Al departamento lo atacan varios males. El desempleo y la pobreza, los más altos del país según sus dirigentes, son un ‘caldo de cultivo’ para que el narcotráfico se imponga en una región donde hacen presencia todos los actores armados: guerrillas, paramilitares, bandas criminales y delincuencia común.
“Hay que reconocer que la seguridad democrática trajo tranquilidad a buena parte del país. Pero no a todas las regiones. Nariño no sabe el significado de esa palabra”. El senador Manuel Enríquez Rosero (la U) no basa su afirmación en el atentado del miércoles en Tumaco, cerca de la estación de Policía del municipio, que cobró las vidas de siete personas y dejó heridas a más de 60. Lo hace porque, afirma, el narcotráfico ha hecho de Nariño su “patio trasero”, la ilegalidad juega de local, y el temor y la zozobra son cotidianos.
La seguridad, dice el senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), se conoce cuando el Gobierno “hace presencia”. Lo que cuestiona es que esa “presencia”, generalmente, se aprecia después de episodios como el atentado del miércoles en Tumaco.
“Tres o cuatro días con ministro a bordo, consejos de seguridad, aumento del pie de fuerza. Esa es la presencia, sólo cuando pasan los atentados. De resto, Nariño es tierra de nadie”, dice Parmenio Cuéllar, exgobernador y actual senador del Polo Democrático.
Paraíso de la ilegalidad
Nariño, y especialmente su costa pacífica, es un hervidero. Desde el 2001, cuando el gobierno colombiano decidió suspender la zona de distensión del Caguán, muchos comandantes de la guerrilla de las FARC emigraron y se refugiaron en las zonas montañosas del departamento, con el agravante de que la frontera con Ecuador se convirtió en refugio para eludir la presión de la fuerza pública. “Una historia conocida y sobrediagnosticada”, dice Enríquez Rosero.
El río Mira marca los límites entre Colombia y Ecuador. De su extensión, 88 kilómetros corresponden a Nariño. Es navegable en toda su extensión y por su desembocadura en el mar, se ha convertido en un río estratégico “para todos los ilícitos posibles”, dice el exgobernador Cuéllar, porque, además del narcotráfico, es una zona de comercio ilegal de armas y explosivos, y contrabando en general.
La costa pacífica nariñense, dice Enríquez Rosero, se ha convertido en una de las más difíciles de controlar. Y allí se ha producido lo que en ningún otro lugar del país. La presencia de los distintos actores armados ilegales, que desde tiempo atrás conviven casi de “forma armónica”, “FARC, ELN, paramilitares, bandas criminales han hecho acuerdos para repartirse el territorio”.
Las otras fuentes de financiación
Tumaco, Iscuandé, El Charco, Bocas de Satinga, Mosquera, La Tola son municipios permeados por el narcotráfico.
Las autoridades y la fuerza pública, admiten los congresistas del departamento, han hecho esfuerzos. Recientemente, la brigada militar ha trasladado a varios altos oficiales a la base de El Guantal, cerca de Tumaco, dice Enríquez Rosero.
Las hectáreas de cultivos ilícitos se han reducido, según el más reciente monitoreo de Naciones Unidas, y los controles contra los reactores químicos para procesar la cocaína se han incrementado. “Eso ha dado resultados, el narcotráfico ha bajado, dicen los analistas del conflicto en Nariño”, revela Cuéllar.
Pero, a cambio, los ilegales han explotado otras fuentes ilícitas de financiación. “Lo que hoy más agobia a Tumaco es el boleteo y la extorsión. Hasta el más humilde de los tenderos está obligado a pagar”, dice Cuéllar. Y el boleteo y la extorsión no se denuncian: “La gente termina aceptando y pagando el boleteo”.
La corrupción
No es sólo la falta de denuncia. La ilegalidad, dice el exgobernador, ha infiltrado las instituciones. “Estos grupos subsisten por la complicidad del Estado”. Son comunes los comentarios de que miembros de la fuerza pública “reciben parte de los dividendos de los negocios ilícitos de las FARC y de los Rastrojos, que allá son la misma organización”, dice una de las fuentes consultadas.
Las autoridades locales, dice Cuéllar, tienen una gran mancha de corrupción. La administración de Tumaco, por ejemplo, se ha traspasado de mano en mano, sin que haya progreso y sin solucionar las condiciones de pobreza.
Cuéllar también advierte que Tumaco es de los municipios más ricos en renta, incluso con mayores ingresos que Pasto, la capital del departamento. Porque además del dinero de las transferencias, recibe regalías por ser puerto petrolero, y un porcentaje del 0,5 por ciento del Plan Pacífico (un plan que se instrumentó desde el gobierno de César Gaviria para el desarrollo de la costa), Tumaco aún ni tiene alcantarillado. “La plata se la han robado”.
