6 de diciembre de 2017

Comunas afrodescendientes del Chota en Ecuador celebran a su santo

En la mayoría de parcialidades afrodescendientes del territorio ancestral del valle del Chota, que se extiende entre las provincias de Imbabura y Carchi, hay celebraciones religiosas heredadas por los españoles, explica Iván Pabón Chalá, investigador de la cultura afroimbabureña.


Por José Luis Rosales, Redactor

El santo Francisco Javier es el patrono de la comuna de Chalguayacu, ubicado en el cantón Pimampiro (Imbabura). Por eso, la mayoría de sus 2 000 pobladores participó el fin de semana pasado en un programa que unió la fe católica y las expresiones de los afrodescendientes de la zona.



“Es un santo bien milagroso”, comenta Imelda Congo. La presidenta del Comité Promejoras de la localidad creció escuchando a sus mayores sobre los prodigios que habría realizado a varias personas. Por eso, nueve días antes del 3 de diciembre, en donde se recuerda el fallecimiento del misionero jesuita, los vecinos recorren este poblado de calles adoquinados mientras rezan y cantan. Lo hacen con la imagen de su santo cargada en los hombros de los más creyentes.

En la mayoría de parcialidades afrodescendientes del territorio ancestral del valle del Chota, que se extiende entre las provincias de Imbabura y Carchi, hay celebraciones religiosas heredadas por los españoles, explica Iván Pabón Chalá, investigador de la cultura afroimbabureña.

En las vecinas comunas de El Juncal y Carpuela, parroquia de Ambuquí, (Ibarra), por ejemplo, se celebra a San Martín de Porras y a la Virgen de Tránsito, respectivamente. Mientras que, en Piquiucho a La Dolorosa, y en Caldera, a San Francisco de Asís. Las dos últimas pertenecen al cantón Bolívar, en Carchi. Chalguayacu, en donde sus habitantes se dedican al cultivo del fréjol, tomate riñón, mango, entre otros, ha ganado fama por artistas como los integrantes de la Banda Mocha y las Tres Marías.

Los primeros arrancan notas musicales soplando hojas verdes del naranjo, cornetas de cabuya y puros como se denominan a las calabazas secas, entre otros instrumentos de la naturaleza. Mientras que, las últimas, con creatividad imitan con su voz sonidos de cornetas, trompetas, panderetas. Precisamente, ellos no faltaron a la reciente festividad que es la más importante del año en la localidad. María Margarita Pavón, de 78 años, asegura que la presentación ante sus vecinos siempre será especial. 

La fiesta en honor a Francisco Javier gana renombre. Por eso, desde hace dos años se implementó el denominado pregón de la confraternidad, en donde resaltan alegres grupos de danzas al ritmo de bomba, el género musical del valle del Chota, y carros alegóricos. El desfile se inicia en la parcialidad de El Juncal y llega hasta el centro del poblado. Años atrás, una caravana motorizada recorría varios caseríos del valle anunciando la fiesta, recuerda Juan Cervantes, dirigente del sector.

Otras de las incorporaciones es la elección de la reina. Esta vez, Jenny Méndez fue escogida de entre cuatro jóvenes que aspiraban la banda. Para vecinas como Patricia Caicedo, la fiesta es una oportunidad para ganar algunos dólares. Ella vende fritada.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/comunas-afrodescendientes-chota-celebracion-santo.html

8 de noviembre de 2017

LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO PARA LAS COMUNIDADES AFRO DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Una oportunidad para amplificar las voces de Nariño

El panorama de este departamento que dibujan las organizaciones comunitarias – de afros, indígenas y campesinos –, el gobierno local y organizaciones acompañantes como Acnur es preocupante. Sin embargo, resulta profundamente conmovedor ver la valentía de quienes lo habitan.


Por: Rocío Castañeda, Oficial de Información Pública Acnur

Pensarse el territorio, habitarlo, proyectar la vida individual y colectiva en él. Entenderlo como el todo, donde no solo la población afrocolombiana e indígena habita, sino como el espacio donde se forja como pueblo y se proyecta como ciudadanos en ejercicio.

