30 de marzo de 2012

Rehenes en nuestros propios territorios: Derechos de los afro-colombianos, bajo sitio en el Chocó (WOLA)


Por Anthony Dest y Gimena Sánchez-Garzoli

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), visitó las regiones del Medio y Alto Atrato en el Chocó, Colombia, en marzo de 2012. Ahí llevamos a cabo visitas en el terreno y nos reunimos con las comunidades afro-colombianas e indígenas, sus autoridades territoriales y grupos de base, grupos de mujeres y de derechos humanos y desplazados, religiosos y las autoridades colombianas. El conflicto interno armado se está profundizando en la región del Pacífico del país y ha resultado en un aumento de abusos, desplazamientos y confinamientos de la población local. Los líderes afro-colombianos e indígenas y los defensores de los derechos humanos enfrentan una alarmante situación de inseguridad. Todos los grupos armados cometen abusos y la fiebre minera está aumentando la violencia y menoscabando los derechos individuales y territoriales de las minorías étnicas.

El Departamento del Chocó es tremendamente rico en  biodiversidad y recursos naturales y se encuentra en la parte noroeste de Colombia, limítrofe con Panamá. Es habitado principalmente por afro-colombianos (80 por ciento) y un número más pequeño de pueblos indígenas (10 por ciento). Es un sitio que ha sufrido una marginación histórica por parte del Estado. Desde 1986, el Chocó se ha visto profundamente afectado por el conflicto interno armado y la violencia. Si bien hubo una baja de índices de violencia poco después de que el grupo paramilitar de las de Autodefensa Unidas de Colombia (AUC) participara  en el proceso de desmovilización en la década de 2000, el conflicto se ha agudizado en los últimos años. La crisis causada por la para política y la corrupción que involucra a la clase política del Chocó ha resultado en un saqueo de los presupuestos públicos. Las autoridades nacionales respondieron interviniendo al gobierno regional. Sin embargo, en lugar de resolver el problema, se aumentó la deuda del Chocó. Muchos chocoanos sufren de inseguridad, el desempleo y la pobreza. La mayoría de ellos no reciben los servicios básicos por parte del gobierno. Quibdó es la capital del Chocó, y la mayoría de sus habitantes no cuentan con servicio de agua potable. 52 por ciento de los residentes de esta ciudad son afro-colombianos que fueron desplazados forzosamente de sus territorios durante los últimos veinte años.

Desde el año 2011, los grupos armados ilegales que operan en el Chocó, han llevado a cabo cuatro paros armados (en mayo de 2011 por las FARC, septiembre de 2011 por las FARC y en enero de 2012 por parte de los Urabeños). La visita de WOLA coincidió con el último paro armado de las FARC. La orden del Frente Mario Vélez 57 de las FARC-EP  fue muy clara: todo el transporte (tierra, agua y aire) en el Chocó fue prohibido entre el 1 y el 18 de marzo. Todos los vehículos de transporte, incluyendo "canoas, champas, las lanchas botes" no debían movilizarse. Los panfletos de las FARC amenazaron con consecuencias graves si cualquier persona violara esta orden. Para los afro-colombianos e indígenas que viven en las zonas rurales , que tienen que viajar para cultivar y cosechar su pancoger, esto significó una falta de acceso a sus alimentos. Dado que hay pocas carreteras y que los residentes se transportan por medio de los ríos, esta orden resultó en una parálisis de toda actividad en la región.

Civiles en zonas rurales se encuentran atrapados entre todos los grupos armados. Estos grupos operan entre y alrededor de los territorios afro-colombianos e indígenas. En estas áreas el confinamiento y el desplazamiento son hechos comunes. Las minas antipersonales son una gran preocupación. Las actividades de los residentes están restringidas, sus productos alimenticios son controlados y muchos residentes son extorsionados. Los grupos al margen de la ley cometen abusos contra la población civil, reclutan forzosamente a la juventud y explotan de forma sexual a las mujeres y menores de edad. La presencia de grupos armados ha resultado en un aumento de la prostitución, así como la desintegración social y cultural.

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Incluye:

  • Minería
  • Impactos de la minería
  • Desplazamientos: la amenaza constante
  • Ataques contra líderes y lideresas
  • Instituciones del gobierno, amenazadas por las armas y la corrupción
  • Santos visita Quibdó
  • Derechos humanos y territoriales ausentes del discurso oficial 
 
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Anthony Dest es Asistente de Programas en WOLA. Dest apoya la investigación y el trabajo sobre Colombia, la región Andina, y el control de drogas.

Gimena Sánchez-Garzoli es Coordinadora Principal para el Program de los Andes en WOLA. Sánchez fue co-autora de Mucho Peor que el  Watergate donde se documenta los abusos de poder por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia.Sánchez es experta en desplazados internos, refugiados y derechos humanos.


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