COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
El Consejo Comunitario Mayor de la Organización Popular Campesina del
Alto Atrato (COCOMOPOCA) Manifiesta públicamente su rechazo a las
presiones sobre su territorio titulado colectivamente, las cuales están
generando amenazas contra la integridad física, espiritual y moral de
sus líderes y en el proceso organizativo.
En el Municipio de
Atrato, dentro del área de influencia de COCOMOPOCA, desde hace 5 años
viene funcionando un Batallón de Instrucción y entrenamiento (BITER),
adscrito a la Brigada XV con sede en Quibdó, para cuya implementación,
el Ministerio de Defensa solicitó ante el INCODER la adjudicación de
baldío, y posteriormente ante la Unidad Nacional de Tierras, la
adjudicación de constitución de reserva para la construcción de
Batallón, pretensiones que fueron negadas en su debido momento porque
ambas instituciones (oficio 20072171266 de 03 de Diciembre de 2007 del
INCODER, y Auto de 22 de Mayo de 2008 de Unidad Nacional de Tierras)
negaron dichas solicitudes con el argumento de que existían comunidades
negras organizadas y asentadas en esos lugares, por lo tanto eran las
potenciales beneficiarias.
En el mismo Municipio, contiguo a
la cabecera municipal, funciona una escuela de formación de policías
“Miguel Antonio Caicedo Mena”, desde el 2005, en cuya adjudicación de
los terrenos que hoy ocupa, se violó el protocolo de la Consulta Previa.
No obstante en el 2010 solicitó la ampliación de su área en 100
hectáreas más, lo cual fue negado por el INCODER, con los mismos
argumentos utilizados en respuesta a la solicitud del Ministerio de
Defensa.
La comisión interinstitucional que facilitó el
proceso de titulación de COCOMOPOCA, conformada por delegados de la
Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Defensoría delegada de
Minorías étnicas, Procuraduría Ambiental, Judicial y Agraria, Proyecto
de Protección de Tierras y Patrimonio de Acción Social, Instituto
Geográfico Agustín Codazi, Pastoral Social Nacional, Movimiento Sueco
para la Reconciliación en calidad de observadores internacionales,
Christian AID, Vicepresidencia de la República, recomendó al INCODER que
para cerrar estas dos pretensiones, notificará al Ministerio de Defensa
Nacional y a la dirección de la Escuela de Policía de Yuto, sobre las
negaciones de sus solicitudes de adjudicación de hectáreas de tierra, lo
cual fue realizado a cabalidad.
No obstante las notificaciones
del INCODER, las autoridades del BITER y de la Escuela de Policías
continúan firmes en sus propósitos, pero no han recurrido a los
procedimientos para adelantar procesos de consulta previa, plena e
informada sino que al contrario, han acudido a las administraciones
municipales, a la Gobernación del Chocó y Medios de Comunicación,
generando desinformación en la opinión pública, presiones desorbitantes y
señalamientos específicos para algunos miembros de la Junta directiva,
en detrimento de su honra y de su dignidad, poniendo en peligro su
existencia física, en pleno desconocimiento de la directiva 007 de 16
de Mayo de 2007 del Ministerio de Defensa, del ordenamiento
constitucional y de los instrumentos internacionales ratificados por
Colombia, que hacen parte de nuestra legislación, los cuales exigen
tomar medidas eficaces tendientes a fortalecer el respeto y protección
de los derechos de las comunidades negras.
Con base en la Ley
70 de 1993, el Consejo Mayor del Alto Atrato, es la máxima autoridad
de administración del territorio titulado, y la única estancia que toma
decisiones sobre dicho territorio es la Asamblea General, y no la Junta
directiva, ni el Representante Legal, como se pretende hacer creer a la
opinión pública; por tanto, los señalamientos que se hacen contra
personas específicas, son fruto del desconocimiento de los procesos
organizativos, y de la negativa en reconocer las autoridades étnicas y
la normatividad vigente.
La Corte Constitucional de Colombia ha
reiterado los lineamientos jurisprudenciales que ha trazado en relación
con la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades
afrodescendientes, de las medidas legislativas y administrativas que las
afecten directamente. Así mismo ha reafirmado que el derecho de
consulta previa que asiste a las comunidades étnicas se fundamenta en el
principio democrático, el derecho a la participación, el pluralismo y
el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. Con
base en estos fundamentos, las 58 organizaciones que conformamos el Foro
Interétnico Solidaridad Chocó, elaboramos un protocolo de consulta
previa, que se debe aplicar en estos y otros casos, lo cual es
desconocido por las autoridades mencionadas.
COCOMOPOCA
responsabiliza a las autoridades militares y de policía, a las
administraciones municipales de su área de influencia, de las
estigmatizaciones, amenazas y posibles atentados contra la honra y
existencia física de sus directivos.
COCOMOPOCA invita al
Movimiento Sueco por la Paz y a las demás organizaciones
internacionales, a que sigan facilitando su proceso organizativo y
visibilizando la problemática sobre el territorio, las autoridades
tradicionales, y el disfrute y goce de sus derechos.
A las autoridades civiles y militares:
1. Retractarse públicamente de las afirmaciones hechas en contra de la
junta directiva de COCOMOPOCA y de algunos de sus miembros.
2.
Abstenerse de ejercer presiones y de hacer declaraciones infundadas que
puedan exponer la integridad de los miembros de la junta directiva de
COCOMOPOCA.
3. Acatar los actos administrativos mediante los cuales se ha definido la titularidad del territorio del Alto Atrato.
4. Respetar el goce de derechos y garantías reconocidos por la
Constitución Política e instrumentos internacionales de derechos
humanos.
Al Ministerio Público:
Tomar las medidas pertinentes que garanticen a los miembros de COCOMOPOCA el disfrute y goce efectivos de sus derechos como grupo étnico.
Quibdó, 14 de Mayo de 2012
CONSEJO COMUNITARIO DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR CAMPESINA DEL ALTO ATRATO - COCOMOPOCA
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