La población afrodescendiente en la Constitución del 91

Por: DANIEL MERA VILLAMIZAR ESPECIAL PARA EL TIEMPO | 8:55 p.m. | 29 de Junio del 2011

Error bienintencionado, dice analista, asimiló población afro a concepto de comunidades indígenas.

Abajo, Mario Ramírez y Jacobo Pérez. Atrás, Álvaro Gómez, Carlos Andrés Pérez, y Antonio Navarro.

Foto: Archivo particular

Tres hechos de 1991 reflejan la relación de la Nación con los negros desde la instauración de la República. Un constituyente que no fue, el director técnico de fútbol Francisco Maturana; el secretario general de la Asamblea, magistrado Jacobo Pérez Escobar, discriminado en el acto de promulgación de la Constitución, y un tema que dividió internamente a tres de las cuatro fuerzas políticas principales de la Constituyente, la propiedad colectiva de las comunidades negras. Veinte años después, dicha relación sigue siendo ambigua.

'Pacho' Maturana fue el único negro elegido delegatario, por la lista de la Alianza Democrática M-19. Él, sin embargo, renunció a su curul para poder dirigir un club en España. No se dijo que estaba defraudando a la población negra, pues no había prometido una representación por el color de piel. En realidad, su comportamiento de no apelar en la vida pública a la 'raza' seguía un patrón establecido inmediatamente después de la guerra de Independencia.

Fatigados por las clasificaciones sociorraciales del antiguo orden, los patriotas negros, mulatos, pardos y zambos decidieron, en su gran mayoría, no poner esa clasificación en las hojas de servicio que llenaban para reclamar gratificaciones de la República, como lo comprobó Clément Thibaud.

El primer antecesor conocido de 'Pacho' Maturana como delegatario, el pardo cartagenero Mauricio José Romero, vicepresidente del Congreso Constituyente de 1832, no fue como pardo a deliberar, pero abogó claramente por la igualdad, como ha mostrado Armando Martínez. Maturana pudo renunciar sin problemas porque los negros siempre han dado más peso a la 'raza' en la vida privada que en la vida pública, a diferencia de la sociedad.

La experiencia de Jacobo Pérez en la Constituyente dice mucho de Colombia. De un caserío del Magdalena, El Retén, se erigió en jurista que trabajó con varios presidentes. Liberal, aceptó ser secretario general de la Asamblea, ad honórem, por decisión suya, y cuando llegó el momento solemne del 4 de julio, Álvaro Gómez Hurtado decidió alejarlo del primer plano que le correspondía, con un argumento que a Humberto de la Calle le pareció discriminatorio, según cuenta en Contra todas las apuestas.

Indignado y furioso porque así le pagaban su dedicación y generosidad, con una distinción por el color, Jacobo les dijo a varios medios que "Constitución no hay" porque no certificaría lo que no había podido ver. La Carta de 1991 nació oficialmente el 6 de julio a la medianoche, no el 4, cuando Jacobo Pérez terminó de firmar las 180 hojas originales y el "escolio punitivo" a la discriminación para la historia. En lenguaje elegante quedó que la refrendación es del 6 de julio. Jacobo se veía a sí mismo más allá del color de la piel, y la abrumadora mayoría de los delegatarios lo veía igual, pero no faltó la aparición del rezago cultural del racismo.

Una de las consecuencias de la renuncia de Maturana fue que cuando surgió el tema afrocolombiano, la voz autorizada resultó ser la del constituyente indígena Francisco Rojas Birry, por su origen en el Chocó. En efecto, el Artículo 55 transitorio de la Constitución, que consagró la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre las "tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico", siguió el modelo indígena.

La propuesta generó muchas observaciones en la Comisión Segunda, como muestran las transcripciones, pero tras el trabajo de una subcomisión integrada por Orlando Fals Borda (AD M-19), Juan Carlos Esguerra (Salvación Nacional) y Rojas Birry fue aprobada en la Plenaria, con voto nominal. Se apartaron de la decisión mayoritaria 6 delegatarios del Partido Liberal (de 24), 6 del M-19 (de 19) y 5 de Salvación Nacional (de 11), según análisis de Manuel José Cepeda. El espíritu de la Constituyente era proteger a unas comunidades rurales de los colonos. No estaban pensando en el conjunto de la población negra, especialmente la urbana, y así lo repetían.