Sin control
¿Y los organismos de control? Actúan poco. El senador Enríquez Rosero dice que todas las autoridades estatales se sienten amenazadas, no tienen garantías, muchos funcionarios han sido asesinados a plena luz del día.
Por eso el congresista dice que ha pedido al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, medidas excepcionales. Incluso que los organismos de control funcionen desde guarniciones militares, o desde la base naval.
Parmenio Cuéllar considera que también hace falta voluntad de los funcionarios de los organismos de control. Recientemente, revela, le pidió al procurador general, Alejandro Ordóñez, cambiar a varios procuradores provinciales de Nariño. “Los organismos de control brillan por su ausencia. Tumaco es el campeón de la corrupción y yo me pregunto: ¿Cuántas sanciones y destituciones se han presentado contra los funcionarios sobre los que se conocen actos irregulares? Ninguna”.
La pobreza
Y el otro ‘tumor’ del departamento es la escasa inversión social en el departamento. No hay empleo y no se puede explotar la riqueza de la región. El senador Eduardo Enríquez Maya dice que el 95 por ciento de los habitantes de la costa pacífica no tiene títulos de propiedad sobre la tierra. “Eso no los hace sujetos de crédito ni de subsidios, no hay inversión para explotar la tierra, el cultivo de palma ha dejado de satisfacer las necesidades. Esa situación es caldo de cultivo para la delincuencia, para los ilegales, para el narcotráfico”.
El abandono del Estado, dice Enríquez Rosero, se ve con mucha claridad en la infraestructura del departamento. Todas las vías están en grave deterioro. “La Panamericana, la principal vía del departamento, es una auténtica trocha”.
Para Enríquez Maya, el Estado ha tenido un olvido casi secular con el departamento y eso ha sido común de los últimos gobiernos. “Hoy todos los ojos están puestos en Nariño. Se pagarán recompensas, se aumentará el pie de fuerza. Pero pasarán los días y los problemas seguirán”.
La clase dirigente de Nariño expone la radiografía, reclama la permanente presencia del Estado, pero muchos de ellos llevan varios períodos en el Congreso y la situación de su departamento poco evoluciona.
Fuente: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/plan-integral-largo-plazo/YspGKN8QoTw
“Hay que reconocer que la seguridad democrática trajo tranquilidad a buena parte del país. Pero no a todas las regiones. Nariño no sabe el significado de esa palabra”. El senador Manuel Enríquez Rosero (la U) no basa su afirmación en el atentado del miércoles en Tumaco, cerca de la estación de Policía del municipio, que cobró las vidas de siete personas y dejó heridas a más de 60. Lo hace porque, afirma, el narcotráfico ha hecho de Nariño su “patio trasero”, la ilegalidad juega de local, y el temor y la zozobra son cotidianos.
La seguridad, dice el senador Eduardo Enríquez Maya (Partido Conservador), se conoce cuando el Gobierno “hace presencia”. Lo que cuestiona es que esa “presencia”, generalmente, se aprecia después de episodios como el atentado del miércoles en Tumaco.
“Tres o cuatro días con ministro a bordo, consejos de seguridad, aumento del pie de fuerza. Esa es la presencia, sólo cuando pasan los atentados. De resto, Nariño es tierra de nadie”, dice Parmenio Cuéllar, exgobernador y actual senador del Polo Democrático.
Paraíso de la ilegalidad
Nariño, y especialmente su costa pacífica, es un hervidero. Desde el 2001, cuando el gobierno colombiano decidió suspender la zona de distensión del Caguán, muchos comandantes de la guerrilla de las FARC emigraron y se refugiaron en las zonas montañosas del departamento, con el agravante de que la frontera con Ecuador se convirtió en refugio para eludir la presión de la fuerza pública. “Una historia conocida y sobrediagnosticada”, dice Enríquez Rosero.
El río Mira marca los límites entre Colombia y Ecuador. De su extensión, 88 kilómetros corresponden a Nariño. Es navegable en toda su extensión y por su desembocadura en el mar, se ha convertido en un río estratégico “para todos los ilícitos posibles”, dice el exgobernador Cuéllar, porque, además del narcotráfico, es una zona de comercio ilegal de armas y explosivos, y contrabando en general.
