5 de octubre de 2009

El dilema de los congresistas afro


Algunos analistas, poco conocedores del verdadero panorama político al interior de la bancada de parlamentarios afrocolombianos, pensaron que,  había llegado el cuarto de hora para el colectivo de congresistas afro en Colombia.  Las frecuentes visitas de un grupo de congresistas afroamericanos del Partido Demócrata a Colombia y la llegada a la Presidencia de los Estados Unidos del primer mandatario afroamericano, Barack Obama, les hacían llegar a tal idea.
Sin embargo, las cosas han tomado otro rumbo y la bancada de parlamentarios afro, en lugar de lograr una mayor preponderancia política en Colombia, va camino hacia la desintegración.  No es por el transfuguismo en la actual coyuntura política, sino por las investigaciones penales que tienen varios de sus más connotados integrantes en la Corte Suprema de Justicia.  De los ocho congresistas que la integraban, un senador y siete representantes a la Cámara, uno fue absuelto y otros cuatro enfrentan procesos penales en la Corte Suprema.
El primero en enfrontar un proceso penal ante la Corte Suprema fue el Representante a la Cámara por San Andrés Julio Gallardo Archibold, quien fue sindicado del delito de peculado por supuestos sobrecostos en la compra de camionetas blindadas cuando se desempeñó como Presidente de la Cámara de Representantes, pero hace poco fue absuelto por el alto tribunal.
El segundo ha sido el Representante por Comunidades Negras Silfredo Morales Altamar, a este político del departamento de Bolívar y ex alcalde del municipio de María la Baja, en el período 2000-2003, tiene cuatro investigaciones penales en la Corte, todas por delitos contra la administración pública cuando se desempeñó como alcalde en esa municipalidad bolivarense. Por lo tanto, la sala penal determinó colocarle un brazalete electrónico y ordenar su detención domiciliaria.
El tercero de la bancada que enfrentar otros líos penales en el mismo tribunal es el Senador vallecaucano Juan Carlos Martínez Sinisterra, elegido por Convergencia Ciudadana y quién hace seis meses fue detenido por orden de la sala penal, que lo investiga por sus presuntos nexos con paramilitares y el extraditado narcotraficante Olmes Durán Ibargüen. Lo curioso en la meteórica carrera política de Martínez fue que pasó de ser un modesto Concejal de Buenaventura a un poderoso Diputado en el Valle y luego, con el apoyo de narcos y paracos, en menos de dos años se convirtió en el político más influyente en la costa pacífica y, aún desde la cárcel, sigue manejando los hilos del poder en varios municipios del Pacífico.
Los otros dos congresistas de la bancada afro que tienen problemas judiciales similares a los de Martínez son los Representantes a la Cámara por el Chocó, Edgar Eulises Torres Murillo y Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, quienes el lunes la Corte Suprema de Justicia, profirió orden de captura por delitos relacionados con la parapolítica, los dos hacen parte de una lista de 23 políticos chocoanos que suscribieron pactos con los paramilitares, entre ellos, el actual gobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, hermano del congresista Odín Horacio.
Ambos políticos y el gobernador Sánchez son acusados de firmar acuerdos con el paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”. Además los tres, también son investigados por haber hecho presuntos arreglos políticos con guerrilleros del ELN. A pesar que Torres renunció a su investidura la Corte no la admitió, entonces, debe afrontar en dicho tribunal las mencionadas investigaciones y otras más sobre probables componendas con el narcotraficante Olmes Durán.
En el caso de los parlamentarios chocoanos Torres y Sánchez, llama la atención que sus historias políticas tienen un libreto similar, ambos son abogados y a la vez a los dos se les sindica de realizar pactos con guerrilleros, paracos y narcos, además son discípulos del legendario ex senador Jorge Tadeo Lozano Osorio, fundador del Movimiento Liberal Popular, agrupación política, en donde comenzaron sus carreras, luego hicieron rancho aparte y estructuraron dos de los clanes políticos más nefastos en el Chocó.  En conclusión, la bancada de congresistas afro enfrenta un gran dilema moral pero en medio de la tormenta de los escándalos por los vínculos de algunos de sus miembros con grupos al margen de la ley, aún siguen en la lucha política Julio Gallardo, María Isabel Urrutia Ocoró, Franklin Legro Segura y Alberto Gordon May.
José E. Mosquera // jemosquera@une.net.co
Fuente: Grupo del Plan Integral a Largo Plazo (CNOA).
Ver también el artículo en La Silla Vacía "Estados Unidos financió la bancada afro que hoy está tras las rejas".

Afrocolombianos, en búsqueda de leyes contra el racismo y la desigualdad


Geiler Romaña

Fragmento de la presentación en la Organización de Estados Americanos, durante la sesión especial de reflexión y análisis sobre la naturaleza de una futura convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia.
28 de noviembre de 2005. Washington, DC

Publicado en Revista Futuros No. 14, 2006 Vol. IV


Quiero agradecer la oportunidad que me han dado para estar aquí una vez mas con ustedes, trayéndoles del seno desde nuestra comunidades la realidades que generan el racismo, la exclusión social, marginalización y la discriminación histórica que padecemos los afro descendientes en América Latina. Sin duda alguna, estos espacios impulsados por el grupo de trabajo encargado de la elaboración del borrador de la convención interamericana contra el racismo y todas formas de discriminación Racial e intolerancia de la Organización de Estados Americanos, constituye una gran oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil hagamos nuestros valiosos aportes, en la búsqueda de alternativas viables que identifiquen las causas y ayuden en la eliminación del flagelo que agudiza la pobreza, motor generador de la violencia y de la intolerancia existente en nuestras naciones.