Los tres hechos: la no representación étnico-racial de 'Pacho' Maturana, el compromiso de Jacobo Pérez y la discriminación que sufrió, y la polémica por la propiedad colectiva rural negra, muestran que, en 1991, no hubo un cambio dramático en la relación de la Nación con los negros. Hubo un cambio simbólico con el reconocimiento de la "diversidad étnica y cultural", el positivo paso de nación mestiza a nación diversa, pero esto no tiene el alcance de un regreso al tipo de orden previo a la Independencia, en el que derechos y deberes (y castigos) de las personas tenían que ver con el color de la piel (las actualmente llamadas "ciudadanías diferenciadas").

El Artículo 55 transitorio, no obstante, marcó lo que ha pasado en estos 20 años entre la Constitución y los colombianos negros. El gobierno Gaviria creó, en agosto de 1992, la Comisión Especial que produciría el estudio previo de lo que sería la Ley 70 de 1993.En la composición de dicha comisión desapareció la rica diversidad de visiones sobre la sociedad colombiana que había en la Constituyente, y su estudio estuvo lejos de hallar lo que dos años después el ministro Néstor Humberto Martínez presentó como resultado de una investigación de campo.

La mayoría de los entrevistados opinaba que la propiedad colectiva no era propia de su comunidad y que aspiraban a la propiedad individual enajenable. "Las prácticas tradicionales de producción" eran lo que podían hacer ante la escasez de recursos, pero no definían su "cultura". Solo que no eran tontos. Si el Estado exigía tales requisitos para la titulación colectiva, no daba alternativa, y venían unos letrados a producir los documentos, pues estaba bien. Así, se han titulado cinco millones de hectáreas a cientos de consejos comunitarios (menos del 10% de la población negra), que deberían ser los depositarios de las dos curules en la Cámara y sacar bienestar de la tierra ancestral.

El Consejo de Estado, en providencia de agosto del 2010, ha puesto, por fin, algo de orden conceptual a la aplicación de la Ley 70, orden conceptual que falta en la llamada consulta previa, mecanismo que entró al ordenamiento jurídico mediante la asimilación de la población afrocolombiana a un "pueblo tribal" (Convenio 169 de la OIT), con ayuda de la Corte Constitucional. Una "inferiorización" bienintencionada, que socava el proyecto moderno de la Carta Política. Por eso, estamos en plena batalla de ideas, por la imaginación de la gente.

Acerca del autor

Daniel Mera es defensor de las negritudes, sociólogo de la Universidad Nacional y directivo de la Fundación Color de Colombia.

DANIEL MERA VILLAMIZAR
ESPECIAL PARA EL TIEMPO

DESIGUALDAD AFRO COLOMBIA

Desigualdad extrema también para los afros

Colombia es el país más desigual de América Latina y el cuarto en el mundo. ¿Va el gobierno de Juan Manuel Santos a poder cerrar la brecha entre ricos y pobres? No se ve nada fácil.

Colombia, que ha estado históricamente entre los países mas desiguales del mundo, corre el riesgo de convertirse en el primero de todos, a juzgar por los datos recientes. Un lamentable campeonato que las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos no parecen encarar de manera estructural, a juicio de algunos expertos. Sus voceros, por su puesto no están de acuerdo.

Hay que esperar aun los damos mas recientes, pero la evidencia disponible es dramática. Según Samuel Azout, alto consejero para la prosperidad, Colombia seria hoy el cuarto país del mundo en desigualdad, con un índice Gini de 0,58 (este coeficiente es la medida técnica de la desigualdad en la distribución de ingreso, en la que uno es lo mas alto). Según datos de Naciones Unidas para 2005, con un Gini de 0,55 Colombia estaría entre los primero del mundo, detrás de apenas un puñado de países y el pelotón de otras naciones Latinoamericanas de nivel de desarrollo mucho mas bajo, como Guatemala. Jairo Núñez, de Fedesarrollo, afirma que, según la ultima encuesta de calidad de vida que hace el DAN, el Gini Colombia abría generado en 2008 a 0,59, uno de los mas altos, si no el mas alto del planeta y quizás, el mas alto de América Latina, la región mas desigual del mundo.

