Resulta contradictorio que en medio del oro, la plata, el platino y miles de especies biodiversas que se encuentra en el Chocó, punto de encuentro de dos océanos, exista el nivel más alto de pobreza en Colombia.
Marjorie Andrea González Ramírez
Hace unas semanas un noticiero de Colombia divulgó que niños indígenas, habitantes de una región conocida como el Chocó, se estaban suicidando por física hambre.
La noticia causó gran revuelo en la sociedad y aunque cita como fuente un informe de Unicef, no se sabe a ciencia cierta a cuál se refiere específicamente, pues no se aporta dato alguno al respecto.
Sin embargo, lo que si se conoce gracias a las organizaciones indígenas de Colombia es que la situación en materia de Derechos Humanos de los niños y niñas de esta región es grave y data de hace más de un lustro.
Para no ir muy lejos, en 2007 se conoció de la muerte de 17 niños y dos adultos indígenas en el departamento del Chocó, cerca de la frontera con Panamá; según el diagnóstico médico, los decesos se originaron por causa de desnutrición severa y otras enfermedades relacionadas con la pobreza extrema.
En 2008, la asociación de cabildos indígenas y la Diócesis de Quibdó (capital del Chocó), denunciaron un grave problema alimentario en los pueblos indígenas de la zona; la evidencia fue la muerte de 10 niños a causa de la desnutrición, otros 70 habían registrado grave estado de salud por la misma razón.
Una investigación realizada entre 2008 y 2010 por organizaciones indígenas y autoridades tradicionales de los pueblos awa, yukpa y embera en los departamentos de Nariño, Cesar y Chocó, publicada por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, reveló que las tasas de mortalidad infantil antes de cumplir el primer año para el caso del pueblo embera es de 142 por cada mil niños; las causas principales son la desnutrición, problemas respiratorios, tuberculosis y tosferina.
De cada 100 menores de 13 años, 12 del mismo pueblo permanecen enfermos por causas que se pueden evitar con atención en salud básica.
El mismo estudio también señala que, en materia nutricional de niños y niñas indígenas, el 60% nace con un peso por debajo de lo normal y permanece así hasta la época de desarrollo. El Estado tiene una responsabilidad directa en esta situación; según la investigación, sólo el 25% de los niños y niñas indígenas entre los 2 y 5 años reciben el complemento alimentario estatal.
A esto se suma la cantidad insuficiente de tierras aptas para la producción agrícola a la que tienen acceso los pueblos indígenas; esto se debe a la usurpación de las mismas por grupos armados y al control ejercido por parte de empresas agroindustriales: palmicultoras, madereras o mineras. El fuerte conflicto armado que se vive en la zona genera, entre otras cosas, bloqueos para el suministro de alimentos y confinamientos de la población.
El Chocó ha sido históricamente un Departamento con grandes problemáticas sociales; sus habitantes han padecido desde siempre altos niveles de pobreza y marginación. Fernando Herrera, coordinador de pobreza del PNUD Colombia, afirma que 70 de cada cien habitantes del Departamento viven en la pobreza y 30 en la extrema pobreza.
También expresa que la expectativa de vida está muy por debajo de ciudades como Bogotá: “mientras que en la capital del país la expectativa de vida es de 77 años de edad, en el Chocó es de 67”.
La opinión pública se pregunta de manera reiterada ¿cómo es posible que exista tal nivel de pobreza en un Departamento con tanta riqueza natural?
El sociólogo colombiano Alfredo Molano expresa, en una entrevista realizada para un periódico nacional, que la permisividad al saqueo “ha sido una constante de nuestra situación en relación con los países llamados desarrollados, en nuestra condición de colonia o post-colonia”.
El sociólogo puntualiza además que las concesiones a compañías privadas no benefician a las comunidades, la explotación brutal de los recursos que se sacan de los territorios no generan ningún beneficio real para la población.
El gobierno, por otra parte, culpa a las administraciones municipales y departamentales y a la corrupción de algunos funcionarios. Sin embargo, en estos últimos años se ha podido evidenciar la falta de una política pública nacional seria de seguridad alimentaria y de apoyo para las comunidades.
Una muestra clara de esta situación se vivió en el gobierno anterior, cuando el ministro de Agricultura de turno, en 2008, intentó cambiar la adjudicación de un predio llamado Carimagua en el Departamento del Meta. Sus beneficiarios originales eran víctimas de desplazamiento forzado, se intentó entregarlo en concesión a empresas privadas que tenían como fin cultivar palma aceitera.
Cuando un periodista advirtió el hecho, el gobierno expresó que era mejor otorgar las tierras a las empresas para que estas vincularan a la población como empleados, ya que “los pobres” no sabían administrar los recursos y que los empresarios beneficiarios le darían un mejor manejo a la tierra. Finalmente, la presión de medios y políticos de la oposición lograron reversar las intenciones del gobierno central.
Además, con el proyecto Agro Ingreso Seguro (AIS) del Ministerio de Agricultura, que tenía como propósito suministrar subsidios a agricultores colombianos, se benefició a narcotraficantes y prestantes familias terratenientes, lo cual fue denunciado por la extinta revista colombiana Cambio.