La costa pacífica nariñense, dice Enríquez Rosero, se ha convertido en una de las más difíciles de controlar. Y allí se ha producido lo que en ningún otro lugar del país. La presencia de los distintos actores armados ilegales, que desde tiempo atrás conviven casi de “forma armónica”, “FARC, ELN, paramilitares, bandas criminales han hecho acuerdos para repartirse el territorio”.
Las otras fuentes de financiación
Tumaco, Iscuandé, El Charco, Bocas de Satinga, Mosquera, La Tola son municipios permeados por el narcotráfico.
Las autoridades y la fuerza pública, admiten los congresistas del departamento, han hecho esfuerzos. Recientemente, la brigada militar ha trasladado a varios altos oficiales a la base de El Guantal, cerca de Tumaco, dice Enríquez Rosero.
Las hectáreas de cultivos ilícitos se han reducido, según el más reciente monitoreo de Naciones Unidas, y los controles contra los reactores químicos para procesar la cocaína se han incrementado. “Eso ha dado resultados, el narcotráfico ha bajado, dicen los analistas del conflicto en Nariño”, revela Cuéllar.
Pero, a cambio, los ilegales han explotado otras fuentes ilícitas de financiación. “Lo que hoy más agobia a Tumaco es el boleteo y la extorsión. Hasta el más humilde de los tenderos está obligado a pagar”, dice Cuéllar. Y el boleteo y la extorsión no se denuncian: “La gente termina aceptando y pagando el boleteo”.
La corrupción
No es sólo la falta de denuncia. La ilegalidad, dice el exgobernador, ha infiltrado las instituciones. “Estos grupos subsisten por la complicidad del Estado”. Son comunes los comentarios de que miembros de la fuerza pública “reciben parte de los dividendos de los negocios ilícitos de las FARC y de los Rastrojos, que allá son la misma organización”, dice una de las fuentes consultadas.
Las autoridades locales, dice Cuéllar, tienen una gran mancha de corrupción. La administración de Tumaco, por ejemplo, se ha traspasado de mano en mano, sin que haya progreso y sin solucionar las condiciones de pobreza.
Cuéllar también advierte que Tumaco es de los municipios más ricos en renta, incluso con mayores ingresos que Pasto, la capital del departamento. Porque además del dinero de las transferencias, recibe regalías por ser puerto petrolero, y un porcentaje del 0,5 por ciento del Plan Pacífico (un plan que se instrumentó desde el gobierno de César Gaviria para el desarrollo de la costa), Tumaco aún ni tiene alcantarillado. “La plata se la han robado”.
Sin control
¿Y los organismos de control? Actúan poco. El senador Enríquez Rosero dice que todas las autoridades estatales se sienten amenazadas, no tienen garantías, muchos funcionarios han sido asesinados a plena luz del día.
Por eso el congresista dice que ha pedido al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, medidas excepcionales. Incluso que los organismos de control funcionen desde guarniciones militares, o desde la base naval.
Parmenio Cuéllar considera que también hace falta voluntad de los funcionarios de los organismos de control. Recientemente, revela, le pidió al procurador general, Alejandro Ordóñez, cambiar a varios procuradores provinciales de Nariño. “Los organismos de control brillan por su ausencia. Tumaco es el campeón de la corrupción y yo me pregunto: ¿Cuántas sanciones y destituciones se han presentado contra los funcionarios sobre los que se conocen actos irregulares? Ninguna”.
La pobreza
Y el otro ‘tumor’ del departamento es la escasa inversión social en el departamento. No hay empleo y no se puede explotar la riqueza de la región. El senador Eduardo Enríquez Maya dice que el 95 por ciento de los habitantes de la costa pacífica no tiene títulos de propiedad sobre la tierra. “Eso no los hace sujetos de crédito ni de subsidios, no hay inversión para explotar la tierra, el cultivo de palma ha dejado de satisfacer las necesidades. Esa situación es caldo de cultivo para la delincuencia, para los ilegales, para el narcotráfico”.
El abandono del Estado, dice Enríquez Rosero, se ve con mucha claridad en la infraestructura del departamento. Todas las vías están en grave deterioro. “La Panamericana, la principal vía del departamento, es una auténtica trocha”.
Para Enríquez Maya, el Estado ha tenido un olvido casi secular con el departamento y eso ha sido común de los últimos gobiernos. “Hoy todos los ojos están puestos en Nariño. Se pagarán recompensas, se aumentará el pie de fuerza. Pero pasarán los días y los problemas seguirán”.
La clase dirigente de Nariño expone la radiografía, reclama la permanente presencia del Estado, pero muchos de ellos llevan varios períodos en el Congreso y la situación de su departamento poco evoluciona.
Fuente: https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!topic/plan-integral-largo-plazo/YspGKN8QoTw
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