17 de marzo de 2012

Afroargentinos y políticas públicas



La ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, recibirá hoy las demandas que se debaten desde ayer en San Telmo. Trabajaron en comisión de salud, comunicación, juventud, trabajo, adultos mayores, cultura y proyectos productivos.

Si usted también piensa que Cabo Verde queda en Brasil, debería leer este artículo. El movimiento de afrodescendientes se reunió ayer y hoy en la sede del Movimiento Afro Cultural y el Museo Histórico Nacional, ambos en San Telmo, para debatir en comisiones un plan de políticas públicas para presentar al gobierno nacional, derrotar al racismo e incrementar la inclusión social. Hoy los escuchará la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner.

“El otro día fui a una pileta y una nena me dijo ‘ayer lo vi a tu papá’”. Las risas interrumpen el relato de una joven descendiente de caboverdianos. “Tuve que explicarle que no todos los negros somos familia”, concluyó. Integrantes de la colectividad afro en la Argentina improvisaron seis rondas para discutir de qué manera continúan su lucha por la reafirmación de su identidad argentina. Las comisiones de juventud, trabajo y proyectos productivos, cultura, adultos mayores, salud y comunicación trabajaron durante dos días para la formación del documento con acciones concretas que impacten en su realidad cotidiana.

La Asamblea se inició con la presencia de representantes de las distintas organizaciones afrodescendientes de todo el país además del interventor del Instituto Nacional Contra la Discriminación (Inadi), Pedro Mouratián y representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia, el embajador Oscar Laborde, y Derechos Humanos de la Nación, la profesora Marita Perceval. Las provincias de Corrientes, Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos estuvieron representadas.

“La identidad de la Argentina tiene varios componentes y los afrodescendientes somos una de ellas; eso se tiene que respetar y valorar, que es lo que no está pasando hoy. Creemos que ese es un paso fundamental para la lucha contra el racismo”, afirmó Carlos Álvarez, de la Agrupación Xangô.

Álvarez citó un caso reciente de intolerancia racial: uno en Córdoba, donde dos afrodescendientes fueron detenidos y maltratados por la policía sin ningún tipo de argumentos. “El documento va a reflejar una perspectiva federal, reivindicando sobre todo a comunidades como Santiago del Estero y Catamarca, donde históricamente los afros han tenido territorios. El otro gran aporte va a ser en el ámbito de la cultura y el desarrollo social”, amplió el militante, y explicó de qué manera se discrimina en la cotidianeidad: “Pasan cosas groseras porque mucha gente se piensa que porque sos afro te pueden tocar porque dicen que los negros traemos suerte. Son cosas instaladas en la cultura argentina que es necesario deconstruir porque nos va socavando en nuestra autoestima.”

Fuente: http://tiempo.infonews.com/2012/03/17/sociedad-70516


16 de marzo de 2012

Mensaje del 7º Congreso Nacional de Entidades Negras Católicas de Brasil

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Quince Duncan (Costa Rica, 2011)

 

Entrevista al escritor y activista de los Derechos Humanos, Quince Duncan

La Revista Palenque (No. 3; Bogotá, julio de 2010; pp. 10-12) publicó otra entrevista completa titulada "Nuestra lucha es por la equidad".  En ella habla sobre las tradiciones de su pueblo y las dimensiones de su lucha.


12 de marzo de 2012

Chocó, Gobierno e ingobernabilidad





La Diócesis de Quibdó en este tiempo de Cuaresma, manifiesta públicamente la indignación que nos produce tanta muerte, injusticias e impunidad contra los hijos de Dios en esta parte del territorio del Pacífico colombiano.

Es preocupante y doloroso el incremento de asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, bloqueos, confinamientos y ataques contra la población civil en los campos y centros urbanos, muy a pesar del fortalecimiento de la fuerza pública y de los discursos oficiales que niegan y ocultan la intensificación sistemática de la violencia política y social contra las comunidades. A pesar de la Carta Pastoral de los Obispos del Pacífico en el 2011 y de las Sentencias de la Corte Constitucional, y recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la situación de la violación de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos negros, indígenas y mestizos que integran nuestra jurisdicción eclesiástica, la realidad tiende a empeorarse, mediante:

* Confinamientos y riesgos de desplazamientos por el minado de caminos y lugares tradicionales de cacería, sembrados y pesca; las amenazas, los bloqueos armados en las vías; la presencia de actores armados en medio y alrededor de las poblaciones; las restricciones y limitaciones para la entrada de alimentos; los asesinatos permanentes, incluso de niños; la prohibición de la libre circulación en los territorios y la ausencia generalizada de garantías de protección de la vida y la territorialidad de nuestras comunidades.

* El recrudecimiento de la violencia urbana que ataca principalmente a niños y jóvenes pertenecientes a familias en condición de desplazamiento forzado y con altos grados de vulnerabilidad.

* Las vinculaciones de los niños, niñas y jóvenes en la dinámica de la guerra y en la industria del micro y narcotráfico, agravadas con el abuso y explotación sexual de los menores.

* El contexto de connivencia de la fuerza pública con los demás actores armados, pues justo cuando se ha incrementado su pie de fuerza, ha aumentado la oleada de violencia en la región; llegando a afirmar sin ningún reparo, que no pueden entrar a ciertos barrios y sectores porque temen por sus vidas, condenando a la población civil a la desprotección y al total abandono estatal.

* El grado de inoperancia institucional, ingobernabilidad y de impunidad incluida la acción y omisión del Ministerio Público, frente a la ausencia del empleo de los mecanismos de control previo y de garantías de protección de la vida de las comunidades.

* El aumento del tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas, las cuales son distribuidas y vendidas a plena luz del día sin que se identifique y se judicialice a los responsables.

* El desorden social y la falta de controles en las vías de la ciudad y en el mismo terminal de transporte por donde se afirma circulan toda clase de insumos para la guerra y el negocio criminal del narcotráfico.

* El fortalecimiento de las mafias que controlan la vida de buena parte de las instituciones y de entidades públicas y privadas y de los recursos públicos, los cuales no se invierten para el bien social, perpetuándose el caótico matrimonio entre el poder político y el manejo de la economía que enriquece a pocas familias nativas y a muchos foráneos, a expensas del empobrecimiento y la muerte de las comunidades.

* La minería industrial y demás proyectos de la economía y el despojo que se implementan violando los derechos étnico-territoriales, incluyendo la Consulta Previa, envenenando y afectando gravemente los ríos, la economía, la tranquilidad, y los derechos de las comunidades.

* Por último, nos preocupa mucho la insolidaridad e indiferencia frente a esta difícil realidad, que contribuye a la descomposición social, el debilitamiento de la cultura y los valores de las comunidades.

Llamamos a la comunidad católica y no, y a todas las organizaciones a seguir pronunciándose frente a esta situación de violencia, injusticia e impunidad, a mantener vivas sus tradiciones y a continuar resistiendo y defendiendo los territorios.

Exigimos de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales creadas para defender la vida, la dignidad, las culturas, la honra y los bienes de la población civil, especialmente de los más vulnerados y marginados de la sociedad como son los pueblos indígenas y negros y las comunidades mestizas que de forma ancestral y milenaria habitan estos territorios.

Quibdó, 8 de Marzo de 2012