de convocar unas elecciones democráticas y libres en los próximos
dos meses.
Una medida que no está clara que vaya a aprobar el CNRDRE ni sus
partidarios, a pesar de la incertidumbre que existe en casi todos los
ámbitos. El miércoles, la capital de Malí ha sido testigo de una
manifestación pacífica multitudinaria a favor del golpe de Estado. Y si
hay algo que no quieren estas personas, en su mayoría miembros de la
sociedad civil maliense agrupados en torno a distintos sindicatos y
asociaciones, es que el orden se restablezca con “los mismos defectos
del sistema anterior”. Traoré era el candidato a las presidenciales por
el principal partido de Malí, Adema-PASJ.
La patada a Toumani Touré por la vía militar parece tener
posibilidades de éxito. Las consecuencias de estos actos para el pueblo
maliense son las que nadie se atreve a aventurar.
Fuente: Internacional | El País de España
Fuente: Internacional | El País de España
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