La Diócesis de Quibdó en este tiempo de Cuaresma, manifiesta públicamente la indignación que nos produce tanta muerte, injusticias e impunidad contra los hijos de Dios en esta parte del territorio del Pacífico colombiano.
Es preocupante y doloroso el incremento de asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, bloqueos, confinamientos y ataques contra la población civil en los campos y centros urbanos, muy a pesar del fortalecimiento de la fuerza pública y de los discursos oficiales que niegan y ocultan la intensificación sistemática de la violencia política y social contra las comunidades. A pesar de la Carta Pastoral de los Obispos del Pacífico en el 2011 y de las Sentencias de la Corte Constitucional, y recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la situación de la violación de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos negros, indígenas y mestizos que integran nuestra jurisdicción eclesiástica, la realidad tiende a empeorarse, mediante:
* Confinamientos y riesgos de desplazamientos por el minado de caminos y lugares tradicionales de cacería, sembrados y pesca; las amenazas, los bloqueos armados en las vías; la presencia de actores armados en medio y alrededor de las poblaciones; las restricciones y limitaciones para la entrada de alimentos; los asesinatos permanentes, incluso de niños; la prohibición de la libre circulación en los territorios y la ausencia generalizada de garantías de protección de la vida y la territorialidad de nuestras comunidades.
* El recrudecimiento de la violencia urbana que ataca principalmente a niños y jóvenes pertenecientes a familias en condición de desplazamiento forzado y con altos grados de vulnerabilidad.
* Las vinculaciones de los niños, niñas y jóvenes en la dinámica de la guerra y en la industria del micro y narcotráfico, agravadas con el abuso y explotación sexual de los menores.
* El contexto de connivencia de la fuerza pública con los demás actores armados, pues justo cuando se ha incrementado su pie de fuerza, ha aumentado la oleada de violencia en la región; llegando a afirmar sin ningún reparo, que no pueden entrar a ciertos barrios y sectores porque temen por sus vidas, condenando a la población civil a la desprotección y al total abandono estatal.
* El grado de inoperancia institucional, ingobernabilidad y de impunidad incluida la acción y omisión del Ministerio Público, frente a la ausencia del empleo de los mecanismos de control previo y de garantías de protección de la vida de las comunidades.
* El aumento del tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas, las cuales son distribuidas y vendidas a plena luz del día sin que se identifique y se judicialice a los responsables.
* El desorden social y la falta de controles en las vías de la ciudad y en el mismo terminal de transporte por donde se afirma circulan toda clase de insumos para la guerra y el negocio criminal del narcotráfico.
* El fortalecimiento de las mafias que controlan la vida de buena parte de las instituciones y de entidades públicas y privadas y de los recursos públicos, los cuales no se invierten para el bien social, perpetuándose el caótico matrimonio entre el poder político y el manejo de la economía que enriquece a pocas familias nativas y a muchos foráneos, a expensas del empobrecimiento y la muerte de las comunidades.
* La minería industrial y demás proyectos de la economía y el despojo que se implementan violando los derechos étnico-territoriales, incluyendo la Consulta Previa, envenenando y afectando gravemente los ríos, la economía, la tranquilidad, y los derechos de las comunidades.
* Por último, nos preocupa mucho la insolidaridad e indiferencia frente a esta difícil realidad, que contribuye a la descomposición social, el debilitamiento de la cultura y los valores de las comunidades.
Llamamos a la comunidad católica y no, y a todas las organizaciones a seguir pronunciándose frente a esta situación de violencia, injusticia e impunidad, a mantener vivas sus tradiciones y a continuar resistiendo y defendiendo los territorios.
Exigimos de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales creadas para defender la vida, la dignidad, las culturas, la honra y los bienes de la población civil, especialmente de los más vulnerados y marginados de la sociedad como son los pueblos indígenas y negros y las comunidades mestizas que de forma ancestral y milenaria habitan estos territorios.