Entender lo que significa el territorio para las comunidades afrocolombianas e indígenas no es sencillo desde el punto de vista de quienes no pertenecen a estos pueblos. Pero comprender este significado es esencial no solo para entender cómo el conflicto armado y el desplazamiento han dejado una huella en él, sino cómo la recuperación de la autonomía de estas comunidades sobre el territorio es fundamental en el proceso de construcción de paz en el que está comprometido Colombia.

“La defensa del territorio ante las amenazas de la minería y el desplazamiento” fue el título que Colombia 2020, el proyecto periodístico del diario El Espectador, dio al conversatorio que realizó en días pasados en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño al sur de Colombia. Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, como uno de los aliados de Colombia 2020, realizó la conferencia inaugural del foro e invitó a participar a una de las organizaciones Étnico Territoriales que acompaña: Asocoetnar (Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales), cuya acción se desarrolla en las Subregiones de Telembí y Sanquianga.

El panorama actual de Nariño que dibujan las organizaciones comunitarias – de afros, indígenas y campesinos –, el gobierno local y organizaciones acompañantes como Acnur es preocupante. En lo que va corrido del año, alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas forzada y masivamente; las comunidades están sometidas a situaciones de confinamiento que se han invisibilizado; se han presentado 153 muertes, entre ellas las de varios líderes, sobre todo en Tumaco y otros municipios de la costa nariñense. Todo ello en un contexto de implementación de los acuerdos de paz, firmados hace un año entre el Gobierno y las Farc, que presentan muchos retos y que las comunidades perciben como de “desarrollo lento y a mediano y largo plazo”, mientras la violencia de los grupos armados ilegales presentes en el territorio se ejecuta en el día a día.

Sin embargo, en medio de este panorama, resulta profundamente conmovedor ver la valentía de quienes lo habitan. El foro de Colombia 2020 logró reunir las voces de una líder de un proceso organizativo que busca conservar las semillas nativas de la región; del Comité de Integración del Macizo Colombiano, de los campesinos de Asopatía, de los afros de Asocoetnar, de los indígenas del Resguardo Puracé; acompañados por el Gobernador encargado de Nariño, la academia representada en la Universidad Mariana, una organización de desarrollo local (ADEL), y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Las voces de afros, indígenas y campesinos reclamaron, a través del compartir de sus experiencias particulares, una sola cosa – en el fondo –: autonomía:

Autonomía sobre cómo resarcir los derechos vulnerados por muchas décadas por un conflicto armado que desplazó, confinó y amenazó la supervivencia misma de las comunidades afro e indígenas.

Autonomía sobre cómo definir rutas de protección frente a las amenazas actuales donde, lamentablemente, el desplazamiento y las muertes no han terminado con la firma del Acuerdo de Paz.

Autonomía para definir qué tipo de desarrollo desean las comunidades que habitan este territorio. Y cómo la minería artesanal puede continuar como práctica tradicional, y cómo se combina, o no, con los proyectos mineros de gran escala. 

Autonomía sobre cómo preservar y administrar sus recursos; el primero de ellos el agua como fuente de vida.

Finalmente, autonomía para crecer como pueblos, como organizaciones con voz y capacidad de decisión y construcción, que requieren la protección y garantías del Estado en lo local y en lo nacional; teniendo en cuenta no solo que la población afro e indígena representa alrededor del 10 y 3% respectivamente de la población víctima de desplazamiento, sino que se cuenta con herramientas importantes para hacer frente a su situación como lo es el marco legal de protección y reparación a víctimas (Leyes 387, 1448, Sentencia T-025 y los Autos de la Corte Constitucional 004, 005, 174 y 073).

El encuentro, cuyo público estuvo integrado por un buen número de jóvenes estudiantes, evidenció el compromiso con la construcción de paz de estas comunidades; y así mismo la necesidad de la articulación de las distintas entidades del Estado para hacer frente, de manera coordinada, a los desafíos que hoy amenazan el territorio.