Juan Carlos Ramirez, de la Celpal, advierte que hay que tener cuidado con los datos, pues la metodología de medición varia de país en país. “lo importante no es si somos los primeros o los segundo; lo importante es la tendencia. Seguimos con una política que no ha sido capaz de desconcentrar el ingreso”. Colombia a padecido históricamente una peculiar enfermedad: como lo señalo Nuñez, pese a que el producto interno bruto (PIB) y el gasto publico se multiplicaron por dos en los pasados veinte años, la pobreza extrema apenas se redujo un 2% y la desigualdad esta intacta. “en este país se han hecho esfuerzos para enfrentar la pobreza, pero poco y nada, en desigualdad” dice consultor Corredor que manejo el programa Bogotá sin Hambre en la alcaldía de Lucho Garzón. Los ritmos de reducción de la pobreza en el país están por debajo del promedio latinoamericano: según el plan nacional de Desarrollo, mientras en el subcontinente la pobreza bajo 11 puntos entre 2002 y 2008, en Colombia lo hizo menos de ocho. Las políticas de desarrollo están en mora de hacerse desde hace décadas en Colombia.

Las dimensiones del problema

Pobreza y desigualdad no son lo mismo, aun que están ligadas. En Colombia, la pobreza por ingresos disminuyo el 54% ha algo más de de 45% entre 2002 y 2009, mientras el índice de desigualdad se mantuvo estable, estas no son cifras son personas: 45% de pobreza son veinte millones de colombianos en la olla.

La desigualdad no es pobreza. Para Naciones Unidas y muchos economistas, tienen varias dimensiones, como lo describe el exdirector del DANE Cesar Caballero: además de la posición socio-económica de la gente, cuentan la brecha entre las regiones, las diferencias étnicas y las de género. “si usted es mujer, afro, no educada, madre soltera y vive en zona rural, no se que recomendarle”, dice. En todas esas dimensiones, Colombia arrastra problemas históricos.

En la dimensión económico-social, según Núñez, la encuesta de calidad de vida registrada en record que pocos países ostentan: en Colombia, el 10% mas rico de la población se queda con la mitad del PIB mientras al 10% restante mas pobre apena le caen de la mesa las migajas del 0,6% del PIB. Para colmo, cada uno de los afortunados en la franja de los más pobres que tienen trabajo mantiene a seis personas en promedio, en tanto que los del tope de la pirámide sostienen solo a dos.

Las diferencias regionales son aun más escandalosas. El ingreso por habitante del chocoano medio es la sexta parte del de un bogotano. Una de las verdades que no escara la política publica en Colombia es el desequilibrio entre las diez principales ciudades, que crecen y son polo de desarrollo, y 800 municipios que tienen niveles de pobreza superiores al 66%. La brecha entre las ciudades y el campo viene ampliándose. La centralización de los recursos hace que la desigualdad en Colombia sea altísima, y lo peor es que dicha desigualdad esta marcada en muchos casos por un factor étnico. Si el promedio nacional de necesidades básicas insatisfechas es de 27% el de la población indígena es de 57% y el de los afros, de 66%. Ello para no hablar de la de la situación de la mujer, con frecuencia en el sótano de la pirámide social.

¿Por qué ha sido tan persistente la desigualdad en Colombia? El economista Alejandro Gaviria señala como problemas claves las condiciones del mercado laboral y la brecha entre educados y no educados: “la Colombia de este siglo es parta los no educados, mototaxismo, salones de belleza, informalidad en el sector minero”. Caballero añade que no basta ampliar ni mejorar la calidad: “la educación, sin contactos (las redes que se establecen en cualquier centro educativo y que sirven toda la vida), no permiten ascender”.

Corredor ve otro problema: “la desigualdad es esencialmente un problema político, que toca muchos intereses, y no ha habido una alternativa dispuesta a enfrentar esos poderes”. Para muchos economistas en el país a primado la visión ortodoxa de que el crecimiento económico se encarga de resolver el problema de la pobreza y la desigualdad, y eso no ha sucedido. “Colombia es un país pre moderno; todo sigue asociado a rentas y a tierras”, sostiene Corredor.

¿Que hacer?