AFRODES, es una organización dedicada a la defensa de los Derechos Humanos de la comunidades Afro-colombianas victimas de la guerra interna, cuenta con una base social conformada 2.340 familias, unas 11.000 personas viviendo en situación de desplazamiento forzado. Cada una de estas familias antes del desplazamiento vivía en sus territorios ancestrales, donde trabajan solidariamente al interior de su comunidad, poseen una cultura propia, comparten una historia y desarrollaban sus tradiciones y costumbres dentro de la relación campo- poblado , que les permite mantener y conservar la conciencia e identidad que los caracteriza como grupo étnico. Hoy, desafortunadamente, estas familias están poblados los cinturones de miseria de las grandes ciudades del país.

Desde 1999, fecha en la que nace la Asociación de Afrocolombianos Desplazados – AFRODES, hemos venido participando en diferentes escenarios públicos y privados nacionales e internacionales. En el 2001 participamos en la Tercera Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Distintas Formas Conexas de Intolerancia, realizada en Sur Africa. Hemos trabajado con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Afro-descendientes en Colombia. En el 2002, 2004 y ahora en el 2005, por invitación del Global Rights, hemos participados en las audiencias de la OEA sobre afro-descendientes, conjuntamente con otras organizaciones hermanas solicitamos la creación de la Relataría Especial para Asuntos Afro descendientes en la Américas, la que hoy al igual que ustedes celebramos por su creación e importancia que esta tiene para el conjunto de familias y pueblos de ascendencia africana en la diáspora.

Colombia es una nación plurietnica y multicultural, con una población de mas de 42 millones de personas, de las cuales el 26% son Afrocolombianos. Esta población tiene condiciones de vida que registra características que en si misma, representan un estado de cosas que vulnera los derechos fundamentales y configura una estructura que limita las posibilidades para un desarrollo humano con dignidad.

Las mediciones estadísticas sobre los diferentes indicadores que dan cuenta de la calidad de vida de la población afrocolombiana, registra niveles significativamente inferiores a los del resto del país. Para hacerse a una idea general: la ultima estimaron oficial indica que el 79% de los municipios con población mayoritariamente afrocolombiana, esta dentro del grupo de entidades territoriales con menor grado de desarrollo, en ellos el porcentaje de población promedio con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) para las cabeceras municpales varia entre 85 y 47%, mientras que para el resto de grupos de municipios, el porcentaje de población pobre por NBI oscila entre el 38 y 30%.

Confirmando la tendencia, se estima que el 72% de toda la población afrocolombiana está ubicada en los estratos socioeconómicos más bajos del país, lo que constituye hechos de discriminación racial en la aplicación de las políticas públicas justas para erradicar la exclusión social que afecta a los afro-descendientes en Colombia.

El comportamiento de estos índices confirman la situación que por observación directa puede apreciarse al visitar cualquiera de los territorios que habitan los afrocolombianos: comunidades con viviendas sin servicios públicos básicos o baja calidad de los mismos, infraestructuras sociales inexistentes o deficientes, desempleo o actividades productivas que no generan ingresos suficientes para vivir dignamente.

La indiferencia social generalizada hacia las críticas condiciones de vida de la población afrocolombiana, que han coexistido con el despojo sistemático de las riquezas de sus territorios, se han intensificado en las últimas décadas a todos los niveles. El valor geoestratégico de los territorios desde el punto de vista económico y militar, ha convertido la región en un campo de batalla en donde las comunidades afrocolombianas son las victimas exclusivas.

Son muchas las violaciones de derechos humanos que configuran este nuevo ataque a existencia física y espiritual del pueblo afrocolombiano, y que perpetua la exclusión que ha caracterizado a la diáspora africana desde el primer desplazamiento forzado del que fuimos victimas hace más de cinco siglos.

El desplazamiento forzado configura hoy en día la mayor, mas no la única, violación de los DDHH y el DIH contra la población afrocolombiana. De las 3.563.504 personas que han sido desplazadas en el país por causas del conflicto armado entre los años 1985 y junio del 2005, algunos análisis indican que el 30% son afrocolombianos, es decir cerca de un millón de hermanos afro descendientes.

La población ubicada en la costa del pacífico Colombiano, representa la menos un millón de personas, estos territorios sobre los que hasta ahora hemos logrado adquirir la titulación colectiva de aproximadamente 4.399.392 hectáreas. Son catalogados por el mundo, como poseedores de mayor biodiversidad del planeta, y que desde el principio de la historia y hasta el día de hoy, han aportado recursos naturales estratégicos para su desarrollo; actualmente están siendo arrasados por la impertinencia del modelo de desarrollo impuesto con la presión de los actores armados, se convierte en una evidencia fehaciente del racismo económico y social en contra del pueblo afrodescendiente en Colombia.

Por lo anterior, y por la responsabilidad social que tenemos de trabajar permanente para erradicar las desigualdades sociales generadas por el racismo, la discriminación y la intolerancia, apoyamos firmemente la iniciativa de redactar una convención interamericana para eliminar estas practicas en los países del hemisferio. Pero además creemos que es necesario que la Organización de los Estados Americanos (OEA), debe establecer mecanismos que exijan a los Estados y sus gobiernos el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales en esta materia, incluso, establecer mecanismos que sancionen su incumplimiento.