Texto tomado íntegramente de: https://colombia2020.elespectador.com/opinion/una-oportunidad-para-amplificar-las-voces-de-narino 

20 de octubre de 2017

Jaír Cortés, líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño)

Jaír Cortés, líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño) asesinado el martes pasado, tenía algo en común con los otros 88 defensores de derechos humanos que han sido ultimados desde la firma del acuerdo de paz con las Farc.


Cortés, como los demás, ejercía la valiente tarea de defender el bien común, es decir, los intereses de la sociedad local frente a los erráticos caprichos de los emporios criminales que se levantan sobre economías ilegales y suelen ir en directa contravía. Es el recurrente pulso entre el interés particular y mafioso de unos pocos capos y el de un conjunto de personas que se han organizado para que no se les arrebate lo mínimo que requieren para sobrevivir como comunidad.

No es, por lo tanto, coincidencia –como lo deja claro el juicioso trabajo de monitoreo de la Iniciativa Unión por la Paz– la relación directa entre hectáreas de coca y riesgo para líderes sociales. Y un ingrediente más: se ha podido constatar que mientras más eslabones de la cadena del negocio del narcotráfico estén asentados en el lugar, más peligro corren quienes no quieren ese futuro de crimen y ley del silencio para su gente.


Donde reinan las economías ilegales, la Constitución es letra muerta. Impera la informalidad. El Estado de derecho, las instituciones son una ilusión o, en el mejor de los casos, un cúmulo de buenas intenciones que poco o nada pasan del papel, de los discursos a los hechos. Consecuencia de ello es lo que todos ya conocemos: quienes no se pliegan a las reglas de juego de los matones de turno –a la intimidación, al silencio, a la explotación– deben huir; quienes con valor alzan la voz para defender los derechos más fundamentales –reemplazando, en el mejor sentido del concepto, al Estado– son blanco inmediato de los que mandan. Así, a secas.

No obstante las buenas intenciones, no obstante lo esperanzador del plan de sustitución de cultivos ilícitos que se trazó bajo la batuta de la Alta Consejería para el Posconflicto, la descripción anterior se ajusta al drama que hoy viven varias zonas del Pacífico colombiano, y Tumaco en particular. Al asedio de los disidentes de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y otras bandas criminales a las organizaciones sociales locales que se la han jugado por la sustitución se suma una compleja tensión por la posesión de la tierra. Sus raíces se extienden a la decisión que en su momento tomó esta guerrilla de promover la movilización de personas desde otras regiones para instalarse en territorios que eran, muchos de ellos, de los afrodescendientes y allí sembrar coca. Y un nuevo ingrediente: la manera como se apretó el acelerador de la erradicación forzada debido a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.


El Gobierno debe, por fin, entender en toda su dimensión la importancia de estos líderes y demostrarlo con un compromiso real y duradero para su protección. El planteado hasta ahora ha evidenciado ser insuficiente. Para ser claros: a la obvia seguridad que requieren con extrema urgencia en términos de esquemas de protección hay que sumarle una de otro tipo: la integral que surge de que el Estado asuma las tareas que ellos desempeñan a título personal y arriesgando sus vidas con tanto coraje a diario.


9 de octubre de 2017

El despertar afroperuano a través de la memoria

Una mujer afrodescendiente con un niño en brazos y un tambor al lado simbolizan la libertad de los esclavos en Perú. Este monumento se erige en Zaña, antaño ciudad colonial del norte y complejo de esclavitud, y ciudad que hoy rinde homenaje a la memoria con un Museo Afroperuano.


Por Carmen Grau
9 de octubre de 2017
EQUAL TIMES

Por todo ello, y por primera vez en la costa del Pacífico, la UNESCO lo declaró el pasado mes de septiembre “Sitio de la memoria de la esclavitud y de la herencia cultural africana”. No es sin embargo el único lugar donde la memoria y la identidad se abren paso en el país.
A través de diversos testimonios del arte, la política y los derechos humanos, recorremos el despertar de una comunidad marcada por la discriminación.