Quibdó, 8 de Marzo de 2012
Es preocupante y doloroso el incremento de asesinatos selectivos e indiscriminados, amenazas, bloqueos, confinamientos y ataques contra la población civil en los campos y centros urbanos, muy a pesar del fortalecimiento de la fuerza pública y de los discursos oficiales que niegan y ocultan la intensificación sistemática de la violencia política y social contra las comunidades. A pesar de la Carta Pastoral de los Obispos del Pacífico en el 2011 y de las Sentencias de la Corte Constitucional, y recomendaciones de las Naciones Unidas sobre la situación de la violación de los derechos fundamentales y colectivos de los pueblos negros, indígenas y mestizos que integran nuestra jurisdicción eclesiástica, la realidad tiende a empeorarse, mediante:
* Confinamientos y riesgos de desplazamientos por el minado de caminos y lugares tradicionales de cacería, sembrados y pesca; las amenazas, los bloqueos armados en las vías; la presencia de actores armados en medio y alrededor de las poblaciones; las restricciones y limitaciones para la entrada de alimentos; los asesinatos permanentes, incluso de niños; la prohibición de la libre circulación en los territorios y la ausencia generalizada de garantías de protección de la vida y la territorialidad de nuestras comunidades.
* El recrudecimiento de la violencia urbana que ataca principalmente a niños y jóvenes pertenecientes a familias en condición de desplazamiento forzado y con altos grados de vulnerabilidad.
* Las vinculaciones de los niños, niñas y jóvenes en la dinámica de la guerra y en la industria del micro y narcotráfico, agravadas con el abuso y explotación sexual de los menores.
* El contexto de connivencia de la fuerza pública con los demás actores armados, pues justo cuando se ha incrementado su pie de fuerza, ha aumentado la oleada de violencia en la región; llegando a afirmar sin ningún reparo, que no pueden entrar a ciertos barrios y sectores porque temen por sus vidas, condenando a la población civil a la desprotección y al total abandono estatal.
* El grado de inoperancia institucional, ingobernabilidad y de impunidad incluida la acción y omisión del Ministerio Público, frente a la ausencia del empleo de los mecanismos de control previo y de garantías de protección de la vida de las comunidades.
* El aumento del tráfico y consumo de sustancias psicotrópicas, las cuales son distribuidas y vendidas a plena luz del día sin que se identifique y se judicialice a los responsables.
* El desorden social y la falta de controles en las vías de la ciudad y en el mismo terminal de transporte por donde se afirma circulan toda clase de insumos para la guerra y el negocio criminal del narcotráfico.
* El fortalecimiento de las mafias que controlan la vida de buena parte de las instituciones y de entidades públicas y privadas y de los recursos públicos, los cuales no se invierten para el bien social, perpetuándose el caótico matrimonio entre el poder político y el manejo de la economía que enriquece a pocas familias nativas y a muchos foráneos, a expensas del empobrecimiento y la muerte de las comunidades.
* La minería industrial y demás proyectos de la economía y el despojo que se implementan violando los derechos étnico-territoriales, incluyendo la Consulta Previa, envenenando y afectando gravemente los ríos, la economía, la tranquilidad, y los derechos de las comunidades.
* Por último, nos preocupa mucho la insolidaridad e indiferencia frente a esta difícil realidad, que contribuye a la descomposición social, el debilitamiento de la cultura y los valores de las comunidades.
Llamamos a la comunidad católica y no, y a todas las organizaciones a seguir pronunciándose frente a esta situación de violencia, injusticia e impunidad, a mantener vivas sus tradiciones y a continuar resistiendo y defendiendo los territorios.
Exigimos de las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales creadas para defender la vida, la dignidad, las culturas, la honra y los bienes de la población civil, especialmente de los más vulnerados y marginados de la sociedad como son los pueblos indígenas y negros y las comunidades mestizas que de forma ancestral y milenaria habitan estos territorios.
Quibdó, 8 de Marzo de 2012
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