El gobierno afirma que tiene una estrategia para enfrentar la desigualdad, no solo la pobreza como se ha venido haciendo tradicionalmente mediante un gasto público eminentemente asistencialista. Hernando José Gomes, director de planeación, habla de cuatro grandes áreas. Por una parte, el plan de desarrollo dice que prevé atacar la desigualdad regional, tratando de generar estrategias de convergencia y desarrollo para las regiones más pobres. Por otra, se esta lanzando el plan de lucha contra la pobreza extrema, con la ambiciosa meta de bajarla a la mitad en el cuatrienio. En el tercer lugar se propone bajar la informalidad, “una trampa de desigualdad muy grande”, como la define Gómez. Y por ultimo el ministerio de educación va poner un énfasis especial en el tema de calidad, “para que la educación pública se vuelva un canal de movilidad social y no perpetuación de la pobreza”, como afirma Gómez.

Todo ello sin contar con que las llamadas locomotoras para el crecimiento, la redistribución de las regalías, el cierre de los agujeros en el impuesto del 4 por mil o la decisión de no financiar la recuperación del desastre invernal mediante impuestos también actúen sobre la desigualdad. Además hay toda una estrategia para reforzar el funcionamiento del Sistema de Protección Social, contemplada en el plan de desarrollo.

Pese a todo, la meta es modesta, pues en cuatro años se espera bajar el coeficiente Gini del 0,58 actual a 0,54. Núñez pone en duda, incluso, el objetivo frente a la pobreza extrema, que se ha planteado bajar en ocho puntos: “eso significa hacer en cuatro años lo que normalmente se hace en ochenta. ¿Es realista?”. Dice que aun si el programa Unidos funciona perfectamente en los 800 municipios más pobres existen unas trampas de desarrollo local que no dejan a nadie salir de la pobreza: no hay actividades económicas significativas, la seguridad es un problema, la debilidad institucional lleva a que se roben el erario. Según el, el 35% de los subsidios del gasto público va al 20% más rico de la población. Eso en parte explica porque la inequidad persiste pese a que el gasto social anual por habitante creció en términos reales un 60% entre 2001 y 2008 de acuerdo con planeación.

Caballero es más categórico: lo que hay, dice, “es una política antipobreza, no de redistribución, no para atacar la igualdad”. Varios de los expertos consultados por SEMANA hablaron de la necesidad de enfrentar el problema también de la cúspide de la pirámide –algo en lo que casi todos los gobiernos de este país han sido muy tímidos-, mediante un cambio en los esquemas tributarios, que tradicionalmente han privilegiado los impuestos indirectos, como el IVA, que afecta a todos, sobre impuestos progresivos que tasen la propiedad, la tierra y su uso, por ejemplo: “la estructura tributaria no se ha utilizado como una herramienta distributiva”. Dice Corredor.

Casi todos coinciden, eso si, en las leyes de victimas y de tierras, si se aprueban como quiere el gobierno y se logran aplicar de manera consistente, “si le pegan a la punta de la pirámide”, como dice uno, y tendrían un efecto en la inequidad. Machado señala que el estado tiene muchos elementos para repartir la tierra y para obligar a las elites rurales a cambiar. “se han centrado en la avidez de la renta, que es acumular y acumular sin generar valor a la sociedad”. En un resiente articulo en la revista virtual Razón Publica, el economista Jorge Ivan González reconoce que la equidad regional es la gran novedad en el plan de desarrollo, pero sostiene que “los avances en crecimiento, productividad y competitividad no alcanzan para romper la trampa de la pobreza. Y la trampa no se rompe, por el gobierno ha dejado de lado cualquier consideración tributaria”.

De ser esto cierto el gobierno de Juan Manuel Santos no se diferencia en materia de desigualdad de casi todos sus antecesores. Aun es pronto, por supuesto, para hacer un juicio definitivo, y Armando José Gómez todavía tiene tiempo para demostrar que esta en lo cierto y que si hay una estrategia expresa para atacar el problema de manera estructural. Con la situación actual de Colombia, es probable que a este gobierno se le juzgue menos por si logra mantener bajo control la seguridad que por si se atreve, por fin, a meterle mano enserio a la enfermedad histórica nacional de la desigualdad y la pobreza. Atacar la base de la pirámide, donde están los pobres entre los pobres es apenas un aspecto de problema. Parte sustancial reside en la cúspide. Y con esas elites ningún gobierno se ha metido.