Susana Baca es vital en definiciones. Es artista y símbolo de los derechos de los pueblos vulnerables. Peruana de ascendencia africana y cantante de éxito internacional galardonada con premios Grammy, investigadora de las raíces afroperuanas en la música; sonríe y le brillan los ojos al hablar del Centro Cultural de la Memoria, su casa y proyecto junto al Océano Pacífico, a 150 kilómetros al sur de Lima, en la provincia de Cañete.

Junto a su marido, el sociólogo Ricardo Pereira, también construye la escuela musical inclusiva Negrocontinuo, donde niños y jóvenes podrán formarse con los sonidos peruanos. “En la música peruana contemporánea lo continuo es lo negro que subyace, de ahí el nombre. La música es el pretexto para afirmar identidades”, explica Pereira.

Una sala de madera y techos altos acogerá al visitante al centro cultural, donde la memoria forma parte del proyecto, sin olvidar el origen e historia de las identidades contemporáneas que hoy conforman Perú: “No solo exhibiremos rostros de afroperuanos, también de otras comunidades como los indígenas, andinos, chinos o japoneses”.

La cálida imagen de Susana y su condición de afrodescendiente de renombre la acercaron a las causas más diversas durante su mandato como ministra de Cultura en 2011, en el Gobierno de Ollanta Humala. Finalmente, el arte prevaleció sobre la política, pero dio forma a una oficina pública que atiende las necesidades de los afroperuanos, cuando no existía en el país organismo igual y desde donde hoy se visibiliza a esta comunidad.

“Nosotros, que fuimos esclavizados, le devolvemos al mundo arte”, afirma a propósito de la grabación de su próximo disco Conjuros, en Nigeria. Con su música ha viajado de Perú a África, una diáspora al origen para fusionar los dos mundos. Y no es el primer viaje que realiza en búsqueda de la identidad negra. En el libro El amargo camino de la caña dulce, en 2013, y por segunda vez, peregrinó por su país en busca de lo afroperuano, recorriendo las poblaciones afrodescendientes más representativas.

“Reconocer que somos un país racista”, como parte de la cura
La historia de los afrodescendientes en el Perú comienza con la llegada de población africana esclava a las haciendas de caña de azúcar. Desarraigo y migración forzosa –decidido por las potencias imperialistas del siglo XVI y posteriores–, y discriminación, exclusión y vulneración de derechos a lo largo de los siglos. El proceso de liberación en Perú no desencadenó una revolución. A pesar de que la Independencia llega en 1821, no es hasta 1854 cuando se decreta la abolición de la esclavitud y aún con la República, no se igualó en derechos a los afrodescendientes ni a los indígenas.

La desigualdad pervive actualmente. Así lo corroboran datos oficiales del Estudio Especializado sobre Población Afroperuana (EEPA), que afirma que el hacinamiento y las condiciones de vivienda, educación y salud de esta población son más desfavorables que las del resto de peruanos, sobre todo en áreas rurales.

Aunque tarde comparado con otros países de la región como Brasil y Colombia, hoy Perú se encuentra inmerso en un proceso de reconocimiento y visibilidad de la comunidad afroperuana. No existe una cifra oficial del tamaño de esta, ni información precisa sobre su situación socioeconómica y se afirma que están en invisibilidad sistémica. Lo confirma el estudio de Panorama Social de América Latina (2016) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que estima que en Perú aproximadamente un 5% de la población (entre 110.000 y 600.000 personas) es afrodescendiente.

Owan Lay comenzó hace veinte años la lucha por los derechos humanos. Activista por herencia de sus padres, ha dirigido organizaciones para jóvenes afrodescendientes, pero es su papel desde 2012 en la gestión pública de políticas para su comunidad lo que le ha permitido experimentar los avances: “La necesidad de cambio pasaba por entrar al Estado”.

