19 de diciembre de 2017

Atrateñidad en riesgo


En mi última visita a Quibdó percibí cómo se ha exacerbado la antioqueñización de ese puerto sobre el río Atrato. Llegué el pasado 30 de noviembre para el lanzamiento de Calle caliente.


Por Jaime Arocha*

Memorias de un cimarrón contemporáneo, el libro con la trayectoria de Rudecindo Castro, líder del movimiento social afrocolombiano. Me sorprendió el nuevo aeropuerto El Caraño, moderno y funcional, pero carente de la atmósfera cálida del antiguo, sin paredes que detuvieran unas brisas que hacían que la gente hablara duro, mientras se comía su pastel. Ahora hay plazoleta de comidas rápidas en el segundo piso.
A las casas de madera que quedaban, con sus techos altos y áreas sociales abiertas, las reemplazan moles de cemento, con esos balcones circulares y balaustradas de barrotes tornados tan populares en el oriente antioqueño. Hasta el lugar de los palafitos del barrio La Yesquita hoy lo comienzan a invadir varilla y concreto. La obstrucción de esa quebrada y sus afluentes presagia la respectiva cuenta de cobro ambiental.

Rejas metálicas aíslan los patios de entrada donde la gente sacaba sus mecedoras para conversar y saludar a quienes pasaban por el frente. La advertencia es la de no salir a ese espacio buscando una mejor señal para evitar un encañonamiento y el robo del celular. La ciudad fortificada reemplazó a la de puertas abiertas.

Hay menos personas negras como dependientes de bancos, almacenes y aerolíneas. Ese blanqueamiento va con la antioqueñización cultural y el aumento del racismo. Las basuras por las calles y a las orillas del río Atrato no dan cuenta de la sintonía que ya debería estar instalada a propósito del respeto de los derechos bioculturales que de manera excepcional la Corte Constitucional le reconoció al río como sujeto de la sentencia T-622 de 2016.

El 8 de diciembre, Semana publicó un número especial sobre el Atrato. Recoge la visión de Ximena González de Tierra Digna, la organización que lideró la tutela referente a la degradación de ese cauce y de sus pobladores ancestrales. Para ella, semejante innovación se basa en un ideal ecocéntrico, según el cual la gente no debe portarse ni como ama ni señora de la naturaleza, sino parte de ella.

Ese ecocentrismo está por arraigarse, como se aprecia en la entrevista que el mismo especial le hizo al gobernador de Antioquia. A él no se le pasan por la mente los derechos bioculturales, sino “los secretos” de la prosperidad y los empresarios prósperos. Si, como reza el subtítulo de ese número, “Antioquia lidera la defensa del Atrato”, ojalá no sea con más de las imposiciones colonialistas que esa cuenca comenzó a recibir desde 1997, cuando el gobierno de Ernesto Samper revivió el proyecto de unir al mar Caribe con el Pacífico por un canal entre los ríos Atrato y Truandó: masacres y asesinatos con el consecuente destierro de comunidades indígenas y negras, expansión de los monocultivos de palma aceitera, coca y pastos para ganadería, además de dragones, retroexcavadoras y mercurio para la minería ilegal del oro. La actual violencia que elenos y gaitanistas ejercen sobre la población civil, así como el aumento de asesinatos de líderes sociales o reclamantes de tierras sí que niegan el sentido de una sentencia única en la historia nacional.

* Miembro fundador, Grupo de Estudios Afrocolombianos, Universidad Nacional.

Publicado originalmente en El Espectador. 18 de dic de 2017: https://www.elespectador.com/opinion/atratenidad-en-riesgo-columna-729090 

6 de diciembre de 2017

Comunas afrodescendientes del Chota en Ecuador celebran a su santo

En la mayoría de parcialidades afrodescendientes del territorio ancestral del valle del Chota, que se extiende entre las provincias de Imbabura y Carchi, hay celebraciones religiosas heredadas por los españoles, explica Iván Pabón Chalá, investigador de la cultura afroimbabureña.


Por José Luis Rosales, Redactor

El santo Francisco Javier es el patrono de la comuna de Chalguayacu, ubicado en el cantón Pimampiro (Imbabura). Por eso, la mayoría de sus 2 000 pobladores participó el fin de semana pasado en un programa que unió la fe católica y las expresiones de los afrodescendientes de la zona.



“Es un santo bien milagroso”, comenta Imelda Congo. La presidenta del Comité Promejoras de la localidad creció escuchando a sus mayores sobre los prodigios que habría realizado a varias personas. Por eso, nueve días antes del 3 de diciembre, en donde se recuerda el fallecimiento del misionero jesuita, los vecinos recorren este poblado de calles adoquinados mientras rezan y cantan. Lo hacen con la imagen de su santo cargada en los hombros de los más creyentes.

En la mayoría de parcialidades afrodescendientes del territorio ancestral del valle del Chota, que se extiende entre las provincias de Imbabura y Carchi, hay celebraciones religiosas heredadas por los españoles, explica Iván Pabón Chalá, investigador de la cultura afroimbabureña.