Mientras tanto, el cultivo de palma se expande por todo el Chocó, con apoyo del gobierno y la intervención de grupos armados al margen de la ley. Estos grupos se apostan en las tierras para proteger los intereses de las compañías de las protestas de comunidades desplazadas que reclaman la devolución de las tierras.
Así las cosas, se evidencia que el modelo de desarrollo neoliberal con propósitos extractivistas, impuesto desde el gobierno central (que parece estar acatando directrices internacionales), genera graves impactos sociales y ecológicos. No hay esperanza de que el derecho a la seguridad alimentaria para las comunidades del Chocó, y de otras en iguales condiciones en el país, se garantice de forma efectiva en un mediano plazo.
Fuente: http://www.theprisma.co.uk/es/2012/04/24/en-el-choco...
In the Colombian Chocó: hunger amid wealth
It is contradictory that amid the gold, silver, platinum and biodiverse thousands of species found in the Choco, a meeting point of two oceans, there is a higher level of poverty in Colombia.
Marjorie Andrea Gonzalez Ramirez
A few weeks ago a news of Colombia reported that indigenous children, living in a region known as the Chocó, physical been committing suicide by starvation.
The news caused a stir in society and even cites a report by Unicef as source, not known for sure which specific one, it is not provided any information about it.
However, what if known by indigenous organizations in Colombia is that the situation of human rights of children in this region is grave and dates back more than five years.
Not going so far, in 2007 it was learned from the death of 17 children and two adults indigenous Choco department, near the border with Panama, according to medical diagnosis, the deaths were caused by severe malnutrition due to other diseases related to extreme poverty.
In 2008, the Association of Indigenous Councils and the Diocese of Quibdó (capital of Chocó), reported a serious food problem in the indigenous peoples of the area, the evidence was the death of 10 children due to malnutrition, another 70 were registered seriously ill for the same reason.
Research between 2008 and 2010 by indigenous organizations and awa, Yukpa and Embera peoples' traditional authorities in the departments of Nariño and Chocó Cesar, published by the National Indigenous Organization of Colombia, ONIC, revealed that infant mortality rates before their first year in the case of the Embera is 142 per thousand, the main causes are malnutrition, respiratory problems, tuberculosis and whooping cough.
Out of 100 children under 13 years, 12 of the same people remain sick for reasons that can be prevented with basic health care.
The same study also points out that, in nutrition of indigenous children, 60% are born with a weight below normal and remains so until the age of development. The State has a direct responsibility in this situation, according to research, only 25% of indigenous children between 2 and 5 years receive state food supplement.
Add to this the insufficient amount of land suitable for agricultural production with access for the indigenous peoples, this is due to the encroachment of armed groups and the control exercised by agribusiness companies: oil palm, logging or mining. The strong armed conflict that exists in the area generates, among other things, locks to the food supply of the population and confinement.
The Chocó Department has historically large social problems, its inhabitants have always suffered from high levels of poverty and marginalization. Fernando Herrera, coordinator of UNDP poverty Colombia, says that 70 of every hundred inhabitants of the Department live in poverty and 30 in extreme poverty.
It also states that the life expectancy is much lower than cities like Bogota, "while in the nation's capital life expectancy is 77 years old, in Chocó is 67".
Public opinion repeatedly questions: how is it possible that there is such poverty in a department with so much natural wealth?
Colombian sociologist Alfredo Molano expresses, in an interview to a national newspaper, that the looting permissiveness "has been a constant in our situation in relation to the so-called developed countries, in our condition of post-colony or colony."
The sociologist also points out that concessions to private companies do not benefit the communities, the brutal exploitation of the resources that are taken out of the territories do not generate any real benefit to the population.
The government, on the other hand, blames the municipal and departmental administrations and corruption of some officials. However, in recent years it has been possible to demonstrate the lack of a serious national public policy for food security and support for communities.
A clear example of this situation was experienced in the previous government, when the Minister of Agriculture of the day, in 2008, tried to change the allocation of a property called Carimagua in the Department of Meta. Their original beneficiaries were victims of forced displacement, it was attempted surrender it in concession to private companies that intended to cultivate oil palm.
When a reporter noted the fact, the government said it was better to give the land to companies that would link these people as employees, as "the poor" did not know how to manage resources, the employers beneficiated would give a better handle to earth. Finally, pressure from media and opposition politicians managed to reverse the intentions of the central government.
In addition, the project Secure Agricultural Income (AIS in Spanish) of the Ministry of Agriculture, which was intended to provide subsidies to Colombian farmers, benefited drug traffickers and rich landowning families, which was denounced by the former Colombian magazine Cambio.
Meanwhile, palm cultivation expands throughout the Chocó, with government support and intervention of armed groups outside the law. These groups stationed themselves in the land to protect the interests of companies as displaced communities protests demanding the return of land.
So, it is evident that the neoliberal development model with extractive purposes, imposed from the central government (which seems to be adhering to international guidelines), generates serious social and environmental impacts. There is no hope that the right to food security for communities of Chocó, and other on equal footing in the country, would be effectively guaranteed in the medium term.
Source: http://www.theprisma.co.uk/2012/04/24/in-the-colombian-choco
Source: http://www.theprisma.co.uk/2012/04/24/in-the-colombian-choco
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