Ha trabajado en el Plan Nacional de Política de Afrodescendientes, la primera hoja de ruta discutida en siete regiones del país con organizaciones, funcionarios y otros actores, que se convierte en la herramienta política de esta comunidad para seguir luchando por los derechos: “350 años de invisibilidad esclava y 150 años de invisibilidad republicana, marginación y exclusión no pueden resolverse en pocos años”.

“No es todo, pero es todo lo que tenemos históricamente para reivindicar derechos; no ha sido fácil su aprobación porque los funcionarios del Estado no entienden la diversidad cultural”, afirma Susana Matute, directora de Políticas para la Población Afroperuana en el Ministerio de Cultura y cara visible de estas políticas. El plan contempla un nuevo censo que incluirá la identificación étnica y que Matute presenta como un hito: “Es el primer ejercicio que hacemos para identificarnos en 70 años, es un ejercicio de derecho a la visibilidad, de movilización social y ciudadanía”.

Perú ha ido reconociendo la interculturalidad gracias a un contexto internacional favorable, marcado ahora por el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, promovido por Naciones Unidas (2015-2024), y, anteriormente, por la Declaración de Santiago (2000) y la Conferencia Mundial contra el Racismo de Durban (2001). A partir del año 2000, lo que antes era negro comienza a denominarse afroperuano o afrodescendiente.

Así lo siente el político y exalcalde Antonio Quispe, quien reconoce que es afroperuano desde esa fecha puesto que antes no existía esta lucha. Natural de San Luis de Cañete, una población humilde de 15.000 habitantes, desciende por línea paterna de un campesino, dirigente sindicalista y obrero: “Me mandaron a la universidad a costa del esfuerzo familiar, para ejercer liderazgo, soy una suerte de esperanza”.

Como estudiante en los 70, vivió tiempos de lucha por los derechos sindicalistas de obreros y mineros: “pero nunca conocí la lucha afro, porque no existía como ente movilizador. En mi tierra tampoco, aunque toda mi vecindad eran negros”, dice. A día de hoy, piensa que las nuevas políticas son un camino, pero no cree que se traduzcan en mejora de las condiciones paupérrimas de su comunidad: “Sin presupuesto del Estado nada va a cambiar. La escuela rural o suburbana es lo primero que hay que mejorar. El perdón histórico del gobierno de Alan García en 2008 reconoció la deuda interna al pueblo esclavizado. El punto de partida debería ser que se convierta en reconocimiento explícito, numérico”.

Otra voz que cree que las políticas hacia los afroperuanos necesitan ser miradas por todo el Estado, en todos sus niveles, para que se reduzca la brecha de la desigualdad, es la de Rocío Muñoz. Periodista y afrofeminista, sus luchas van acompañadas de la mirada de género. Tiene como referente a la artista Victoria Santacruz, quien en la década de los 70 y con el poema autobiográfico Me gritaron negra puso sobre la mesa la discriminación a las mujeres: “Aunque es otro escenario, su poema sigue vigente”. Preocupada por la discriminación que afecta a las mujeres, investiga los estereotipos y las representaciones que existen de las mujeres afroperuanas.

El color de la piel es todavía uno de los elementos más poderosos de exclusión y su testimonio confirma los datos del EEPA, que reflejan una mayor discriminación en zonas urbanas como Lima, donde se sigue marginando a esta población en el transporte: “En los espacios públicos las mujeres son más insultadas que los hombres. Somos más vulnerables y sobredimensionan nuestra sexualidad. En Perú, el racismo simbólico como la burla se ha naturalizado y, cuando las mujeres levantamos la voz, no nos permiten pedir un trato igualitario y justo”.

Es necesario “reconocer que somos un país racista”, asegura Muñoz, “y así luchar frontalmente contra la discriminación y el racismo, educando y construyendo ciudadanías interculturales que sepan que existe un conjunto de saberes e identidades en el país de todas las sangres”, concluye.

Artículo tomado:  de:https://www.equaltimes.org/el-despertar-afroperuano-a-traves#.WduDBiPhARw