En las vecinas comunas de El Juncal y Carpuela, parroquia de Ambuquí, (Ibarra), por ejemplo, se celebra a San Martín de Porras y a la Virgen de Tránsito, respectivamente. Mientras que, en Piquiucho a La Dolorosa, y en Caldera, a San Francisco de Asís. Las dos últimas pertenecen al cantón Bolívar, en Carchi. Chalguayacu, en donde sus habitantes se dedican al cultivo del fréjol, tomate riñón, mango, entre otros, ha ganado fama por artistas como los integrantes de la Banda Mocha y las Tres Marías.

Los primeros arrancan notas musicales soplando hojas verdes del naranjo, cornetas de cabuya y puros como se denominan a las calabazas secas, entre otros instrumentos de la naturaleza. Mientras que, las últimas, con creatividad imitan con su voz sonidos de cornetas, trompetas, panderetas. Precisamente, ellos no faltaron a la reciente festividad que es la más importante del año en la localidad. María Margarita Pavón, de 78 años, asegura que la presentación ante sus vecinos siempre será especial. 

La fiesta en honor a Francisco Javier gana renombre. Por eso, desde hace dos años se implementó el denominado pregón de la confraternidad, en donde resaltan alegres grupos de danzas al ritmo de bomba, el género musical del valle del Chota, y carros alegóricos. El desfile se inicia en la parcialidad de El Juncal y llega hasta el centro del poblado. Años atrás, una caravana motorizada recorría varios caseríos del valle anunciando la fiesta, recuerda Juan Cervantes, dirigente del sector.

Otras de las incorporaciones es la elección de la reina. Esta vez, Jenny Méndez fue escogida de entre cuatro jóvenes que aspiraban la banda. Para vecinas como Patricia Caicedo, la fiesta es una oportunidad para ganar algunos dólares. Ella vende fritada.

Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:https://www.elcomercio.com/tendencias/comunas-afrodescendientes-chota-celebracion-santo.html

8 de noviembre de 2017

LA IMPORTANCIA DEL TERRITORIO PARA LAS COMUNIDADES AFRO DEL PACÍFICO COLOMBIANO

Una oportunidad para amplificar las voces de Nariño

El panorama de este departamento que dibujan las organizaciones comunitarias – de afros, indígenas y campesinos –, el gobierno local y organizaciones acompañantes como Acnur es preocupante. Sin embargo, resulta profundamente conmovedor ver la valentía de quienes lo habitan.


Por: Rocío Castañeda, Oficial de Información Pública Acnur

Pensarse el territorio, habitarlo, proyectar la vida individual y colectiva en él. Entenderlo como el todo, donde no solo la población afrocolombiana e indígena habita, sino como el espacio donde se forja como pueblo y se proyecta como ciudadanos en ejercicio.

Entender lo que significa el territorio para las comunidades afrocolombianas e indígenas no es sencillo desde el punto de vista de quienes no pertenecen a estos pueblos. Pero comprender este significado es esencial no solo para entender cómo el conflicto armado y el desplazamiento han dejado una huella en él, sino cómo la recuperación de la autonomía de estas comunidades sobre el territorio es fundamental en el proceso de construcción de paz en el que está comprometido Colombia.

“La defensa del territorio ante las amenazas de la minería y el desplazamiento” fue el título que Colombia 2020, el proyecto periodístico del diario El Espectador, dio al conversatorio que realizó en días pasados en la ciudad de Pasto, capital del departamento de Nariño al sur de Colombia. Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados, como uno de los aliados de Colombia 2020, realizó la conferencia inaugural del foro e invitó a participar a una de las organizaciones Étnico Territoriales que acompaña: Asocoetnar (Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico Territoriales), cuya acción se desarrolla en las Subregiones de Telembí y Sanquianga.

El panorama actual de Nariño que dibujan las organizaciones comunitarias – de afros, indígenas y campesinos –, el gobierno local y organizaciones acompañantes como Acnur es preocupante. En lo que va corrido del año, alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas forzada y masivamente; las comunidades están sometidas a situaciones de confinamiento que se han invisibilizado; se han presentado 153 muertes, entre ellas las de varios líderes, sobre todo en Tumaco y otros municipios de la costa nariñense. Todo ello en un contexto de implementación de los acuerdos de paz, firmados hace un año entre el Gobierno y las Farc, que presentan muchos retos y que las comunidades perciben como de “desarrollo lento y a mediano y largo plazo”, mientras la violencia de los grupos armados ilegales presentes en el territorio se ejecuta en el día a día.

Sin embargo, en medio de este panorama, resulta profundamente conmovedor ver la valentía de quienes lo habitan. El foro de Colombia 2020 logró reunir las voces de una líder de un proceso organizativo que busca conservar las semillas nativas de la región; del Comité de Integración del Macizo Colombiano, de los campesinos de Asopatía, de los afros de Asocoetnar, de los indígenas del Resguardo Puracé; acompañados por el Gobernador encargado de Nariño, la academia representada en la Universidad Mariana, una organización de desarrollo local (ADEL), y la Agencia de la ONU para los Refugiados.

Las voces de afros, indígenas y campesinos reclamaron, a través del compartir de sus experiencias particulares, una sola cosa – en el fondo –: autonomía:

Autonomía sobre cómo resarcir los derechos vulnerados por muchas décadas por un conflicto armado que desplazó, confinó y amenazó la supervivencia misma de las comunidades afro e indígenas.

Autonomía sobre cómo definir rutas de protección frente a las amenazas actuales donde, lamentablemente, el desplazamiento y las muertes no han terminado con la firma del Acuerdo de Paz.

Autonomía para definir qué tipo de desarrollo desean las comunidades que habitan este territorio. Y cómo la minería artesanal puede continuar como práctica tradicional, y cómo se combina, o no, con los proyectos mineros de gran escala. 

Autonomía sobre cómo preservar y administrar sus recursos; el primero de ellos el agua como fuente de vida.

Finalmente, autonomía para crecer como pueblos, como organizaciones con voz y capacidad de decisión y construcción, que requieren la protección y garantías del Estado en lo local y en lo nacional; teniendo en cuenta no solo que la población afro e indígena representa alrededor del 10 y 3% respectivamente de la población víctima de desplazamiento, sino que se cuenta con herramientas importantes para hacer frente a su situación como lo es el marco legal de protección y reparación a víctimas (Leyes 387, 1448, Sentencia T-025 y los Autos de la Corte Constitucional 004, 005, 174 y 073).

El encuentro, cuyo público estuvo integrado por un buen número de jóvenes estudiantes, evidenció el compromiso con la construcción de paz de estas comunidades; y así mismo la necesidad de la articulación de las distintas entidades del Estado para hacer frente, de manera coordinada, a los desafíos que hoy amenazan el territorio.

Texto tomado íntegramente de: https://colombia2020.elespectador.com/opinion/una-oportunidad-para-amplificar-las-voces-de-narino 

20 de octubre de 2017

Jaír Cortés, líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño)

Jaír Cortés, líder del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (Tumaco, Nariño) asesinado el martes pasado, tenía algo en común con los otros 88 defensores de derechos humanos que han sido ultimados desde la firma del acuerdo de paz con las Farc.


Cortés, como los demás, ejercía la valiente tarea de defender el bien común, es decir, los intereses de la sociedad local frente a los erráticos caprichos de los emporios criminales que se levantan sobre economías ilegales y suelen ir en directa contravía. Es el recurrente pulso entre el interés particular y mafioso de unos pocos capos y el de un conjunto de personas que se han organizado para que no se les arrebate lo mínimo que requieren para sobrevivir como comunidad.

No es, por lo tanto, coincidencia –como lo deja claro el juicioso trabajo de monitoreo de la Iniciativa Unión por la Paz– la relación directa entre hectáreas de coca y riesgo para líderes sociales. Y un ingrediente más: se ha podido constatar que mientras más eslabones de la cadena del negocio del narcotráfico estén asentados en el lugar, más peligro corren quienes no quieren ese futuro de crimen y ley del silencio para su gente.


Donde reinan las economías ilegales, la Constitución es letra muerta. Impera la informalidad. El Estado de derecho, las instituciones son una ilusión o, en el mejor de los casos, un cúmulo de buenas intenciones que poco o nada pasan del papel, de los discursos a los hechos. Consecuencia de ello es lo que todos ya conocemos: quienes no se pliegan a las reglas de juego de los matones de turno –a la intimidación, al silencio, a la explotación– deben huir; quienes con valor alzan la voz para defender los derechos más fundamentales –reemplazando, en el mejor sentido del concepto, al Estado– son blanco inmediato de los que mandan. Así, a secas.

No obstante las buenas intenciones, no obstante lo esperanzador del plan de sustitución de cultivos ilícitos que se trazó bajo la batuta de la Alta Consejería para el Posconflicto, la descripción anterior se ajusta al drama que hoy viven varias zonas del Pacífico colombiano, y Tumaco en particular. Al asedio de los disidentes de las Farc, el ‘clan del Golfo’ y otras bandas criminales a las organizaciones sociales locales que se la han jugado por la sustitución se suma una compleja tensión por la posesión de la tierra. Sus raíces se extienden a la decisión que en su momento tomó esta guerrilla de promover la movilización de personas desde otras regiones para instalarse en territorios que eran, muchos de ellos, de los afrodescendientes y allí sembrar coca. Y un nuevo ingrediente: la manera como se apretó el acelerador de la erradicación forzada debido a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.


El Gobierno debe, por fin, entender en toda su dimensión la importancia de estos líderes y demostrarlo con un compromiso real y duradero para su protección. El planteado hasta ahora ha evidenciado ser insuficiente. Para ser claros: a la obvia seguridad que requieren con extrema urgencia en términos de esquemas de protección hay que sumarle una de otro tipo: la integral que surge de que el Estado asuma las tareas que ellos desempeñan a título personal y arriesgando sus vidas con tanto coraje a diario.